POLITICA
Después de semanas complejas, el Gobierno hace esfuerzos para retomar la actividad y recuperar la agenda de gestión
Luego de varios intentos por dejar atrás la polémica abierta por los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que dio lugar a una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional trabaja para relanzar la gestión, que en la práctica implica reimpulsar la actividad y recuperar finalmente la agenda mediática marcada por los movimientos en la causa.
“Es hora de retomar la normalidad”, sintetizó ante Infobae un importante funcionario del Gabinete, que considera que la mediatización del tema que involucra al ex vocero presidencial se agotó.
Para eso, luego de haber ensayado ante la oposición que no dudó en solicitar explicaciones detalladas sobre su situación patrimonial y las salidas al exterior en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador -que estuvo en el centro de la escena- volverá a las conferencias de prensa en un nuevo intento por volver a la dinámica que antecedió a las semanas más complejas del Poder Ejecutivo.
En los últimos días, al conflicto que involucra a Adorni, se sumó la abrupta salida de Carlos María Frugoni, ex funcionario de Economía que fue eyectado cuando admitió que evitó declarar siete propiedades en Miami, y los llamativos gastos registrados en la cuenta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Con la idea de dar vuelta la página de una vez por todas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó el retorno de la prensa acreditada a la Casa Rosada, impedida de ingresar desde el jueves 23 de abril por orden directa del presidente Javier Milei en un accionar inédito desde su creación en 1944.
Si bien, al cierre del domingo, la fecha para el nuevo cruce -prevista para principios de semana- entre periodistas y el ex vocero no estaba cerrada, desde el entorno del funcionario anticipaban que la idea era concretarlo este lunes. El objetivo expuesto, además de retomar la comunicación de gestión, era “darle la bienvenida” a los acreditados que tras su vuelta se verán limitados en sus movimientos. Según fuentes de Casa Rosada, el regreso parece estar condicionado al cumplimiento de nuevas restricciones en la dinámica diaria.
“Hasta ahora vivimos una especie de transición en la que Manuel (Adorni) fue el blanco de todo tipo de ataques. Eso se terminó”, definió un integrante de la mesa política que celebró el regreso de la comunicación de gestión.
En la previa, Adorni rompió el silencio en lo que configuró su reaparición en medios de comunicación luego de dos meses de blindaje y reafirmó que no renunciará al cargo. Ante la posibilidad de nuevas preguntas en torno a su situación judicial, en su equipo aseguran que se ajustará a la línea que planteó en el Congreso el pasado miércoles ante la atenta mirada de los Milei y del Gabinete. Además, adelantan que a diferencia de la última conferencia fallida del 25 de marzo, no se espera la asistencia de ministros ni legisladores en apoyo.
La semana estará marcada además por un nuevo viaje exprés del presidente Javier Milei que partirá el martes a Estados Unidos, en compañía del canciller, Pablo Quirno, en lo que configura su visita número cuatro en lo que va del 2026. El libertario aceptó una invitación del Instituto Milken para disertar el próximo miércoles en la 29ª Conferencia Global, que reunirá personalidades de todo el mundo. Sin más actividades en la agenda, se espera su regreso al país para el jueves al mediodía.
En plena coordinación de un nuevo encuentro de la mesa política, el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.
Tras el envío de nueve proyectos, entre los que destacan la reforma electoral, sin los votos necesarios, en los planes de la Casa Rosada figura la necesidad de avanzar en lo inmediato con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, y en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de varias decenas de pliegos a jueces, defensores y fiscales en el Senado.
Para concretar los deseos del mandatario, La Libertad Avanza sabe que necesita la cooperación de los aliados del PRO y de los gobernadores socios. Entre las filas oficialistas se conversó sobre el tema, y algunos integrantes del reducido círculo designado por Milei aseguran que reina la idea de negociar en paralelo acuerdos electorales y legislativos con los representantes provinciales.
“La dicotomía negociar o no negociar es tonta. Hace falta un blindaje político al gobierno para blindar el programa. Si no hay articulación que ordene los objetivos, entramos en problemas”, admitió ante este medio una importante fuente con acceso al despacho presidencial.
No es casual que en Balcarce 50 se haya habilitado una serie de alternativas, que giran en torno a la suspensión como en 2025 o la quita de la obligatoriedad, en caso de que los aliados reafirmen su negativa a habilitar la eliminación de las PASO contemplada en la reforma electoral.
La secretaria general de la Presidencia parece haber comprendido la premisa y desde principios de abril activó la mesa electoral con gobernadores socios, en la que se combinan el debate por futuras alianzas y temas de gestión. En los próximos días, reeditará sus encuentros en Casa Rosada.
Es en esa clave que el ministro del Interior, Diego Santilli, quien supo ganarse la confianza de la menor de los Milei, tiene previsto retomar la agenda de viajes al interior, y este martes visitará la sede del PRO en la calle Balcarce, en San Telmo, para reunirse con el titular del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y un grupo de jefes comunales.
Pese a que desde el armado se reservan las principales definiciones para después del Mundial 2026, trabajan en el trazado de los primeros contactos y la organización de actividades preliminares a lo que será la compleja campaña electoral rumbo a 2027.
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El gobierno de Estados Unidos confirmó que sostendrá el bloqueo económico contra Irán en el marco de la creciente escalada en Medio Oriente, en paralelo a la ofensiva militar que mantiene junto a Israel desde fines de febrero. La decisión fue ratificada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que la estrategia de “máxima presión” seguirá vigente.
El funcionario detalló que el presidente Donald Trump ordenó intensificar las sanciones económicas y avanzar con una política denominada “Furia Económica”, en sintonía con la operación militar lanzada semanas atrás.
“Puedo asegurarles que estamos asfixiando al régimen, que ya no pueden pagarles a sus soldados. Este es un verdadero bloqueo económico”, afirmó Bessent en declaraciones televisivas.
Según explicó, el objetivo es debilitar la estructura financiera del gobierno iraní, al tiempo que se restringe su capacidad operativa tanto en el plano interno como en el frente militar. En ese sentido, el funcionario remarcó que las fuerzas estadounidenses están limitando el tránsito marítimo hacia y desde Irán, especialmente en zonas estratégicas.
Trump analiza la oferta iraní para terminar la guerra: sanciones cero y control sobre el estrecho de Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos informó que ya fueron bloqueados al menos 49 buques vinculados a operaciones iraníes, en un intento por cortar el flujo de recursos hacia la Guardia Revolucionaria.
Además, Bessent advirtió que continuarán rastreando activos financieros en el exterior: “Llevan años robando al pueblo iraní. Tienen dinero en el extranjero, el cual localizamos. Seguiremos rastreándolo y protegeremos estos activos para el pueblo iraní una vez resuelto el conflicto”.
Uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento es el control del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Teherán mantiene restricciones al tránsito de embarcaciones no aliadas, lo que generó un fuerte impacto en los mercados energéticos y elevó la preocupación internacional.
En este contexto, la Armada británica reportó un nuevo incidente en la zona: un buque comercial fue atacado por pequeñas embarcaciones mientras navegaba cerca de la costa iraní. Si bien no se registraron víctimas ni daños ambientales, el hecho refuerza el clima de inestabilidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.
Trump elude el veto del Capitolio a la guerra contra Irán y afirma que ya concluyó
Desde Europa, distintas voces alertaron sobre la posibilidad de un conflicto prolongado. Funcionarios de la Comisión Europea advirtieron que la escalada podría extenderse durante “meses, e incluso años”, mientras crecen las tensiones diplomáticas entre Washington y sus aliados.
En paralelo, Irán envió una propuesta a Estados Unidos para avanzar hacia el fin de la guerra, que incluye el levantamiento del bloqueo naval y garantías de no agresión. Sin embargo, el propio Trump puso en duda su viabilidad al señalar que el régimen iraní “no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le ha hecho a la humanidad”.
El conflicto, que ya lleva más de dos meses, combina presión militar, sanciones económicas y disputas geopolíticas en múltiples frentes. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos en una región clave para el equilibrio energético global.
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Donald Trump,Estrecho de Ormuz,Irán,Scott Bessent
POLITICA
Crearon el cargo de traductor presidencial y desginaron al histórico intérprete de la Cancillería en el puesto
El Gobierno nacional estableció la creación del cargo de Intérprete y Traductor Presidencial dentro del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Según el texto oficial, la función principal de este puesto será asistir lingüísticamente en actividades de la Presidencia de la Nación y de la Cancillería, tanto en territorio nacional como en el exterior. La norma señala que la persona designada tendrá la responsabilidad de interpretar y traducir en actos oficiales, reuniones bilaterales y multilaterales, así como en todo evento que requiera la intervención del Poder Ejecutivo nacional.
Para ocupar este lugar, nombraron a Walter Kerr, debido a su trayectoria profesional dentro de la Cancillería y su experiencia en la asistencia de comitivas y actos internacionales de alto nivel. De hecho, Kerr es un histórico intérprete del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Comenzó a trabajar para la Cancillería en 1997, cuando tenía 29 años, y desde entonces participó en encuentros bilaterales clave para el desarrollo de la política exterior argentina. Es abogado, traductor público y docente, y domina nueve idiomas; durante los últimos años, profundizó sus estudios en árabe y dialecto egipcio.
Actualmente, se desempeña como Director de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Coordinó tareas de interpretación y traducción en casos como Papeleras del Río Uruguay, Malvinas, AMIA, Fragata Libertad y reuniones del G-20.
El responsable de asistir lingüísticamente a todos los presidentes desde Carlos Menem hasta la actualidad, y su trabajo se caracteriza por la confidencialidad y la continuidad institucional, aspectos valorados en su perfil profesional.
Durante años, Kerr planificó y controló la documentación oficial tanto del Ministerio como de la Presidencia de la Nación, y ha recibido elogios de mandatarios y figuras internacionales por su desempeño.
En este contexto, el decreto detalla que el cargo ha sido concebido para responder a las necesidades crecientes de comunicación internacional del Estado argentino, asegurando la precisión y fluidez en la transmisión de mensajes oficiales. El área de Recursos Humanos de la Cancillería y la Secretaría General de la Presidencia participaron en la elaboración de los requisitos y alcances de esta nueva función, considerando la importancia estratégica de la comunicación diplomática en la gestión presidencial.
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La misma normativa informa que la designación fue realizada por el Presidente de la Nación y refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El anuncio subraya el objetivo de fortalecer la estructura del equipo presidencial ante compromisos internacionales cada vez más demandantes en materia de traducción e interpretación.
El Decreto 316/2026 asigna al cargo de Intérprete y Traductor Presidencial el rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase. Esta categoría diplomática implica la integración del funcionario a la Carrera del Servicio Exterior de la Nación, con jerarquía y atribuciones equiparables a otros cargos de alto nivel en la estructura de la Cancillería.
Hace unos años, en una entrevista con Infobae, Kerr aseguró que “los profesionales de los ministerios de Relaciones Exteriores son gente con un perfil técnico predominante. En definitiva se valora que haya una continuidad, uno conoce los temas y esto tiene que ver con las famosas políticas de estado que trascienden a las distintas administraciones o gobiernos individuales”.
Con respecto a la confidencialidad de las conversaciones que él traduce, el funcionario explicó que “el hecho de que uno esté presente en las reuniones no necesariamente implica que uno después recuerde todo el contenido de las reuniones. Ese también es otro tema, porque uno está tan concentrado en su trabajo que pasa de manera sistemática”. “Si yo después trato de acordarme de qué estuvimos hablando en la reunión de hoy al mediodía me acordaré algunas cosas generales, pero otras cosas quizás no. Y en ese sentido uno lo ve como un trabajo puntual. En general no queda mucho registro en la memoria de lo que uno estuvo haciendo. Uno hasta inconscientemente ejerce una especie de amnesia selectiva”, agregó.
POLITICA
El Gobierno destinará fondos de inmuebles del Estado y privatizaciones a un plan de modernización de las Fuerzas Armadas
El Gobierno nacional creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino y definió nuevas fuentes de financiamiento para modernizar las Fuerzas Armadas. La medida se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a fortalecer las capacidades operativas, actualizar equipamiento y desarrollar infraestructura estratégica en el sistema de defensa.
El decreto establece un esquema de asignación de recursos que combina fondos provenientes de la administración de bienes del Estado y de procesos de privatización. Según surge del texto oficial, el objetivo es revertir el deterioro del equipamiento militar y mejorar la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo, tanto en el plano interno como en el internacional.
La norma dispone que el 10% de los ingresos generados por la venta, cesión o uso de inmuebles estatales sea destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que esos bienes hayan estado previamente bajo la órbita de esa cartera, el porcentaje asignado asciende al 70%. Estos recursos deberán financiar programas vinculados al reequipamiento, la modernización tecnológica, la infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
A su vez, el decreto fija que un 10% de los fondos obtenidos por privatizaciones de empresas con participación estatal también será redirigido al área de Defensa. De acuerdo con la normativa, la asignación busca ampliar la capacidad de inversión en el sector sin alterar el equilibrio fiscal ni reemplazar otras herramientas ya existentes.
En ese sentido, el Gobierno aclaró que los recursos previstos en la medida serán complementarios al Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado como instrumento de financiamiento plurianual. La nueva fuente de ingresos, según se detalla, estará orientada a cubrir necesidades más inmediatas y a acelerar los procesos de modernización.
“El escenario internacional contemporáneo, en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”, indicó el Gobierno en el decreto.
Entre los factores mencionados para fundamentar la determinación se incluye el desarrollo de nuevas tecnologías militares, el uso de inteligencia artificial, los ciberataques y otras modalidades de conflicto que exigen capacidades actualizadas. También se advierte sobre la necesidad de fortalecer el control de espacios marítimos y aéreos, en función de la extensión territorial del país y la existencia de recursos naturales estratégicos.
Además, el texto señala que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo en emergencias, como inundaciones o incendios, lo que requiere contar con los elementos adecuados.
Como parte del plan, el Estado Mayor Conjunto deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos de carácter urgente en materia de equipamiento, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional.
El DNU fue firmado por Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La medida se dictó bajo la figura de decreto de necesidad y urgencia, por lo que deberá ser analizada por la Comisión Bicameral del Congreso, encargada de evaluar su validez y elevar un dictamen para su tratamiento legislativo.
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