POLITICA
Ofensiva contra el poder territorial de Pro: LLA presiona por recortes en la Ciudad y apunta contra los comuneros
La Libertad Avanza (LLA) presiona por recortar gastos en la ciudad de Buenos Aires y arremetió contra una de las principales unidades de política territorial: las juntas comunales. El partido de Javier Milei impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para reformar la ley de comunas y que el 86% de sus integrantes cumplan funciones ad honorem. El proyecto tensiona aún más la relación con Pro, que rechaza los cambios en una de las áreas donde concentra mayor injerencia.
La Capital Federal está dividida en 15 comunas. Se trata de unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial encabezadas por una junta comunal de siete miembros: un presidente con facultades ejecutivas y seis comuneros. Es decir, en total, la ciudad cuenta con 105 representantes locales.
Ahora, LLA busca avanzar sobre esa estructura. El artículo 30 de la Constitución de la ciudad fija el número de integrantes de la junta comunal, por lo que achicar esa cifra −como pretendía originalmente el partido violeta− requeriría de una mayoría especial de 40 votos. Para sortear esta dificultad, en el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, optaron por un camino alternativo.
“Desde LLA estamos presentando un proyecto para reformar la ley de comunas con el cual estamos buscando que solamente cobren los 15 comuneros que tienen funciones ejecutivas y que el resto tengan cargos ad honorem, para porteños que realmente quieran participar”, aseguró Pilar Ramírez en sus redes sociales.
Así, el 86% de los cargos actuales pasarían a tener costo cero para el Estado. Bajo el esquema propuesto, solo los presidentes de comunas continuarían percibiendo una paga mensual.
Según estimaciones de LLA, el gobierno de Jorge Macri hoy gasta alrededor de $5300 millones al año en salarios para las juntas comunales. Según establece la ley 1777 de Comunas, aprobada en 2005, a cada comunero le corresponde un ingreso equivalente al 60% del sueldo bruto de un legislador porteño. El presidente del órgano, en cambio, percibe el 70%.
Según reconstruyó , hoy en día, un comunero cobra, por mes, alrededor de $4 millones netos. Si se toma como referencia esa cifra, los 90 comuneros −seis por cada una de las 15 juntas, excluyendo a su presidente− representan un gasto mensual total neto de al menos $360 millones.
Es el costo que LLA pretende eliminar y que, según sus estimaciones, podría ascender a $380 millones mensuales. “Menos gasto sin retorno, más respeto por el esfuerzo de los porteños”, afirman en el bloque. En un año, según los cálculos de este medio en base a los valores netos, el ahorro sería de $4320 millones, lo que representa el 0,02% del presupuesto total de la ciudad, que, para 2026 y sin la ampliación prevista, ronda los $17,3 billones.
Más allá del argumento económico, en el partido violeta se apoyan en una agenda que busca maximizar la eficiencia estatal y la simplificación de estructuras. En línea con lo que plantea Javier Milei a nivel nacional −pero ajenos a las revelaciones periodísticas y judiciales sobre los gastos no declarados de los funcionarios nacionales de La Libertad Avanza− pretenden avanzar sobre lo que consideran “cargos sin contenido”. Sucede que, con un proceso descentralización que aún no se completó en su totalidad, las comunas todavía cuentan con facultades propias limitadas.
Actualmente, las juntas comunales tienen dos funciones centrales: arbolado −desde poda y reposición hasta mantenimiento de veredas aledañas− y cuidado de los espacios verdes. Son las competencias exclusivas de estos órganos descentralizados.
Según explicaron comuneros a , se encargan también de preservar el patrimonio cultural de los distintos barrios y realizar relevamientos en materia de seguridad, escuelas, hospitales, transporte y grandes obras urbanas para elevar a la jefatura de gobierno. Comparten, así, competencias con el Poder Ejecutivo central y funcionan como un primer nexo entre el vecino y la cúpula porteña.
En este contexto, en LLA apuntan contra la superposición de funciones y relativizan la efectividad de las comunas para acercar las demandas de la ciudadanía al gabinete macrista.
“La experiencia acumulada permite afirmar que la percepción de los porteños −lejos de ser exagerada− es que las comunas han operado, en gran medida, como un mecanismo de ampliación del aparato estatal, sin traducirse en una mejora sustantiva en la calidad de los servicios, ni en una mayor eficacia en la gestión territorial”, argumentan en el proyecto remitido a la Legislatura a mediados de abril.
En Pro lo desmienten. “Cuando la comuna cuenta con el financiamiento y las atribuciones adecuadas es una herramienta excelente, pero vaciarla de recursos humanos comprometidos solo sirve para que la gestión central pierda el foco y los problemas de los vecinos se queden sin respuesta”, sostuvo Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a .
El funcionario porteño y armador de Pro a nivel nacional consideró que la iniciativa libertaria “propone un alejamiento peligroso de la agenda real del vecino”. “Al convertir el trabajo de seis de los siete comuneros en una tarea ad honorem y centralizar todo el poder y el salario en el Presidente de la Junta, se rompe el modelo colegiado que hoy nos da eficacia, velocidad y precisión en cada barrio”, continuó.
Entre los comuneros amarillos hay malestar por el proyecto que apunta contra su trabajo diario y rompe con la lógica colegiada amparada por la Constitución. Es que, en la práctica, la reforma propuesta termina concentrando el poder en una única figura.
En términos políticos, no es un dato menor. En la bancada que conduce Ramírez se jactan de haber salido primeros, en los comicios locales de mayo pasado, en nueve de las 15 comunas frente a Pro y Fuerza Patria. En LLA confían en poder replicar ese resultado el año que viene, cuando se deba elegir jefe de gobierno, 30 legisladores y 105 comuneros.
De lograrlo, podrían quedarse con la presidencia de la mayoría de las juntas comunales y poner en jaque la influencia territorial que hoy ostenta Pro. Con el presidente comunal concentrando todo el poder de decisión, los demás miembros perderían centralidad.
Bajo la configuración actual, producto de las elecciones de 2023, el partido de Milei cuenta con 12 comuneros. De acuerdo al proyecto impulsado por LLA en la Legislatura, ninguno de ellos percibiría un ingreso mensual dado que ninguno preside una junta. La mayoría de las presidencias (13 de 15) están en manos de los exaliados de Juntos por el Cambio −Pro y UCR−, mientras que el PJ preside las dos restantes. En las próximas elecciones, de replicarse los resultados del 2025, esa distribución podría cambiar radicalmente.
recortar gastos en la ciudad,pic.twitter.com/IT8j7A6Vzq,April 30, 2026,Abigail Contreiras Martínez,La Libertad Avanza,Legislatura Porteña,Jorge Macri,Conforme a,La Libertad Avanza,,El Adornigate, el muerto y el degollado,,Lilia Lemoine lo bloqueó. Un diputado del PJ se acercó a Adorni durante la sesión y le dio un papelito,,»Tranquilícese». El mensaje de Pergolini a Milei: “Entienda que es el presidente y afloje con el Twitter”
POLITICA
Piden la indagatoria de un exdiputado kirchnerista investigado por difundir fake news con recursos del Congreso
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que el exdiputado kirchnerista Emiliano Estrada sea citado a declaración indagatoria por haber utilizado presuntamente los servicios de dos asesores del Congreso para elaborar y difundir videos falsos en redes sociales. Según la acusación, los colaboradores cobraban sus salarios del Estado y habrían realizado esas tareas en beneficio del entonces legislador.
El requerimiento, fechado este martes 6 de octubre, fue presentado en la causa CFP 151/2025. Marijuan consideró que la conducta atribuida al exrepresentante de Unión por la Patria encuadraría, de manera preliminar, en el delito de peculado de trabajo y servicios, contemplado en el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal.
La solicitud se produce después de que la investigación quedara radicada en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. Estrada ya había sido objeto de una audiencia de formalización de cargos en Salta el 18 de diciembre de 2025, un antecedente que el fiscal mencionó expresamente para fundamentar su pedido.
En su presentación, Marijuan sostuvo que Estrada habría utilizado “trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio” mientras ejercía su mandato como diputado nacional.
POLITICA
Sur Finanzas: el juez le prohibió a Vallejo que preste “servicios financieros” y ordenó operativos en varios clubes
Apenas unos días después de reabrir las puertas de Sur Finanzas, el nuevo juez de la causa, Tomás Rodríguez Ponte, le prohibió este lunes a Ariel Vallejo que preste “servicios financieros” y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Vallejo había reabierto el jueves pasado una sucursal en la localidad de Canning, con los servicios recortados.
“La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida”, aclara la resolución a la que tuvo acceso .
Rodríguez Ponte, el nuevo juez de la causa, también ordenó este lunes una serie de operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas, para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial desde que fueron autorizados por el juez anterior, Luis Armella, hasta treinta después.
También se libraron órdenes de presentación en Pagos y Transferencias SA, Cobros Express Buenos Aires SA, Cobranza Integral SA, Aga Group SA, entre otras sociedades.
El club de Boedo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. A cambio, la financiera de Ariel Vallejo cobró más de $100 millones en concepto de intereses.
En los últimos días, Vallejo había levantado el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas, la financiera que lo llevó a codearse con figuras del fútbol como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista el jueves pasado en sus redes sociales.
Vallejo llegó a tener más de veinte sucursales, especialmente en el Gran Buenos Aires, pero tuvo que cerrarlas luego de la investigación de y de una avalancha de causas judiciales en su contra.
Los autos de lujo
Rodríguez Ponte también ordenó que los autos secuestrados en el marco de la causa principal sean entregados a la Corte Suprema, para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad. El listado de vehículos incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra, que Vallejo estacionaba en la puerta de la casa central.
“La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, dijeron los fiscales Incardona y Velasco al pedir la indagatoria de Vallejo.
La decisión de entregarle los autos a la Corte Suprema es parte de una batería de medidas en la causa iniciada en noviembre pasado, tras la denuncia de ARCA, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero. La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual de su grupo de empresas, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.
En otra resolución, a la que tuvo acceso , Rodríguez Ponte, el nuevo juez del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, le pidió a ARCA un informe detallado de las personas físicas y jurídicas que operaron a través de la PSP de Sur Finanzas para determinar si tenían solvencia económica.
En ese listado aparecen algunos de los “soldaditos” que detectaron los sabuesos del fisco. Ese término alude a personas de bajos ingresos que, en los papeles, figuraban con montos elevados operando a través de la billetera virtual de Vallejo.
“Gran parte de los contribuyentes que surgen en los cruces no poseen la sustancia económica o financiera en relación con montos informados de gran magnitud. Se presume la interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de fondos”, dice un informe que sostenía la denuncia.
En ese sentido, la causa judicial incorporó al menos cuatro casos de personas que negaron haber realizado las operaciones a través de Sur Finanzas.
Uno de esos casos es el de un hombre cuyas iniciales son M.A.C., a quien se le atribuye haber sacado un préstamo de $500 millones; sin embargo, negó ante la Justicia haber realizado esa operación. Algo similar ocurre con F.J.P, quien desconoció haber tramitado un crédito de $133,1 millones que figura a su nombre.
La lista no termina ahí. S.L.F dijo que ya había dado de baja su cuenta cuando le imputan un préstamo de $485 millones. Incluso, otra persona, de iniciales R.B., sostuvo que nunca tuvo relación con Sur Finanzas, que jamás abrió cuenta ni autorizó a terceros a que lo hagan en la billetera virtual de Vallejo, y manifestó que le usaron sus datos.
recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Sur Finanzas,Conforme a
POLITICA
PASO 2027: el semáforo de los gobernadores, las listas colectoras que pide la UCR y una inesperada fisura en el PJ
La negociación para que en 2027 no haya PASO entró en una nueva etapa. Después de concentrarse durante meses en los gobernadores, la Casa Rosada comenzó a trasladar la discusión al ámbito donde finalmente deberá resolverse: el Senado. El Gobierno tiene un semáforo con los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño: contabiliza 12 en verde, cuatro en amarillo y ocho en rojo, aunque reconoce que esa fotografía política provisoria todavía no permite garantizar los 37 votos para aprobarla.
“Con esto no alcanza para sacar en el Senado. Se está trabajando senador por senador y, en algunos casos, con algunos bloques”, explicó a Infobae una fuente calificada del oficialismo que está involucrada en el poroteo.
La frase describe el estado real de una negociación que el Gobierno considera prioritaria para ordenar el escenario electoral del año próximo. Javier Milei mantiene como objetivo de máxima la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, pero en la Casa Rosada están dispuestos a aceptar una nueva suspensión para 2027 si esa alternativa permite construir una mayoría más amplia.
La negociación tiene cuatro protagonistas principales dentro del oficialismo: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la presidenta del bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La hermana del Presidente y titular de La Libertad Avanza interviene en la definición política de los entendimientos con los gobernadores; Santilli mantiene el contacto directo y cotidiano con los mandatarios y con los legisladores y tiene previsto desarrollar una ronda de reuniones individuales; Bullrich tiene a su cargo una parte decisiva de la construcción parlamentaria en el Senado; y Menem trabaja sobre la Cámara de Diputados.
Las conversaciones ya no se limitan a determinar quién está a favor y quién en contra. Entraron en una segunda etapa: comenzaron a discutirse las condiciones políticas y electorales que algunos potenciales aliados reclaman para acompañar la reforma.
Allí reapareció una propuesta que había circulado a principios de año, luego quedó relegada y ahora volvió a la mesa: una colectora o, en la definición que utilizan quienes participan de las conversaciones, una lista de adhesión.
La iniciativa volvió a ser planteada desde sectores del radicalismo y apunta a resolver uno de los principales problemas electorales que la suspensión de las PASO les plantea a los gobernadores aliados: cómo respaldar la candidatura presidencial de Milei sin quedar obligados a integrarse por completo a La Libertad Avanza ni resignar sus propias estructuras provinciales.
La idea es habilitar una adhesión a un solo candidato presidencial.
En términos prácticos, un gobernador radical, del PRO o perteneciente a una fuerza provincial, podría presentar su propia boleta para gobernador y asociarla electoralmente a la candidatura de Milei a presidente. Mantendría su sello, su estructura territorial y sus candidatos provinciales, pero compartiría en la parte superior de la oferta electoral al postulante presidencial libertario.
“Una sola lista de adhesión”, describió una fuente oficial al explicar la variante que volvió a circular.
Ese detalle es central.
No se piensa, al menos en esta etapa de la discusión, en un sistema abierto de múltiples colectoras que permita que numerosas listas se cuelguen indiscriminadamente de una candidatura presidencial. La propuesta que llegó desde el radicalismo es más acotada: habilitar una vía para que fuerzas políticas diferentes puedan asociarse a un mismo candidato a presidente.
Políticamente, el mecanismo podría facilitar acuerdos que hoy resultan difíciles de cerrar.
Hay gobernadores radicales y de fuerzas provinciales que pueden coincidir con la reelección de Milei y, al mismo tiempo, competir en sus distritos contra candidatos de La Libertad Avanza. Una lista de adhesión permitiría separar ambos planos: acompañar al Presidente en la categoría nacional y mantener la autonomía en la disputa provincial.
Para los mandatarios, además, significa preservar uno de sus principales activos: el control de sus propios armados territoriales.
Para la Casa Rosada, en tanto, puede transformarse en una moneda de cambio importante dentro de la negociación por los votos que necesita para sacar las PASO del calendario.
La discusión tiene antecedentes.
La posibilidad de habilitar colectoras había aparecido en las primeras conversaciones sobre la reforma electoral. Durante el invierno, funcionarios nacionales y gobernadores analizaron distintos mecanismos para que las fuerzas provinciales conservaran sus listas y pudieran, al mismo tiempo, acompañar la candidatura presidencial de Milei.
La alternativa buscaba facilitar acuerdos con gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y espacios provinciales que no estaban dispuestos a incorporarse orgánicamente a La Libertad Avanza.
Después perdió fuerza.
El Gobierno decidió concentrarse primero en conseguir los votos para eliminar o suspender las PASO, y la discusión sobre las colectoras quedó relegada. Ahora volvió a aparecer, y su regreso marca una diferencia importante respecto de aquella primera etapa: ya no se trata solamente de discutir si habrá primarias, sino de empezar a diseñar bajo qué reglas competirían los eventuales aliados del oficialismo en 2027.
La discusión electoral comenzó así a mezclarse directamente con la parlamentaria.
El semáforo de los gobernadores
En los despachos donde se sigue la negociación circula una clasificación de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño según la posición que la Casa Rosada les atribuye frente a una suspensión de las PASO nacionales.
Hay doce en verde.
Son Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Poggi, de San Luis; y Raúl Jalil, de Catamarca.
La clasificación no significa que los doce hayan cerrado un acuerdo electoral con el Gobierno ni, mucho menos, que puedan garantizar automáticamente todos los votos de sus provincias.
El verde significa que la Casa Rosada considera que tienen una posición favorable a que las primarias nacionales no se realicen en 2027.
Los cinco gobernadores radicales aparecen en ese grupo.
Cornejo, Pullaro, Valdés, Zdero y Sadir hicieron declaraciones públicas con diferentes grados de respaldo. Algunos defendieron las PASO como instrumento y rechazaron su eliminación definitiva, pero admitieron que podrían volver a suspenderse durante 2027. Valdés fue incluso más lejos y dejó abierta la posibilidad de apoyar directamente su derogación.
Ese alineamiento fue una de las señales que llevó al Gobierno a acelerar las conversaciones durante y después de la Argentina Week de París. Cuatro de los cinco gobernadores radicales viajaron a Francia y tuvieron allí distintos contactos políticos con funcionarios nacionales. La posición pública de los cinco, con matices, es compatible con que no haya primarias nacionales en 2027.
Pero una posición favorable de un gobernador no equivale automáticamente al voto de un senador.
Por eso comenzó la segunda parte del trabajo.
Los cuatro gobernadores pintados de amarillo son Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Gustavo Sáenz, de Salta; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.
Son mandatarios con los que el Gobierno entiende que todavía existe margen para negociar. Llaryora, Vidal y Sáenz provienen de expresiones peronistas alejadas del kirchnerismo. Melella tiene una trayectoria política diferente, aunque en Balcarce 50 registraron señales de acercamiento y por eso tampoco lo consideran hoy dentro del rechazo definitivo.
El amarillo expresa precisamente esa situación: no son votos garantizados, pero tampoco negociaciones cerradas.
En rojo aparecen Axel Kicillof, de Buenos Aires; Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Elías Suárez, de Santiago del Estero.
También allí existen situaciones particulares.
Jorge Macri figura en rojo pese a pertenecer al PRO porque en el Gobierno consideran que su definición terminará dependiendo de la posición política que adopte Mauricio Macri. Jaldo quedó afuera del grupo favorable pese a haber acompañado diferentes iniciativas de Milei desde 2023. Y Misiones conserva la lógica de una fuerza provincial que suele negociar cada votación de manera autónoma.
El semáforo, en definitiva, no divide a aliados y opositores.
Es una fotografía específica de una sola negociación: PASO 2027.
Y la Casa Rosada admite que todavía no alcanza.
La Libertad Avanza necesita reunir 37 votos en el Senado. De allí que el trabajo haya comenzado a trasladarse de los gobernadores a los legisladores, con negociaciones individuales y conversaciones con bloques completos.
Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem cumplen distintas funciones dentro de esa estrategia. Santilli concentra buena parte del vínculo con los gobernadores. Bullrich y los operadores legislativos trabajan sobre el Senado. Karina Milei interviene en las definiciones políticas y electorales de fondo. Menem deberá contribuir a construir la mayoría correspondiente en Diputados.
La pregunta central ahora es cuántos de los gobernadores pintados de verde pueden transformar su posición política en votos concretos.
Y cuánto deberá ofrecer el oficialismo para conseguirlos.
Ahí vuelve a cobrar relevancia la lista de adhesión.
Una fisura inesperada en el peronismo
Mientras el Gobierno hace esa cuenta, apareció una variable que puede agregar todavía más complejidad a la discusión: dentro del peronismo comenzó a resquebrajarse la posición común que había prevalecido sobre la defensa de las PASO.
Una fuente calificada del Partido Justicialista (PJ) aseguró a Infobae que sectores vinculados a Cristina Kirchner comenzaron a evaluar la conveniencia de dejar que el Gobierno avance con la suspensión de las primarias.
La hipótesis tiene una explicación enteramente vinculada a la interna peronista.
Sin PASO, la conducción formal del PJ conservaría mayor capacidad para intervenir en la definición de las candidaturas y prolongaría la negociación hasta el momento de inscripción de las listas.
Axel Kicillof perdería, en cambio, la posibilidad de utilizar una primaria nacional como mecanismo institucional para desafiar a la estructura partidaria y resolver mediante el voto una eventual competencia presidencial.
El entorno del gobernador bonaerense viene defendiendo precisamente la posición contraria: considera que las PASO deben mantenerse y que las candidaturas del peronismo tienen que resolverse mediante una competencia interna si no existe previamente un acuerdo. Esa postura fue ratificada públicamente en las últimas horas.
Pero Kicillof no está solo en esa posición. Según pudo saber Infobae, Sergio Massa tampoco está de acuerdo con eliminar ni con suspender las PASO y coincide en ese punto con el gobernador bonaerense.
El dato agrega otro actor de peso a la disputa.
Massa ya había participado en agosto de las conversaciones del peronismo en las que se acordó defender el sistema de primarias de cara a 2027. En aquella mesa estaban representados sectores que hoy mantienen diferencias profundas sobre la candidatura presidencial y el liderazgo del espacio.
La novedad es que esa posición común empezó a mostrar fisuras.
Una fuente de peso del peronismo sostuvo ante Infobae que existe un movimiento para que sectores vinculados a Cristina Kirchner no bloqueen la suspensión de las PASO. Incluso atribuyó a la expresidenta el interés político detrás de esa alternativa.
En las conversaciones internas comenzaron a aparecer dos senadores de peso. Uno de La Cámpora y otro del norte. No hay, sin embargo, elementos que permitan afirmar que alguno de ellos esté negociando directamente con el Gobierno.
De hecho, la Casa Rosada lo niega. “No veo que de ahí vengan los votos en el Senado”, aseguró una fuente oficial involucrada directamente en el poroteo.
La respuesta fue todavía más terminante respecto de una eventual conversación con ese universo político: “En nuestro menú de herramientas no hay conversaciones con ellos. Los números los estamos trabajando con otros senadores y otros bloques”.
Es decir, hay dos planos que por ahora transcurren separadamente.
Una cosa es la discusión que comenzó dentro del peronismo sobre si a todos sus sectores les conviene conservar las PASO. Otra, diferente, es la construcción de votos que lleva adelante la Casa Rosada.
El Gobierno asegura que no está negociando con el kirchnerismo.
Pero admite que entiende perfectamente por qué la ausencia de primarias podría resultar conveniente para Cristina Kirchner.
Sin PASO, Kicillof no tendría una elección interna abierta en la que disputar la candidatura presidencial y la pelea se trasladaría al control partidario, la conformación de las alianzas y, finalmente, el cierre de las listas.
La conducción del PJ ganaría entonces capacidad de negociación.
La fuente oficial consultada por Infobae lo resumió en términos políticos: la ausencia de una primaria permitiría a Cristina Kirchner mantener la presión sobre Kicillof hasta el último tramo del armado electoral.
La paradoja es evidente.
Milei quiere eliminar las PASO, entre otras razones, porque considera que constituyen una herramienta financiada por el Estado para resolver internas partidarias. Pero la desaparición de ese mecanismo puede alterar a su vez de manera profunda la correlación de fuerzas dentro del principal partido opositor.
Hasta ahora, una parte importante del peronismo había defendido las primarias como mecanismo para preservar la unidad y resolver la candidatura presidencial. En agosto, Massa, Kicillof y otros referentes habían participado de un reagrupamiento partidario que incluía la defensa de ese sistema.
Pero en el cristinismo esa posición nunca fue completamente homogénea. Ya durante el año, dirigentes cercanos a la expresidenta habían dejado trascender que una elección general con candidato propio podía resultar más conveniente que una primaria contra Kicillof.
Ahora esa diferencia volvió a emerger con mayor intensidad ante la posibilidad concreta de que el Gobierno consiga los votos.
De un lado quedaron Kicillof y Massa, partidarios de conservar las PASO.
Del otro comenzó a insinuarse un sector vinculado a Cristina Kirchner que analiza si le resulta más conveniente llegar a 2027 sin primarias.
Pero todavía no existe una posición dominante.
Ni el sector que pretende sostener las PASO tiene hoy garantizada una mayoría interna capaz de imponer esa postura al conjunto del peronismo, ni quienes analizan facilitar su suspensión lograron volcar al PJ hacia esa alternativa.
“Veremos quién gana”, respondió una fuente peronista calificada consultada por Infobae sobre cómo terminará esa pulseada.
Esa indefinición es parte del escenario que observa la Casa Rosada.
No porque el Gobierno contabilice hoy votos del kirchnerismo —sus principales operadores aseguran que no lo hacen—, sino porque una división dentro del PJ podría reducir la capacidad opositora de bloquear el proyecto en el Senado.
La negociación, por ahora, sigue concentrada en otro universo.
El Gobierno tiene doce gobernadores pintados de verde. Busca consolidar a los cuatro amarillos. Trabaja senador por senador para llegar a 37 votos. Y volvió a discutir una herramienta electoral que puede convertirse en una de las llaves del acuerdo: permitir que los gobernadores que acompañen a Milei puedan adherir sus propias boletas provinciales a una única candidatura presidencial libertaria sin resignar sus partidos ni sus armados territoriales.
La lista de adhesión ofrece algo que el semáforo por sí solo no puede garantizar: un incentivo electoral concreto para transformar afinidades políticas en acuerdos.
Y mientras la Casa Rosada negocia esos votos, la posibilidad de que no haya PASO empezó a producir un efecto adicional que hasta hace poco parecía improbable: dividir al peronismo sobre las reglas con las que deberá resolver su propia candidatura presidencial.
El oficialismo todavía no llegó a 37 votos.
Pero la discusión ya dejó de ser únicamente si las PASO deben existir o no. Ahora también se negocia cómo competirán los aliados de Milei si desaparecen y quién controlará las candidaturas opositoras si finalmente no se realizan.
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