POLITICA
Ofensiva contra el poder territorial de Pro: LLA presiona por recortes en la Ciudad y apunta contra los comuneros
La Libertad Avanza (LLA) presiona por recortar gastos en la ciudad de Buenos Aires y arremetió contra una de las principales unidades de política territorial: las juntas comunales. El partido de Javier Milei impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para reformar la ley de comunas y que el 86% de sus integrantes cumplan funciones ad honorem. El proyecto tensiona aún más la relación con Pro, que rechaza los cambios en una de las áreas donde concentra mayor injerencia.
La Capital Federal está dividida en 15 comunas. Se trata de unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial encabezadas por una junta comunal de siete miembros: un presidente con facultades ejecutivas y seis comuneros. Es decir, en total, la ciudad cuenta con 105 representantes locales.
Ahora, LLA busca avanzar sobre esa estructura. El artículo 30 de la Constitución de la ciudad fija el número de integrantes de la junta comunal, por lo que achicar esa cifra −como pretendía originalmente el partido violeta− requeriría de una mayoría especial de 40 votos. Para sortear esta dificultad, en el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, optaron por un camino alternativo.
“Desde LLA estamos presentando un proyecto para reformar la ley de comunas con el cual estamos buscando que solamente cobren los 15 comuneros que tienen funciones ejecutivas y que el resto tengan cargos ad honorem, para porteños que realmente quieran participar”, aseguró Pilar Ramírez en sus redes sociales.
Así, el 86% de los cargos actuales pasarían a tener costo cero para el Estado. Bajo el esquema propuesto, solo los presidentes de comunas continuarían percibiendo una paga mensual.
Según estimaciones de LLA, el gobierno de Jorge Macri hoy gasta alrededor de $5300 millones al año en salarios para las juntas comunales. Según establece la ley 1777 de Comunas, aprobada en 2005, a cada comunero le corresponde un ingreso equivalente al 60% del sueldo bruto de un legislador porteño. El presidente del órgano, en cambio, percibe el 70%.
Según reconstruyó , hoy en día, un comunero cobra, por mes, alrededor de $4 millones netos. Si se toma como referencia esa cifra, los 90 comuneros −seis por cada una de las 15 juntas, excluyendo a su presidente− representan un gasto mensual total neto de al menos $360 millones.
Es el costo que LLA pretende eliminar y que, según sus estimaciones, podría ascender a $380 millones mensuales. “Menos gasto sin retorno, más respeto por el esfuerzo de los porteños”, afirman en el bloque. En un año, según los cálculos de este medio en base a los valores netos, el ahorro sería de $4320 millones, lo que representa el 0,02% del presupuesto total de la ciudad, que, para 2026 y sin la ampliación prevista, ronda los $17,3 billones.
Más allá del argumento económico, en el partido violeta se apoyan en una agenda que busca maximizar la eficiencia estatal y la simplificación de estructuras. En línea con lo que plantea Javier Milei a nivel nacional −pero ajenos a las revelaciones periodísticas y judiciales sobre los gastos no declarados de los funcionarios nacionales de La Libertad Avanza− pretenden avanzar sobre lo que consideran “cargos sin contenido”. Sucede que, con un proceso descentralización que aún no se completó en su totalidad, las comunas todavía cuentan con facultades propias limitadas.
Actualmente, las juntas comunales tienen dos funciones centrales: arbolado −desde poda y reposición hasta mantenimiento de veredas aledañas− y cuidado de los espacios verdes. Son las competencias exclusivas de estos órganos descentralizados.
Según explicaron comuneros a , se encargan también de preservar el patrimonio cultural de los distintos barrios y realizar relevamientos en materia de seguridad, escuelas, hospitales, transporte y grandes obras urbanas para elevar a la jefatura de gobierno. Comparten, así, competencias con el Poder Ejecutivo central y funcionan como un primer nexo entre el vecino y la cúpula porteña.
En este contexto, en LLA apuntan contra la superposición de funciones y relativizan la efectividad de las comunas para acercar las demandas de la ciudadanía al gabinete macrista.
“La experiencia acumulada permite afirmar que la percepción de los porteños −lejos de ser exagerada− es que las comunas han operado, en gran medida, como un mecanismo de ampliación del aparato estatal, sin traducirse en una mejora sustantiva en la calidad de los servicios, ni en una mayor eficacia en la gestión territorial”, argumentan en el proyecto remitido a la Legislatura a mediados de abril.
En Pro lo desmienten. “Cuando la comuna cuenta con el financiamiento y las atribuciones adecuadas es una herramienta excelente, pero vaciarla de recursos humanos comprometidos solo sirve para que la gestión central pierda el foco y los problemas de los vecinos se queden sin respuesta”, sostuvo Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a .
El funcionario porteño y armador de Pro a nivel nacional consideró que la iniciativa libertaria “propone un alejamiento peligroso de la agenda real del vecino”. “Al convertir el trabajo de seis de los siete comuneros en una tarea ad honorem y centralizar todo el poder y el salario en el Presidente de la Junta, se rompe el modelo colegiado que hoy nos da eficacia, velocidad y precisión en cada barrio”, continuó.
Entre los comuneros amarillos hay malestar por el proyecto que apunta contra su trabajo diario y rompe con la lógica colegiada amparada por la Constitución. Es que, en la práctica, la reforma propuesta termina concentrando el poder en una única figura.
En términos políticos, no es un dato menor. En la bancada que conduce Ramírez se jactan de haber salido primeros, en los comicios locales de mayo pasado, en nueve de las 15 comunas frente a Pro y Fuerza Patria. En LLA confían en poder replicar ese resultado el año que viene, cuando se deba elegir jefe de gobierno, 30 legisladores y 105 comuneros.
De lograrlo, podrían quedarse con la presidencia de la mayoría de las juntas comunales y poner en jaque la influencia territorial que hoy ostenta Pro. Con el presidente comunal concentrando todo el poder de decisión, los demás miembros perderían centralidad.
Bajo la configuración actual, producto de las elecciones de 2023, el partido de Milei cuenta con 12 comuneros. De acuerdo al proyecto impulsado por LLA en la Legislatura, ninguno de ellos percibiría un ingreso mensual dado que ninguno preside una junta. La mayoría de las presidencias (13 de 15) están en manos de los exaliados de Juntos por el Cambio −Pro y UCR−, mientras que el PJ preside las dos restantes. En las próximas elecciones, de replicarse los resultados del 2025, esa distribución podría cambiar radicalmente.
recortar gastos en la ciudad,pic.twitter.com/IT8j7A6Vzq,April 30, 2026,Abigail Contreiras Martínez,La Libertad Avanza,Legislatura Porteña,Jorge Macri,Conforme a,La Libertad Avanza,,El Adornigate, el muerto y el degollado,,Lilia Lemoine lo bloqueó. Un diputado del PJ se acercó a Adorni durante la sesión y le dio un papelito,,»Tranquilícese». El mensaje de Pergolini a Milei: “Entienda que es el presidente y afloje con el Twitter”
POLITICA
Por la visita del Papa, el Gobierno amplió el control aéreo y autorizó el uso de la fuerza ante un acto hostil
A días de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional dispuso la ampliación temporal de las Reglas de Protección Aeroespacial, un protocolo que habilita el uso de la fuerza como último recurso contra aeronaves de origen externo declaradas hostiles.
Por medio de la publicación del Decreto N° 1334/2026 en el Boletín Oficial, se confirmaron nuevas restricciones al tránsito aéreo y una coordinación reforzada entre autoridades civiles y militares. El objetivo declarado es proteger los actos papales que tendrán lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.
De esta manera, la norma amplía las reglas aprobadas en 2016 para las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA. Se trata de los espacios que comprenden sectores de alta circulación aérea alrededor de los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.
Como punto central de las modificaciones, las autoridades habilitaron “el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’”.
En este sentido, el uso de la fuerza implicará “el empleo del poder de fuego disponible por parte de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria”. Asimismo, deberá contemplarse un plan para minimizar el riesgo de daños a la vida y/o bienes en la superficie.
Para que eso ocurra, el decreto exige la comprobación de un “acto hostil”. La definición abarca desde un ataque armado, el uso o la amenaza inminente de usar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.
Entre los indicios que pueden ser evaluados como hostiles figuran la presencia de armamento o la persistencia, pese a las advertencias, de una trayectoria, una altura o una velocidad compatibles con un ataque contra un blanco determinado.
No obstante, la declaración de hostilidad corresponderá al comandante conjunto aeroespacial, una vez confirmada la situación. Pero la aplicación de la regla que habilita el empleo de armas deberá contar con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti, una atribución que el presidente Javier Milei delegó para este operativo y que no podrá ser transferida a otra autoridad.
También deberán intervenir medios militares que estén bajo el comando o control operacional de la autoridad de ejecución, que tendrán el objetivo de evitar la afectación de un interés vital o de un objetivo de valor estratégico.
Por otro lado, el decreto diferencia de manera expresa el tratamiento de las aeronaves civiles. Ante el incumplimiento de una instrucción, la respuesta prevista es la interceptación y la orden de aterrizaje en el lugar que se indique.
En línea con esto, establecieron que el Comando Conjunto Aeroespacial dirigirá la respuesta operativa y deberá coordinar con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones que se apliquen a los vuelos. La ANAC, a su vez, deberá adoptar las medidas necesarias y aportar el apoyo requerido por el mando militar.
La norma no establece una prohibición general de vuelos, pero sí habilita a las autoridades a graduar las limitaciones según el escenario y a desviar aeronaves civiles fuera de un área afectada si fuera necesario para preservar la seguridad operacional.
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En este sentido, remarcaron que “cada evento irregular configurará una degradación de la situación aeroespacial en la zona afectada, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Protección Aeroespacial”.
Así, en caso de detectarse una irregularidad en una de las zonas restringidas, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá asumir distintos niveles de conducción sobre el área y sobre los servicios de navegación aérea de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El primer nivel será el control por coordinación. En ese escenario, el mando militar informará al supervisor del servicio de navegación aérea para que adopte medidas y, cuando sea posible, desvíe vuelos civiles de la zona involucrada.
En un segundo nivel, denominado control total bajo subordinación directa, los controladores continuarán con sus tareas habituales, aunque deberán aplicar las restricciones que ordene el Comando Conjunto.
El nivel más amplio es el control total integral, el cual permite despejar el área de aeronaves civiles para que operen exclusivamente medios militares y deja toda autorización de vuelo bajo control militar, según lo dispuesto previamente. La decisión sobre qué nivel aplicar quedará en manos del comandante conjunto aeroespacial y dependerá de cada situación.
Por último, las autoridades informaron que el gasto del operativo será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.
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El Gobierno amplió las Reglas de Protección Aeroespacial para reforzar la seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida habilita, como último recurso y bajo condiciones específicas, el derribo de aeronaves de origen externo declaradas hostiles en sectores del espacio aéreo de Buenos Aires y Córdoba que quedarán sujetos a restricciones especiales.
La decisión quedó establecida mediante el decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma también delegó en el titular de este último Ministerio la facultad de aprobar el uso de la fuerza durante ese período, una atribución que no podrá transferir a otra autoridad.
El Ejecutivo fundamentó las medidas en la concurrencia de autoridades nacionales y extranjeras y en las concentraciones masivas previstas durante las actividades del pontífice en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Según los considerandos, ese escenario exige reforzar la protección de las personas y de los objetivos de valor estratégico.
La autorización de derribo no se activa por el solo incumplimiento de las instrucciones de los controles aéreos. Antes de recurrir a las armas, deberán agotarse los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje, además de confirmarse un acto hostil.
El decreto define esa situación como un ataque armado o el uso -o la amenaza inminente de uso- de una aeronave u otro medio aéreo como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos. Para determinarlo, exige indicios objetivos, como el empleo de armamento o la persistencia, después de las advertencias, de una trayectoria, altitud o velocidad compatibles con un ataque a un blanco determinado.
La declaración de hostilidad quedará a cargo del comandante conjunto aeroespacial, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, quien deberá comunicarla de inmediato al ministro de Defensa y a los medios que intervengan en el operativo. La aplicación de la fuerza requerirá luego la aprobación del ministro y deberá ejecutarse con medios militares bajo el comando o control operacional de esa autoridad militar. También deberán adoptarse precauciones para evitar o reducir los daños a personas y bienes en la superficie.
La disposición establece condiciones adicionales para las aeronaves civiles: solo podrán ser alcanzadas por esa medida ante un “ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida de las personas que no pueda ser neutralizada por otros medios”. Si únicamente desobedecen las instrucciones, la respuesta deberá limitarse a la interceptación y la orden de aterrizaje.
El texto encuadra el operativo en la defensa nacional frente a agresiones de origen externo. Las situaciones que involucren aeronaves de origen interno, en cambio, permanecerán sujetas a la Ley de Seguridad Interior, que contempla el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas solo de manera excepcional y con una declaración previa del estado de sitio.
El Comando Conjunto Aeroespacial coordinará con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones necesarias para las dos zonas alcanzadas. El organismo civil deberá instrumentarlas y brindar el apoyo que requiera la conducción militar.
Ante irregularidades, el comandante podrá establecer distintos niveles de control según la gravedad de la situación. El primero contempla coordinar con los servicios de navegación aérea y desviar, cuando sea posible, los vuelos civiles fuera del área afectada. Un segundo nivel permite mantener esos servicios bajo subordinación directa del Comando Conjunto Aeroespacial.
La instancia de mayor control prevé despejar el espacio aéreo de aeronaves civiles para permitir la actuación exclusiva de los medios militares. En ese supuesto, las autorizaciones de vuelo quedarán sujetas al control de tránsito aéreo militar y a las restricciones que establezca el comando.
Las disposiciones tendrán vigencia desde el 8 hasta el 11 de noviembre, inclusive. En el texto de la normativa se indica que los gastos del operativo se cubrirán con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa correspondientes al Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
La Iglesia redobló la presión sobre el Senado para que apruebe la ley contra la ludopatía y evite que sea archivada
La Iglesia argentina intensificó este martes su reclamo al Senado para que avance con la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó una campaña de recolección de firmas y pidió a los legisladores que traten la iniciativa antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, ante el riesgo de que termine archivada.
La presión se produce a pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina y después de que la Cámara alta aprobara una moción de preferencia para tratar el proyecto, que lleva casi dos años sin conseguir su sanción definitiva.
La organización eclesiástica impulsó una petición en Change.org bajo la consigna: “Sres. Senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online”. Según los datos difundidos por los organizadores, la iniciativa reunió cerca de 1.400 adhesiones, con más de 500 nuevas firmas en una sola jornada.
El reclamo retoma una carta enviada en octubre a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los senadores, en la que la Pastoral Social advirtió sobre las consecuencias del juego compulsivo, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.
“La ludopatía es un atentado contra la vida”, recordó la entidad, que cuestionó los intereses económicos vinculados a las apuestas y reclamó una intervención más firme del Estado.
La advertencia de la Iglesia por el avance de las apuestas online entre los adolescentes
La Comisión Episcopal de Pastoral Social sostiene que la expansión de las plataformas digitales de apuestas genera consecuencias sobre la salud mental, la economía familiar y la vida escolar.
En su presentación, reclamó que los legisladores asuman la responsabilidad de proteger a los sectores más vulnerables y cuestionó la demora en el tratamiento parlamentario.
“No hacer nada” también es una decisión, advirtió la entidad, que señaló que la falta de regulación podría profundizar los daños sociales y sanitarios asociados a la ludopatía.
Los datos disponibles reflejan la dimensión del problema. Según el estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó dinero por Internet al menos una vez.
La investigación también reveló que más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que realizó apuestas online.
Por su parte, un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina indicó que seis de cada diez adolescentes están expuestos a estas plataformas y que aproximadamente uno de cada ocho menores que apuesta contrajo deudas.
Entre los colaboradores de la Pastoral Social se encuentra el psicólogo y exjugador de Los Pumas Matías Dalla Fontana, quien participó de reuniones sobre la problemática con legisladores nacionales.
Dalla Fontana vinculó la protección de los menores con la soberanía y la salud pública. “Cuidar la vida es Soberanía: No habrá futuro posible sin un debido resguardo, sin un debido cuidado de los más pequeños, de los más débiles”, sostuvo.
Qué establece la ley contra la ludopatía y por qué corre riesgo de quedar archivada
El proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Desde entonces permanece pendiente de tratamiento en el Senado.
La semana pasada, la senadora peronista Lucía Corpacci solicitó una moción de preferencia para acelerar su debate. La propuesta fue aprobada, aunque eso no garantiza que la iniciativa llegue a convertirse en ley.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las impulsoras del proyecto, cuestionó las demoras y advirtió sobre la posibilidad de que el oficialismo permita que la iniciativa pierda vigencia.
El texto aprobado en Diputados contempla distintas medidas para limitar el acceso de menores a las apuestas y reducir los riesgos asociados al juego compulsivo:
- Prohibición de publicidad y patrocinio: impide que las plataformas promocionen sus servicios en medios de comunicación, redes sociales, camisetas deportivas y eventos, incluso mediante influencers y figuras públicas.
- Controles biométricos: establece mecanismos de verificación de identidad y edad para impedir que menores ingresen a las plataformas utilizando datos de terceros.
- Sanciones al juego ilegal: prevé penas de prisión para operadores clandestinos, con agravantes cuando estén involucrados menores.
- Prevención y asistencia: incluye campañas educativas, herramientas de autoexclusión y límites para el uso de plataformas de apuestas.
- Restricciones a los medios de pago: prohíbe utilizar tarjetas de crédito y establece controles sobre las operaciones autorizadas.
El principal obstáculo es el calendario legislativo. Las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre, mientras que el proyecto conservaría formalmente estado parlamentario hasta el 1° de marzo de 2027.
Para tratarlo durante las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo debería incorporarlo al temario. Además, si el Senado introduce modificaciones, el texto deberá regresar a Diputados.
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