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Milei, ante el peligro de la “rigidez tóxica”

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Todos los gobiernos, aun los más exitosos, se encuentran con una encrucijada que los obliga a reinventarse. Es decir, a actualizar la lectura del contexto en el que operan. A recrear el compromiso con los ciudadanos, en especial con sus votantes, sobre la base de nuevas promesas. A renovar los argumentos con los que demanda ser apoyado. A diseñar nuevas estrategias de poder. Elaborar esa nueva mañana puede obligar, a veces, a modificar el equipo. La rigidez es tóxica. Sólo la inexistencia de una oposición competitiva puede disimular sus efectos corrosivos. Apenas aparece un adversario desafiante el deterioro se acelera hasta volverse peligroso.

A Javier Milei le ha llegado ese momento. Su gobierno emite señales de agotamiento en distintas dimensiones. Es un fenómeno cuyas causas no se limitan al desgaste de cualquier organización. En el caso de La Libertad Avanza (LLA) existe también un problema político. Se trata de un malentendido con el electorado. Al obtener una victoria significativa en las elecciones parlamentarias, deja la impresión de haber conquistado el poder para remover los principales problemas del país. Sin embargo, esos comicios no terminan de dotar al Poder Ejecutivo con las herramientas necesarias para despejar las piedras del camino. Ese desajuste entre el clima de triunfalismo y las limitaciones operativas agrava la frustración, en un momento en que la sociedad ya no imputa sus dificultades a la herencia de administraciones anteriores sino a la gestión del que está al mando del timón. Le pasó a Alfonsín en 1985. Le pasó a Macri en 2017.

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La imagen de un gobierno agotado aparece, en principio, en las encuestas. Se fue Manuel Adorni, sigue bajando la inflación, pero la opinión pública insiste en alejarse de Milei. El Índice de Confianza en el Gobierno de julio, publicado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró un bajón mensual de 6,5%. La caída acumulada desde finales de 2025 fue de 21,5%. Una antigua y misteriosa correlación establece que ese índice equivale a los votos que obtendría el oficialismo en el momento de su elaboración. En este caso, Milei sacaría 38,8% y estaría obligado a un balotaje. Por supuesto, es un escenario artificial con el que sólo se pretende poner en evidencia que el experimento de LLA tocó un piso.

Otros estudios convergen en el mismo diagnóstico. La consultora Poliarquía, que lidera Alejandro Catterberg, detectó en julio que el 66% de los consultados prefiere un cambio respecto de la situación actual, mientras que sólo 33% pide la continuidad. Hugo Haime descubre una situación parecida cuando pregunta si el modelo económico debe ser mantenido o modificado. Un 35% quiere que se mantenga y un 65% opina que sea abandonado. Cuando Haime indaga en el clima emocional advierte que 34% dice tener bronca y 39% confiesa estar triste. Sólo 20% se muestra esperanzado.

En la encuesta de Haime hay una novedad interesante. Por primera vez en muchos meses las limitaciones del poder adquisitivo del salario preocupan más que la corrupción. Un viejo axioma de la vida pública asegura que entre las enigmáticas motivaciones que orientan el voto la más importante es el tamaño del poder adquisitivo del salario. Es imposible no pensar que las restricciones salariales están detrás del malestar preponderante que consignan los estudios de opinión.

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Otro dato importante: en la jerarquía de desvelos de los encuestados, hace rato que el principal problema del país dejó de ser la inflación. Ahora ocupa el séptimo renglón. Es más que una curiosidad. Es un mensaje frente al que Milei debería sentirse muy interpelado. La agenda pública ya no es la que regía cuando él llegó al poder. Cambió, entre otras razones, por su propia intervención en el proceso. Para sintetizar: hoy la gente habla de otras cosas. De que el sueldo queda corto, de que se comprime el consumo o cae la producción. Esta mutación pone a prueba la plasticidad del oficialismo para mantener el consenso social.

Sobre el cuadro general de estas demandas se recorta una situación particular cada vez más acuciante: el peso que tiene sobre las familias el pago de las deudas contraídas con entidades financieras más o menos formales. Como acaba de detallar Luciana Vázquez en , en la sociedad apareció una nueva categoría: la de los morosos.

Según la Central de Deudores del Banco Central, 20,9 millones de personas tiene algún tipo de deuda financiera. De ese universo, 5,8 millones registraban al menos una deuda con más de 90 días de atraso hacia mayo de este año. Es el 27,8% de todos los deudores. Entre mayo de 2025 y mayo pasado, los morosos aumentaron de 3,43 millones a 5,83 millones. Quiere decir que en un año aparecieron 2,39 millones nuevos.

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Este fenómeno, que ha tomado el centro del debate sobre el impacto de la economía en la vida familiar, es un banco de pruebas muy revelador de las dificultades del Gobierno para sintonizar con sectores importantes de la sociedad. Sectores en los que, es muy probable, haya antiguos votantes de LLA. El Presidente les explicó que, si no pueden pagar sus deudas, están atrapados en un problema entre privados, en el que el Estado, es decir él, no va a involucrarse.

En principio, es una afirmación muy útil para advertir los límites de la dogma económico al que se abraza Milei. La suposición de que los agentes económicos toman decisiones libres, que se sostienen en una información perfecta. Para mirar el problema desde esas premisas hay que olvidar varias evidencias. Una de ellas es que ese mundo de deudores está compuesto por muchísimos individuos carentes de información, acuciados por necesidades perentorias, que tienen una relación muy rudimentaria con el sistema financiero. La morosidad se presenta, además, fuera del sistema bancario, en esa suerte de far west digital en el que las billeteras y aplicaciones operan al margen de cualquier regulación, aplicando tasas de usura y fomentando la toma de crédito de gente con poca o nula información en un contexto de baja transparencia y escasísima educación financiera.

Pero el discurso oficial no ignora sólo esas condiciones objetivas. También resulta ajeno a la responsabilidad del Gobierno en la bola de nieve que se formó. Porque muchos de los que se endeudaron lo hicieron obedeciendo a señales emitidas por la propia política económica. Es verdad que el Banco Central no fija en la Argentina la tasa de interés. Pero toma medidas que la determinan, como el establecimiento de la cantidad de moneda y el diseño de la política de encajes. El equipo económico de Milei provocó una baja de tasas espectacular para licuar los pasivos del Banco Central. Fue uno de sus objetivos principales en los primeros meses de ejercicio del poder. Un objetivo sacralizado por Milei. Era previsible que el sector público con esa política induciría al endeudamiento, con el afán adicional de producir una reactivación.

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Esa estrategia fue revertida por la contraria: una inducción por vías indirectas a un aumento fenomenal de la tasa de interés para frenar la corrida cambiaria de mediados de 2025. Crisis que se obturó con el cheque de Scott Bessent, al que Milei ahora atribuye un papel secundario en la normalización cambiaria y crediticia.

Estas fluctuaciones son la consecuencia de políticas públicas que condicionan muchísimo los contratos entre privados. Sin mencionar otra variable siempre presente en los programas de estabilización: la decisión de los gobiernos de poner un tope a los aumentos de salarios. Es decir, a los ingresos de los deudores. Ingresos que se han ido ajustando por otra razón que tal vez explique la caída de popularidad del gobierno libertario: el peso creciente que ha ido adquiriendo el pago de los servicios en el salario formal. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios que lideran Alejandro Einstoss y Julián Rojo, en julio el pago de servicios públicos se lleva un 15% del salario formal promedio. Esa participación era del 6% a finales del gobierno de Alberto Fernández, donde el reparto de subsidios era generalizado, y fluctuó entre 10 y 14% entre 2024 y 2025. Cada vez más gente debe optar entre pagar la luz o el gas o cumplir con su deuda financiera. Es obvio que la gran mayoría elige lo primero.

Milei parece menospreciar el peso de sus decisiones económicas en el problema que se ha creado. Tal vez sea víctima de una restricción ideológica para leer el mapa completo. Esa obstinación conceptual le hace perder de vista también algunas de sus propias conductas. Por ejemplo: en el artículo 14 del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que envió al Congreso, se conserva un párrafo que adjudica a esa institucional la facultad de “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza”. En otras palabras: como reformador del Central Milei es mucho más sensato que como entrevistado televisivo. Entiende que es inconcebible reducir la actividad crediticia a una transacción en la que el sector público resulta por completo prescindente. La religión austríaca, en este tramo al menos, pistonea.

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Luis “Toto” Caputo fue más allá. No sólo se mostró insensible al generalizado problema de los morosos. Se preguntó si las víctimas de esas fluctuaciones en la tasa crediticia, que terminan condenando a innumerables familias a la angustia de una deuda que no pueden pagar, no serían especuladores que apostaron en falso a una suba del dólar que después no se produjo.

Esta explicación de Caputo es inquietante no por razones técnicas sino políticas. Revela que el oficialismo carece de figuras que puedan conectar con las condiciones objetivas y la intimidad anímica de aquellos cuyo desasosiego hay que despejar o, por lo menos, contener con la explicación. Caputo podría informarse dentro del propio gabinete, con gente que está advirtiendo esta tormenta desde hace seis meses, que en el conurbano más pobre se han multiplicado los asesinatos de cobradores que golpean la puerta para reclamar pagos en nombre de “financistas” informales.

Conviene retirar el foco de las cuestiones particulares y mirar una deficiencia estructural. Milei puede pensar la vida material con categorías que no incluyen inconvenientes que se pueden ir transformando en dramas. Reniega de la teoría del derrame pero, cuando debe demostrar por qué su estrategia terminará reanimando la base productiva recurre, igual que su ministro Caputo, a la teoría del derrame. El núcleo de esa explicación es problemático: resuelta la macroeconomía, todo lo demás viene por añadidura. Esa lógica implica que, en poco tiempo, el oficialismo podría decir: “Misión cumplida. Ahora a esperar los brotes verdes”. Dicho de otro modo: es también por su propia concepción teórica que el Gobierno parece un gobierno agotado.

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Pero esa percepción también se alimenta en el discurso. La respuesta a las inquietudes del público resulta cada vez más agresiva. No sólo en el tono. También en los argumentos. Llamó la atención, por ejemplo, que Milei haya sostenido en la última entrevista con Luis Majul que, cultivando supuestas teorías de Gamsci, Cristina Kirchner infiltró las universidades, la prensa y el mundo de los economistas de terroristas encubiertos. Es un terreno en el que el proyecto libertario tocó un límite. La agresividad verbal puede ser recomendable para llegar al poder. El Presidente lo demostró en su campaña contra la “casta”. Pero suele ser estéril, o contraproducente, cuando ese estilo se proyecta desde el poder.

La Casa Rosada carece hoy de un dirigente con habilidades para que las posturas oficiales obtengan consenso. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, consumió casi toda su energía en una pelea interminable con Karina Milei y los primos Menem. A Diego Santilli se lo comió la coyuntura en dos semanas. Él, que jamás se animó a pelear con nadie, quiso dar la primera trompada de su vida de la peor manera: pidiendo la renuncia de la vicepresidente Victoria Villarruel. Otra señal de un oficialismo que se devora a sí mismo. Milei no tiene una espada inteligente desde que se desprendió de Guillermo Francos. Tal vez sea la hora de recuperarlo.

Su propio estrecho de Ormuz

Una señal más de extenuación es la excentricidad regulatoria. Por ignorar que a los puertos argentinos se ingresa por canales y que, por lo tanto, los prácticos son imprescincibles, el Gobierno armó su propio estrecho de Ormuz bloqueando el comercio exterior un par de días. Otra ocurrencia extraña: promover una ley que facilite la extranjerización de tierra en medio de un brote nacionalista incentivado por el propio Presidente que denunció una campaña internacional contra la Argentina con motivo del Mundial. Volvé Francos, te perdonamos.

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Hay otra síntoma típico de los líderes fatigados. La huida hacia la política internacional. Hacia ese universo mucho más abstracto y por eso más comprensivo de extranjeros que sí saben valorar lo que se está haciendo. Milei está involucrado en una de las jugadas que más interesa a Donald Trump: lograr que en Brasil se imponga un gobierno aliado que vuelva más verosímil la doctrina “Donroe”. Sin administraciones amigables en Canadá, México y Brasil, es imposible presentar al continente como una zona de influencia norteamericana en el conflicto global con China.

Milei se propuso prestar servicios a Trump en esa campaña. Es la razón por la cual se dirigió a San Pablo y, en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, insultó a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, que tiene su propio entredicho con el presidente de los Estados Unidos. El gobierno brasileño expresó su disgusto llamando en consulta al embajador Julio Bitelli. El canciller Pablo Quirno intentó encauzar la pelea distinguiendo la relación bilateral entre Estados de los choques ideológicos entre partidos de gobierno. Pero su jefe insistió en insultar a Lula. Brasil anunció que Bitelli permanecería en su país por tiempo indeterminado. Y reclamó al representante de la Argentina, Guillermo Raimondi, que regrese a Buenos Aires.

Es la primera vez que la relación argentino-brasileña queda en el nivel de los encargados de negocios. El paso siguiente sería consolidar esa situación con el retiro definitivo del embajador. En los últimos tiempos la diplomacia brasileña sólo dispuso esa medida en Corea del Norte, cuando ese país amenazó con lanzar misiles nucleares, y en Sudáfrica, durante el apartheid.

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Los ataques de Milei son un movimiento del ajedrez global. Ese ajedrez se juega en las elecciones brasileñas. Un indicio de esa dimensión es que el hierático Xi Jinping emitió una declaración a favor de Lula, su socio en el club Brics. Tuvo una respuesta oblícua de Peter Lamelas, el representante de Trump en Buenos Aires: anunció que se revocaba la visa para ingresar a su país a ejecutivos de una empresa neuquina que contrataron la tecnología de Huaweii para su operación en Vaca Muerta. Es posible que no sean las últimas visas que se cancelan.

Otra señal de que se está jugando una partida de gran alcance fue el cruce entre Washington y Brasilia por la designación del embajador norteamericano en Brasil. En lo que fue una sospechosa distracción, el Departamento de Estado hizo público el nombre de ese representante sin pedir el plácet correspondiente al gobierno brasileño. Lo hizo tarde. E Itamaraty, la cancillería de Brasil, todavía no contestó. Ese silencio está durando lo suficiente como para que se interprete que el embajador designado por Washington ha sido rechazado. Por eso el gobierno de los Estados Unidos retiró la visa a la embajadora de Brasil.

Es la segunda gran intervención de Trump en la política brasileña. El año pasado subió los aranceles al comercio en represalia a la penalización a su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, por haber intervenido en un intento de golpe de Estado. En aquel momento la imagen de Lula mejoró en las encuestas. Y la de los Bolsonaro se deterioró. Trump aspira a contar en octubre con un triunfo de la derecha de Brasil como insumo para sus propias elecciones de noviembre. Lula quiere que se repita el efecto del año pasado. Sueña reencarnar a un genio de la América latina populista. Sueña con repetir la campaña “Braden o Perón”.

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Para el presidente de los Estados Unidos la encrucijada no es dramática. La elección brasileña es bastante pareja, con leve ventaja para Lula. Si el líder del PT reelige, habrá que reajustar el vínculo bilateral, como ya ocurrió a comienzos de año. Milei está en otra situación. Una victoria de Lula sería para él más complicada por una razón muy evidente: no cabe duda alguna de que por los próximos 10 millones de años la Argentina seguirá siendo vecina de Brasil.

Mientras se desliza hacia abajo en las encuestas, el Presidente cuenta con un activo inestimable. Una oposición desconcertada, liderada por un peronismo incapaz de aprovechar que la opinión pública realiza demandas familiares a su sensibilidad. El PJ está en una frecuencia extravagante, como se notó en su última cumbre, donde el gobernador de La Rioja prometió dar marcha atrás con todas las reglas que favorezcan la inversión. Se llama Ricardo Quintela. Le dicen “el Gitano”. Milei tal vez no tenga urgencia en reinventarse. En el rincón menos esperado encontró a su jefe de campaña.

Carlos Pagni,Conforme a

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Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

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Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.

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En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.

La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.

En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.

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Una clase pública en la UBA en protesta contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. (Foto: Reuters).

Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.

El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Los reclamos por los salarios y las becas universitarias

El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.

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El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.

El presidente Javier Milei en su exposición en la Universidad Yeshiva en Manhattan, Nueva York. (Foto: Reuters - David 'Dee' Delgado).
El presidente Javier Milei en su exposición en la Universidad Yeshiva en Manhattan, Nueva York. (Foto: Reuters – David ‘Dee’ Delgado).

La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.

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Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso

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La apelación del Gobierno Nacional contra el fallo que ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario volvió a tensar el conflicto con las universidades. La disputa abarca el destino de los recursos, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, mientras el sistema universitario prepara una movilización al Congreso el 15 de octubre.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que busca demorar la vigencia de una norma sancionada y luego ratificada por el Congreso.

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“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó en Infobae Al Amanecer.

El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se había frenado su aplicación. Según planteó, el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado.

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La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario

Cagnacci afirmó que el fallo judicial estableció que la ley de financiamiento universitario es constitucional y que el Gobierno debe acatarla. “La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, sostuvo.

Rectores y federaciones gremiales convocaron a una marcha frente al Congreso Nacional para el 15 de octubre

La posición oficial apunta a que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. Frente a ese argumento, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.

“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió Cagnacci. A su juicio, la resolución judicial rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos integra las facultades del Poder Ejecutivo.

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El sindicalista ubicó el debate en el terreno de las prioridades de gestión. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.

El Poder Ejecutivo sostuvo que la ley aprobada carece de partidas presupuestarias explícitas para financiar los recursos exigidos (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Incumplimiento de la paritaria de junio

Cagnacci también cuestionó la falta de cumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.

Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó.

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Según los datos aportados por el dirigente, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA), percibe menos de $500.000 netos.

El proyecto presupuestario del Gobierno destina un 0,53 por ciento del Producto Bruto Interno a las universidades - Gaston Taylor

Cagnacci indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.

“La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la consulta sobre si ese monto alcanza para sostener a un estudiante universitario.

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Marcha al Congreso

En su planteo sobre el presupuesto, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales. Señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa implicó dejar de percibir $140.000 millones.

El valor de la beca Progresar para apoyo económico estudiantil se estableció en 35.000 pesos antes de descuentos (RS Fotos)

También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Para el dirigente, esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.

El secretario general advirtió que el proyecto presupuestario del Gobierno prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades. Según dijo, se trata del nivel más bajo desde 2001.

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Rectores y rectoras de todo el país tienen previsto sesionar en Plaza de Mayo a las 14.30 y, desde esa actividad, convocarán a una movilización hacia el Congreso Nacional. La marcha en defensa de la educación pública universitaria está prevista para el 15 de octubre a las 13.30 horas.

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Defensa de la Soberanía de Malvinas: el oficialismo avanzó en Diputados y prepara el proyecto para llevarlo al recinto el 21 de octubre

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El oficialismo logró avanzar con el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional durante un concurrido plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que contó con la participación de especialistas e invitados propuestos por la oposición. Los libertarios buscan cerrar la discusión el miércoles 14 y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, junto con un amplio temario.

El debate seguirá este miércoles a las 11 con la exposición de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. La iniciativa del Gobierno cuenta con 133 artículos y, además de endurecer las sanciones económicas y penales contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, rediseña áreas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad.

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Durante la reunión, la oposición planteó dividir el proyecto y avanzar en un primer capítulo referido a las sanciones para las empresas que exploren y exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Lee También: Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó su inmediato cumplimiento

Los invitados propuestos por las bancadas opositoras cuestionaron la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre quienes expusieron estuvieron Jerónimo Guerrero Iraóla, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Luciano Anzelini; Sergio Eissa; Raúl Gustavo Ferreyra; David Angueira; Daniel Filmus; Mariana Altieri; Guillermo Carmona; Pablo Testori Schroeder; Fernando Morales y Víctor Sierra.

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Los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez y Agustina Propato reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente, y de la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro.

Para el exministro Daniel Filmus, el proyecto establece “protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales”. Según Filmus, esas disposiciones “ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN”.

Daniel Filmus, exministro de Educación. Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino.

Qué plantea el proyecto de soberanía

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente contra quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

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El texto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.

Según explicó la Casa Rosada al presentar el proyecto, la propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos; generar incentivos para que esas actividades cesen; y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.

Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que no se limita a los hidrocarburos y alcanza también otros recursos naturales renovables y no renovables.

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El proyecto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.

También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

Además, propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo encabezado por el Presidente, para coordinar políticas de defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.

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Un momento de tensión durante el plenario

La reunión tuvo un momento de tensión cuando el diputado libertario Beltrán Benedit reivindicó su visita a los genocidas detenidos en la cárcel de Ezeiza en 2024. “Hemos callado durante mucho tiempo”, dijo el entrerriano, y fue cuestionado por Germán Martínez y otros diputados de Unión por la Patria.

Carlos Zapata intervino rápidamente para terminar la exposición de Benedit y dio por finalizado el encuentro.

El 11 de julio de 2024, un grupo de diputados de La Libertad Avanza había visitado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a los genocidas Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglialminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros.

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Lee También: Frente a la presión de la oposición, el Gobierno advirtió sobre las consecuencias de derogar el DNU de desregulación económica

En la previa de la reunión de las tres comisiones, la diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres, acompañada por Carlos Gutiérrez, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, José Núñez, Pablo Farías y Juan Brügge, presentó un proyecto de resolución para exhortar a los integrantes de la Cámara baja a mantener un trato respetuoso y acorde con la investidura parlamentaria.

Los legisladores argumentaron que “el Parlamento es un ámbito naturalmente atravesado por el pluralismo y el disenso, pero precisamente por eso requiere reglas de convivencia que permitan desarrollar las discusiones dentro de un marco de respeto institucional”.

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Mercedes Llano, diputada nacional de La Libertad Avanza. Foto Prensa LLA
Mercedes Llano, diputada nacional de La Libertad Avanza. Foto Prensa LLA

En el mismo sentido, sostuvieron que la firmeza en la defensa de las posiciones políticas no es incompatible con un intercambio respetuoso centrado en ideas y argumentos.

Por su parte, Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó una iniciativa para sancionar con la suspensión de la dieta a los legisladores que insulten dentro del Congreso. “La crítica política es parte esencial del debate democrático, pero lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, explicó la legisladora mendocina.

malvinas, debate, Diputados

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