POLITICA
Ley de Tierras: senadores del PJ, la UCR y el PRO hablaron tras la marcha atrás del oficialismo
El debate por la reforma de la Ley de Tierras expuso una de las discusiones más sensibles del paquete legislativo impulsado por el oficialismo. Tras la fuerte controversia pública y política que generó el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, el Gobierno decidió retirarlo antes de la votación. Sin embargo, la discusión dejó al descubierto tres miradas distintas sobre el alcance de la norma, el federalismo y la protección de los recursos estratégicos.
En diálogo con Infobae al Regreso, los senadores Mariano Recalde (Unión por la Patria), Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling (PRO) defendieron posiciones contrapuestas sobre el proyecto y explicaron por qué consideran que el país necesita —o no— modificar la legislación vigente.
Recalde: “Eliminaban las protecciones que tenía la ley”
El senador de Unión por la Patria sostuvo que la iniciativa implicaba desmantelar resguardos que consideró fundamentales para preservar recursos naturales y evitar la concentración de tierras.
“La modificación que querían hacer era realmente muy grosera”, afirmó. Y agregó: “Lo más preocupante para nosotros era que eliminaban las restricciones o las protecciones que tenía la ley. Se protegían los acuíferos, las zonas estratégicas y se evitaba la gran concentración de tierras”.
Para Recalde, detrás de la reforma existían intereses económicos concretos. “Hay grupos interesados en venir a llevarse rápido, antes de que cambie el Gobierno el año que viene, recursos que son escasos en el mundo”, aseguró.
También rechazó el argumento de que una mayor apertura permitiría atraer inversiones. “Desde que está Milei la inversión extranjera directa es negativa. Y dicen que para que vengan las inversiones hay que flexibilizar la protección ambiental, destruir los glaciares y entregar los acuíferos”, cuestionó.
Vischi: “Que las provincias decidan”
Desde la UCR, Eduardo Vischi defendió una postura distinta. Si bien reconoció que el proyecto original fue modificado en numerosas oportunidades, sostuvo que la versión que finalmente iba a debatirse buscaba fortalecer el federalismo y permitir que cada provincia definiera su política territorial.
“Lo que estamos planteando es que las provincias puedan tener la plena potestad de llevar adelante la planificación estratégica de su territorio”, sostuvo. Y resumió la posición radical: “Las provincias que decidan si quieren poner cinco, siete o quince” como límite a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Vischi rechazó además la idea de que toda inversión extranjera represente un riesgo para la soberanía. “El problema no es si es extranjero o no; el problema es qué hace con la tierra”, afirmó, y sostuvo que la defensa de las fronteras corresponde al Estado nacional, no a la ley de tierras.
El senador correntino también atribuyó buena parte de la polémica a una falla comunicacional. “Se discutió mucho sobre temas que no están en la ley” y consideró que “no se explicó bien lo que se estaba planteando”.
Goerling: “La ley devolvía facultades a las provincias”
El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, coincidió en que la discusión debía centrarse en la autonomía provincial y aseguró que trabajó en las modificaciones introducidas al proyecto original.
“Era una ley para votarla. La fuimos mejorando y cambiando desde una mirada federal”, afirmó. Según explicó, el objetivo era que “las provincias fijaran qué quieren hacer con su suelo”, porque “cada provincia es muy diferente en la Argentina”.
Como ejemplo, mencionó el caso de Misiones, donde sostuvo que la legislación vigente limita la posibilidad de recibir nuevas inversiones. “Yo quiero recibir una inversión fuerte y no lo puedo hacer. Me está limitando un techo nacional a mi realidad”, señaló.
Goerling también cuestionó que durante la discusión pública se instalara la idea de que un comprador extranjero podría disponer libremente de los recursos naturales. “Cualquiera que compre una tierra, sea argentino o extranjero, no puede hacer lo que quiera en territorio argentino. Tiene que cumplir las leyes nacionales, locales y municipales”, sostuvo.
Al igual que Vischi, atribuyó la caída del proyecto a un problema de comunicación. “Hubo un error comunicacional muy grave del Gobierno. Se empezó a discutir sobre un dictamen original que sufrió dieciséis modificaciones y se terminó debatiendo sobre cuestiones que no eran las que se iban a votar”, concluyó.
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diego recalde
POLITICA
El Gobierno suspendió la reforma del practicaje tras un conflicto con el sector y abrió una mesa de negociación
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 716/2026, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, que suspende los efectos del Decreto 690/2026 publicado el 30 de julio y restablece durante ese período “la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas” por esa disposición.
Además, ordenó crear una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, que estará integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje. Según el texto oficial, el objetivo será “lograr los consensos necesarios”.
El decreto también estableció que los organismos involucrados deberán adoptar “las acciones necesarias para atender la situación que motiva el presente decreto” y garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje. La medida entró en vigencia el mismo día de su dictado.
Se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación 20.094 y consiste en la asistencia técnica que reciben los buques para ingresar, desplazarse o salir de zonas portuarias, ríos, canales y pasos navegables bajo jurisdicción nacional.
Según explicó el nuevo decreto, la modificación aprobada a fines de julio buscaba actualizar una normativa considerada “obsoleta” y reducir barreras que dificultaban la incorporación de nuevos prestadores al sistema. Sin embargo, tras su entrada en vigencia, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza que generaron “una situación excepcional” que puso en riesgo el normal funcionamiento del sistema.
Ante ese escenario, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional mantuvieron una reunión con representantes del sector del practicaje y pilotaje. En ese encuentro se acordaron una serie de medidas para destrabar el conflicto.
Leé también: Tras retirar el capítulo sobre tierras, el Gobierno asegura tener los votos para la media sanción de la Ley de propiedad privada
Entre ellas se estableció la reactivación de la prestación del servicio de manera regular, la suspensión del Decreto 690/2026, la creación de una mesa intersectorial para elaborar una nueva reglamentación y una reducción del 20% en las tarifas vigentes del servicio de practicaje y pilotaje.
El decreto firmado por Milei establece que la mesa de trabajo funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional y estará integrada por funcionarios de esa cartera, representantes de la Prefectura Naval Argentina, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y miembros del sector privado vinculado al practicaje y pilotaje.
Además, instruye al Ministerio de Seguridad, a la Prefectura y a la ANPYN a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio mientras avance la discusión de una nueva regulación.
El Gobierno justificó la suspensión al señalar que busca “mitigar la situación de crisis del sistema” y generar un espacio de diálogo que permita revisar la normativa vigente y avanzar en mejoras regulatorias.
Gobierno, PUERTOS
POLITICA
Malvinas: los isleños dicen que Milei señala hechos que no sucedieron
“Estados Unidos cambió su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, sostuvo el presidente Javier Milei, este lunes, en Radio Mitre.
Estas declaraciones, sumadas a otras anteriores, donde indicó que “por primera vez, la ONU obliga a Inglaterra a sentarse a dialogar”, cayeron mal en la población isleña y en sus representantes. Consultados al respecto, solo se limitaron a recordar que no existe declaración pública de Washington que respalde los dichos de Milei.
“La posición estadounidense sobre la disputa de soberanía ha sido históricamente de neutralidad”, dijeron, algo que es cierto, según declaraciones oficiales del Departamento de Estado estadounidense del 24 de abril pasado, cuando señalaron que la posición de Estados Unidos sobre Malvinas “sigue siendo de neutralidad constante”, descartando la posibilidad de que Washington deje de apoyar al Reino Unido en la disputa por las islas, una alternativa que se filtró en un correo electrónico del Departamento de Guerra y que fue publicada por la Agencia Reuters, donde se le sugería a la administración republicana una serie de represalias contra aquellos países de la OTAN que no acompañaron a EE.UU. en su guerra con Irán.
Allí se hablaba, por ejemplo, de la suspensión de España para integrar el bloque y contemplaba la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas. El email solo “aconsejaba sanciones”. Según medios británicos, la filtración se hizo con la intención de advertir a los países de Europa occidental qué podría sucederles si insisten en este comportamiento.
Además, señalaron que “no saben de dónde sacó Milei que la ONU obliga al Reino Unido a dialogar sobre soberanía con Argentina, eso no sucedió”. Así lo dijo el legislador isleño Roger Spink, que agregó que los isleños se sienten seguros bajo la protección de las fuerzas británicas y del respaldo multipartidario en el Parlamento del Reino Unido. Recordó incluso que el primer ministro Keir Starmer mencionó en reuniones oficiales realizadas a fines del años pasado que las Malvinas eran “un asunto personal”, debido a la participación de un familiar en la guerra de 1982.
En ese sentido remarcaron que “las resoluciones del Comité de Descolonización que instan a Argentina y al Reino Unido a reanudar conversaciones no son vinculantes y se aprueban desde hace décadas, sin que se hayan producido negociaciones de soberanía”.
La posición británica sostenida es que la soberanía no está en discusión y que cualquier cambio dependería de los deseos de los isleños. Las declaraciones de Spink se dieron en un contexto de creciente militarización británica en Malvinas. Londres ha reforzado la base de Mount Pleasant con la rotación periódica de tropas, el despliegue de cazas Eurofighter Typhoon, ejercicios conjuntos y obras de infraestructura de doble uso. Estas medidas consolidan la presencia militar británica en el Atlántico Sur y el comienzo de un proyecto petrolero millonario.
Milei también habló este lunes de ese proyecto petrolero, llamado Sea Lion, desarrollado por empresas británicas e israelíes −el consorcio británico Rockhopper Exploration y la empresa israelí Navitas Petroleum− en aguas próximas al archipiélago y reclamadas por Argentina. Milei indicó que su gobierno presentó los reclamos diplomáticos correspondientes, pero defendió el carácter privado de la iniciativa.
“Somos aliados de Estados Unidos e Israel, pero esa es una empresa privada. En un país serio no se hace injerencia en el sector privado”, afirmó, dando la misma respuesta que había ensayado la cancillería israelí. “Se trata de asuntos entre privados y los isleños”, dijeron en diciembre pasado. Ambos gobiernos no reparan en la explotación de recursos naturales en un territorio en disputa. Sobre todo, una de tal magnitud, porque se espera que la primera fase del proyecto contempla inversiones cercanas a 2100 millones de dólares y una producción estimada superior a 170 millones de barriles de petróleo crudo.
Vale recordar que, cuando Javier Milei viajó a Israel en abril pasado y se reunió con Benjamin Netanyahu, no abordó este reclamo. Al menos no estuvo en la agenda oficial de la reunión bilateral. Poco después, el que viajó a Israel fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que tampoco demandó al respecto. Lo curioso de todo esto es que, antes de estos viajes oficiales, en marzo de este año, en una reunión frente a inversionistas, el CEO de Navitas, Amit Kornhauser, dijo que el proyecto era viable políticamente porque había escuchado a Milei respaldar el derecho de autodeterminación de los isleños.
Se refería a lo sucedido el 2 de abril de 2025, cuando el presidente argentino, en el acto de homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, dijo: “Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”. Reconoció así el derecho de autodeterminación de los isleños, algo que la Constitución Argentina explícitamente no concede.
En esto se basó el CEO para despejar dudas, y fue aún más contundente: en la misma exposición, Kornhauser sostuvo que el proyecto Sea Lion avanzó “sin ninguna interferencia” del gobierno argentino y con “pleno apoyo” de las autoridades británicas y de las Islas Malvinas.
Luego del triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra en el Mundial y la exposición de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, los isleños reforzaron su prédica en defensa de su autonomía y blindaron su relación con el Reino Unido, a quien le pidieron más señales de apoyo. En ese contexto se dio un hecho curioso: estos días se están llevando adelante en Glasgow, Escocia, los “Juegos de la Commonwealth”, donde participan deportistas de todos los países que forman parte de la comunidad del reino. Los deportistas isleños, luego de participar en cada disciplina, desplegaron una bandera de las Islas Malvinas −creada luego de declarar su autonomía en 2013− como una manera de marcar también su posición frente al mundo.
Daniel Santa Cruz,Conforme a
POLITICA
Marcha en contra de la ley de Propiedad Privada: cuáles serán los cortes y cómo afectarán el tránsito este jueves
Este jueves 6 de agosto se realizará una marcha en la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 12 del mediodía, en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se tratará en el Senado.
La movilización provocará afectaciones en el transporte público, interrumpiendo el tránsito en arterias clave como Avenida Callao, Avenida Entre Ríos y Avenida de Mayo, recomendando evitar circular por la zona delimitada.
Senado: el oficialismo eliminó el capítulo sobre la extranjerización de tierras para sostener la sesión
El proyecto legislativo debatido generó polémica tras decidir el Gobierno nacional “el retiro del capítulo” vinculado a modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros, que será presentado próximamente como una iniciativa independiente.
Numerosas líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales desviándose hacia avenidas alternativas como Belgrano, Independencia y Córdoba, mientras que diversas organizaciones sociales marcharán desde la Avenida 9 de Julio.
En el sistema de transporte subterráneo, la estación Congreso de la línea A permanecerá cerrada, al tiempo que se registrará alta afluencia y restricciones peatonales en accesos de las líneas B y E.
Todas las líneas de colectivos afectadas
Modificarán sus recorridos las líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168.
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Congreso,Cortes,Ley de Propiedad Privada,Transporte
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