POLITICA
El hospital la provincia de Buenos Aires donde se pagan guardias que no existen: el presunto mecanismo para desviar hasta $50 millones por mes
El Dique, un emblemático hospital bonaerense especializado en rehabilitación, alberga una suerte de nuevo “caso Chocolate”. Se trata de un esquema que permite desviar hasta $50.000.000 por mes del presupuesto de Salud provincial mediante la simulación de guardias, según reveló un informe de Telenoche.
La maniobra es sencilla: todos los meses, la directora ejecutiva del hospital, María de las Nieves Yezzi Herrera, rinde planillas con cientos de guardias que, supuestamente, se realizaron el mes previo en este hospital ubicado en Ensenada, para que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires las liquide. Por mes, se informan alrededor de 130 guardias, o más. Esto equivale a entre $40 y $50 millones de pesos, porque la guardia se paga $303.000 (día hábil) o $364.000 (feriado). El problema es que, en este hospital, no existen las guardias: el Dique es un hospital de rehabilitación. Sólo atienden a pacientes en los consultorios o a quienes ya están internados.
La propia página web del hospital, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, informa que este nosocomio no cuenta con servicio de guardia. Además, Telenoche recorrió el hospital y lo confirmó: ante una pregunta para atención de guardias, los empleados de la oficina de Admisión respondieron que en El Dique no hay guardias. Sin embargo, se generan extensas planillas mensuales con registros de guardias. Estos documentos, a los que accedió Telenoche, contienen nombres y legajos de los profesionales, y las fechas de las guardias que supuestamente hicieron.
Por ejemplo, el 17 de junio pasado, Yezzi Herrera rindió un informe con las guardias de mayo, por un total de $45.477.032. Adjuntó un “listado respaldatorio” de 30 profesionales que supuestamente las hicieron. Según esa planilla, fueron 133 guardias en días hábiles y feriados de mayo. A esto se sumó un paquete de otros $10.452.454 informados en concepto de otras 36 guardias, atribuidas a otras nueve personas. Sumando ambos listados, el Estado bonaerense debió liquidar $55.929.486, en concepto de guardias hechas en un hospital donde no se hacen guardias.
Más documentos oficiales a los que accedió Telenoche revelan que el sistema de las falsas guardias es permanente. En abril, Yezzi Herrera informó al Ministerio de Salud 127 guardias realizadas por 40 personas, equivalentes a $42.620.527,50. En mayo, la rendición alcanzó los $41.500.067,50, en virtud de supuestas 123 guardias realizadas por 28 personas. Y en julio, el monto fue de $42.325.057,00, por 126 guardias teóricamente realizadas.
Las “guardias fantasma” son vox populi dentro de la institución. La gente existe: se trata de médicos, terapistas ocupacionales, bioquímicos u otros profesionales. Lo que no existe son las guardias en el hospital de rehabilitación.
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Pero el escándalo no termina acá. El directorio del hospital, compuesto por María de las Nieves Yezzi Herrera y los directores asociados Martín Guardia y Yamila Nicora, habría logrado que el Ministerio de Salud designe allí a 27 familiares y allegados, en distintos puestos, según surge de una suerte de árbol genealógico irónico armado por los trabajadores del hospital, que circula abiertamente en los grupos de Whatsapp internos. Supuestas parejas, hermanos, cuñados, tíos, primos, sobrinos y amigos figuran como asesores, camilleros, jefes de laboratorio o responsables de depósito en la sarcástica pieza gráfica.
Telenoche intentó consultar al directorio del hospital por los presuntos “acomodos” que denuncian los trabajadores, por el presunto fraude millonario con las guardias, y por lo más importante: ¿a dónde va el dinero? Nadie recibió a este medio.
Ensenada, hospital, guardias, Corrupción
POLITICA
El nuevo nuncio apostólico inició su actividad con una misa en la Catedral y un mensaje del Papa
Con un mensaje del Papa a los argentinos, el nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, comenzó su actividad oficial en el país, al celebrar una misa en la Catedral metropolitana. Lo acompañaron las máximas autoridades de la Iglesia, en un clima de entusiasmo por la confirmación de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre.
“Dios los ama y el papa León también los ama” fue el mensaje transmitido por el nuncio, quien también llamó a los argentinos a “no olvidar el sufrimiento provocado por las guerras que aún hoy afectan a distintas regiones del mundo, especialmente en Tierra Santa”. En la jornada se cumplían 81 años del bombardeo atómico contra Hiroshima, en la Segunda Guerra Mundial.
AL compartir un mensaje que el pontífice le confió en junio pasado, el nuncio dijo: “El papa León les asegura su cercanía espiritual y paternal, así como sus oraciones. Quiere que sepan que Dios los ama y desea mostrarles su perdón y su misericordia. El Santo Padre desea también que crezcan en la fe: fe en el amor y la misericordia de Dios, así como en su fe católica. Como testimonio de esta cercanía y deseo, el Papa León realizará una visita pastoral en Argentina en el mes de noviembre”.
“Levántense, no tengan miedo”, prosiguió Banach, al invitar a los presentes a vivir la fe con valentía y confianza en Dios. Presidió, así, la primera misa en público, luego de presentar el viernes pasado sus cartas credenciales al presidente Javier Milei como representante diplomático de la Santa Seder.
El representante pontificio fue recibido en la Catedral por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien lo acompañó hasta el retablo del Santísimo Sacramento para compartir un momento de adoración.
Luego, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, le dio la bienvenida en nombre de los obispos del país. “En usted recibimos el abrazo del Santo Padre. Lo recibimos como un hermano, un servidor y un testigo. Nos alegramos por este camino que iniciamos juntos”, expresó. También estuvieron el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Ángel Rossi, y el arzobispo emérito de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, entre otros obispos.
En primera fila siguió la celebración la vicepresidenta Victoria Villarruel. También estuvieron el vicepresidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el secretario de Culto y Civilización, Agustín Ezequiel Caulo; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.
Expectativa en Luján
Mientras tanto, al margen de la celebración en la Catedral porteña, el arzobispo de Mercedes-Luján monseñor Jorge Scheinig, expresó su alegría por la confirmación de la visita del Papa, que incluirá una misa en la Basílica de Luján.
Scheinig anticipó que la visita de León XIV movilizará la fe de los argentinos y aseguró que el santuario de Nuestra Señora de Luján se prepara para recibir a miles de peregrinos con el deseo de que “todo el pueblo de Dios se sienta invitado” a participar del acontecimiento.
“Luján será el principal escenario del encuentro con los fieles. Estamos acostumbrados a grandes peregrinaciones y queremos que venga muchísima gente. Que todo el pueblo de Dios se sienta invitado”, afirmó el arzobispo, en declaraciones a Cadena 3 Rosario.
Mariano De Vedia,Iglesia,Papa León XIV,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Villarruel defendió su decisión ante el pedido de la senadora Sagasti: “Nada se ha hecho contra el reglamento”
Victoria Villarruel defendió este jueves la resolución que abría la posibilidad de autorizar a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al senador Flavio Fama a participar de forma remota en la sesión convocada para tratar la ley de propiedad privada, medida que ella misma firmó ad referendum del cuerpo. La vicepresidenta y titular del Senado salió al cruce de las críticas a través de un tuit en el que subrayó que su decisión no contradice las instituciones ni el reglamento de la Cámara alta.
La polémica se desató luego de que Villarruel firmara el Decreto de Presidencia (DPP) 66/2026, que habilitó a Fernández Sagasti a votar con voz y voto desde Mendoza, donde permanece en reposo por indicación médica debido a un embarazo de más de 32 semanas. La legisladora descartó solicitar una licencia por maternidad y explicó que su única limitación es la distancia: “Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”, sostuvo.
El decreto fue emitido ad referéndum del pleno del Senado, lo que significa que la decisión definitiva no recaía en la vicepresidenta sino en el propio recinto, que debía ratificarlo al inicio de la sesión por mayoría simple. Finalmente, a instancias de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y con apoyo del peronismo, la autorización pasó a comisiones. En los hechos, ni Sagasti ni Fama podrán votar.
Ese detalle que Villarruel dejó asentado en el texto de la norma, es el que el abogado Diego Armestó retomó públicamente para aclarar el alcance jurídico de la medida.
Armestó precisó en su tuit que el DPP 66/2026 “no modifica el Reglamento del Senado” y que se trata de “una decisión de carácter individual, excepcional y transitorio” que no instaura un régimen general ni constituye un precedente de aplicación automática. El letrado fundamentó la validez de la autorización en dos pilares: el artículo 30 del Reglamento, que a su criterio no veta la modalidad remota, y el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a dictar e interpretar su propio reglamento, respaldado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Fernández de Kirchner” de 2020.
Fue a partir de esa aclaración que Villarruel tomó la palabra. “Gracias Dr. Armesto por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema”, escribió la vicepresidenta, y remató: “Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”.
El propio decreto detalla con precisión los límites de la autorización. Según el artículo primero, Fernández Sagasti podrá participar de manera remota “mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente respectivo, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”. El artículo cuarto establece que su participación virtual se computará a los fines del quórum y de las votaciones en igual forma que la presencial. El quinto, a su vez, reitera que la autorización “tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y no importa modificación del Reglamento”.
En cuanto al lugar desde donde la senadora mendocina podría conectarse, el decreto contempla que la participación se realice “preferentemente” desde la sede de la Legislatura provincial, aunque aclara que ese ámbito no es condición de validez: Fernández Sagasti podrá hacerlo desde cualquier lugar que garantice las condiciones técnicas necesarias.
Pese a los argumentos jurídicos esgrimidos, la medida abrió un flanco de debate entre las fuerzas políticas. Bullrich expresó sin matices su rechazo a la posibilidad de avalar la concesión a Sagasti. Finalmente, en el inicio de la sesión de este jueves mocionó que su pedido y el de Fama pasen a comisiones, lo que fue aprobado por todos los senadores. En los hechos, la sesión transcurrirá y ni Sagasti ni Fama podrán participar.
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POLITICA
Nueva dilación: dos jueces vuelven a chocar por el control de otra causa ligada a la AFA por supuesto lavado
Otra vez la Justicia en lo Penal Económico y la Federal de Campana chocaron para decidir a quién le corresponde investigar una causa relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuesto lavado de dinero.
Los planteos terminaron en la Cámara Penal Económico, por un lado, y en la Cámara Federal de San Martín, por el otro, por lo que a la postre terminará por resolver la Cámara Federal de Casación Penal.
Este caso referido a la AFA es uno iniciado en Santiago del Estero, donde el fiscal original del expediente, Pedro Simón, llegó a pedir la detención e inhibición de bienes del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero. Los acusó de usar empresas fantasma y redes de sociedades vinculadas a Toviggino para desviar fondos de la AFA.
El caso terminó en el juzgado en lo penal económico de Diego Amarante. Pero su colega de Campana, el juez federal Adrián González Charbay, le pidió inhibirse porque señaló que en su juzgado tramita un caso similar y no puede perseguir dos veces a los mismos acusados por los mismos delitos.
Amarante rechazó el pedido de Gonzalez Charvay, que planteó el incidente de competencia y lo elevó a la Cámara Federal de San Martín, que en el pasado ya le dio la razón, aún contra el rechazo de los fiscales que intervenían en el caso.
En paralelo, Amarante también elevó el problema a la Cámara en lo Penal Económico, por lo que el asunto deberá dirimirse en la Cámara Federal de Casación, superior común de ambos.
Este tribunal, el máximo en asuntos penales por debajo de la Corte, se reunirá el miércoles 12 de agosto para decidir nuevamente quién debe investigar a la AFA pero en otras causas, por los mismos delitos, supuesto lavado y supuesta defraudación.
El juez Amarante entiende que es la Cámara Penal Económico la que tiene decisión sobre quién debe comandar la investigación y González Charvay considera que es la Cámara Federal de San Martín. Ambos tribunales son superiores jerárquicos de cada juez, respectivamente.
Esos fallos son un capítulo más de la guerra de competencia por los expedientes que rodean a la AFA, que, pasados ocho meses, no encuentran un juez que los investigue definitivamente.
Esto se explica por el poder de los actores y los intereses en juego que prolongan esta disputa de competencia sin que nadie avance a fondo con ninguna de las denuncias.
La única causa que avanzó hasta el procesamiento de Tapia y Toviggino, confirmado por la Cámara Penal Económico es la que llevaron adelante el juez Amarante y el fiscal Claudio Navas Rial por la supuesta apropiación de aportes previsionales por 19.000 millones de pesos.
El denunciante del caso es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que amplió luego la denuncia contra la AFA por presunta facturación apócrifa.
La estrategia de las defensas, resistida por fiscales y querellantes, apunta a unificar todos esos legajos en Campana, lejos de los tribunales especializados en delitos económicos de la Ciudad.
La causa por la mansión de Pilar, valuada por peritos oficiales en torno a los 20 millones de dólares y cuya titularidad formal recae en Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como presuntos testaferros, quedó en el Juzgado Penal Económico N° 10, hoy a cargo de Verónica Straccia.
La jueza delegó ese expediente en el fiscal Navas Rial, que pidió una batería de medidas de prueba mientras la Cámara de Casación define la semana próxima dónde se queda ese caso.
El último expediente que genera controversia fue iniciado el 19 de marzo, a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas. Allí se describe un circuito que, según la acusación, comienza con el desvío de fondos desde el exterior hacia empresas intermediarias, que ingresaba a financieras del microcentro, se contabilizaba en efectivo en un estudio jurídico porteño y terminaba en la sede de la AFA o en un departamento de Recoleta.
González Charvay había reclamado la inhibitoria el 3 de julio, desde la causa originada en una denuncia radicada en Santiago del Estero y luego remitida a Campana.
El magistrado sostuvo que en ambos expedientes se investiga “el presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y la emisión de facturas sin contraprestación”.
El fiscal Juan Andrés Moldes se pronunció el 17 de julio por el rechazo. Advirtió que, de existir una vinculación entre los expedientes, la solución no era enviar la causa a Campana, sino conectarla con la investigación más antigua y de mayor amplitud, que es el expediente de la casona de Pilar.
En los tres legajos, subrayó, aparecen las mismas personas físicas y jurídicas, lo que impone evitar la dispersión de investigaciones que comparten una misma plataforma fáctica.
Amarante argumentó que debe quedarse con el caso porque la única hipótesis delictiva vigente es una presunta defraudación en perjuicio de la AFA. En Santiago del Estero desestimaron el requerimiento de instrucción por lavado de activos y asociación ilícita antes de declararse incompetentes.
Por eso, el planteo de Campana “prescinde de aquel límite” y afirma una identidad de objeto con la causa porteña que “no se deriva de las constancias procesales”, dijo Amarante.
Amarante insistió en que la competencia territorial se define por el lugar de comisión de los hechos, la ciudad de Buenos Aires. Aunque la AFA cambió su sede social al partido de Pilar, para evitar los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ), siguió desarrollando su actividad central en la Capital Federal, dijo el juez.
Además, estimó que una defraudación en perjuicio de una asociación civil es un delito de competencia ordinaria y no federal.
Ahora será cada Cámara, la Penal Económico y la de San Martín, la que se pronuncien y, eventualmente, la Cámara Federal de Casación la que defina.
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