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Los fiscales aseguran que a Los Sauces, de la familia Kirchner, “entraban más fondos ilícitos que lícitos”

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La empresa Los Sauces, de la familia Kirchner, recibía más “fondos ilícitos que fondos legítimos”, según la acusación de la fiscalía que se leyó en la segunda audiencia del juicio oral y público que se le sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo el diputado Máximo Kirchner, entre otros 17 imputados.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni citaron a una nueva audiencia de lectura de la acusación para el lunes 2 de noviembre a las 10 de la mañana.

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Este lunes se está leyendo la acusación de la fiscalía en el caso Los Sauces y a continuación se leerá la de la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF). La idea es dejar pasar 10 días hábiles desde que se reunificaron los juicios el 21 de octubre pasado, para comenzar a leer la acusación de Hotesur.

Por eso, esta actividad demandará seguramente varias audiencias en noviembre y diciembre. Una vez leídas ambas acusaciones de la fiscalía y la querella, comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados. Hay máxima expectativa en esa próxima etapa del proceso.

A diferencia de lo ocurrido en la primera audiencia, las cámaras enfocaron menos a los acusados y más a los secretarios y al tribunal durante la lectura de la acusación de los fiscales. Allí se describe cómo se montó un “proceso de reciclaje” de fondos en Los Sauces, la empresa familiar de los Kirchner.

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Máximo Kirchner, entre los acusados del juicio por Hotesur y Los Sauces

Los fiscales señalaron que casi todo lo que cobró la firma venía de Lázaro Báez, Cristóbal López o Fabián de Sousa, quienes a la vez hacían negocios con el Estado. Los alquileres a inquilinos comunes eran una parte menor de los ingresos, que servía para unificar el dinero y darle apariencia de negocio inmobiliario de giro habitual a la firma Los Sauces.

En la audiencia de este lunes se leyó la parte del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que reconstruye quién le pagaba a Los Sauces SA, cuánto y cómo esa plata llegaba a los Kirchner.

Según el requerimiento, el papel de Los Sauces era “recibir fondos ilícitos desde las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo en concepto de alquileres, con el propósito de legitimar su incorporación al patrimonio de la sociedad de la familia Kirchner”.

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Cristóbal López en audiencia de organización del juicio oral en la causa Los Sauces Hotesur Ricardo Pristupluk

Los fiscales la describen como un “mecanismo permanente de reciclaje de activos” que funcionaba en tres pasos. El primer paso fue cargar la empresa con bienes. Los Sauces nació el 7 de noviembre de 2006 con $100.000 de capital. Sus dueños eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con el 45% cada uno, y Máximo Kirchner, con el 10%.

Máximo Kirchner también era el presidente. Desde diciembre de 2006, la sociedad incorporó una decena de propiedades, terrenos y hoteles en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Puerto Madero.

El segundo paso fue alquilarles esos bienes a los empresarios amigos. Las empresas de Báez alquilaron edificios en Río Gallegos. Las de López y De Sousa alquilaron departamentos en Puerto Madero. Y el hotel La Aldea, en El Chaltén, quedó en manos de dos empresas que los fiscales consideran pantallas, Valle Mitre, de Báez, e Idea, de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia.

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Para la acusación, esas propiedades “resultaban innecesarias o más costosas que los valores de mercado” para quienes las alquilaban.

El tribunal de la causa HotesurRicardo Pristupluk

El tercer paso fue sacar la plata ya limpia. La familia retiraba el dinero de la empresa como devolución de lo que le había prestado, como honorarios de director o como pago de gastos personales.

Los peritos contadores reconstruyeron todo lo que facturó Los Sauces entre enero de 2009 y marzo de 2016. Usaron los libros de la empresa y, cuando no los encontraron, los movimientos de sus cuentas bancarias.

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El análisis que realizaron los peritos muestra que una sola empresa de Cristóbal López, Inversora M&S, pagó casi la mitad de todo lo que cobró Los Sauces en siete años. Sumadas por grupo, las empresas de López aportaron el 65% y las de Báez, el 23%. Los fiscales cuentan a Idea dentro del grupo de López.

Los inquilinos sin vínculo con esos grupos, que figuran como “otros”, pagaron apenas el 12%. Por eso los fiscales sostienen que en Los Sauces “se incorporaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad inmobiliaria”.

Algunos de los imputados en el juicio

Con esos ingresos, el patrimonio de la empresa creció más de 12.000%: pasó de $100 000 a $12,1 millones. Para hablar de lavado, la acusación tiene que mostrar que esa plata venía de un delito anterior. En el caso de Báez el origen, dijeron los fiscales, es la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

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Báez se quedó con 51 obras, casi el 80% del total. Por esa causa, que es Vialidad, Cristina Kirchner tiene una condena firme de seis años por fraude y Báez otro tanto. En el caso de López y De Sousa, la fiscalía apunta a los negocios de su grupo con el Estado: obras públicas, juego, petróleo y beneficios impositivos.

En 2009 la constructora CPC, del mismo grupo, ganó contratos viales millonarios y le giró más de 50 millones de pesos a Inversora M&S, la empresa que pagaba los alquileres a Los Sauces. Por eso los fiscales califican esos pagos como “dádivas”, es decir, “regalos a cambio de favores”.

Al hablar del grupo Báez, el requerimiento sostiene: “Dentro de este sofisticado entramado societario, quienes participaron del esquema de reciclaje fueron las firmas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, las cuales se encargaron de canalizar de manera directa fondos ilícitos provenientes de la defraudación al Estado hacia la empresa Los Sauces bajo el ropaje de legalidad que le otorgaba la actividad inmobiliaria, alquilando propiedades que no resultaban de utilidad para la empresa y/o que se encontraban a un precio por encima del valor de mercado”.

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La sala AMIA donde se desarrolla el juicioRicardo Pristupluk

Según la acusación, de Los Sauces se retiraron más de $10 millones. De la cuenta de Néstor Kirchner, y después de sus herederos, salieron $4,6 millones. Cristina Kirchner retiró $2,1 millones y Máximo, $2,5 millones.

A eso se suman dos viviendas a nombre de la sociedad que la familia usaba sin pagar alquiler. Una es la casa de la calle Mascarello 441, en Río Gallegos, donde vive Cristina Kirchner. Los Sauces la compró en US$250.000 a una empresa de Sanfelice, que la había comprado un año antes por unos US$52.000.

La otra es el departamento de la calle San José 1111, en Buenos Aires, donde vivía Florencia Kirchner y ahora su madre Cristina cumple prisión domiciliaria. Se compró en 2015 en US$370.000, que se pagaron con cuatro certificados en dólares a nombre de otras personas.

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Para esa compra, cinco empleados del Banco Nación de Río Gallegos registraron un depósito de $4 millones como “en efectivo”, sin anotar quién lo hacía, aunque la plata había salido de una cuenta de Cristina Kirchner y sus hijos. Por eso también llegaron a juicio.

“Puesta en escena”

La lectura de este lunes terminó con una conclusión de los fiscales sobre los alquileres de Báez. Para ellos, esos contratos “no fueron más que una puesta en escena a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados desde la empresa constructora hacia la firma Los Sauces”.

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Los fiscales agregaron que “es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente (esto es la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública) hasta que el dinero fue colocado en la sociedad de la familia Kirchner por el alquiler de departamentos”.



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Presupuesto 2027: con concesiones a sus aliados, el Gobierno obtuvo el aval para debatir el proyecto en Diputados la próxima semana

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Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, el Gobierno consiguió este miércoles dictamen para el proyecto de presupuesto 2027.

La Libertad Avanza (LLA) reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, con el acompañamiento de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores que responden a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

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El acuerdo le permitió al oficialismo avanzar con su objetivo de llevar la iniciativa al recinto el próximo 25 de noviembre, aunque no logró satisfacer todas las demandas de sus socios parlamentarios.

Los libertarios Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni junto a Germán Martínez (UP)BERNABE RIVAROLA

Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas, donde influyen los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, presentaron dictámenes de minoría y consideraron insuficientes las modificaciones. Tampoco acompañaron los cordobeses de Martín Llaryora, los santafecinos de Maximiliano Pullaro ni los misioneros de Hugo Passalacqua.

El texto consensuado pasó de 76 a 73 artículos. Uno de los principales cambios fue el retiro del artículo que suprimía la actualización automática de las asignaciones familiares, tanto para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas como para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

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También se eliminaron los artículos que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su financiamiento. A la vez, se incorporó una nueva disposición sobre los recursos destinados a garantizar las prestaciones para las personas con discapacidad. Estos ajustes los leyó la legisladora libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien se puso al frente de esa discusión en Diputados.

El dictamen sumó, además, beneficios para el sector autopartista y una exención impositiva para Mendoza.

Los cambios, en detalle

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Pro consiguió una de las concesiones que había reclamado el expresidente Mauricio Macri: la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 del plazo para adherir al régimen de promoción autopartista. El partido también había solicitado que la Nación saldara la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, una rebaja de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales.

Según se informó, la deuda con la Ciudad se negociará por fuera del presupuesto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Otro de los reclamos estuvo vinculado con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Se acordó que cada provincia negocie por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados a infraestructura vial. Según los cuestionamientos de la oposición, el Gobierno recaudó alrededor de $1,6 billones mediante el ICL y el fideicomiso SisVial, pero destinó solo una porción menor al mantenimiento de las rutas nacionales.

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La UCR, por su parte, consiguió preservar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH. También había exigido garantizar los fondos para discapacidad y universidades.

Si bien el dictamen introdujo modificaciones en materia de discapacidad, no contempló el incremento presupuestario para las universidades que reclamaban los radicales. En el presupuesto 2027 figura una partida de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama que para cumplir la ley se necesitan $11 billones.

El texto incluyó, además, un guiño al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Se incorporó a la Sociedad de Transporte de Mendoza entre las entidades exentas de impuestos para la importación de material ferroviario y subterráneo.

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Eduardo Falcone, del MID, reconoció una aceptación parcial de sus pedidos. El diputado obtuvo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el compromiso de destinar fondos a la autovía de la ruta nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Las partidas, sin embargo, no estarán identificadas dentro del presupuesto de Vialidad Nacional, sino que dependerán de la Jefatura de Gabinete. Su espacio también había reclamado duplicar los recursos destinados a las Becas Manuel Belgrano.

Eduardo Falcone (MID)BERNABE RIVAROLA

Los pedidos que no fueron contemplados

No todos los gobernadores consiguieron respuestas favorables. El jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, reclamó un aumento del presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología y propuso financiarlo mediante una reasignación de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También exigió que se respetaran las partidas establecidas por la Ley de Bosques para Misiones. Ninguno de sus pedidos fue incorporado y su espacio se negó a acompañar el dictamen oficialista.

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Tampoco prosperaron los reclamos de los legisladores cordobeses alineados con Martín Llaryora, que exigían el pago de deudas con la caja jubilatoria provincial y obras en rutas nacionales, ni los de los representantes de Gustavo Sáenz, de Salta, que solicitaban mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

La oposición cuestionó el alcance de las modificaciones y presentó sus propias propuestas. El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, defendió un dictamen alternativo con mayores recursos para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública. Entre otras medidas, propuso elevar el bono jubilatorio de $70.000 a $164.000, restablecer la moratoria previsional y distribuir entre las provincias $1,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Martínez también consideró insuficientes los cambios en materia de discapacidad y cuestionó a los gobernadores que reclaman recursos, pero luego acompañan al oficialismo en el Congreso. En alusión a la reciente visita de León XIV y a sus llamados a priorizar el bienestar social, ironizó: “En una semana lo guardaron al Papa en un placard. Se terminaron las lágrimas”.

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Germán MartínezSoledad Aznarez

Su compañera de bloque Julia Strada puso en duda las proyecciones económicas del Gobierno y reclamó precisiones sobre las fuentes de financiamiento previstas para afrontar los vencimientos de deuda. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá también rechazó el proyecto, al que definió como “un ataque en regla a las necesidades de la población”.

Pese a los cambios, el presupuesto conserva las principales proyecciones económicas del Poder Ejecutivo: un crecimiento del 4% para 2027, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial proyectado de $1847,60. También prevé un superávit primario del 1,1% del PBI y mantiene el equilibrio fiscal como eje de la política económica.

Con el dictamen conseguido, el oficialismo buscará darle media sanción al presupuesto el próximo 25 de noviembre, el mismo día en que Santilli tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado. Para conseguirlo, deberá sostener en el recinto los acuerdos que le permitieron avanzar en comisión.

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August 10, 2026,@CINoficial,November 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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A pesar de haber sido condenado por corrupción, el exfuncionario K Roberto Baratta vacacionará en Buzios – Nexofin

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El Tribunal Oral Federal 3 habilitó al exfuncionario Roberto Baratta a viajar a Buzios entre el 28 de diciembre y el 6 de enero por motivos “de recreación familiar”.

La resolución contó con los votos afirmativos de Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, quienes exigieron su comparecencia dentro del tercer día posterior al regreso.

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El magistrado Javier Ríos votó en disidencia al señalar la “ineludible contradicción” entre costear vacaciones en el exterior e incumplir el embargo dictado en la causa de la caja chica. En ese expediente, iniciado por la Oficina Anticorrupción y procesado por Sebastián Casanello, se investigan gastos irregulares en el ex Ministerio de Planificación.

Roberto Baratta en Comodoro Py

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Actualmente, el excolaborador de Julio De Vido posee una condena no firme del Tribunal Oral Federal 7 a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua. Dicho fallo acreditó un perjuicio fiscal superior a 5,5 millones de dólares por sobreprecios en 11 buques de gas natural licuado (GNL).

Asimismo, el exfuncionario afronta el juicio oral por los Cuadernos de las coimas y procesamientos firmados por Julián Ercolini y Luis Rodríguez. Esas causas abarcan acusaciones por enriquecimiento ilícito, dádivas vinculadas a Techint y desvíos de fondos en Río Turbio.

Anteriormente, en marzo pasado, el mismo tribunal había concedido al acusado otro permiso para trasladarse a Río de Janeiro durante abril junto a su familia.

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La entrada A pesar de haber sido condenado por corrupción, el exfuncionario K Roberto Baratta vacacionará en Buzios se publicó primero en Nexofin.

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Caso $LIBRA: recusaron a otro juez clave para la posible reapertura de la causa por estafa contra Milei

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El tribunal que debe resolver si reincorpora como querellantes a los presuntos damnificados por el desplome de $LIBRA -una decisión clave que podría reabrir el expediente contra el presidente Javier Milei– fue objeto de un nuevo cuestionamiento.

Uno de los inversores pidió el apartamiento del juez de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci, con el argumento de que su hijo, Ignacio Yacobucci, exnúmero uno de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fue designado a fines de septiembre en un cargo jerárquico dentro del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

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Guillermo YacobucciFederico Garcia Romero 1165701478

Yacobucci fue el juez que, en minoría, consideró a principios de mes que la Sala no debía tratar el pedido de los damnificados para volver a ser querellantes, lo que implicaba cerrar definitivamente la causa. Por el contrario, sus colegas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma entendieron que sí debía evaluarse el planteo y el asunto quedó bajo estudio del tribunal.

La recusación, presentada por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, despega la decisión del juez Yacobucci del nombramiento de su hijo, pero sostiene que la designación es motivo suficiente para que se aparte del caso. Sostiene que el nombramiento es un “beneficio” conferido por el Presidente, que es uno de los imputados en la causa.

Además, el escrito destaca que la designación “fue otorgada durante la tramitación del proceso, un mes antes del sobreseimiento y mientras la cuestión de las querellas seguía abierta”.

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Fuentes judiciales de la vocalía de Yacobucci observaron que el pedido de recusación carecería de sustento sólido y tildaron las menciones alusivas al nombramiento de Ignacio Yacobucci como “pirotecnia”.

Ignacio Yacobucci fue director de la UIF de este GobiernoEleazarCR

En septiembre pasado, Ignacio Yacobucci fue designado en el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un área que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Es la segunda vez que el Gobierno nombra a un familiar de un funcionario judicial que interviene en el caso $LIBRA. Antes de los sobreseimientos que dejaron el caso al borde del cierre, Ana Juan, la esposa del juez a cargo del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, fue designada como jueza federal en el juzgado de Hurlingham.

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Segunda recusación

Antes, Mauricio Novelli, señalado como nexo entre el creador del activo Hayden Davis y el presidente Milei, promovió otra recusación contra la jueza Ledesma, con el argumento de que la camarista integraba un comité de la Inecip, una organización que buscó, sin éxito, convertirse en querellante en el expediente.

La jueza Ana Juan, esposa de Martínez de Giorgi

La Sala deberá resolver ahora la situación de ambos camaristas. Son los propios jueces recusados quienes deberán en primer lugar pronunciarse sobre los pedidos de apartamiento. Si consideran que no existen motivos para dejar de intervenir, serán sus otros dos colegas de la Sala quienes deberán resolver: Ledesma y Slokar, en el caso de Yacobucci, y Yacobucci y Slokar, en el caso de Ledesma.

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Si no hay acuerdo, la sala deberá convocar a un tercer magistrado para desempatar.

La situación de Ledesma tiene además una particularidad: en diciembre cumplirá 74 años y quedará a un año de alcanzar la edad límite para ejercer como magistrada sin un nuevo nombramiento. Si pretende continuar en el cargo, deberá solicitar una renovación que dependerá del presidente Milei y del posterior acuerdo del Senado.



Ignacio Yacobucci,Conforme a

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