El Índice de Confianza en el Gobierno, que la Universidad Torcuato Di Tella difunde con frecuencia mensual, aumentó un 0,9% en octubre, en comparación con el registro de septiembre, en el que había mostrado un retroceso de 5,9%. Desde fines del año pasado, la administración del presidente Javier Milei muestra una caída del 20,7% en este indicador, y un retroceso de 7% en términos interanuales.

En el relevamiento de octubre, el índice se ubicó en 1,95 puntos (se utiliza una escala de 0 a 5). En septiembre, fue de 1,94 puntos. Este año, la medición cayó en enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y septiembre; por el contrario, se elevó en los meses de junio, agosto y octubre.

“Desde el fin del año pasado, el ICG disminuyó 20,7%, y en términos interanuales, cayó 7,0%. Desde abril, el índice ha oscilado en torno a un valor de 2″, se informó en el último relevamiento de la universidad, realizado en base a 1000 casos, tomados en 39 localidades de todo el país, entre el 5 y el 16 de octubre.

El informe compara el desempeño del gobierno de Milei en este índice con la cosecha que tuvieron las administraciones anteriores, a partir del año 2003. “En el mes 34 de la actual presidencia, el nivel del ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Néstor Kirchner en el mismo momento de su gestión (2,70; -27,7%). En cambio, el 1,95 de este mes es superior al observado en el mes 34 de los mandatos de Mauricio Macri (1,76; +10,9%), Cristina Kirchner I (1,70; +14,7%), Cristina Kirchner II (1,65; +18,7%) y Alberto Fernández (1,28; +52,5%)”, se resumió en el documento que difundió la Universidad Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno se compone de cinco variables, en cuatro de los cuales la gestión Milei mejoró con respecto a la medición de septiembre. El único retroceso fue en el rubro “Honestidad”, que se ubicó en 2,37 puntos (una baja del 3% con respecto al mes anterior). Los aumentos se dieron en “Capacidad para resolver problemas” (2,27 puntos, un 3,3% mejor que en septiembre; “Eficiencia” (que se ubicó en 1,99 puntos, un 2,5% más que el mes pasado); “Evaluación general del gobierno” (que llegó a 1,63 puntos, una mejora del 2,1% en el mes), y “Preocupación por el interés general” (que, con 1,51 puntos, fue 0,5% mejor que en septiembre).

En promedio, el Índice de Confianza en el Gobierno durante la gestión de Milei es mejor que el de la administración de Fernández, pero peor que el de la presidencia de Macri. “El promedio del ICG durante la gestión Milei desciende a 2,33 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios durante las dos presidencias anteriores (las de Mauricio Macri y Alberto Fernández) en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,45 y 1,85 puntos, respectivamente”, informó la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador es mejor para el Gobierno entre los hombres que entre las mujeres; el desempeño es más alto en el rango etario de 18 a 29 años y, el más bajo, entre los mayores de 50; la medición es mejor para el oficialismo en el interior y, peor, en el Gran Buenos Aires. En cuanto a nivel de instrucción, los universitarios dieron el mejor registro del índice en octubre, y quienes alcanzaron un nivel de educación primario, le otorgaron la calificación más baja.

En otros aspectos, las mejores valoraciones del índice para el Gobierno se encuentran entre quienes no sufrieron delitos en los últimos doce meses y entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año.

La empresa Los Sauces, de la familia Kirchner, recibía más “fondos ilícitos que fondos legítimos”, según la acusación de la fiscalía que se leyó en la segunda audiencia del juicio oral y público que se le sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo el diputado Máximo Kirchner, entre otros 17 imputados.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni citaron a una nueva audiencia de lectura de la acusación para el lunes 2 de noviembre a las 10 de la mañana.

Este lunes se está leyendo la acusación de la fiscalía en el caso Los Sauces y a continuación se leerá la de la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF). La idea es dejar pasar 10 días hábiles desde que se reunificaron los juicios el 21 de octubre pasado, para comenzar a leer la acusación de Hotesur.

Por eso, esta actividad demandará seguramente varias audiencias en noviembre y diciembre. Una vez leídas ambas acusaciones de la fiscalía y la querella, comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados. Hay máxima expectativa en esa próxima etapa del proceso.

A diferencia de lo ocurrido en la primera audiencia, las cámaras enfocaron menos a los acusados y más a los secretarios y al tribunal durante la lectura de la acusación de los fiscales. Allí se describe cómo se montó un “proceso de reciclaje” de fondos en Los Sauces, la empresa familiar de los Kirchner.

Los fiscales señalaron que casi todo lo que cobró la firma venía de Lázaro Báez, Cristóbal López o Fabián de Sousa, quienes a la vez hacían negocios con el Estado. Los alquileres a inquilinos comunes eran una parte menor de los ingresos, que servía para unificar el dinero y darle apariencia de negocio inmobiliario de giro habitual a la firma Los Sauces.

En la audiencia de este lunes se leyó la parte del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que reconstruye quién le pagaba a Los Sauces SA, cuánto y cómo esa plata llegaba a los Kirchner.

Según el requerimiento, el papel de Los Sauces era “recibir fondos ilícitos desde las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo en concepto de alquileres, con el propósito de legitimar su incorporación al patrimonio de la sociedad de la familia Kirchner”.

Los fiscales la describen como un “mecanismo permanente de reciclaje de activos” que funcionaba en tres pasos. El primer paso fue cargar la empresa con bienes. Los Sauces nació el 7 de noviembre de 2006 con $100.000 de capital. Sus dueños eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con el 45% cada uno, y Máximo Kirchner, con el 10%.

Máximo Kirchner también era el presidente. Desde diciembre de 2006, la sociedad incorporó una decena de propiedades, terrenos y hoteles en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Puerto Madero.

El segundo paso fue alquilarles esos bienes a los empresarios amigos. Las empresas de Báez alquilaron edificios en Río Gallegos. Las de López y De Sousa alquilaron departamentos en Puerto Madero. Y el hotel La Aldea, en El Chaltén, quedó en manos de dos empresas que los fiscales consideran pantallas, Valle Mitre, de Báez, e Idea, de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia.

Para la acusación, esas propiedades “resultaban innecesarias o más costosas que los valores de mercado” para quienes las alquilaban.

El tercer paso fue sacar la plata ya limpia. La familia retiraba el dinero de la empresa como devolución de lo que le había prestado, como honorarios de director o como pago de gastos personales.

Los peritos contadores reconstruyeron todo lo que facturó Los Sauces entre enero de 2009 y marzo de 2016. Usaron los libros de la empresa y, cuando no los encontraron, los movimientos de sus cuentas bancarias.

El análisis que realizaron los peritos muestra que una sola empresa de Cristóbal López, Inversora M&S, pagó casi la mitad de todo lo que cobró Los Sauces en siete años. Sumadas por grupo, las empresas de López aportaron el 65% y las de Báez, el 23%. Los fiscales cuentan a Idea dentro del grupo de López.

Los inquilinos sin vínculo con esos grupos, que figuran como “otros”, pagaron apenas el 12%. Por eso los fiscales sostienen que en Los Sauces “se incorporaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad inmobiliaria”.

Con esos ingresos, el patrimonio de la empresa creció más de 12.000%: pasó de $100 000 a $12,1 millones. Para hablar de lavado, la acusación tiene que mostrar que esa plata venía de un delito anterior. En el caso de Báez el origen, dijeron los fiscales, es la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Báez se quedó con 51 obras, casi el 80% del total. Por esa causa, que es Vialidad, Cristina Kirchner tiene una condena firme de seis años por fraude y Báez otro tanto. En el caso de López y De Sousa, la fiscalía apunta a los negocios de su grupo con el Estado: obras públicas, juego, petróleo y beneficios impositivos.

En 2009 la constructora CPC, del mismo grupo, ganó contratos viales millonarios y le giró más de 50 millones de pesos a Inversora M&S, la empresa que pagaba los alquileres a Los Sauces. Por eso los fiscales califican esos pagos como “dádivas”, es decir, “regalos a cambio de favores”.

Al hablar del grupo Báez, el requerimiento sostiene: “Dentro de este sofisticado entramado societario, quienes participaron del esquema de reciclaje fueron las firmas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, las cuales se encargaron de canalizar de manera directa fondos ilícitos provenientes de la defraudación al Estado hacia la empresa Los Sauces bajo el ropaje de legalidad que le otorgaba la actividad inmobiliaria, alquilando propiedades que no resultaban de utilidad para la empresa y/o que se encontraban a un precio por encima del valor de mercado”.

Según la acusación, de Los Sauces se retiraron más de $10 millones. De la cuenta de Néstor Kirchner, y después de sus herederos, salieron $4,6 millones. Cristina Kirchner retiró $2,1 millones y Máximo, $2,5 millones.

A eso se suman dos viviendas a nombre de la sociedad que la familia usaba sin pagar alquiler. Una es la casa de la calle Mascarello 441, en Río Gallegos, donde vive Cristina Kirchner. Los Sauces la compró en US$250.000 a una empresa de Sanfelice, que la había comprado un año antes por unos US$52.000.

La otra es el departamento de la calle San José 1111, en Buenos Aires, donde vivía Florencia Kirchner y ahora su madre Cristina cumple prisión domiciliaria. Se compró en 2015 en US$370.000, que se pagaron con cuatro certificados en dólares a nombre de otras personas.

Para esa compra, cinco empleados del Banco Nación de Río Gallegos registraron un depósito de $4 millones como “en efectivo”, sin anotar quién lo hacía, aunque la plata había salido de una cuenta de Cristina Kirchner y sus hijos. Por eso también llegaron a juicio.

“Puesta en escena”

La lectura de este lunes terminó con una conclusión de los fiscales sobre los alquileres de Báez. Para ellos, esos contratos “no fueron más que una puesta en escena a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados desde la empresa constructora hacia la firma Los Sauces”.

Los fiscales agregaron que “es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente (esto es la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública) hasta que el dinero fue colocado en la sociedad de la familia Kirchner por el alquiler de departamentos”.