El Gobierno defendió este miércoles en Diputados dos proyectos del plan económico de Javier Milei: las reformas de la ley de Inocencia Fiscal y de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El oficialismo busca su media sanción el próximo 19 de agosto en el recinto.

La primera propuesta pretende ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al beneficio de formalizar ahorros fuera del sistema. La segunda apunta a direccionar el funcionamiento de la entidad monetaria a resguardar el valor de la moneda, prohibir tanto el financiamiento al Tesoro como la emisión sin respaldo y hacer más exigente la remoción de sus autoridades.

Las discusiones se dieron en dos plenarios diferentes. El primero, compuesto por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, tuvo como protagonistas a funcionarios del Ministerio de Economía que explicaron los cambios propuestos y rechazaron que la reforma de la ley de Inocencia Fiscal implique un nuevo blanqueo o una flexibilización del régimen penal tributario. La oposición, en cambio, denunció que favorecerá a evasores y funcionarios públicos.

La defensa estuvo a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y el director del Banco Central, Martín Vauthier, quienes buscaron desmontar las principales críticas opositoras. El plenario fue encabezado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), y la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA).

Al abrir el debate, Rodríguez Machado sostuvo que el objetivo es que el Estado concentre sus recursos en “perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”. También rechazó que el proyecto implique impunidad: “No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”.

La reforma quedó envuelta en polémica después de que, en plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Manuel Adorni como su mujer, Bettina Angeletti, que admitieron tener dinero no declarado, adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo José Luis Espert, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.

La primera exposición técnica estuvo a cargo de Balestrini, quien insistió en que el proyecto no amplía los beneficios ya incorporados por la ley de Inocencia Fiscal.

Según explicó, el proyecto apunta exclusivamente a ampliar el acceso al régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las Ganancias. “La principal modificación es ampliar el universo de personas humanas que pueden realizar la adhesión”, dijo.

También rechazó que existan beneficios impositivos adicionales. “No hay ninguna exención adicional, no hay ningún tratamiento distintivo”, afirmó, y aclaró que quienes adhieran “van a liquidar su impuesto a las ganancias como lo liquida aquel que está en el régimen general”.

Luego, Imirizaldu explicó los cambios técnicos del proyecto. Señaló que el régimen seguirá alcanzando únicamente a personas humanas y sucesiones indivisas, pero eliminará las actuales restricciones de ingresos, patrimonio y condición frente a ARCA para acceder al régimen simplificado. También aclaró que los grandes contribuyentes podrán presentar la declaración bajo el formato simplificado, aunque “no van a gozar de ningún beneficio que tenga la norma”.

La defensa política estuvo a cargo de Vauthier, quien vinculó la iniciativa con la estrategia oficial para impulsar la inversión. Sostuvo que la Argentina creció apenas 1,9% anual en promedio durante los últimos cuarenta años porque invirtió menos que otros países y afirmó que “para que la inversión se pueda financiar hace falta ahorro”. En ese contexto, defendió la ampliación del régimen al señalar que “el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”. Según dijo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de US$179.000 millones en billetes, un monto equivalente a entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en dólares.

Las críticas llegaron desde distintos bloques opositores. El diputado Agustín Rossi (UP) sostuvo que el proyecto beneficia a “los estudios contables más grandes de la Argentina” y cuestionó que funcionarios públicos puedan acogerse al régimen. “No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, afirmó, al tiempo que calificó la iniciativa como “un escándalo”.

Desde el Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola bautizó la iniciativa como la “ley Adorni-Espert” y sostuvo que constituye “un blanqueo permanente” y “una ley de impunidad permanente de la evasión”. “En este país todos los gobiernos han premiado a los evasores”, afirmó.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón advirtió que este tipo de mecanismos son observados especialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que “una persona políticamente expuesta que adhiera a un régimen de este tipo es de alto riesgo para operaciones de lavado de dinero del narco, de la trata, del delito complejo transnacional, de la corrupción o de activos que circulen en criptomonedas”.

“Había una gran oportunidad para dejar con contundencia la exclusión del régimen simplificado para todos los funcionarios públicos”, afirmó Victoria Tolosa Paz (UP). La diputada vinculó esa decisión con el caso Adorni y cuestionó la eficacia de los organismos de control. “Si ARCA cruza permanentemente la información patrimonial, ¿por qué no detectó ese caso?”, preguntó.

Ante las críticas de la oposición por la posibilidad de que funcionarios públicos adhieran al régimen, Balestrini negó que el proyecto constituya un nuevo blanqueo. “Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, afirmó. Destacó que los funcionarios que opten por ese mecanismo seguirán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y sostuvo que “no se altera en absoluto” ese deber. También aseguró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y que “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.

Carta Orgánica del BCRA

Por la tarde siguió el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidido por los libertarios Santiago Pauli y Benegas Lynch. Allí se inició el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con las exposiciones del presidente de la entidad, Santiago Bausili, y del vicepresidente, Vladimir Werning.

Los funcionarios defendieron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y sostuvieron que los cambios buscan reforzar la independencia del organismo y evitar que vuelva a financiar el déficit fiscal. “Hace dos años y medio que operamos con estas restricciones. Hay evidencia empírica sobre el funcionamiento”, afirmó Bausili.

Bausili explicó que la iniciativa se apoya en cinco ejes: establecer como único mandato del Banco Central la preservación del valor de la moneda; eliminar el financiamiento monetario al Tesoro mediante los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos; restringir la distribución de utilidades a ganancias “líquidas y realizadas” destinadas únicamente a cancelar deuda; endurecer el régimen de remoción de las autoridades para fortalecer la independencia de la entidad; y cerrar el mecanismo de las letras intransferibles, que, según dijo, permitió financiar al Tesoro con reservas y llegó a acumular un stock de US$85.000 millones.

Werning, por su parte, sostuvo que la reforma apunta a impedir que el Banco Central “sea instrumento para transferir esta carga tributaria, en términos del impuesto inflacionario, a las familias argentinas”. Y afirmó: “Los perjudicados son las familias argentinas; quien fue responsable, el Banco Central; y a quien benefició, al Tesoro Nacional”.

La oposición concentró sus reparos en el esquema de gobernaza que propone el proyecto. Varios diputados cuestionaron que la remoción del presidente y los directores del Banco Central quede supeditada a una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, al considerar que ese requisito podría volver prácticamente inamovibles a las autoridades avaladas por mayoría simple solo por el Senado.

“Hoy tenemos un presidente del Banco Central que es prácticamente un ministro más del gabinete”, afirmó Itaí Hagman (UP), al señalar una contradicción entre el “blindaje” institucional que impulsa el Gobierno y la coordinación que mantuvo el organismo con el Ministerio de Economía durante la actual gestión. También cuestionó que la reforma elimine herramientas del Banco Central para promover el crédito y el desarrollo económico, advirtió que podría encarecer el financiamiento para las pymes y presionar sobre las tasas de interés, y puso en duda el régimen de autonomía que propone el proyecto.

Parte de la oposición también pretende fijar un plazo máximo para que las designaciones “en comisión” no puedan extenderse indefinidamente, una cuestión que el proyecto no regula. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que “un plazo de seis meses es más que razonable” para que la Cámara Alta ratifique los nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Bausili respondió además a una de las consultas que más se repitió durante el plenario: el destino de las reservas en oro del Banco Central. El funcionario aseguró que “están donde tienen que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA” y evitó dar precisiones sobre su ubicación o administración. “Si los lingotes son físicos o si están en un sótano, o si están depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA. Argumentó que el organismo no divulga sus operaciones porque “se genera un incentivo para que el mercado tradee en contra”. En ese sentido, añadió que tampoco informa cómo administra sus posiciones en oro ni dónde se encuentran resguardadas.