POLITICA
El mapa de cortes por la movilización al Congreso contra la modificación a la "Ley de Tierras"
Organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones piqueteras, el peronismo bonaerense, fuerzas de izquierda, las dos CTA y gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT) marcharán desde el mediodía hacia el Congreso de la Nación para rechazar las modificaciones que el Gobierno impulsa sobre la Ley de Tierras a través del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La convocatoria se mantiene pese a que el oficialismo confirmó que no tratará el capítulo que actualizaba el tope de la venta a extranjeros, llevandolo a un 25% del territorio nacional.
La decisión de marchar de todos modos tiene dos lecturas. La primera es que las organizaciones convocantes rechazan cualquier modificación a la Ley N° 26.737, sancionada en 2011. La segunda es política: marcar una postura firme frente a un proyecto impulsado por La Libertad Avanza.
En una conferencia de prensa realizada ayer en el Salón Saúl Ubaldini de la sede de la CGT, las dos CTA y la UTEP anticiparon que movilizarán al Congreso de todas formas, aun después de que el oficialismo resolviera retirar el capítulo más polémico de la iniciativa. La intención original del Poder Ejecutivo era eliminar todo límite a la compra de tierras en el país.
La movilización de hoy precede a la peregrinación prevista para mañana 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono del trabajo. Las actividades comenzarán con la bendición de herramientas en el santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers y culminarán en la Plaza de Mayo. La fecha tiene además un peso simbólico: se cumplen diez años de la primera peregrinación que los movimientos sociales realizaron durante la presidencia de Mauricio Macri, en reclamo por tierra, techo y trabajo, las “Tres T”, como bautizó el entonces papa Francisco.
Es posible que la retirada del oficialismo en el punto más repudiado —la venta de tierras a extranjeros— reste fuerza a las columnas que llegarán desde la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Aun así, los organizadores, que cuentan con el respaldo de la CGT y las dos CTA, sostienen la convocatoria.
Operativo de seguridad y cortes de tránsito
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, informó que el dispositivo será el habitual: “El operativo va a ser el mismo de siempre, es el protocolo antipiquetes que se activa siempre que hay movilizaciones con el comando unificado operativo en el Ministerio de Seguridad”, precisaron desde la cartera. El operativo incluye brigadas de infantería, unidades motorizadas, camiones hidrantes, vehículos para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales.
Según informó el Ministerio de Seguridad a este medio, la concentración principal tendrá lugar en la Plaza Congreso a partir de las 12:00, con el pico de asistencia previsto para las 17:00. Las arterias más afectadas serán la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Las autoridades recomiendan evitar la circulación en automóvil en el área delimitada por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio. Algunas organizaciones iniciarán su recorrido desde esta última arteria y avanzarán por la Avenida de Mayo hasta el Congreso.
Los cortes obligarán a modificar el recorrido habitual de varias líneas de colectivos con eje en el Congreso y el centro de la ciudad: las líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Los servicios con destino al norte o al sur se desviarán por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba; los que circulan de este a oeste lo harán por Jujuy o la 9 de Julio.
En la red de subtes, la estación Congreso de la línea A permanecerá cerrada, y las estaciones Sáenz Peña y Pasco podrían verse afectadas por la concentración de personas. La estación Callao de la línea B tendrá alta afluencia, y los accesos peatonales de la estación Entre Ríos de la línea E también se verán comprometidos.
Las organizaciones convocantes
Se espera la participación de familias, centros de estudiantes, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que se movilizarán de forma independiente. A la UTEP se sumarán el Polo Obrero, el MST, Territorios en Lucha, el Bloque Piquetero, las dos CTA, y gremios como La Bancaria, ATE, Camioneros y el Frente Sindical Unido. También llegarán columnas del peronismo bonaerense desde distritos como La Matanza, La Plata, Quilmes, José C. Paz y Moreno, entre otros.
La jornada de hoy es la primera de una serie de protestas que integran un plan de lucha unificado contra las políticas del Gobierno, con la participación de movimientos sociales, las CTA, gremios combativos, sindicatos de la CGT y organizaciones piqueteras.
Las voces de los referentes
El dirigente y diputado nacional Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) —una de las organizaciones que integran la UTEP junto al movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa, entre otras—, anunció su participación a través de sus redes sociales al escribir: “Aunque el proyecto sigue siendo una mierda y hay que voltearlo, que hayan tenido que sacar el infame remate de las tierras argentinas es una victoria del movimiento popular frente al gobierno cipayo de Milei. Hay que mantenerse movilizados y reventar la plaza mañana para que quede claro que la patria no se vende”.
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, fue categórico en su definición del proyecto: “Este es un proyecto de ley de extranjería, de coloniaje, de fragmentación, fractura y balcanización de la propia patria. Y ante esto los trabajadores llevamos adelante un plan de lucha nacional para defender la soberanía”. Godoy agregó que “hoy hay plena conciencia en nuestra sociedad de que este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada lo que busca es integrarse a una serie de proyectos y cambios estructurales que tienen por objetivo desmembrar la patria”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, encuadró la protesta en el contexto económico más amplio: “Hoy la Argentina está atravesando una de las peores crisis y nosotros no podemos bajo ningún punto de vista separar esta iniciativa que tiene el gobierno de intentar extranjerizar nuestra tierra, de poner en venta nuestra patria con todo lo que viene sucediendo en el día a día el pueblo trabajador y el pueblo humilde. Hay un plan orquestado que intenta destruir nuestro territorio y que intenta entregar nuestra soberanía”, afirmó.
UTEP marcha ley de tierras
POLITICA
El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.
La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.
La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.
El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.
Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.
Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.
El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.
Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.
El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.
El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.
En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.
En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.
Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.
Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.
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POLITICA
Arrancó el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain con una fuerte polémica entre la defensa y los acusadores
El juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain arrancó este martes con cruces fuertes entre los acusadores y defensores del magistrado que está siendo juzgado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en dos hechos: un supuesto cobro de 200.000 dólares de coima al financista Fernando Whpei, que admitió que pagó tras arrepentirse en una causa judicial; y otro caso donde se cuestiona al juez federal por no haber informado sobre una causa judicial en su contra hace más de 20 años que derivó en una cesantía en el Poder Judicial.
Fue en el segundo caso en el que Salmain trastabilló, cuando decidió declarar en el jury de enjuiciamiento. Cuando la acusación comenzó a formularle preguntas, Salmain dijo que no se acordaba por qué lo habían echado hace dos décadas del Poder Judicial, afirmó que no lo declaró en su currículum para concursar porque no le “sumaba puntos” e insistió en calificar de “arrepentido serial” al financista que declaró cómo pactó una coima de 200.000 dólares a cambio de un fallo.
“Cortemos con la dulzura, Salmain tendría que estar preso”, disparó el senador Luis Juez, uno de los tres acusadores junto con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre. Sobre el juez suspendido pesa un procesamiento por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros. Si Salmain es destituido pasará a hacerse efectiva la prisión preventiva en su contra.
Salmain está acusado de autorizar a los tenedores del fideicomiso Attila, administrado por el financista rosarino Whpei, a adquirir los 10.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial, pese a que el Banco Central se oponía, en momentos en que regía el cepo cambiario. Según la investigación penal, el favor tenía un precio: el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, un pago que los fiscales calcularon en unos 200.000 dólares. Whpei es imputado colaborador en esa causa y, a la vez, está procesado en un expediente por extorsión en el que también está acusado el exjuez federal Marcelo Bailaque.
El encargado de exponer la acusación por el caso Attila fue Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien sostuvo que Salmain actuó en connivencia con terceros para beneficiar al demandante a cambio de la promesa de un retorno económico. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain, qué hizo frente al planteo de rechazo del BCRA y qué hizo la Cámara Federal que revocó esa medida”, anticipó.
La defensa, a cargo de Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, salió a negar cualquier vínculo entre el juez y el financista. “La acusación no va a poder probar nada. Va a quedar claro que Salmain no conoce a Whpei. Van a venir los secretarios a contar que esta persona ni siquiera entró al juzgado del doctor. Es imposible arreglar un sorteo en la Justicia Federal de Rosario que depende de la Cámara”, dijo Castro Bianchi. Y les pidió a los jurados que imaginaran a Salmain como alguien que estaba tomando un café en un lugar cualquiera y al que “después le hacen una cama”.
La segunda acusación se remonta a hace 24 años. Cuando Salmain era empleado de un juzgado de la seguridad social en Comodoro Py, y fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado N° 8, donde él trabajaba. Los nueve miembros de la Corte Suprema lo dejaron cesante por unanimidad, y la causa penal derivada terminó con una probation. El reproche es que nunca lo informó cuando concursó para ser juez. “Nadie en el Senado lo habría votado de saber ese antecedente”, había dicho el senador Luis Juez cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, también por unanimidad, abrir el jury.
Castro Bianchi replicó que cuando llegó la cesantía su defendido ya había dejado el Poder Judicial. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, dijo, y agregó que el sistema de inscripción a los concursos no permitía cargar ese tipo de antecedentes. Salmain fue en la misma línea, aunque con un lapsus que no pasó inadvertido: dijo que había dejado el cargo el 1° de febrero de 2002 “en virtud de la denuncia”, y enseguida se corrigió: “de la renuncia”. Con el vínculo laboral extinguido, planteó, la Corte ya no tenía potestad disciplinaria sobre él.
El argumento promete discusión, porque en los archivos del máximo tribunal hay una acordada unánime que documenta que fue echado por su participación en un intento de soborno. Salmain admitió que no consignó su paso por la Justicia al concursar “porque no daba puntos”, pero recordó que ante una pregunta del consejero Rodolfo Tailhade dijo haber trabajado dos años en el cargo más bajo. Lo que no mencionó, y es lo que le reprocha la acusación, es por qué se fue. Para reforzar su defensa apuntó contra el recién designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien según él concursó sin declarar dos sanciones de hace más de diez años. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años” como límite, explicó.
Ubeira, uno de los abogados más conocidos de Cristina Fernández de Kirchner, llevó la discusión al terreno político. Cuestionó que se haya rechazado la declaración de Whpei como testigo y trazó un paralelo con la causa Cuadernos por lo que considera un uso espurio de los arrepentidos. “Si la propia acusación lo baja a Whpei es porque no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque si lo escuchan encontrarán a un girador. Un girador al cual lo han apretado de la peor forma por otros crímenes cometidos. Y el girador a cambio entregó un juez”, afirmó. Según el defensor, detrás del caso hay una disputa de poder entre los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que se pretende saldar “con la liquidación del doctor Salmain”.
El jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Germán de los Santos,Justicia Federal,Conforme a
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Cambios en el Gobierno: renunció el superintendente de Servicios de Salud tras poco más de un año en el cargo
El Gobierno anunció este martes la renuncia de Claudio Stivelman al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que regula y controla a las Obras Sociales y a las empresas de medicina prepaga.
Lo reemplazará Horacio Guevara, un dirigente cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hasta ahora ejercía como el gerente general de la Superintendencia. Según explicaron desde la cartera, Stivelman dio un paso al costado “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”.
El ahora exfuncionario había asumido ese rol el 28 de junio del año pasado en lugar de Gabriel Oriolo. Antes de ese ascenso, Stivelman había sido director de Prestaciones Médicas en la empresa Modum Salud y gerente de Prestaciones en OSPEDYC (Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles).
“La Superintendencia de Servicios de Salud agradece a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida. Durante su gestión se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”, enfatizaron desde el Ministerio.
Por su parte, Guevara fue promovido con la instrucción de “dar continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, según explicaron.
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, Superintendencia de Servicios de Salud
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