POLITICA
Después de semanas complejas, el Gobierno hace esfuerzos para retomar la actividad y recuperar la agenda de gestión
Luego de varios intentos por dejar atrás la polémica abierta por los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que dio lugar a una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional trabaja para relanzar la gestión, que en la práctica implica reimpulsar la actividad y recuperar finalmente la agenda mediática marcada por los movimientos en la causa.
“Es hora de retomar la normalidad”, sintetizó ante Infobae un importante funcionario del Gabinete, que considera que la mediatización del tema que involucra al ex vocero presidencial se agotó.
Para eso, luego de haber ensayado ante la oposición que no dudó en solicitar explicaciones detalladas sobre su situación patrimonial y las salidas al exterior en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador -que estuvo en el centro de la escena- volverá a las conferencias de prensa en un nuevo intento por volver a la dinámica que antecedió a las semanas más complejas del Poder Ejecutivo.
En los últimos días, al conflicto que involucra a Adorni, se sumó la abrupta salida de Carlos María Frugoni, ex funcionario de Economía que fue eyectado cuando admitió que evitó declarar siete propiedades en Miami, y los llamativos gastos registrados en la cuenta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Con la idea de dar vuelta la página de una vez por todas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó el retorno de la prensa acreditada a la Casa Rosada, impedida de ingresar desde el jueves 23 de abril por orden directa del presidente Javier Milei en un accionar inédito desde su creación en 1944.
Si bien, al cierre del domingo, la fecha para el nuevo cruce -prevista para principios de semana- entre periodistas y el ex vocero no estaba cerrada, desde el entorno del funcionario anticipaban que la idea era concretarlo este lunes. El objetivo expuesto, además de retomar la comunicación de gestión, era “darle la bienvenida” a los acreditados que tras su vuelta se verán limitados en sus movimientos. Según fuentes de Casa Rosada, el regreso parece estar condicionado al cumplimiento de nuevas restricciones en la dinámica diaria.
“Hasta ahora vivimos una especie de transición en la que Manuel (Adorni) fue el blanco de todo tipo de ataques. Eso se terminó”, definió un integrante de la mesa política que celebró el regreso de la comunicación de gestión.
En la previa, Adorni rompió el silencio en lo que configuró su reaparición en medios de comunicación luego de dos meses de blindaje y reafirmó que no renunciará al cargo. Ante la posibilidad de nuevas preguntas en torno a su situación judicial, en su equipo aseguran que se ajustará a la línea que planteó en el Congreso el pasado miércoles ante la atenta mirada de los Milei y del Gabinete. Además, adelantan que a diferencia de la última conferencia fallida del 25 de marzo, no se espera la asistencia de ministros ni legisladores en apoyo.
La semana estará marcada además por un nuevo viaje exprés del presidente Javier Milei que partirá el martes a Estados Unidos, en compañía del canciller, Pablo Quirno, en lo que configura su visita número cuatro en lo que va del 2026. El libertario aceptó una invitación del Instituto Milken para disertar el próximo miércoles en la 29ª Conferencia Global, que reunirá personalidades de todo el mundo. Sin más actividades en la agenda, se espera su regreso al país para el jueves al mediodía.
En plena coordinación de un nuevo encuentro de la mesa política, el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.
Tras el envío de nueve proyectos, entre los que destacan la reforma electoral, sin los votos necesarios, en los planes de la Casa Rosada figura la necesidad de avanzar en lo inmediato con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, y en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de varias decenas de pliegos a jueces, defensores y fiscales en el Senado.
Para concretar los deseos del mandatario, La Libertad Avanza sabe que necesita la cooperación de los aliados del PRO y de los gobernadores socios. Entre las filas oficialistas se conversó sobre el tema, y algunos integrantes del reducido círculo designado por Milei aseguran que reina la idea de negociar en paralelo acuerdos electorales y legislativos con los representantes provinciales.
“La dicotomía negociar o no negociar es tonta. Hace falta un blindaje político al gobierno para blindar el programa. Si no hay articulación que ordene los objetivos, entramos en problemas”, admitió ante este medio una importante fuente con acceso al despacho presidencial.
No es casual que en Balcarce 50 se haya habilitado una serie de alternativas, que giran en torno a la suspensión como en 2025 o la quita de la obligatoriedad, en caso de que los aliados reafirmen su negativa a habilitar la eliminación de las PASO contemplada en la reforma electoral.
La secretaria general de la Presidencia parece haber comprendido la premisa y desde principios de abril activó la mesa electoral con gobernadores socios, en la que se combinan el debate por futuras alianzas y temas de gestión. En los próximos días, reeditará sus encuentros en Casa Rosada.
Es en esa clave que el ministro del Interior, Diego Santilli, quien supo ganarse la confianza de la menor de los Milei, tiene previsto retomar la agenda de viajes al interior, y este martes visitará la sede del PRO en la calle Balcarce, en San Telmo, para reunirse con el titular del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y un grupo de jefes comunales.
Pese a que desde el armado se reservan las principales definiciones para después del Mundial 2026, trabajan en el trazado de los primeros contactos y la organización de actividades preliminares a lo que será la compleja campaña electoral rumbo a 2027.
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POLITICA
Desde Tucumán, Milei llamó a los gobernadores a realizar un nuevo Pacto de Mayo: “Es momento de renovar los votos”
En la tradicional vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei hizo un análisis de su gestión y destacó la importancia del Pacto de Mayo —firmado hace 2 años para esta misma fecha—. “El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, aseguró. De esta manera, envió un mensaje a los gobernadores y llamó a “hacere una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”.
“Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025″, comenzó diciendo en su discurso. “Hicimos el ajuste más grande de la histoira, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaban a los argentinos, llevamos más de 2 años con superávit fiscal”, recordó.
El mandatario está acompañado por más de 10 gobernadores, de diferentes extracciones políticas, considerados como dialoguistas y aliados para el Gobierno. Entre los presentes se encuentran, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además, participará la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.
Frente a ellos, Milei convocó a las provincias a “renovar los votos” y “ratificar su compromiso con el Pacto de Mayo”. Así, procedió a mencionar los proyectos que impulsará en el Congreso y pidió “sentar las bases de un nuevo pacto”.
El Presidente llegó a la capital tucumana horas antes de las 23, hora en la que comenzó el acto formal por el Día de la Independencia. La provincia, por su parte, acompañó la vigilia con un show musical en vivo para todos los presentes.
Junto al mandatario, se encuentra la secretaria General de la Presdiencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo; la minsitra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala, en representación del Senado.
Noticia en desarrollo.
POLITICA
Suspendieron al intendente libertario de Allen mientras avanza la causa por presunto peculado y administración fraudulenta
El intendente de Allen, Marcelo Román, fue suspendido preventivamente de su cargo por decisión del Concejo Deliberante, mientras continúa siendo investigado por la Justicia de Río Negro en una causa por presunto peculado y administración fraudulenta.
La medida fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra durante una sesión marcada por fuertes cruces políticos y la presencia de vecinos que siguieron el debate desde el recinto. Como consecuencia de la decisión, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quedó al frente del Ejecutivo municipal de manera interina.
El apartamiento está contemplado en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al Concejo a suspender preventivamente a un funcionario sometido a un proceso penal. La norma establece que la medida se extenderá hasta que exista una resolución definitiva de la Justicia: si el funcionario resulta absuelto recuperará automáticamente el cargo, mientras que una condena firme derivará en su destitución.
La decisión del cuerpo legislativo se produjo en medio del avance de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales. La causa derivó en distintas medidas de prueba, entre ellas allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Allen, una situación que fue mencionada durante el debate por varios concejales que respaldaron la suspensión.
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Desde la mayoría que impulsó el apartamiento sostuvieron que la medida no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del intendente, sino que busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y preservar el funcionamiento institucional del municipio.
La concejal Agustina Sánchez, de Juntos Somos Río Negro, afirmó que el objetivo es “velar por la transparencia pública y resguardar la administración” y aclaró que “esto es un apartamiento preventivo para que la Justicia pueda avanzar en la investigación”.
En la misma línea, su compañero de bloque Gustavo Addamo aseguró que “no hay nada para festejar ni para enorgullecerse” por la situación que atraviesa la ciudad y remarcó: “Queremos que la Justicia tome la decisión correcta. Esto es un apartamiento, no es un golpe de Estado”.
El concejal Guillermo Penessi también respaldó la iniciativa y cuestionó la gestión del jefe comunal. “Hubo muchos errores cometidos por el intendente municipal en delegar sus facultades a terceros que la gente no eligió”, sostuvo. Además, afirmó que el caso plantea “una cuestión legal” y también “una cuestión de respeto y ética”, y expresó su deseo de que la resolución adoptada “sea algo positivo para Allen”.
Por su parte, la concejal Marta Crespo consideró que el allanamiento realizado en la Municipalidad fue un hecho “vergonzoso” y justificó su voto favorable al apartamiento preventivo.
El rechazo del oficialismo
La suspensión fue rechazada por las concejales oficialistas Analía Martínez y Valeria Bezic, además del edil radical Antonio Sepúlveda, quien durante la sesión calificó la decisión como un “golpe constitucional” y cuestionó que se adoptara antes de que exista una sentencia judicial.
Horas antes de la votación, Román publicó un mensaje en sus redes sociales en el que denunció que detrás de la iniciativa existe un intento de desplazarlo del cargo por razones políticas.
“Detrás de este conflicto hay una disputa política de quienes quieren gobernar Allen, sin pasar por las urnas, y por el rumbo de nuestra ciudad”, escribió.
El jefe comunal también advirtió: “Hoy estaríamos ante un golpe Institucional Antidemocrático, y no estará solamente en discusión este Intendente. Estará en discusión si una mayoría circunstancial puede reemplazar la voluntad del pueblo, y violar la Carta Orgánica Municipal”.
Con la suspensión ya vigente, Fabián Figueroa ejercerá las funciones de intendente hasta que la Justicia defina la situación procesal de Román.
El futuro político del jefe comunal dependerá del resultado de la causa penal. La Carta Orgánica de Allen establece que, si la investigación concluye con una absolución, recuperará automáticamente el cargo con todas sus atribuciones. En cambio, una eventual condena firme habilitará su destitución definitiva.
administración fraudulenta, Río Negro, Allen
POLITICA
ARA San Juan: la Justicia condenó a un oficial de la Armada y absolvió a otros tres en el juicio
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, condenó hoy a tres años de prisión, de ejecución condicional, al capitán de navío Claudio Javier Villamide, que conducía la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia del ARA San Juan, que produjo la muerte de sus 44 tripulantes en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. En el mismo fallo, los jueces absolvieron por unanimidad al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era el comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada -el máximo cargo operativo de la fuerza-, y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
En una decisión tomada por mayoría, los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez encontraron a Villamide penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 21 de agosto.
El fallo desconoció los pedidos que había presentado el Ministerio Público Fiscal, en un caso que fue seguido con atención en sectores de la Armada, especialmente entre quienes integran el Foro de Almirantes Retirados, por los efectos que una eventual condena a los cuatro oficiales superiores de la fuerza que enfrentaron el proceso podría tener en las camadas más jóvenes, como informó el último fin de semana. Institucionalmente, las autoridades de la Armada no fijaron posición sobre el tema.
El juicio por la tragedia del ARA San Juan se concentró en los oficiales navales que ejercían funciones por encima del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien murió en el naufragio. Quedaron fuera del proceso judicial el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades políticas, entre ellas el entonces presidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa Oscar Aguad.
El tribunal impuso a Villamide normas de conducta para mantener el carácter condicional de la condena. Deberá fijar domicilio y teléfono en sede judicial, no podrá cometer delitos y tendrá que someterse al contralor de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Decaep).
Los cuatro oficiales de la Armada que enfrentaron el proceso judicial estuvieron presentes en la sala. Antes del veredicto, cada uno expuso sus palabras finales.
“Soy inocente. No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal”, declaró el capitán Villamide en su exposición. Dijo que se desconocen las razones por las cuales el ARA San Juan se fue a pique y, sin embargo, los marinos tuvieron que enfrentar la acusación.
“Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos. Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”, dijo el exjefe de la Fuerza de Submarinos.
En una exposición tensa, declaró: “Se pretende que demos la vida por la patria y, sin embargo, ante un hecho luctuoso y desgraciado, lo primero que se hace es arrojarnos a la arena mediática y judicial para satisfacer la necesidad social de encontrar culpables”.
También el contralmirante López Mazzeo, quien tenía a su cargo el Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, cuestionó el proceso judicial y alegó que no se aportaron pruebas convincentes.
Afirmó que la documentación existente muestra que el motivo del naufragio fue el ingreso de agua por el sistema de ventilación y explicó: “Eso no tiene que ver con el estado de alistamiento del submarino”, al ratificar que el buque estaba en condiciones de navegar y entrar en inmersión.
“La acusación formuló un relato, que intenta completar mediante inferencias. Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso. Donde faltó el dolo, se lo dedujo. Donde faltó la causalidad, se la reconstruyó retrospectivamente”, advirtió López Mazzeo.
El capitán Correa dijo que cumplió en forma rigurosa con todas las responsabilidades que la reglamentación le exigía. “Soy inocente. Actué con el convencimiento absoluto de estar haciendo lo correcto. Cuando me he equivocado, me han sancionado. En la Armada somos rigurosos con nosotros mismos”, señaló ante los jueces. Y agregó: El dolor por la ausencia de los 44 submarinistas del ARA San Juan es un luto institucional”.
Alonso recordó que por su función le tocó acompañar a las familias de los submarinistas en los días de mayor incertidumbre y tensión en Mar del Plata. “No nos prepararon para eso”, dijo. Y recordó con emoción que, en medio de esas jornadas, su hijo le transmitió su decisión de ingresar a la Armada. “Quiero ir a buscar al submarino San Juan”, le confió. Hoy su hijo es guardiamarina, en la aviación naval.
Fiscales y querellas
El Ministerio Público Fiscal había pedido cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, quien fue destituido en marzo de 2021 por el Consejo General de Guerra constituido por el Ministerio de Defensa, durante la gestión de Agustín Rossi. Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el capitán de navío Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para el capitán de fragata Correa, exjefe de Comunicaciones.
Las letradas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, que representan a 34 familias de los marinos muertos en la tragedia, pidieron cinco años de prisión para los cuatro marinos por “la imprudencia grave y sistemática” de quienes tenían el deber de cuidar a los tripulantes.
En tanto, el abogado Luis Tagliapietra, también querellante y padre de una de las víctimas del siniestro, solicitó penas de siete a ocho años de prisión para los cuatro oficiales superiores de la Armada y dejó asentada la reserva federal.
Conocido el fallo, Tagliapietra anticipó a su decisión de apelar y avanzar con un pedido de nulidad del juicio ante la Cámara de Casación Penal. Ya veníamos advirtiendo sobre presiones, las negativas constantes para que se realicen las presiones y el forum shopping para asegurar que el juicio se realizara en Santa Cruz, como pretendía la Armada”, explicó el abogado.
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