El gobierno de Javier Milei anunció este martes que ampliará la denuncia presentada la semana pasada contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina en las islas Malvinas.

“Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización”, detalló el vocero presidencial Adrián Ravier en la conferencia de prensa de esta mañana.

Según explicó, se sumarán nuevas compañías a las que ya habían sido afectadas en la acusación previa. Sin embargo, no dio los nombres de las nuevas empresas denunciadas. “Para nuestro gobierno, es una convicción irrenunciable por historia y por derecho que las Malvinas son argentinas. Recordamos la ocupación británica e insistimos sobre el pedido de la ONU de no realizar trabajos sobre el territorio”, reiteró el portavoz.

Ravier también se refirió a la Base Naval Integrada que el Gobierno construirá en Ushuaia, Tierra del Fuego, y que prevé que esté finalizada para 2029. “Incorporará funciones logísticas; será un punto estratégico para la proyección, para vigilar y controlar recursos naturales, de apoyo a la logística”, enumeró Ravier.

Afirmó además que la base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 comprados a Dinamarca. La compra —realizada en 2024 al Ministerio de Defensa danés— demandó una erogación total para el Estado de US$301.200.000, que se pagarán en cinco cuotas anuales, de acuerdo a lo detallado. A ese monto se sumarán luego otros US$350 millones por el equipamiento militar que proveerá Estados Unidos, por lo que el costo final ascenderá a US$650 millones.

“Tomamos las acciones que estamos tomando, y que están avaladas por gran parte de la población, para tratar de evitar que ciertas empresas se lleven recursos que son nuestros, de nuestra soberanía. La base cumple esa función y las acciones tienen que ser inmediatas si no queremos perder nuestros recursos”, señaló Ravier, ante una consulta sobre por qué el Gobierno financiaba la base.

En la anterior denuncia presentada por el Gobierno a principios de septiembre, 15 empresas y personas fueron imputadas por actividades supuestamente ilegales en el entorno de las islas Malvinas. En su mayoría se trató de accionistas de compañías o firmas relacionadas con ellas, según pudo confirmar .

En el listado aparecían Shlomo Eliahu Holdings Ltda., accionista israelí de Navitas Petroleum; y cuatro accionistas más de Rockhopper Exploration PLC —Abeeeden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd (de Reino Unido), Smr Advisors Sam (de Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (de Israel)—. Navitas y Rockhopper son los dos nombres detrás del proyecto Sea Lion, que planea comenzar con las perforaciones en los próximos meses y con la extracción en 2028.

Además, se le aplicarán sanciones a David Williamsom Dobson, de Reino Unido, quien aparece en los registros oficiales como accionista y “presidente no ejecutivo” de Borders & Southern, otra de las compañías registradas en la primera tanda de penalidades.

Se suman a esta lista representantes de la compañía Eco: Gil Holzman, como accionista y CEO; Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, como accionistas y directores; Alice Carroll, como accionista y miembro; y Gabi Levin, como accionista y CFO. Sus nacionalidades no están detalladas.

En el documento hay además una firma de Países Bajos de nombre Bluewater Energy Services BV, que figura como “proveedor estratégico de infraestructura”. Con el mismo mote aparece Bluewater Sea Lion Production Company Limited, de Reino Unido. Por último, ingresó al proceso sancionatorio Noble Corporation UK Ltd., también de Reino Unido, como “matriz de proveedor estratégico de infraestructura”.

Estas se sumaron al listado de 45 anunciadas por primera vez tras la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves 3 de septiembre. La conferencia del primer mandatario estuvo centrada en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y en anunciar la implementación de una serie de medidas a raíz de las acciones ilegales o sospechosas de actores extranjeros que se desarrollarían en las cercanías de las islas, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.

El Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina celebró el primer avance de la investigación judicial por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida durante la dictadura militar. Dos civiles vinculados en aquel tiempo con el área de Inteligencia del Ejército deberán prestar declaración indagatoria el martes 29 de este mes, a 49 años de los hechos, por lo que los curas villeros convocaron “a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”.

Ponce de León era obispo de San Nicolás y acompañó a familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. Su muerte se produjo el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional 9, en un hecho que en su momento se presentó como un accidente vial, lo que llevó al cierre de la causa.

La Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como un asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura militar, luego de que el obispo denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en la Argentina.

Ahora el juez federal Carlos Alberto Vera Barros dispuso las primeras indagatorias del proceso. Así, deberán presentarse Luis Antonio Martínez, conductor del vehículo que embistió al obispo, y Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Ambos tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar.

Fueron determinantes para declarar “cosa juzgada írrita” la sentencia que había cerrado el caso una reconstrucción realizada por computadora del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la ruta 9, que permitió establecer la mecánica del atentado, y los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado, así como las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado.

“Es posible inferir en grado de sospecha que Bottini junto a Luis Martínez podrían haber tenido el dominio material de los hechos delictivos, esto es, que la colisión, acorde a la hipótesis criminal, fue un atentado pensado y ejecutado por las autoridades militares contra la persona del Obispo Ponce de León y no un accidente”, argumentó la Cámara Federal al disponer la nulidad de la sentencia de 1978 que había cerrado el caso.

“Pastor con olor a oveja”

“A casi 50 años del homicidio de Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, durante la última dictadura militar, y en momentos en que la causa judicial vuelve a moverse tras años de demoras, convocamos a nuestras comunidades y a toda la Iglesia argentina a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”, declaró el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares en su pronunciamiento.

“Para los que no lo conocen: Ponce de León fue un pastor del pueblo, comprometido hasta el fondo con los sacerdotes y comunidades que intentaron renovar la Iglesia argentina desde la cercanía con los más humildes. Al decir de Francisco, un pastor con olor a oveja, respondiendo con el evangelio al desafío del tiempo histórico que le tocó vivir”, dijeron los sacerdotes.

Recordaron, incluso, que el obispo “denunció ante el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y sufrió la persecución del poder militar”. A raíz de ello, hoy la Justicia “encuadra su muerte como un posible crimen de lesa humanidad”.

En su pronunciamiento, los curas de las villas agregan: “Hasta hoy esperamos saber la verdad sobre su muerte” y subrayan que “su legado sigue siendo un llamado de Dios, aquí en la Argentina, para estar al lado de los que padecen injusticias y exclusión”.

Y concluyen: “Prontos a la llegada de nuestro Papá León decimos con él que el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social”.