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Los universitarios reclaman que no se cumplió con el financiamiento y anunciaron un nuevo paro nacional

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Los gremios y federaciones del sistema universitario argentino llevarán adelante un paro total de actividades el próximo miércoles 12 de agosto en todo el país. La medida de fuerza apunta contra el Gobierno Nacional, al que acusan de tres incumplimientos simultáneos: la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación, el desacato a una medida cautelar dictada por la justicia sobre salarios y becas, y el incumplimiento de un acuerdo firmado por la propia administración respecto de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios.

El trasfondo del conflicto lleva más de dos años y medio de tensión acumulada entre las casas de altos estudios y el Ejecutivo, indicaron en un comunicado oficial.

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El Congreso votó la Ley de Financiamiento Universitario hace casi 300 días, pero el Gobierno aún no la ejecuta. A eso se suma que la Corte Suprema dejó en pie una cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios de los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023, resolución que tampoco fue acatada.

El conflicto incluye el incumplimiento de un acuerdo oficial sobre las partidas para los Hospitales Universitarios (AP Foto/Víctor R. Caivano)

El tercer frente abierto involucra el incumplimiento de un acuerdo que el propio Ejecutivo había suscripto sobre los fondos para los Hospitales Universitarios.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), fue uno de los primeros en pronunciarse con dureza. “La total indiferencia del Gobierno de Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales parece no tener límites”, señaló a través de un comunicado en el que anunciaron el paro.

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En su declaración, el dirigente enumeró los tres planos en los que, a su entender, el Ejecutivo desafía al resto de los poderes del Estado y a la ciudadanía: “Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública. Al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta. A la justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023”.

Cagnacci fue terminante al calificar la situación: “Tenemos un gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y qué ley no”.

El secretario general de ADUBA también puso el acento en la dimensión personal del conflicto para quienes trabajan en las aulas, los laboratorios y los hospitales de gestión universitaria.

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Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, afirmó que el Gobierno de Milei ignora los reclamos de las universidades nacionales (EFE/ Adan González)

“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo, como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no quiero estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades. Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales”, sostuvo.

La declaración del dirigente refleja la tensión entre la voluntad de continuar con las tareas cotidianas y la presión que, según los gremios, los empuja a la protesta. “Nos han empujado a esto, ya que aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”, afirmó Cagnacci.

La convocatoria al paro universitario nacional del 12 de agosto se inscribe bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”, lema que resume la postura del conjunto de los gremios y federaciones que adhieren a la medida de fuerza en todo el territorio argentino.

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Luis Barrionuevo dijo que invirtió en Milei, pero que ahora la situación es “malísima” y no lo quiere ver más

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Luis Barrionuevo, jefe sin interrupciones desde 1979 de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), dijo que invirtió en 2023 en el entonces candidato a la presidencia Javier Milei, pero criticó la gestión y aseguró que no lo quiere “ver más”. Además, marcó una fuerte distancia con el kirchnerismo y lanzó: “Cristina [Kirchner] y [Sergio] Massa no existen”.

En diálogo con Carlos Pagni en LN+ en el programa Odisea Argentina, Barrionuevo dijo que invirtió en la candidatura de Milei por su interés en que no gane el kirchnerismo. “Nos hicimos cargo de 10 provincias logísticamente. A mí me interesaba que no gane Massa, me interesaba que no gane el kirchnerismo”, indicó. Sin embargo, luego explicó las razones de su distanciamiento. “Tuve una reunión con Javier de dos horas. Me alcanzó para saber que no lo quiero ver más, me alcanzó para analizar lo que es. Vi un personaje. Una cosa es Javier, que me reservo lo que pienso, y la otra cosa es el presidente”, expresó.

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A su vez, sostuvo que le pidió a Milei que “hable con todos” los sectores. “No puede decir que no acompañamos, porque tampoco te podés hacer cargo de los problemas que tiene este señor, de la crisis que lleva, que yo no sé si no lo saben o se hacen los boludos, pero ya te digo, estamos en una situación malísima”, insistió.

Fue así que criticó también al kirchnerismo: “Massa no existe. Acá hay elementos que no existen. El kirchnerismo tampoco existe. Acá hay dos personas que son dañinas. Una es Cristina [que cumple una condena a seis años de prisión por la causa Vialidad] y la otra es [el expresidente Mauricio] Macri”.

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Respecto a las elecciones presidenciales del 2027, Barrionuevo manifestó su apoyo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que mantiene una interna con la rama más dura del kirchnerismo, La Cámpora, por las candidaturas de cara al año próximo. “Kicillof es el único candidato. Cómo le están pegando. ¿Qué va a hacer el gobernador si dos delincuentes, o tres, o una banda matan a alguien? ¿La culpa la tiene el gobernador? No. ¿O te olvidás de la maldita policía?“, preguntó.

Al ser consultado sobre la situación económica actual, sobre todo en relación a los rubros que nuclea su sindicato, el gremialista sumó: “Desde mediados del año pasado a agosto [de este año] hay 5000 establecimientos gastronómicos cerrados. ¿Sabés cuánto significa? 82.000 puestos de trabajo. Y en salud estamos gastando más. Entonces, vos no tenés trabajo, no hay reactivación, y la recaudación me cayó 35%“, enumeró.

Luis BarrionuevoMauro V. Rizzi

Fue así que mencionó la crisis en salud, en particular, en las obras sociales. “Hoy el Gobierno, no sé si es como los chicos, son inconscientes o se hacen los boludos, pero el sistema está retrotrayéndonos a la época de los 90. En ese momento estaban las obras sociales fundidas. ¿Por qué? Porque sacaron la plata del sindicato para ponerla en la obra social. El negocio que hay de los laboratorios, las droguerías, es sideral. Nos están fundiendo. Estamos en una crisis terminal de la salud», advirtió.

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Hacia el final de la entrevista, el sindicalista anunció su candidatura a senador nacional por Catamarca, su provincia natal y dio sus razones. “No le voy a permitir a los Saadi que vuelvan, cuando yo los combatí”, expresó. Y es que el actual gobernador, Raúl Jalil, anunció que no irá por la reelección y respaldará la candidatura del intendente de la capital, Gustavo Saadi, cuyo difunto hermano (Ramón) fue gobernador de la provincia.




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Tensión entre los gobernadores de Mendoza y La Pampa por la represa Los Nihuiles: “Es muy fácil hacer política con un río”

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El decreto del presidente Javier Milei de otorgarle las regalías a Mendoza por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles recrudeció el viejo conflicto con la provincia de La Pampa por el control del curso de agua y su fuente de energía. En un intenso intercambio por redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) y el de La Pampa Sergio Ziliotto (PJ), volvieron a discutir sobre el tema, con reproches cruzados sobre quién tiene razón en el diferendo que lleva más de cinco décadas.

Ayer, Ziliotto presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del decreto 982/2026 que “vulneran nuestros derechos”, dijo en su cuenta oficial de X. “Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 establecen y ratifican su interprovincialidad. Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana”, planteó.

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Y agregó: “Sus regalías también son pampeanas: mediante Acuerdo del año 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73″.

Ningún Decreto puede anular un acuerdo de partes. Lo dijimos, lo ratificamos. No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea”, concluyó.

Los mandatarios provinciales se cruzaron a través de la red social X.

Ante el comentario, Cornejo argumentó que si bien el curso de agua atraviesa las dos provincias, la represa está radicada en Mendoza. “Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, apuntó el mandatario radical. “Por eso la legislación -continuó-, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica”.

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También sostuvo: “Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia”.

Cornejo se quejó por la decisión de la provincia vecina por llevar la cuestión al ámbito de los tribunales: “Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”.

Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos. Mendoza eligió ese camino y está haciendo su parte. Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender”, remató Cornejo.

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“Inentendible que moleste reclamar”

Con un nuevo mensaje, el gobernador peronista ratificó la postura de La Pampa y le recriminó a Cornejo que, “aunque para usted sea mezclar temas, cumplan con el fallo de 2020 de la propia Corte Suprema, por el que ordena garantizar el ingreso de agua del Río Atuel en forma permanente a nuestra provincia”.

El mandatario pampeano aseguró que “hace 6 años lo incumplen, a pesar de que como usted bien lo dice, el Río Atuel es interprovincial y sus aguas, abundantes o escasas, también nos pertenecen”.

Los gobernadores, Alfredo Cornejo, de Mendoza, y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, enfrentados por un decreto de Javier Milei (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, justificó: “Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso ya que Mendoza mantiene cortado el Río Atuel hace casi 80 años”. “Solo pedimos que se cumplan las leyes y se respeten nuestros derechos”, agregó y cerró: “Tan simple, como inentendible que moleste reclamar lo que nos pertenece”.

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El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río combina al menos dos disputas distintas, aunque relacionadas: una por el uso del agua y otra por las regalías que genera su aprovechamiento hidroeléctrico. La semana pasada, el Gobierno nacional tomó una decisión sobre el segundo de esos frentes y benefició a Cornejo, que es un mandatario aliado en las votaciones en el Congreso.

La Pampa reclamó que Mendoza garantice el ingreso permanente de agua del río Atuel, al citar jurisprudencia de la Corte Suprema

La decisión oficial firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, deja sin efecto el Decreto 1560/73, la norma que durante 53 años reguló el reparto de las regalías entre ambas provincias. Desde su entrada en vigencia, esas regalías serán percibidas en su totalidad por el distrito cuyano.

La instrucción del Poder Ejecutivo define que la provincia cuyana pasará a cobrar el 12% establecido como regalía hidroeléctrica sobre la energía generada por el complejo, un porcentaje que hasta ahora se dividía en partes iguales con La Pampa.

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Ziliotto denunció que el río Atuel permanece cortado hacia La Pampa desde hace casi 80 años

La pelea escaló luego de que en julio se lanzara una nueva licitación para privatizar el complejo hidroeléctrico. Junto a Mendoza, el Gobierno busca un nuevo concesionario del complejo compuesto por cuatro centrales sobre el río Atuel, cuyas concesiones originales vencieron hace más de dos años. El actual operador es Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), empresa en la que Pampa Energía, el conglomerado controlado por el empresario Marcelo Mindlin, tiene una participación directa del 52 por ciento.

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El Gobierno denunciará a más empresas por exploraciones ilegales en Malvinas y dijo que los F16 custodiarán la base en Tierra del Fuego

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El gobierno de Javier Milei anunció este martes que ampliará la denuncia presentada la semana pasada contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina en las islas Malvinas.

“Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización”, detalló el vocero presidencial Adrián Ravier en la conferencia de prensa de esta mañana.

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Según explicó, se sumarán nuevas compañías a las que ya habían sido afectadas en la acusación previa. Sin embargo, no dio los nombres de las nuevas empresas denunciadas. “Para nuestro gobierno, es una convicción irrenunciable por historia y por derecho que las Malvinas son argentinas. Recordamos la ocupación británica e insistimos sobre el pedido de la ONU de no realizar trabajos sobre el territorio”, reiteró el portavoz.

Ravier también se refirió a la Base Naval Integrada que el Gobierno construirá en Ushuaia, Tierra del Fuego, y que prevé que esté finalizada para 2029. “Incorporará funciones logísticas; será un punto estratégico para la proyección, para vigilar y controlar recursos naturales, de apoyo a la logística”, enumeró Ravier.

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Afirmó además que la base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 comprados a Dinamarca. La compra —realizada en 2024 al Ministerio de Defensa danés— demandó una erogación total para el Estado de US$301.200.000, que se pagarán en cinco cuotas anuales, de acuerdo a lo detallado. A ese monto se sumarán luego otros US$350 millones por el equipamiento militar que proveerá Estados Unidos, por lo que el costo final ascenderá a US$650 millones.

“Tomamos las acciones que estamos tomando, y que están avaladas por gran parte de la población, para tratar de evitar que ciertas empresas se lleven recursos que son nuestros, de nuestra soberanía. La base cumple esa función y las acciones tienen que ser inmediatas si no queremos perder nuestros recursos”, señaló Ravier, ante una consulta sobre por qué el Gobierno financiaba la base.

En la anterior denuncia presentada por el Gobierno a principios de septiembre, 15 empresas y personas fueron imputadas por actividades supuestamente ilegales en el entorno de las islas Malvinas. En su mayoría se trató de accionistas de compañías o firmas relacionadas con ellas, según pudo confirmar .

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El presidente Javier Milei, en cadena nacional

En el listado aparecían Shlomo Eliahu Holdings Ltda., accionista israelí de Navitas Petroleum; y cuatro accionistas más de Rockhopper Exploration PLC —Abeeeden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd (de Reino Unido), Smr Advisors Sam (de Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (de Israel)—. Navitas y Rockhopper son los dos nombres detrás del proyecto Sea Lion, que planea comenzar con las perforaciones en los próximos meses y con la extracción en 2028.

Además, se le aplicarán sanciones a David Williamsom Dobson, de Reino Unido, quien aparece en los registros oficiales como accionista y “presidente no ejecutivo” de Borders & Southern, otra de las compañías registradas en la primera tanda de penalidades.

Se suman a esta lista representantes de la compañía Eco: Gil Holzman, como accionista y CEO; Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, como accionistas y directores; Alice Carroll, como accionista y miembro; y Gabi Levin, como accionista y CFO. Sus nacionalidades no están detalladas.

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En el documento hay además una firma de Países Bajos de nombre Bluewater Energy Services BV, que figura como “proveedor estratégico de infraestructura”. Con el mismo mote aparece Bluewater Sea Lion Production Company Limited, de Reino Unido. Por último, ingresó al proceso sancionatorio Noble Corporation UK Ltd., también de Reino Unido, como “matriz de proveedor estratégico de infraestructura”.

Estas se sumaron al listado de 45 anunciadas por primera vez tras la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves 3 de septiembre. La conferencia del primer mandatario estuvo centrada en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y en anunciar la implementación de una serie de medidas a raíz de las acciones ilegales o sospechosas de actores extranjeros que se desarrollarían en las cercanías de las islas, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.




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