A días de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional dispuso la ampliación temporal de las Reglas de Protección Aeroespacial, un protocolo que habilita el uso de la fuerza como último recurso contra aeronaves de origen externo declaradas hostiles.

Por medio de la publicación del Decreto N° 1334/2026 en el Boletín Oficial, se confirmaron nuevas restricciones al tránsito aéreo y una coordinación reforzada entre autoridades civiles y militares. El objetivo declarado es proteger los actos papales que tendrán lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

De esta manera, la norma amplía las reglas aprobadas en 2016 para las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA. Se trata de los espacios que comprenden sectores de alta circulación aérea alrededor de los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.

Como punto central de las modificaciones, las autoridades habilitaron “el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’”.

En este sentido, el uso de la fuerza implicará “el empleo del poder de fuego disponible por parte de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria”. Asimismo, deberá contemplarse un plan para minimizar el riesgo de daños a la vida y/o bienes en la superficie.

Para que eso ocurra, el decreto exige la comprobación de un “acto hostil”. La definición abarca desde un ataque armado, el uso o la amenaza inminente de usar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

Entre los indicios que pueden ser evaluados como hostiles figuran la presencia de armamento o la persistencia, pese a las advertencias, de una trayectoria, una altura o una velocidad compatibles con un ataque contra un blanco determinado.

No obstante, la declaración de hostilidad corresponderá al comandante conjunto aeroespacial, una vez confirmada la situación. Pero la aplicación de la regla que habilita el empleo de armas deberá contar con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti, una atribución que el presidente Javier Milei delegó para este operativo y que no podrá ser transferida a otra autoridad.

También deberán intervenir medios militares que estén bajo el comando o control operacional de la autoridad de ejecución, que tendrán el objetivo de evitar la afectación de un interés vital o de un objetivo de valor estratégico.

Por otro lado, el decreto diferencia de manera expresa el tratamiento de las aeronaves civiles. Ante el incumplimiento de una instrucción, la respuesta prevista es la interceptación y la orden de aterrizaje en el lugar que se indique.

En línea con esto, establecieron que el Comando Conjunto Aeroespacial dirigirá la respuesta operativa y deberá coordinar con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones que se apliquen a los vuelos. La ANAC, a su vez, deberá adoptar las medidas necesarias y aportar el apoyo requerido por el mando militar.

La norma no establece una prohibición general de vuelos, pero sí habilita a las autoridades a graduar las limitaciones según el escenario y a desviar aeronaves civiles fuera de un área afectada si fuera necesario para preservar la seguridad operacional.

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En este sentido, remarcaron que “cada evento irregular configurará una degradación de la situación aeroespacial en la zona afectada, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Protección Aeroespacial”.

Así, en caso de detectarse una irregularidad en una de las zonas restringidas, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá asumir distintos niveles de conducción sobre el área y sobre los servicios de navegación aérea de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El primer nivel será el control por coordinación. En ese escenario, el mando militar informará al supervisor del servicio de navegación aérea para que adopte medidas y, cuando sea posible, desvíe vuelos civiles de la zona involucrada.

En un segundo nivel, denominado control total bajo subordinación directa, los controladores continuarán con sus tareas habituales, aunque deberán aplicar las restricciones que ordene el Comando Conjunto.

El nivel más amplio es el control total integral, el cual permite despejar el área de aeronaves civiles para que operen exclusivamente medios militares y deja toda autorización de vuelo bajo control militar, según lo dispuesto previamente. La decisión sobre qué nivel aplicar quedará en manos del comandante conjunto aeroespacial y dependerá de cada situación.

Por último, las autoridades informaron que el gasto del operativo será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.

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La Iglesia argentina intensificó este martes su reclamo al Senado para que avance con la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó una campaña de recolección de firmas y pidió a los legisladores que traten la iniciativa antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, ante el riesgo de que termine archivada.

La presión se produce a pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina y después de que la Cámara alta aprobara una moción de preferencia para tratar el proyecto, que lleva casi dos años sin conseguir su sanción definitiva.

La organización eclesiástica impulsó una petición en Change.org bajo la consigna: “Sres. Senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online”. Según los datos difundidos por los organizadores, la iniciativa reunió cerca de 1.400 adhesiones, con más de 500 nuevas firmas en una sola jornada.

El reclamo retoma una carta enviada en octubre a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los senadores, en la que la Pastoral Social advirtió sobre las consecuencias del juego compulsivo, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

“La ludopatía es un atentado contra la vida”, recordó la entidad, que cuestionó los intereses económicos vinculados a las apuestas y reclamó una intervención más firme del Estado.

La advertencia de la Iglesia por el avance de las apuestas online entre los adolescentes

La Comisión Episcopal de Pastoral Social sostiene que la expansión de las plataformas digitales de apuestas genera consecuencias sobre la salud mental, la economía familiar y la vida escolar.

En su presentación, reclamó que los legisladores asuman la responsabilidad de proteger a los sectores más vulnerables y cuestionó la demora en el tratamiento parlamentario.

“No hacer nada” también es una decisión, advirtió la entidad, que señaló que la falta de regulación podría profundizar los daños sociales y sanitarios asociados a la ludopatía.

Los datos disponibles reflejan la dimensión del problema. Según el estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó dinero por Internet al menos una vez.

La investigación también reveló que más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que realizó apuestas online.

Por su parte, un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina indicó que seis de cada diez adolescentes están expuestos a estas plataformas y que aproximadamente uno de cada ocho menores que apuesta contrajo deudas.

Entre los colaboradores de la Pastoral Social se encuentra el psicólogo y exjugador de Los Pumas Matías Dalla Fontana, quien participó de reuniones sobre la problemática con legisladores nacionales.

Dalla Fontana vinculó la protección de los menores con la soberanía y la salud pública. “Cuidar la vida es Soberanía: No habrá futuro posible sin un debido resguardo, sin un debido cuidado de los más pequeños, de los más débiles”, sostuvo.

Qué establece la ley contra la ludopatía y por qué corre riesgo de quedar archivada

El proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Desde entonces permanece pendiente de tratamiento en el Senado.

La semana pasada, la senadora peronista Lucía Corpacci solicitó una moción de preferencia para acelerar su debate. La propuesta fue aprobada, aunque eso no garantiza que la iniciativa llegue a convertirse en ley.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las impulsoras del proyecto, cuestionó las demoras y advirtió sobre la posibilidad de que el oficialismo permita que la iniciativa pierda vigencia.

El texto aprobado en Diputados contempla distintas medidas para limitar el acceso de menores a las apuestas y reducir los riesgos asociados al juego compulsivo:

• Prohibición de publicidad y patrocinio: impide que las plataformas promocionen sus servicios en medios de comunicación, redes sociales, camisetas deportivas y eventos, incluso mediante influencers y figuras públicas.
• Controles biométricos: establece mecanismos de verificación de identidad y edad para impedir que menores ingresen a las plataformas utilizando datos de terceros.
• Sanciones al juego ilegal: prevé penas de prisión para operadores clandestinos, con agravantes cuando estén involucrados menores.
• Prevención y asistencia: incluye campañas educativas, herramientas de autoexclusión y límites para el uso de plataformas de apuestas.
• Restricciones a los medios de pago: prohíbe utilizar tarjetas de crédito y establece controles sobre las operaciones autorizadas.

El principal obstáculo es el calendario legislativo. Las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre, mientras que el proyecto conservaría formalmente estado parlamentario hasta el 1° de marzo de 2027.

Para tratarlo durante las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo debería incorporarlo al temario. Además, si el Senado introduce modificaciones, el texto deberá regresar a Diputados.

Como parte de su estrategia moderada ante el Gobierno, la CGT prevé luego de la visita del Papa y antes de fines de año un paro parcial de 2 o 4 horas y un acto en una cancha de fútbol para presionar al PJ. Pero, sin romper con la central obrera, otros sectores sindicales decidieron tomar la iniciativa por su cuenta para exteriorizar su rechazo a las políticas de la administración libertaria.

Por un lado, como anticipó Infobae, unos 50 sindicatos piloteados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) harán una presentación conjunta ante la Justicia en reclamo de que el Ministerio de Economía libere unos 688 mil millones de dólares que tiene retenidos y de que los devuelva al sistema sindical de salud.

La decisión se convertirá, en los hechos, en un desafío a la CGT, que también está preocupada por la crisis “casi terminal” de las obras sociales, como la calificó la central obrera en un informe, pero aún no tomó ninguna medida para tratar de que el Gobierno restituya fondos que provienen de la seguridad social para revertir el agudo déficit financiero del sistema sindical de salud.

Pero ahora, además, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resolvieron sumarse este miércoles a la habitual marcha de los jubilados ante el Congreso sin esperar el aval de la CGT y no descartan adherir a otras movilizaciones contra el Gobierno.

Aunque la iniciativa surgió del titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (CATT), enrolado en el ala dura, no hay ninguna intención de romper con la CGT. Todo lo contrario: este dirigente, así como sus colegas de Camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, buscan una manera de que se visualice su oposición a las medidas de Javier Milei sin depender en un 100% de lo que decida la cúpula cegetista.

Por eso los gremios del transporte están organizándose para llevar una columna propia a la marcha de los jubilados, que, el 22 de julio pasado, fue la primera de las movilizaciones dispuesta por la CGT en su plan de lucha, donde, hasta ahora, se convocó a otras concentraciones callejeras y se desechó un paro general contra Milei

Por su parte, la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA), que preside Ricardo Pignanelli (SMATA), también se diferenciará de la CGT con una medida inédita que no incluirá paros ni marchas sino una campaña de videos en las redes para “mostrar la producción argentina y defender el trabajo”.

La iniciativa, organizada junto con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), consiste en una “jornada nacional” que comenzará este jueves 5, a las 12, en fábricas, talleres, comercios y empresas de todo el país con la consigna: ”Defender la producción nacional para defender tu trabajo”.

Los impulsores de esta acción procuran mostrar “qué se pierde cuando una empresa deja de producir y se destruye un empleo”. Y, a la vez, se proponen destacar “la importancia de sostener y defender a las pequeñas y medianas empresas, la industria y el comercio nacional”.

La idea de los sindicatos industriales es que trabajadores, emprendedores y empresarios filmen videos breves para contar quiénes son, dónde trabajan, qué producen y qué actividades desarrollan, imágenes que se compartirán ese mismo día y los siguientes en redes sociales, mediante cuentas personales, grupos digitales e instituciones, con el hashtag #QueremosTrabajar.

Además de SMATA, promueven esta campaña los sindicatos de metalúrgicos, alimentación, mineros, textiles, cerveceros, petroleros privados, químicos y petroquímicos, aceiteros, gráficos, personal de la carne, ceramistas, plásticos, empleados textiles, empleados del vidrio, curtidores, lecheros y papel, entre otros.

Este tipo de acciones confirma la tendencia sindical de protestar sin paralización de actividades, motivada por varios factores, como la propia renuencia de las bases a hacer huelgas que impliquen descuentos salariales o la pérdida del presentismo y, a la vez, el temor de los dirigentes a las sanciones previstas en caso de no ajustarse a los límites previstos en la Ley de Modernización Laboral para hacer paros en actividades consideradas esenciales y trascendentales, que deben garantizar un 50% o 75% de servicios mínimos.