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POLITICA

Nuevo Código Penal: el Gobierno debate si enviar al Congreso un proyecto acotado o una reforma integral

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La Casa Rosada sigue discutiendo la reforma del Código Penal. En Balcarce 50 conviven diferencias sobre el alcance del proyecto, el formato de envío y la interpretación de una decisión que Javier Milei tomó antes de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La tensión ya se metió de lleno en la interna por el control del área entre Karina Milei y Santiago Caputo.

En el Gobierno sostienen que la instrucción presidencial durante el verano fue no enviar un código completamente nuevo, sino una reforma amplia del Código Penal vigente.

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La explicación que dan es política: un texto enteramente nuevo obligaba al oficialismo a fijar posición sobre temas sensibles, entre ellos el aborto, al reemplazar integralmente el régimen actual.

Es por eso que, aseguran, la idea de un “nuevo código” fue más discursiva que jurídica y lo que en verdad se buscaba era una modificación profunda, pero sin abrir esa discusión. Es en ese punto donde aparecen las diferencias tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Gabinete.

En el entorno del asesor acusan a Mahiques de haber interpretado a su favor aquella definición de Milei y de haberla usado para dejar de lado la reforma integral que ya se venía trabajando.

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La idea que circula en el Gobierno es que el texto reducido podría ser remitido al Senado en el mediano plazo (Foto: Agustina Ribó).

Sostienen que el ministro tomó el criterio de no mandar un código nuevo como argumento para avanzar con su propio esquema: un proyecto recortado ahora y una reforma más amplia más adelante.

En Justicia rechazan esa acusación. Cerca del ministro mantienen la postura de que lo acordado con el Presidente fue justamente avanzar de esa forma: enviar primero una reforma en partes y dejar para una etapa posterior la discusión de un nuevo Código Penal.

En ese esquema, explican, el proyecto reducido sigue en la Secretaría de Legal y Técnica a la espera de la firma presidencial para ser remitido al Congreso, mientras que el resto de la iniciativa permanece en el ministerio.

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Las tensiones se reavivaron luego de que circulara en la Casa Rosada la versión de que en la última reunión de mesa política se definió avanzar con el envío de la reforma completa. En el Ministerio de Justicia rechazan esa lectura y sostienen que no se remitirá por ahora un código nuevo, sino la versión reducida. “No hubo órdenes en otro sentido”, agregan.

La discusión, en rigor, no es solo técnica. Quedó atravesada por la pelea entre los sectores que orbitan alrededor de Karina Milei y Santiago Caputo por el manejo de Justicia.

Leé también: El Gobierno descarta abrir un diálogo con la CGT y prepara una reforma sindical para el segundo semestre

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En un sector sostienen que se está tergiversando la definición original del Presidente y en el otro responden que la interpretación que hoy se cuestiona fue la que se habló con Milei y la que sigue vigente.

En Balcarce 50 reconocen que todavía no hay una estrategia cerrada sobre cómo se enviará el proyecto ni quién se encargará de defenderlo en el Congreso.

La idea que circula hoy en el Gobierno es que el texto reducido podría ser remitido al Senado en el mediano plazo, pero por ahora no hay una hoja de ruta definida ni un acuerdo político consolidado con aliados para avanzar con el tema. La reforma corta incluye capítulos que el oficialismo considera más defendibles en términos políticos y con mayor viabilidad parlamentaria.

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Entre ellos figuran nuevas tipificaciones y agravamiento de penas para delitos migratorios, estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, grooming, abuso sexual infantil, armas en cárceles y picadas.

El resto de la discusión, que abarca el rediseño más amplio del Código, quedó otra vez sujeto a una interna que ya desbordó el plano jurídico. En el Ejecutivo insisten en que la reforma penal sigue en carpeta y que no fue postergada formalmente.

Casa Rosada, codigo penal

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POLITICA

Paliza histórica para Trump: ¿Y ahora?

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George McGill era demócrata. En 1932 ganó la banca para senador por el estado de Kansas, en Estados Unidos. Su partido nunca más lo hizo. Hasta ayer. Adam Hamilton ganó la banca. Pasaron 94 años para que eso sucediera. Donald Trump lo hizo posible. En South Carolina, la última victoria demócrata en una carrera para el Senado por el estado había sido Fritz Hollings en 1998. Ayer volvió a suceder. Historias como estas se repiten en una de las peores elecciones de medio término para un Gobierno estadounidense.

El aumento en el costo de vida. Temor a seguir perdiendo frente a la inflación. Guerras que empiezan y nunca terminan. El miedo a medidas cada vez más punitivas entre inmigrantes. Un combo perfecto y un título que llegó al corazón del votante: “Controlar el Congreso para controlar a Donal Trump”. Pero fue mucho más que eso. Fue un golpe al ego del Presidente. Casi tan alto como los números del combustible de su país. El resultado fue contundente. Por primera vez desde que ejerce el máximo cargo, tendrá a la oposición por encima suyo. El Senado ahora es demócrata. Y la incógnita es saber cómo reaccionará el mandatario ante el avance opositor que buscará poner un freno a los últimos dos años de su gestión. Y tendrá la capacidad de avanzar en investigaciones sobre decisiones que tomó la administración republicana, como por ejemplo quiénes fueron los ganadores del negocio por el petróleo de Venezuela. “Me transformaré en el Señor Veto”, había dicho a la CCN a 24 horas del cierre. En medio del conteo, disparó su furia contra Fox News: “La encuesta de Fox News, que siempre es la peor, resulta sumamente ofensiva por las preguntas que plantea. Cada pregunta es un ataque premeditado, y ante cada respuesta, ¡solo cabe decir: «¡Pura mierda!». Esto lleva ocurriendo años”, escribió Trump en la red Truth Social.

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Mientras los primeros resultados aparecían en las pizarras, en la embajada argentina se esforzaban por aclarar algo que repetían en la previa de la elección: “Esto no cambia nada. El mensaje del presidente Javier Milei siempre fue el mismo, incluso antes de la llegada de Trump al poder y es que Argentina tiene que tener una alianza estratégica con los Estados Unidos. Se planteó cuando aún estaba Joe Biden. Y se seguirá planteando”. El evento realizado en el primer piso mezcló a diplomáticos argentinos, entre ellos al embajador Alec Oxenford, y al subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, con legisladores y empresarios. La noticia fue pésima. Para suerte de ellos, el agasajo terminó a las 18, antes de los primeros resultados oficiales.

El Gobierno siguió de cerca los resultados de las elecciones en EEUU (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

El lunes, uno de los más de 40 think tank que existen en Washington dialogó con Infobae en estricto off the record. Realizaban un análisis de la consecuencia que podría traer el control opositor sobre ambas Cámaras. La pregunta de este medio fue si podían ofrecer algún ejemplo que repercutiera en Argentina y Latinoamérica. “Bueno, los demócratas podrían activas comisiones investigadoras. Hay dos puntos que pueden servir para entenderlo. Habrá pedidos de información sobre quiénes fueron los ganadores del petróleo venezolano. Y porque no, solicitar más información sobre el financiamiento que Estados Unidos le brindó a la Argentina en 2025”. Fue la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien solicitó datos por la ayuda financiera del gobierno de Trump a la Argentina. Reclamó mediante una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que cierre la línea de swap por US$20.000 millones con el país, en enero del 2026. En aquel comunicado, pidió acceder a una copia del acuerdo. Si bien ese tipo de inquietudes no tiene el poder para frenar decisiones que pueda tomar Trump en 2027, la intención es poner bajo la mirada pública este tipo de acciones.

De recorrida por Washington, quizás uno de los distritos más demócratas del país, se observó durante toda la noche un clima festivo. A contramano del silencio que hubo dos años atrás cuando Trump arrasó en la elección ejecutiva. “Esto nos vuelve a demostrar que nada es para siempre. Ahora Trump va a tener que escuchar”, dijo eufórico un joven estudiante que pasó esta semana en casa de sus padres para la elección. En algunos pubs clásicos los resultados se siguieron en pantallas por todo el lugar y se festejaba como un gol cada triunfo opositor.

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El aumento en el costo de vida, las guerras y el miedo a medidas cada vez más punitivas para inmigrantes son algunos de los cuestionamientos del electorado a la gestión de Trump (REUTERS/Vincent Alban)

Amine tiene 54 años. Llegó desde Marruecos cuando tenía 19 gracias al recibimiento que le hizo un primo. Vive en Arlington. Votó con el sistema de votación anticipada. Fue por los demócratas. “La primera vez que se presentó Trump lo voté. Pero nunca más. Todo subió. Manejo un auto de aplicación y cada vez alcanza para menos. Pero no tengo miedo por mí sino por mis hijos. El Congreso puede frenar su política ante inmigrantes. Mira si un día echan a mis hijos? El Gobierno solo habla de negocios. El resto pasa a un segundo plano”. Scott es oriundo de Washington. Vive aquí desde siempre. Hoy, con 42 años, cree que Trump es aún la novedad. “Lo acusan de ser sistema pero vino a modificar las cosas. Me causa gracia que lo insultan por su verborragia. Nosotros no lo escuchamos. Sino que miramos la política. Ey! Tiene 81 años. Mi padre también dice incoherencias. Por eso hay que ver los hechos más allá de todo”.

Por último, el KO. La piña llegó desde Texas. El último demócrata en ganar una elección allí había sido Lloyd Bentsen en 1988. Los malos resultados se acabaron ayer. James Talarico, con 37 años se quedó con la banca en el Senado. “No tiene que ver con Izquierda o Derecha, sino entre los de arriba y los de abajo”, dijo luego de votar. “Realmente dimos el golpe, es hora de trabajar para frenar a un Presidente que se creyó superpoderoso”, festejaron desde su equipo de campaña con los resultados en las pantallas.

North America

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“Les vamos a caer con todo el peso de la ley”: el Gobierno porteño repudió el ataque a las mujeres trans en Palermo

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, repudió los ataques a las mujeres trans en Palermo y aseguró que no permitirá que los delitos queden impunes.

“Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

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En esa línea, la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, apuntó: “En la Ciudad de la diversidad y del abrazo a todos, repudio absolutamente el ataque en Palermo a las mujeres trans. Que les caiga todo el peso de la ley a los culpables que atacaron, además, la convivencia y el respeto de todos los porteños”.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes. Según reconstruyeron las víctimas, eran entre 50 y 60 jóvenes, la mayoría en bicicleta, que rodearon a las mujeres mientras estaban paradas sobre una de las calles internas y las golpearon con palos, conos y escobas.

El mensaje de Jorge Macri sobre los ataques a mujeres trans en Palermo. (Foto: Captura X / @jorgemacri)

La secuencia comenzó la noche del domingo y se extendió hasta el lunes a la madrugada, primero con burlas y provocaciones. Ante la reacción de las víctimas, los agresores regresaron armados y atacaron salvajemente a las trabajadoras sexuales.

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Los atacantes filmaron todo el ataque y subieron las imágenes a Instagram y TikTok bajo la consigna “A correr a los trabas”, acompañadas de emojis de risa y mostrando la violencia como un espectáculo.

La fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga ya está al frente del caso.

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POLITICA

Por la visita del Papa, el Gobierno amplió el control aéreo y autorizó el uso de la fuerza ante un acto hostil

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A días de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional dispuso la ampliación temporal de las Reglas de Protección Aeroespacial, un protocolo que habilita el uso de la fuerza como último recurso contra aeronaves de origen externo declaradas hostiles.

Por medio de la publicación del Decreto N° 1334/2026 en el Boletín Oficial, se confirmaron nuevas restricciones al tránsito aéreo y una coordinación reforzada entre autoridades civiles y militares. El objetivo declarado es proteger los actos papales que tendrán lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

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De esta manera, la norma amplía las reglas aprobadas en 2016 para las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA. Se trata de los espacios que comprenden sectores de alta circulación aérea alrededor de los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.

Como punto central de las modificaciones, las autoridades habilitaron “el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’”.

El armado del escenario donde el Sumo Pontífice tiene previsto dar una misa

En este sentido, el uso de la fuerza implicará “el empleo del poder de fuego disponible por parte de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria”. Asimismo, deberá contemplarse un plan para minimizar el riesgo de daños a la vida y/o bienes en la superficie.

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Para que eso ocurra, el decreto exige la comprobación de un “acto hostil”. La definición abarca desde un ataque armado, el uso o la amenaza inminente de usar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

Entre los indicios que pueden ser evaluados como hostiles figuran la presencia de armamento o la persistencia, pese a las advertencias, de una trayectoria, una altura o una velocidad compatibles con un ataque contra un blanco determinado.

No obstante, la declaración de hostilidad corresponderá al comandante conjunto aeroespacial, una vez confirmada la situación. Pero la aplicación de la regla que habilita el empleo de armas deberá contar con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti, una atribución que el presidente Javier Milei delegó para este operativo y que no podrá ser transferida a otra autoridad.

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La zona de seguridad delimitada en Luján

También deberán intervenir medios militares que estén bajo el comando o control operacional de la autoridad de ejecución, que tendrán el objetivo de evitar la afectación de un interés vital o de un objetivo de valor estratégico.

Por otro lado, el decreto diferencia de manera expresa el tratamiento de las aeronaves civiles. Ante el incumplimiento de una instrucción, la respuesta prevista es la interceptación y la orden de aterrizaje en el lugar que se indique.

En línea con esto, establecieron que el Comando Conjunto Aeroespacial dirigirá la respuesta operativa y deberá coordinar con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones que se apliquen a los vuelos. La ANAC, a su vez, deberá adoptar las medidas necesarias y aportar el apoyo requerido por el mando militar.

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La norma no establece una prohibición general de vuelos, pero sí habilita a las autoridades a graduar las limitaciones según el escenario y a desviar aeronaves civiles fuera de un área afectada si fuera necesario para preservar la seguridad operacional.

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En este sentido, remarcaron que “cada evento irregular configurará una degradación de la situación aeroespacial en la zona afectada, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Protección Aeroespacial”.

Así, en caso de detectarse una irregularidad en una de las zonas restringidas, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá asumir distintos niveles de conducción sobre el área y sobre los servicios de navegación aérea de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El primer nivel será el control por coordinación. En ese escenario, el mando militar informará al supervisor del servicio de navegación aérea para que adopte medidas y, cuando sea posible, desvíe vuelos civiles de la zona involucrada.

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En un segundo nivel, denominado control total bajo subordinación directa, los controladores continuarán con sus tareas habituales, aunque deberán aplicar las restricciones que ordene el Comando Conjunto.

El nivel más amplio es el control total integral, el cual permite despejar el área de aeronaves civiles para que operen exclusivamente medios militares y deja toda autorización de vuelo bajo control militar, según lo dispuesto previamente. La decisión sobre qué nivel aplicar quedará en manos del comandante conjunto aeroespacial y dependerá de cada situación.

Por último, las autoridades informaron que el gasto del operativo será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.

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