Días antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Lo hizo el 31 de mayo pasado, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenidos por este medio.

La constancia oficial −vigente hasta el 9 de julio− indica que Angeletti (CUIT 27-29865407-0) pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, y será un factor a tomar en cuenta en la investigación criminal que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py.

La Ley 27.799 funciona como mecanismo de sinceramiento para contribuyentes que operaron en la economía gris. Quien se acoge evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas. No es un perdón fiscal absoluto, sino una normalización sin castigo. En el caso de Angeletti, la adhesión al régimen y su formalización simultánea en impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias en octubre de 2025 sugieren que durante años habría operado sin registración tributaria plena.

El movimiento adquiere particular relevancia por la posición que ocupa Manuel Adorni. El jefe de Gabinete ha sido vocero central de la administración Milei en materia de políticas de transparencia estatal, control del gasto público y lucha contra la corrupción. Como portavoz oficial, fue el encargado de enfatizar el mensaje de austeridad y probidad. En ese contexto político, la regularización tributaria tardía de su cónyuge genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario.

En ese sentido, el desfase temporal entre el registro como autónoma y la formalización tributaria es sustancial. Angeletti figura registrada en actividad como trabajadora autónoma desde abril de 2017, bajo el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y se desempeñó durante años como monotributista.

Sin embargo, la esposa de Adorni no formalizó su inscripción en IVA ni en el impuesto a las ganancias hasta octubre de 2025, casi ocho años después, cuando Adorni ya era funcionario público de primera línea, y ambos ya integraban la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).

Para los investigadores judiciales, la decisión de Angeletti de acogerse al régimen de “inocencia fiscal” abre nuevos interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero, según reconstruyó , en tanto que esperan la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete.

De acuerdo con la ARCA, Angeletti se encuentra categorizada como autónoma T2 −con ingresos desde $20.001 anuales− y presentó la solicitud de adhesión al régimen de inocencia fiscal el 31 de mayo pasado. Pero la constancia no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799. Esa información permanece bajo secreto fiscal y no es accesible públicamente.

Lo que permanece desconocido es sustancial. No existe registro público sobre la magnitud de los fondos regularizados, el origen de esos ingresos, ni las razones específicas por las cuales Angeletti decidió sincerar sus números de 2025, año electoral de alto escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios. Tampoco se conoce si la adhesión respondió a una revisión voluntaria de conciencia, a asesoramiento fiscal reciente, a presiones mediáticas o institucionales, o a consideraciones de riesgo reputacional por su vínculo con Adorni.

La familia Adorni ha sido objeto de cobertura investigativa previa respecto a su patrimonio, propiedades inmobiliarias y operaciones financieras. Cuando consultó a Adorni sobre la situación fiscal de su esposa, no proporcionó comentarios.

Los bienes y gastos que se conocen

El domicilio fiscal declarado por Angeletti ante la ARCA figura en Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, ciudad de Buenos Aires. Se trata del departamento que habitaba el matrimonio Adorni antes de adquirir el departamento en Caballito, en 2025, por el cual pagaron US$30.000 en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de US$200.000 por parte de las vendedoras, dos jubiladas, según las constancias de la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese expediente, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se analizan otras compras y gastos. Por caso, US$120.000 por la casa del country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por la que el matrimonio pagó en 2024 US$20.000 en efectivo y tomó una hipoteca por US$100.000, esta vez con una policía retirada y su hija. Las mujeres declararon que Adorni aún les debe US$70.000 de esa operación.

A su vez, el contratista Matías Tabar declaró que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo, y sin facturar, por refaccionar la casa de Indio Cua. El ingreso a ese country insumió otros US$5000.

Además, la Justicia investiga gastos por US$27.658 en viajes al exterior de la familia Adorni (Aruba, Punta del Este y España), más US$6000 en una escapada a Bariloche y otros gastos en destinos locales.

A esas operaciones se sumó una deuda de Adorni por US$65.000 por un acuerdo de palabra con Pablo Martín Feijoo, según declaró en sede judicial el desarrollador inmobiliario e hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento de Caballito.

Finalmente, Adorni y Angeletti acumularon consumos y gastos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito, sólo durante 2025, a un promedio de $7,1 millones por mes, en momentos en que el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y ella figuraba como monotributista, según reconstruyó en base a datos oficiales del Banco Central (BCRA), registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera.

Un informe técnico preliminar acerca del origen de la criptomoneda $LIBRA debilita la explicación que ofreció el presidente Javier Milei respecto al tuit con el que le dio promoción al activo digital que acabó bajo sospecha de estafa.

El análisis, realizado por un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal y anexado ahora al expediente judicial, indica que la moneda no estaba enlistada en ninguna plataforma centralizada de compra y que solo un único actor tenía el “control primario absoluto” sobre los mil millones de unidades de $LIBRA creadas el 14 de febrero de 2025, a las 18:38.

Se trata de la cuenta que en la investigación fue identificada como una billetera fundacional del proyecto, bajo control del equipo de Hayden Davis.

Cuando el caso explotó, con la quita masiva de fondos y el derrumbe inmediato de la moneda, Milei dijo en una entrevista que había promovido una moneda que “era pública”, aunque nunca explicó de dónde obtuvo el contrato alfanumérico de 44 caracteres que posibilita comprar una moneda que no estaba enlistada en ningún sitio y había sido creada 23 minutos antes.

En esa misma entrevista, se refirió a los damnificados como “operadores de la volatilidad” y afirmó que se necesitaba ser una persona “hiper especializada” y estar “recontra interiorizado” en el tema para comprar el activo del que él había tomado conocimiento.

“[…] al momento de la publicación del token −señala el informe− el mismo no se encuentra enlistado en exchanges centralizados, por lo cual los usuarios para el acceso inicial, dependen de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución”.

La única plataforma local que alcanzó a poner a $LIBRA como una opción de compra fue Ripio, pero recién a las 21.40.

El informe apuntaló lo que el experto crypto Fernando Molina había anticipado al declarar en la Cámara de Diputados: que ese código no estaba disponible en ningún sitio de internet a las 19.01, cuando lo publicó Milei.

El trabajo de la Policía −que es preliminar− se suma a otra información acumulada en el expediente que pone bajo tensión aquella explicación del Jefe de Estado sobre cuán al tanto estaba del proyecto. El peritaje realizado sobre el teléfono de Mauricio Novelli, el lobista local que habría hecho llegar la propuesta al Presidente, indicó que Milei estaba al teléfono con él en los minutos previos y posteriores al tuit.

Ese día, Novelli se encontraba en Texas, Estados Unidos, reunido con Hayden Davis, tal como dio a conocer en su momento Clarín. Al respecto, el empresario dijo en una entrevista: “No me hagan el enemigo público número 1. No es que yo lo hackeé o algo. Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono”.

Del mismo peritaje surgió una imagen con un texto borroso en el que, días antes del lanzamiento de $LIBRA, se describía un presunto acuerdo de 5.000.000 de dólares para condicionar la actuación del presidente Milei en redes.