POLITICA
Los números de Manuel Adorni bajo la lupa: gastos y deudas por más de US$800.000, ingresos con tope y las dudas que perduran sobre el origen de los fondos
Desde que llegó a la función pública, Manuel Adorni acumuló compromisos que ya superan los US$800.000 mientras que su salario bruto permaneció congelado en $3,5 millones hasta enero de 2026, cuando un decreto firmado por el presidente Javier Milei lo elevó a $7,1 millones, poco menos de US$ 5000 por mes. Cómo afrontó y afrontará esas deudas y esos pagos, además de cuál es origen de sus fondos, son los grandes interrogantes de la investigación judicial.
Los compromisos se acumulan en el haber del funcionario. Pagos ya realizados: US$245.000 en refacciones a un contratista, US$185.000 en operaciones inmobiliarias (US$120.000 por la casa de Indio Cua, US$60.000 entre la seña de Caballito y la cancelación parcial de la primera hipoteca, más US$5.000 de ingreso al country), US$27.658 en viajes al exterior y US$6000 en una escapada a Bariloche. Deudas vigentes: US$70.000 más intereses por la primera hipoteca, US$200.000 sin intereses por la segunda y US$65.000 por un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario. Total comprometido: más de US$800.000.
El crecimiento patrimonial comenzó apenas tres meses después de asumir como vocero de Milei. En marzo de 2024 Adorni y su esposa Bettina Angeletti incorporaron al 50% una camioneta modelo 2021. En el origen de fondos, indicó “venta de activos” sin precisar cuáles. El valor de mercado de ese vehículo, según su estado y kilometraje, oscila entre 20.000 y 30.000 dólares.
Tres meses más tarde, el 20 de junio de 2024, Adorni y Angeletti viajaron a Bariloche con sus dos hijos. Volaron por Aerolíneas ($1.737.432) y se alojaron cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa: $4.931.993,97 de hotel y $2.435.344 en excursiones y comidas. Total: $9.104.769,97, según reveló Clarín este fin de semana. La familia regresó a Buenos Aires sin pagar nada y la deuda se canceló tres meses después desde una cuenta bancaria. En ese momento Adorni era vocero de Milei y cobraba menos de tres millones de pesos netos; Angeletti era monotributista en una categoría baja.
Cinco meses después, en noviembre de 2024, el matrimonio compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Quien le vendió, Juan Ernesto Cosentino, declaró ante la fiscalía que Adorni le ofreció primero pagarle solo US$20.000 en efectivo y cubrir los US$100.000 restantes con una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. Cosentino rechazó. La operación se cerró en US$120.000, con un préstamo no bancario por US$100.000 que Adorni tomó de dos mujeres policías introducidas por la escribana Adriana Nechevenko, al 11% anual.
El precio de compra fue solo el inicio. El contratista Matías Tabar declaró hoy ante Pollicita que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo por remodelar la casa: pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín. Por una vivienda comprada en US$120.000, el matrimonio invirtió US$245.000 en refacciones —más del doble del precio de la propiedad—, en efectivo. A eso se agregan US$5.000 por el ingreso al country.
Adorni, cabe aclarar, omitió incluir Indio Cua en el anexo reservado de la declaración jurada correspondiente a 2024 que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la declaración de Angeletti en su totalidad; ambas las agregó recién cuando la investigación judicial sobre su patrimonio ya estaba en marcha.
Los dólares que el jefe de Gabinete declaró al cierre de 2024 no alcanzan para cubrir los gastos que la Justicia le anota en 2025. Tenía US$48.720 entre efectivo y una cuenta en el exterior. Pero el 29 de diciembre de 2024 partió con su familia hacia Aruba en cuatro pasajes de Latam en primera clase, abonados en efectivo: US$1.450 cada uno, US$5.800 en total. La estadía sumó otros US$8.674. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino: Adorni figuraba con un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador. La fiscalía de Gerardo Pollicita confirmó el periplo recién en abril de este año.
A ello se sumaron US$30.000 por la compra del departamento de Caballito y otros US$30.000 por la cancelación parcial de la primera hipoteca. Solo esos cuatro ítems alcanzan los US$74.474, superando en US$25.754 los dólares que había declarado antes de partir rumbo al Caribe.
En noviembre de 2025, escrituraron el departamento de Caballito, de casi 200 m² en la calle Miró al 500. La operación tiene una arquitectura singular. El inmueble había estado publicado por su anterior dueño, el exfutbolista Hugo Morales, en US$375.000, según declaró la martillera Natalia Rucci. Lo terminó comprando, en mayo de 2025 y por US$200.000, una compra que figuró a nombre de dos jubiladas: Beatriz Viegas (72 años, madre del desarrollador inmobiliario Pablo Martín Feijoo) y Claudia Sbabo. Ambas declararon que la operación la condujo Feijoo y que no conocían a Adorni; lo vieron solo al firmar.
Feijoo, allegado a Adorni —sus hijos van al mismo colegio—, declaró que su plan era refaccionar el departamento y revenderlo en US$345.000. Pero apareció Adorni y le dijo que solo tenía US$30.000. Acordaron escriturar en US$230.000, pagar US$30.000 al contado y financiar US$200.000 con una segunda hipoteca sin intereses, en doce cuotas. Por fuera de la escritura, Feijoo dijo haber acordado un pago adicional de US$65.000, todavía no cancelado. Total real de la operación, según su propia declaración: US$295.000 por un departamento ya refaccionado que la inmobiliaria estimaba en US$345.000.
La matriz de financiamiento llama la atención: ninguna de las dos hipotecas es bancaria. Las acreedoras de la primera son una retirada de la Policía Federal y su hija. Las de la segunda, una jubilada y una afiliada al PAMI. Ambas hipotecas vencen en noviembre de 2026: en seis meses Adorni deberá cancelar US$270.000 de capital, más intereses, más los US$65.000 del acuerdo de palabra con Feijoo.
En febrero de este año fue el turno de Punta del Este, en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio: ida US$4.830 facturada por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio; vuelta, US$3.000. La causa se inició tras la inclusión de Angeletti en el vuelo de la comitiva oficial a Nueva York en marzo, durante la Argentina Week: el regreso costó US$5.154,55.
A los pagos se suman gastos corrientes que pesan sobre el presupuesto familiar. Solo las expensas del departamento de Asamblea son $500.000 mensuales y las de Indio Cua, unos $700.000. A eso se añaden impuestos y mantenimiento de seis propiedades, patente y seguro de la camioneta, colegio de dos hijos menores y servicios. La central de deudores del BCRA muestra que las deudas mensuales en el Banco Galicia llegaron a superar los $10 millones en el caso de Adorni y los $15 millones en el de su esposa..
contactó al jefe de Gabinete y a su primer abogado en repetidas oportunidades. No obtuvo respuesta. El expediente continúa con la toma de declaraciones y el análisis de documentación. Con el secreto fiscal y bancario levantados, los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, el nivel de gastos y el incremento patrimonial que aumenta cada semana —y, sobre todo, el origen de los fondos.
Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a
Era casi la medianoche del 10 de febrero y una última gestión de un sindicalista de buen vínculo con los oficialismos de turno logró que se modifique el texto del proyecto de reforma laboral que se iba a tratar al día siguiente en el Senado. En vez de “terminar con los peajes”, como amenazaba Federico Sturzenegger al referirse a los aportes solidarios, se los limitó a un 2%. “Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores”, sintetizó esa mañana Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE y una voz crítica del triunvirato de mando de la CGT. Su declaración desnudó el pacto.
El lunes pasado, cinco meses después de aquel apretón de manos por cambiar el texto de ley que finalmente fue aprobada por mayoría, Javier Milei modificó por decreto la letra chica de la reglamentación con otra señal favorable para la caja sindical. A través de la normativa 612/26, que fue firmada también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se dispuso que el tope del 2% para las cuotas solidarias deberá calcularse sobre el total de las remuneraciones que perciben mensualmente los trabajadores y no solo sobre el salario básico convencional. Además, se volvió a habilitar los aportes empresarios a las organizaciones sindicales siempre que tengan un destino específico. Una manera de blanquear el aporte extra que hacen los empleadores a las obras sociales sindicales al margen del obligatorio que se destina a la seguridad social. Es decir, la caja sindical se mantiene intacta, a contramano de la idea original del “Coloso”, como llama Milei a su ministro de Desregulación.
Después de esta concesión, la CGT se movilizó el miércoles casi de manera testimonial al Congreso para adherir al reclamo de los jubilados, cuyo haber mínimo es hoy de apenas $481.989, con bono incluido. Sucedió algo similar el 11 de febrero, cuando obtuvo media sanción la reforma laboral edulcorada con los cambios pactados casi de madrugada. Aquella vez, al igual que hace tres días, los dirigentes cegetistas buscaron con una foto fugaz escenificar su espíritu combativo. Lo volverán a hacer el 7 de agosto, cuando movilicen a la Iglesia de San Cayetano. Conservar la guardia alta es por ahora el atajo que encontró el triunvirato de mando de la CGT para evitar fugas o una nueva fractura. Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, los tres referentes de la central obrera, decidieron no hablar ante la prensa los tres juntos por temor a dejar expuestas sus diferencias.
Ninguno de los tres estuvo a cargo de las últimas gestiones con la Casa Rosada. El nexo fue Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y uno de los sindicalistas más influyentes desde la década del 90 hasta la actualidad. Se sentó en la mesa de negociación con el menemismo, cuando se flexibilizaron convenios y se congelaron paritarias, y también estuvo durante la Alianza, cuando Fernando de la Rúa intentó avanzar con una reforma laboral similar a la de Milei, que se cayó por denuncias de pago de sobornos. Martínez integró el año pasado el Consejo de Mayo, diseñado por Karina Milei con presencia única de aliados, y ahora es el interlocutor sindical principal con el Gobierno. Su vínculo es con los Menem, sobre todo con Lule, pero también frecuenta con cada vez más asiduidad a Santilli y sus colaboradores. La llegada del “Colo” a la jefatura de Gabinete fue celebrada entre la dirigencia gremial.
Antes del Mundial, Martínez intervino en la reunión de consejo directivo para frenar una propuesta para avanzar con el quinto paro general contra la gestión libertaria. Ya estaba en marcha la gestión para flexibilizar el cobro de la cuota solidaria y los aportes empresariales a las obras sociales. En paralelo, el jefe de la Uocra, a través de su abogada, Marta Pujadas, y el asesor legal de la CGT, Pablo Topet, avanzan con una estrategia judicial para objetar la ley de Modernización Laboral en el fuero Contencioso Administrativo con la intención de revertir los límites al derecho a huelga y conservar la prelación de los convenios colectivos. Esperan ansiosos una definición tras la feria judicial.
De lograr un fallo favorable, sería otro golpe para la reforma laboral de Milei, que tampoco logró adhesiones entre las cámaras empresarias citadas por Capital Humano para renegociar los convenios sectoriales. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, llamó a revisar 446 convenios colectivos, pero su convocatoria tuvo hasta el momento poco eco. Tras la aprobación de la reforma laboral, Cordero bajó el perfil y sigue con inquietud el avance de la causa judicial por la intervención de la obra social del gremio de los ruralistas (Osprera). El juez federal Sebastián Casanello comenzará en agosto con las indagatorias y el principal apuntado es Sergio Aguirre, un socio de Martín Menem que se benefició con un contrato millonario con Osprera. Cordero no participó de las contrataciones que dispuso la intervención, pero sí facilitó el primer paso para que la Justicia intervenga el gremio y luego la obra social, una decisión impulsada inicialmente por la Superintendencia de Servicios de la Salud.
La otra caja: obras sociales
Tan importante como los aportes empresariales y la cuota solidaria, una comitiva de la CGT reabrió negociaciones con el ministro de Salud, Mario Lugones, por el financiamiento de las obras sociales, la otra caja por la que los gremios están dispuestos a todo.
La crisis del sistema sanitario comenzó a agudizarse porque hay cada vez más trabajadores en la informalidad, lo que equivale a menos aportes. En un reciente documento, la CGT alertó sobre el tema. “El promedio de recaudación del sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67 % de la población de obras sociales nacionales. Pero lo que resulta más importante es el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que rondaría los $110.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra por encima de la recaudación promedio del sistema”.
Las conversaciones entre los gremialistas y Lugones giran en torno a una reestructuración del sistema, que contemple ingresos, aportes y subsidios, según admitieron a fuentes oficiales y sindicales. Los gremios presionan para diseñar un nuevo PMO y revisar las prestaciones a monotributistas, cuyo aporte económico al sistema es casi cuatro veces menor al PMO. “Hay que trabajar en un menú de planes médicos acorde al bolsillo de la gente”, sugirió un dirigente sindical que conoce desde hace décadas los números del sistema. Por ahora, Lugones no se muestra predispuesto a acelerar con la reforma más allá del intercambio con la dirigencia sindical.
El manejo de las prestadoras médicas se volvió un dolor de cabeza para algunos sindicalistas. La Obra Social de los Empleados de Comercio (Osecac), la más grande del país, tiene un déficit mensual de $5000 millones. La de Hugo Moyano también está en rojo, con casi 3000 millones de pérdida. Así y todo, son un atajo para los negocios personales y familiares. El caso más conocido es el de Camioneros, donde se entrelazan las empresas de la esposa de Moyano. Pero algo parecido ocurre con Unión Personal (UP), la prestadora médica de los estatales de UPCN que administra Viviana Caravetta, pareja del histórico Andrés Rodríguez. A pesar de tener un déficit mensual de entre 7000 y 11.000 millones de pesos, UP selló convenios millonarios con dos empresas vinculadas al presidente de River Plate, Stefano Di Carlo. Una ironía: el jefe de control y cobranzas de UP es Gustavo Bruno, quien a su vez integra la Comisión Revisora de Cuentas del club de Núñez. Apenas un detalle de una comisión directiva que reúne bajo un mismo techo a libertarios, camporistas, peronistas, santillistas y macristas. Todo sea por los colores.
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POLITICA
Neuquén rechazó otorgar la personería jurídica a dos comunidades mapuches y crece el conflicto
Dos comunidades mapuches de Neuquén endurecieron su reclamo luego de que el Gobierno provincial rechazara otorgarles la personería jurídica, una decisión que les impide acceder al reconocimiento legal necesario para gestionar la propiedad comunitaria de los territorios que habitan y participar en instancias de consulta previa sobre proyectos que puedan afectar sus derechos.
Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, las mismas que durante 2025 mantuvieron un acampe frente a la Casa de Gobierno neuquina para exigir su reconocimiento formal.
La decisión del Ejecutivo, que conduce Rolando Figueroa, trascendió a partir de una protesta realizada por integrantes de ambas comunidades en la Exposición Rural de Palermo, donde se manifestaron frente al stand institucional de la provincia con banderas y pancartas para expresar su rechazo. Posteriormente realizaron una protesta similar frente a la sede del Gobierno provincial en la ciudad de Neuquén.
La resolución fue firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y rechaza el pedido de reconocimiento legal presentado por ambas comunidades, trámite indispensable para obtener la personería jurídica y avanzar en gestiones administrativas vinculadas a su organización y representación.
Desde las comunidades cuestionaron con dureza la medida y afirmaron que nunca padecieron “una política tan violenta y negadora como la actual”. Además, anticiparon que continuarán con las acciones de protesta.
“No vamos a renunciar jamás a nuestros derechos. No es un funcionario quien va a decidir si somos mapuches o no”, expresaron.
El lonko Nelson Cárdenas, autoridad de la comunidad Rañileo-Cárdenas, sostuvo durante la protesta en La Rural que la personería jurídica representa “el documento de identidad” de las comunidades indígenas.
“Somos la clara muestra de la resiliencia del pueblo mapuche. No lograron hacernos desaparecer hace 150 años ni lo van a lograr ahora, a pesar de todas las maniobras que están inventando para no otorgarnos nuestra personería”, afirmó.
Las comunidades también denunciaron que “el Gobierno neuquino se niega a aplicar la legislación nacional y la Constitución de Neuquén en lo que respecta al reconocimiento de las comunidades indígenas”.
Las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes. Sin embargo, generaron malestar dentro del Ejecutivo provincial, que hasta el momento no emitió declaraciones públicas sobre la decisión.
La personería jurídica es el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce formalmente la existencia y organización de una comunidad indígena. Ese reconocimiento constituye un requisito para ejercer distintos derechos colectivos y territoriales contemplados por la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén y la normativa vigente.
Según denunciaron las comunidades y la Confederación Mapuche de Neuquén, la negativa forma parte de una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial que restringen el reconocimiento legal de otras comunidades indígenas.
El conflicto tiene un antecedente reciente. En 2025, integrantes de ambas comunidades acamparon durante varios días frente a la Casa de Gobierno para reclamar el otorgamiento de la personería jurídica. La protesta concluyó con un operativo de desalojo llevado adelante por la Policía de Neuquén, que profundizó la tensión entre el Gobierno provincial y las organizaciones mapuches.
Terminó el mundial y la política vuelve a salir a la superficie. Atentos a este nuevo escenario, detenido por los 39 días que duró la competencia, en el Gobierno circula la idea de acelerar con reformas que puedan ser la imagen de una campaña permanente hasta las elecciones del 2027. La discusión central se basa en quienes ponen reparos y piden cambios en la gestión y quienes consideran que plantear eso es ir contra la idea que tienen los hermanos Milei.
Más allá de la amistad y los abrazos públicos, en el primer grupo están el asesor Santiago Caputo y su entorno. Por eso es que, más allá de las fotos que se sacaron en Casa Rosada los nueve integrantes de la “mesa política”, las disputas por el poder de determinadas áreas de gestión y cajas clave se reproducen. Por estas horas, la tensión se trasladó hacia la estratégica Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Allí espera que lo echen, de un momento a otro, Darío Genua, quien reporta directamente a Santiago Caputo. Su salida sería para que ingrese un hombre que responda a Karina Milei.
El otro ruido que suena cada vez más fuerte está en toda la estructura de salud. El vocero presidencial, Adrián Ravier, tuvo que desmentir que el ministro de Salud, Mario Lugones, vaya a dejar su cargo. Hace meses que el ministro, padre de Rodrigo Lugones (este, exsocio de Caputo), está en la cuerda floja. Según pudo saber Infobae, en los últimos días esa tensión creció, sobre todo tras la abrupta salida de Guido Giana. “Algo va a pasar, porque están sacando a segundas líneas sin explicación. Es lo que suele suceder cuando toda una estructura está a punto de desaparecer. Algo similar ocurre en PAMI”, relató un funcionario nacional al tanto de los movimientos ante este medio. Si se va Lugones, todo indicaría que su reemplazo podría aterrizar desde alguna provincia del norte argentino.
Consultado por este medio, un hombre cercano al Presidente describió un escenario natural: “Ustedes exageran las internas. Siempre sucedieron. Es el poder. Algunos reciben premios y otros castigos. No se entiende que se escandalicen. Acá lo importante es que tenemos un solo jefe y se llama Javier Milei, a diferencia de cuando gobernaban los peronistas, que tenías una jefa, como Cristina, un súbdito como Massa y un títere peligroso como Alberto”, sentenció.
En ese pragmatismo, el Gobierno supo aprovechar al máximo la negociación de vacantes en el Poder Judicial. Algunos ejemplos. Se designó a Ana María Cristina Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. ¿Quién es? Es la esposa del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi. Es quien lleva adelante la causa $LIBRA, mediante la cual se investiga al presidente y a su hermana, la secretaria general de la presidencia.
Ayer nomás, el martes, le extendieron por 5 años su cargo a Víctor Pesino, el juez que ayudó a avalar la reforma laboral. De yapa, intervino la Unión Obrera Metalúrgica. Ahora continuará cinco años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). Antes, el premio le había llegado al hijo del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Se llama Emilio Rosatti. En junio, el Gobierno oficializó su designación como juez del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad de Santa Fe.
Menos desapercibido pasó el premio obtenido por Javier Lanari, ex mano derecha de Manuel Adorni. Es que al periodista le entregaron un cargo como director del Banco Nación. Corrió una suerte distinta a la de su jefe.
La agenda legislativa volverá a ponerse en marcha con la llegada de agosto. Para ese entonces, además de la rosca por pliegos judiciales, Patricia Bullrich deberá conseguir los votos para aprobar la Ley de Tierras. El equipo de Federico Sturzenegger, a cargo de la redacción central del proyecto, insiste en que no se realicen más modificaciones. Bullrich no la tendrá fácil. Tras su enfrentamiento, amplificado por su equipo junto a denuncias penales, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la senadora necesita un nuevo triunfo que calme los nervios de Casa Rosada, desde donde la miran con desconfianza por sus abiertas críticas y aspiraciones electorales del 2027.
“Para criticarnos ya tenemos a los peronistas y a ustedes (por los periodistas)”, reiteran en Balcarce 50. Con o sin buen resultado, el “coloso desregulador” ultima detalles para un nuevo paquete que busca modificar cuestiones centrales de temas como el sistema de venta de medicamentos, el mercado inmobiliario y hasta la navegación fluvial. También prevé cambios en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.
Las intenciones avanzan a una velocidad y las negociaciones a otra. Los senadores no sobran, sino que faltan. Cayó como un baldazo de agua fría lo que sucede en Misiones. Allí el gobernador Hugo Passalacqua rompió su alianza con el jefe político, Carlos Rovira. Al punto tal que le quitó áreas sensibles que manejaba, así como las cajas de recaudación más importantes. Ese quiebre va a generar movimientos que aún no se vislumbran en el Senado. “Es algo que tenemos que analizar ahora con esto”, reconoció un senador que trabaja con Bullrich para lograr aprobar las leyes del oficialismo.
“La campaña son las reformas, las reformas son la campaña”, insistía Santiago Caputo el sábado en el cual la suerte de Adorni llegó a su fin. Se observa una necesidad de acelerar con proyectos de cada ministerio. Hoy habrá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Allí Luis Caputo presentará los cambios de Inocencia Fiscal. Un día más tarde será la presentación en el Parlamento.
El Presidente tampoco descuidará la agenda internacional. Fiel a su estilo, no esperará resultados para apoyar a un candidato afín. El viernes despegará rumbo a San Pablo y el sábado estará para la oficialización de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente para enfrentar a Lula Da Silva, que va por su cuarto mandato. El 4 de octubre será la elección más importante para la región. Las encuestas marcan, por ahora, un triunfo del oficialismo. La intromisión del mandatario argentino cayó pésimo en el país vecino.
Milei luego estará con su par de Ecuador y viajará, en las próximas semanas, a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia. Los ojos de la cancillería argentina, no obstante, están puestos en los Estados Unidos. Las elecciones de medio término serán el martes 5 de noviembre. Donald Trump, principal sostén para que Milei haya llegado sin crisis financiera en la elección del 2025, enfrenta una batalla durísima. Más allá de que se espere una derrota republicana, la tensión está puesta en qué tipo de derrota obtendrá. El mayor temor allí está en perder el control del Senado, lo que frenaría la gestión y lo dejaría a Trump a tiro de un impeachment (juicio político).
Además, una amplia diferencia demócrata aceleraría la interna republicana, ahondando en la ya célebre frase de “pato rengo”, ya que sería un presidente de salida. La elección argentina será con un Trump en retirada. Falta saber a qué velocidad.
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