POLITICA
Ante la falta de votos para eliminar las PASO, el Gobierno abre una negociación con los aliados: las gestiones de Bullrich y Santilli
Desde su anuncio, la reforma electoral fue planteada por el Gobierno de Javier Milei como una de las intervenciones más ambiciosas sobre el sistema político argentino. Con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como eje central del proyecto, la Casa Rosada impulsó un rediseño de las reglas de competencia. Ese objetivo enfrenta ahora un límite concreto: no hay mayoría parlamentaria para aprobar la iniciativa, en un contexto marcado por la presión de los gobernadores y una negociación aún abierta con el PRO.
En el oficialismo reconocen que no están los votos para eliminar las PASO en el corto plazo. Según pudo saber Infobae, la falta de consenso no se limita a la oposición peronista: también existen resistencias en sectores dialoguistas y en espacios que consideran a las primarias un mecanismo indispensable para ordenar la competencia política. De acuerdo con fuentes de La Libertad Avanza, “la anulación no parece ser lo mayoritario” y agregaron: “Algún sistema habrá… quizás no obligatoria”.
El Gobierno enfrenta un escenario adverso en el Congreso para eliminar las PASO, ya que por ahora no cuenta con los votos necesarios y debe negociar con gobernadores, el PRO y otros sectores que consideran a las primarias una herramienta clave para la competencia política. Por ello, el oficialismo evalúa alternativas, como modificar el carácter obligatorio del sistema, en busca de una reforma electoral viable.
Las PASO no solo son un dispositivo electoral, sino también una herramienta para canalizar internas, ordenar liderazgos y evitar rupturas dentro de los partidos, lo que impacta directamente en la arquitectura política de cara a 2027. Su eliminación reconfiguraría el equilibrio interno de cada fuerza y modificaría los incentivos de participación. Por eso, la discusión dejó de ser binaria y se centra ahora en qué cambios podrían prosperar en el Congreso.
Con el escenario parlamentario adverso, el oficialismo comenzó a explorar alternativas intermedias, como transformar las PASO en optativas. Esta opción reduciría su capacidad de ordenar el sistema político, pero se presenta como una salida posible para destrabar la discusión. Según fuentes oficiales, esta semana se definirán los aspectos centrales del tratamiento parlamentario de la reforma electoral, una etapa clave para ordenar el debate sobre su alcance y contenido en el Congreso.
A la dimensión política se suma el argumento económico: el Gobierno estima que las PASO representan el mayor costo del proceso electoral, obligando al Estado a destinar más de 30.000 millones de pesos, financiados con ingresos fiscales. En la Casa Rosada sostienen que ese gasto, que recae sobre los contribuyentes, no se justifica en el contexto actual de ajuste y restricción presupuestaria.
El cuestionamiento al costo de las primarias forma parte del núcleo del planteo oficial. La eliminación o modificación del sistema busca no solo rediseñar la competencia política, sino también reducir el peso del gasto electoral sobre las cuentas públicas. Este enfoque pretende fortalecer el argumento del Ejecutivo frente a gobernadores y legisladores, en un escenario donde cada peso del presupuesto es objeto de revisión.
El costo político y fiscal de la reforma electoral
La dificultad para avanzar con la reforma electoral está directamente vinculada al contexto fiscal. Los gobernadores enfrentan una fuerte restricción por la caída de la recaudación propia y el descenso sostenido de las transferencias nacionales, lo que redefine sus prioridades y condiciona cualquier negociación legislativa. En la práctica, los mandatarios provinciales subordinan la discusión electoral a la cuestión de los recursos, lo que atraviesa cada proyecto del Ejecutivo.
Este es uno de los principales obstáculos para la Casa Rosada, ya que la reforma electoral compite con una agenda económica urgente y pierde centralidad como moneda de negociación. En consecuencia, el oficialismo reconfiguró su esquema de interlocutores, con Patricia Bullrich ocupando un rol central en la articulación política. Bullrich fue clave en la construcción de acuerdos con senadores de distintas provincias en votaciones anteriores y ahora vuelve a tener protagonismo en la búsqueda de consensos para la reforma.
La función de Bullrich trasciende lo estrictamente legislativo. En La Libertad Avanza, con el respaldo de Karina Milei, comienza a consolidarse una hipótesis electoral que la proyecta nuevamente como candidata en la Ciudad de Buenos Aires, principal bastión político del PRO. La Ciudad es el centro de gravedad del poder de Mauricio Macri y el escenario donde se define el vínculo —cooperación o competencia— entre el PRO y La Libertad Avanza.
La negociación política se da en dos niveles: el legislativo y el electoral. En la Legislatura porteña, el oficialismo nacional acordó con la administración de Jorge Macri no bloquear los cambios en el Presupuesto a cambio de avanzar con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su versión para pymes, el RIMI. Este acuerdo muestra que el Gobierno nacional no busca obstaculizar la gestión en la Ciudad, pero intenta imponer su agenda económica.
Sin embargo, la mayor tensión se concentra en la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno necesita construir una coalición competitiva para enfrentar al gobernador Axel Kicillof. En este terreno, destaca el rol de Diego Santilli, quien combina gestión con construcción política. Esta semana, Santilli prevé reunirse con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para fortalecer la red de gobernadores aliados que facilitan la negociación en el Congreso. El martes, Santilli se encontrará con Cristian Ritondo en la sede nacional del PRO, en la calle Balcarce, para iniciar formalmente la negociación sobre un posible frente común en la provincia.
La posición de Santilli es clara: unidad de todos los sectores que compartan una agenda liberal para competir con el kirchnerismo. Sin embargo, esa estrategia enfrenta la resistencia del PRO, que busca preservar su identidad y capacidad de decisión. El punto de mayor fricción es el mecanismo de las PASO, que para Macri son indispensables para ordenar candidaturas y evitar una absorción del PRO por parte de La Libertad Avanza. Para el Gobierno, en cambio, las PASO representan un obstáculo tanto por el costo fiscal como porque habilitan una competencia interna que puede debilitar su construcción política.
Ficha Limpia, alianzas y el futuro de las PASO
En paralelo, la inclusión de Ficha Limpia dentro del paquete de reforma electoral introduce otro elemento en la negociación. A diferencia de las PASO, existe un consenso transversal sobre la necesidad de avanzar en este punto, por lo que se plantea tratarlo por separado para no dificultar la discusión general. En el Congreso, la viabilidad política de los proyectos es tan relevante como su contenido.
El Gobierno asume este escenario y flexibiliza su estrategia. La prioridad sigue siendo modificar el sistema de primarias, pero el camino para lograrlo se vuelve menos lineal. En ese proceso, cada actor político defiende sus propios intereses: los gobernadores presionan por recursos, el PRO busca preservar su autonomía, La Libertad Avanza intenta consolidar su expansión territorial y el oficialismo nacional necesita resultados legislativos para sostener su agenda.
La reforma electoral queda así en el centro de un entramado más amplio de intereses en tensión. No es solo una ley: es un punto de equilibrio entre actores con objetivos diferentes. Por ahora, la evidencia muestra que cualquier modificación al sistema deberá surgir de una negociación compleja, con concesiones y ajustes.
El escenario inicial cambió: la eliminación de las PASO perdió viabilidad y la discusión se orienta a alternativas matizadas, donde lo posible se impone sobre lo deseable.
POLITICA
Ante la mejoría de Mirtha Legrand, Martín Llaryora propuso celebrar sus 100 años en el estadio Kempes
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, propuso realizar en el estadio Mario Alberto Kempes una celebración por los 100 años de Mirtha Legrand.
Su planteo ocurrió durante su participación en el programa La noche de Mirtha, conducido por su nieta Juana Viale, en un tramo de la charla dedicado a la salud de la histórica conductora.
La referencia surgió mientras se desarrollaba un intercambio distendido sobre Córdoba y su capacidad para atraer inversiones. En ese contexto, Llaryora resaltó las condiciones de la provincia y reivindicó el potencial del interior del país.
“Córdoba ha hecho cosas muy importantes, no todos tienen la capacidad y potencia de Córdoba. En el interior se vive mejor que en la capital”, afirmó.
Luego, la conversación se centró en la salud de Mirtha, quien se recupera en su casa desde principios de octubre tras permanecer internada durante 18 días en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía.
Consultada sobre su evolución médica, Viale aseguró que se recupera favorablemente.
“Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, señaló. A raíz de ese comentario, Llaryora intervino y lanzó una propuesta en tono de broma.
“Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes”, dijo el gobernador. Y agregó entre risas: “Uno busca inversiones; está todo el día”.
Tras escuchar al gobernador, Juana Viale expresó: “‘Córdoba, allá vamos’, como decía la abuela”, avalando así el eventual homenaje por el centenario de la diva de la televisión argentina -quien cumple años el 23 de febrero- en el emblemático espacio cultural y deportivo del país.
Mirtha continúa su recuperación en su casa
La diva, de 99 años, recibió el alta médica el 6 de octubre y desde ese día se encuentra en su domicilio recuperándose del cuadro respiratorio que sufrió.
El 7 de septiembre había sido internada por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta. Pero apenas cinco días después, tuvo que volver al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada.
Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.
En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral.
Martín Llaryora,recibió el alta médica,Mirtha Legrand,Córdoba,Conforme a
Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado, en caso de que el oficialismo cierre con aliados y solicite ir al recinto el jueves próximo.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”, aseguró el libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa). Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, manifestó: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.
La porteña apuntó a “despejar es equívocos” y dejó en claro que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.
Para la porteña, “la Argentina tiene científicos, universidades y empresas para innovación”, lo que “permite -de sancionar el acuerdo- que todos esos actores del mundo tecnológico puedan proyectarse internacionalmente”. En esa línea, detalló: “Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”.
Por otra parte, Bullrich resaltó: “Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional. Es decir, genera previsibilidad y mejores herramientas”.
No pensó igual el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Y, como ya suele ocurrir desde hace un tiempo, desde Convicción Federal -ex cristinistas, en principio-, el catamarqueño Guillermo Andrada dividió su apoyo -según el caso- entre las posturas de la porteña, y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete.
“Si nos perjudica de manera notoria, entonces es preciso exponerlo con un detalle de análisis de costo-beneficio. De lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, aumentamos el grado de dependencia”, sostuvo Capitanich.
Asistieron un puñado de invitados por la oposición que, en conjunto, criticaron el acuerdo. “No podemos escuchar que los medicamentos se van a encarecer cuando son carísimos de por sí, comparados con cualquier parte del mundo”, respondió Bullrich.
celeste salguero/comunicaciòn
POLITICA
Senado: se demoran las firmas para dictaminar la ley de salud mental y hay disidencias de los aliados
Tras algunas disidencias en aliados y la falta de un par de firmas, las comisiones de Salud; y de Legislación General del Senado no lograron blindar esta tarde un dictamen de la nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). El oficialismo libertario confía que obtendrá las rúbricas para el despacho de mayoría: si no lo hace hoy, el tema no quedará habilitado para la semana próxima.
En concreto, el proyecto plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento.
Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -hoy frenado- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata.
En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
“Se trata de mejorar aquello que la experiencia demostró que necesita un cambio”, manifestó la senadora libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). En tanto, su colega fueguina Belén Monte de Oca destacó: “La ley generaba muchos prejuicios a las personas que pasan por situaciones de salud mental o quienes tiene algún tipo de adicción”.
Por su parte, el filo K Fernando Salino (San Luis) direccionó la mira hacia la “base del problema, que es presupuestaria”. No obstante, la clave para que este tema llegara al plenario fue, en particular, el compromiso de sostener el financiamiento actual. Esto no pareció necesario y suficiente para la radical Gabriela Valenzuela (Corrientes), uno de los acompañamientos en disidencia. No suele pedir mucho la palabra y, cuando la solicitó, dijo: “Creo que estamos viviendo una crisis respecto a la salud mental. Sobre todo, en las provincias”.
Ya cerca de las 19 y, ante la imposibilidad de conseguir el dictamen, desde La Libertad Avanza pensaban en algún legislador de la oposición que presente mañana un despacho de minoría. ¿Para qué? Ante un nuevo documento que lleve otra/s firma/s, la sumatoria de ambos textos implicaría la mitad más uno del plenario y la habilitación de la discusión. En definitiva, no aterrizará en el recinto la semana próxima por no contar con los siete días reglamentarios ni tener los dos tercios de voluntades para ser tratado sobre tablas.
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