POLITICA
Ante la falta de votos para eliminar las PASO, el Gobierno abre una negociación con los aliados: las gestiones de Bullrich y Santilli
Desde su anuncio, la reforma electoral fue planteada por el Gobierno de Javier Milei como una de las intervenciones más ambiciosas sobre el sistema político argentino. Con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como eje central del proyecto, la Casa Rosada impulsó un rediseño de las reglas de competencia. Ese objetivo enfrenta ahora un límite concreto: no hay mayoría parlamentaria para aprobar la iniciativa, en un contexto marcado por la presión de los gobernadores y una negociación aún abierta con el PRO.
En el oficialismo reconocen que no están los votos para eliminar las PASO en el corto plazo. Según pudo saber Infobae, la falta de consenso no se limita a la oposición peronista: también existen resistencias en sectores dialoguistas y en espacios que consideran a las primarias un mecanismo indispensable para ordenar la competencia política. De acuerdo con fuentes de La Libertad Avanza, “la anulación no parece ser lo mayoritario” y agregaron: “Algún sistema habrá… quizás no obligatoria”.
El Gobierno enfrenta un escenario adverso en el Congreso para eliminar las PASO, ya que por ahora no cuenta con los votos necesarios y debe negociar con gobernadores, el PRO y otros sectores que consideran a las primarias una herramienta clave para la competencia política. Por ello, el oficialismo evalúa alternativas, como modificar el carácter obligatorio del sistema, en busca de una reforma electoral viable.
Las PASO no solo son un dispositivo electoral, sino también una herramienta para canalizar internas, ordenar liderazgos y evitar rupturas dentro de los partidos, lo que impacta directamente en la arquitectura política de cara a 2027. Su eliminación reconfiguraría el equilibrio interno de cada fuerza y modificaría los incentivos de participación. Por eso, la discusión dejó de ser binaria y se centra ahora en qué cambios podrían prosperar en el Congreso.
Con el escenario parlamentario adverso, el oficialismo comenzó a explorar alternativas intermedias, como transformar las PASO en optativas. Esta opción reduciría su capacidad de ordenar el sistema político, pero se presenta como una salida posible para destrabar la discusión. Según fuentes oficiales, esta semana se definirán los aspectos centrales del tratamiento parlamentario de la reforma electoral, una etapa clave para ordenar el debate sobre su alcance y contenido en el Congreso.
A la dimensión política se suma el argumento económico: el Gobierno estima que las PASO representan el mayor costo del proceso electoral, obligando al Estado a destinar más de 30.000 millones de pesos, financiados con ingresos fiscales. En la Casa Rosada sostienen que ese gasto, que recae sobre los contribuyentes, no se justifica en el contexto actual de ajuste y restricción presupuestaria.
El cuestionamiento al costo de las primarias forma parte del núcleo del planteo oficial. La eliminación o modificación del sistema busca no solo rediseñar la competencia política, sino también reducir el peso del gasto electoral sobre las cuentas públicas. Este enfoque pretende fortalecer el argumento del Ejecutivo frente a gobernadores y legisladores, en un escenario donde cada peso del presupuesto es objeto de revisión.
El costo político y fiscal de la reforma electoral
La dificultad para avanzar con la reforma electoral está directamente vinculada al contexto fiscal. Los gobernadores enfrentan una fuerte restricción por la caída de la recaudación propia y el descenso sostenido de las transferencias nacionales, lo que redefine sus prioridades y condiciona cualquier negociación legislativa. En la práctica, los mandatarios provinciales subordinan la discusión electoral a la cuestión de los recursos, lo que atraviesa cada proyecto del Ejecutivo.
Este es uno de los principales obstáculos para la Casa Rosada, ya que la reforma electoral compite con una agenda económica urgente y pierde centralidad como moneda de negociación. En consecuencia, el oficialismo reconfiguró su esquema de interlocutores, con Patricia Bullrich ocupando un rol central en la articulación política. Bullrich fue clave en la construcción de acuerdos con senadores de distintas provincias en votaciones anteriores y ahora vuelve a tener protagonismo en la búsqueda de consensos para la reforma.
La función de Bullrich trasciende lo estrictamente legislativo. En La Libertad Avanza, con el respaldo de Karina Milei, comienza a consolidarse una hipótesis electoral que la proyecta nuevamente como candidata en la Ciudad de Buenos Aires, principal bastión político del PRO. La Ciudad es el centro de gravedad del poder de Mauricio Macri y el escenario donde se define el vínculo —cooperación o competencia— entre el PRO y La Libertad Avanza.
La negociación política se da en dos niveles: el legislativo y el electoral. En la Legislatura porteña, el oficialismo nacional acordó con la administración de Jorge Macri no bloquear los cambios en el Presupuesto a cambio de avanzar con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su versión para pymes, el RIMI. Este acuerdo muestra que el Gobierno nacional no busca obstaculizar la gestión en la Ciudad, pero intenta imponer su agenda económica.
Sin embargo, la mayor tensión se concentra en la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno necesita construir una coalición competitiva para enfrentar al gobernador Axel Kicillof. En este terreno, destaca el rol de Diego Santilli, quien combina gestión con construcción política. Esta semana, Santilli prevé reunirse con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para fortalecer la red de gobernadores aliados que facilitan la negociación en el Congreso. El martes, Santilli se encontrará con Cristian Ritondo en la sede nacional del PRO, en la calle Balcarce, para iniciar formalmente la negociación sobre un posible frente común en la provincia.
La posición de Santilli es clara: unidad de todos los sectores que compartan una agenda liberal para competir con el kirchnerismo. Sin embargo, esa estrategia enfrenta la resistencia del PRO, que busca preservar su identidad y capacidad de decisión. El punto de mayor fricción es el mecanismo de las PASO, que para Macri son indispensables para ordenar candidaturas y evitar una absorción del PRO por parte de La Libertad Avanza. Para el Gobierno, en cambio, las PASO representan un obstáculo tanto por el costo fiscal como porque habilitan una competencia interna que puede debilitar su construcción política.
Ficha Limpia, alianzas y el futuro de las PASO
En paralelo, la inclusión de Ficha Limpia dentro del paquete de reforma electoral introduce otro elemento en la negociación. A diferencia de las PASO, existe un consenso transversal sobre la necesidad de avanzar en este punto, por lo que se plantea tratarlo por separado para no dificultar la discusión general. En el Congreso, la viabilidad política de los proyectos es tan relevante como su contenido.
El Gobierno asume este escenario y flexibiliza su estrategia. La prioridad sigue siendo modificar el sistema de primarias, pero el camino para lograrlo se vuelve menos lineal. En ese proceso, cada actor político defiende sus propios intereses: los gobernadores presionan por recursos, el PRO busca preservar su autonomía, La Libertad Avanza intenta consolidar su expansión territorial y el oficialismo nacional necesita resultados legislativos para sostener su agenda.
La reforma electoral queda así en el centro de un entramado más amplio de intereses en tensión. No es solo una ley: es un punto de equilibrio entre actores con objetivos diferentes. Por ahora, la evidencia muestra que cualquier modificación al sistema deberá surgir de una negociación compleja, con concesiones y ajustes.
El escenario inicial cambió: la eliminación de las PASO perdió viabilidad y la discusión se orienta a alternativas matizadas, donde lo posible se impone sobre lo deseable.
POLITICA
Demian Reidel se defendió ante la Justicia y rechazó las acusaciones por los gastos con la tarjeta de Nucleoeléctrica
Demian Reidel, extitular de Nucleoeléctrica, se presentó hoy ante la Justicia y rechazó las acusaciones por los consumos injustificados que se realizaron con las tarjetas corporativas de la empresa estatal durante su gestión al frente de la compañía pública.
“No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa”, resaltó Reidel en un escrito dirigido al juez del caso, Sebastián Ramos.
El exasesor del presidente Javier Milei hizo su descargo después de que el fiscal federal Ramiro González lo imputara en la causa en que se investigan los gastos superfluos que fueron realizaron por autoridades de Nucleoeléctrica en distintas partes del mundo con plásticos de la empresa estatal.
Los datos surgieron del informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de preguntas de los legisladores. En ese marco se conoció el listado de gastos en discotecas en Madrid, compañías de servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo. Además, alrededor de 400 adelantos de efectivo por unos$56millones.
Los movimientos se registraron entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando el exasesor de Milei estaba al frente de la compañía.
Hoy, Reidel se puso a disposición de las autoridades judiciales, designó como abogados a Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, y sugirió medidas de prueba en el expediente.
Si bien aún no fue citado a declarar, el exasesor de Milei argumentó que consideraba “indispensable” entregar “precisiones” a la Justicia sobre los consumos indebidos con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica.
En primer lugar, Reidel arguyó que en los resúmenes de su tarjeta personal que había sido provista por la empresa estatal no figura ninguno de los gastos denunciados. A su vez, sostuvo que sus consumos estuvieron vinculados a la logística por los viajes oficiales que realizó como titular de la compañía para participar en foros internacionales. Puntualizó que solo gastó en “hospedaje, pasajes aéreos, traslados terrestres y servicios aeroportuarios”. Y puso a disposición de la Justicia esos documentos.
“Quiero ser claro y categórico en cuanto a que en la tarjeta de crédito asignada al suscripto no constan consumos en free shops, discotecas, pubs, bares nocturnos, servicios de playa, peluquerías, indumentaria, perfumería, supermercados ni entretenimiento turístico, así como tampoco se registran adelantos o retiros de efectivo”, indicó.
Además, el exconsejero del Presidente puso énfasis en que la denuncia se basaría en “un reporte agregado de tarjetas corporativas” vinculadas a la cuenta N° 338402 de Nucleoeléctrica Argentina S.A., “sin individualizar al titular ni al usuario responsable de cada consumo”.
La actitud de Reidel, quien se presentó de manera espontánea ante la Justicia para dar explicaciones y prometió presentar documentación, marca un contraste con la postura de Adorni, quien eludir dar detalles sobre su patrimonio con el argumento de que podría interferir en la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo.
En ese contexto, el exfuncionario resaltó que no estuvo a cargo del “control operativo, administrativo ni documental” de los consumos realizados con tarjetas corporativas por otras autoridades de la empresa que maneja las centrales nucleares del país. Y dijo que la “verificación, autorización y rendición” de esos gastos no corresponde a la presidencia del Directorio, sino a otras áreas de Nucleoeléctrica.
“La pretensión de atribuirme una responsabilidad penal por consumos ajenos, ejecutados con tarjetas de las que no era titular ni usuario, carece del más mínimo sustento jurídico e, incluso, lógico”, planteó.
Por último, Reidel sostuvo que, en caso de que prospere la investigación, propondrá una serie de medidas de prueba para “esclarecer” los hechos, como auditar cada operación realizada por las tarjetas corporativas y una pericia contable para separar los consumos que él hizo con el plástico de la empresa y los que realizaron el resto de las autoridades.
La semana pasada, el exasesor de Milei ya había salido a despegarse de los gastos injustificados con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica y reclamó que se investigue hasta “el último peso”. Lo hizo después de que trascendieran públicamente los consumos a partir de la presentación del informe de gestión de Adorni en Diputados.
Reidel consideró que las notas publicadas sobre el escándalo en Nucleoeléctrica “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”. “Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, subrayó en su cuenta de la red social “X”.
Tras la difusión de la información, Juan Martín Campos, actual presidente de Nucleoeléctrica, eliminó la posibilidad de usar tarjetas corporativas para viajes.
las acusaciones por los consumos injustificados,las tarjetas corporativas de la empresa estatal,en distintas partes del mundo,reclamó,May 1, 2026,Conforme a
POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno relativizó el impacto político del rechazo de la Corte Suprema al per saltum
El Gobierno evitó leer como un revés político la decisión de la Corte Suprema de rechazar el per saltum que había presentado para que el máximo tribunal interviniera de manera directa en la pelea judicial por la reforma laboral. En el Ejecutivo sostienen que el fallo fue tomado como “un buen gesto” porque llegó rápido y porque el pedido había sido formulado cuando más de 80 artículos de la ley estaban suspendidos. Con la norma nuevamente vigente, en Nación aseguran que el escenario cambió.
“Ahora que está vigente, no tenía sentido que siga el planteo, pero tampoco íbamos a desestimarlo por un tema de formas”, expresan en el oficialismo. En la Casa Rosada argumentan que la presentación que la Procuración del Tesoro hizo el 16 de abril tenía lógica en un contexto en el que el juez laboral Raúl Ojeda había frenado parte central de la ley, pero que perdió urgencia después de que la Cámara del Trabajo le otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado y restableció la operatividad de la reforma.
En Balcarce 50 quedaron conformes con que el expediente continúe en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia del Trabajo, una definición que consideran “más consistente con la naturaleza del caso” porque se discute la validez de una ley del Congreso y la actuación del Estado nacional.
La Corte sostuvo que el recurso era “inadmisible” porque, a su juicio, no estaban dados los requisitos del artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, la vía excepcional que habilita el salto de instancia en supuestos de notoria gravedad institucional y necesidad de una solución definitiva urgente. En términos prácticos, el tribunal cerró la posibilidad de una intervención inmediata y devolvió el expediente a su recorrido ordinario.
En el Gobierno afirman que esa definición rápida aporta “seguridad jurídica” en un expediente que venía acumulando cautelares, recusaciones y disputas de competencia. La reforma laboral fue sancionada el 27 de febrero y publicada el 6 de marzo como Ley 27.802. Además, en los últimos días Nación avanzó con una parte de la reglamentación de la reforma junto con una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene en paralelo abierto el frente judicial y rechaza la postura del oficialismo sobre el reordenamiento del expediente. En el sindicalismo sostienen que el conflicto sigue ligado a derechos laborales concretos y cuestionan que la discusión salga del fuero laboral, mientras que el Ejecutivo insiste en que el eje de la causa es federal y que la disputa de competencia ya quedó saldada.
Leé también: En medio de la tensión por el caso Adorni, Karina Milei y Santilli se reunieron con gobernadores en San Juan
En la Casa Rosada ponen la mira sobre la continuidad del trámite en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La Sala IV ya había resuelto el 28 de abril que la causa debía tramitar en ese fuero y, en una nueva resolución de mayo, intimó al juzgado laboral a remitir el expediente en 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, al considerar que el conflicto de competencia estaba definitivamente resuelto en los términos del artículo 20 de la ley 26.854.
En Balcarce 50 aseguran que la clave de seguimiento ya no pasa por el per saltum, sino por cómo se encauce el expediente una vez radicado de manera efectiva en el contencioso administrativo. Ahí es donde la Procuración del Tesoro —que encabeza Sebastián Amerio— buscará sostener la vigencia de la ley y donde se jugará el próximo capítulo de una disputa que, por ahora, dejó al oficialismo sin atajo hacia la Corte, pero con una señal que interpretan como favorable en términos procesales.
Gobierno, Corte Suprema, reforma laboral
POLITICA
Amplían la denuncia contra la AFA y Tapia por usar facturas truchas para evadir $300 millones
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contra Claudio “Chiqui” Tapia, su presidente, por evasión fiscal agravada por el uso de facturas truchas para evadir unos 300 millones de pesos tras detectar proveedores apócrifos.
La denuncia de la ARCA -a la que accedió – será investigada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que ya procesó a Tapia y a la AFA por retención indebida de aportes patronales y evasión.
Ahora, la ARCA amplió esa denuncia y pidió que se investigue el delito de asociación ilícita fiscal que abarca a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a integrantes de la Comisión Directiva de la organización.
En diciembre del año pasado, la ARCA había denunciado a la AFA y a sus autoridades por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
De acuerdo a la denuncia original, el eventual delito denunciado por la ARCA es por $7.593.903.512.
La denuncia acusa a la AFA de armar un entramado de facturación apócrifa diseñado para ocultar el destino real de fondos millonarios.
El informe elaborado por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes habla de la existencia de un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66 en concepto de Impuesto a las Salidas No Documentadas.
La maniobra supuestamente fraudulenta se concentró en dos períodos fiscales recientes, que presentan el siguiente detalle de montos evadidos, según el cuadro probatorio aportado por la ARCA: para el período fiscal 2024: $125.790.317,94 y el 2025 $163.546.201,72
Para ejecutar esta multimillonaria evasión, el fisco comprobó que la AFA utilizó operaciones instrumentales de simulación a través de proveedores carentes de capacidad operativa, económica y financiera, que no contaban con empleados ni bienes registrables y cuyos domicilios eran inexistentes o estaban abandonados.
Se trata de supuestas empresas “fantasmas” usadas para justificar el movimiento de dinero.
La AFA intentó justificar la salida de estos fondos alegando que correspondían a “obras llave en mano” realizadas en su predio de Ezeiza durante 2023 y 2024.
Y dijo que el asunto debía tratarse con extrema “confidencialidad”, por lo que no detalló el personal contratado, pero ARCA entendió que estas operaciones en realidad eran falsas.
El rastreo de los cheques emitidos por la AFA reveló que terminaron siendo depositados, a través de endosos, por empresas como el Frigorífico Rioplatense (como cobro por venta de carne vacuna) y la firma agrícola BLD S.A. (para cancelación de compra de hacienda), con lo que existió un desvío de los fondos.
ARCA identificó un extenso listado de empresas que emitieron estas facturas supuestamente apócrifas a favor de la entidad.
Las firmas y personas involucradas son Consultek Consultoría y Servicios S.R.L.; ID Constructora S.R.L.; Central Hotel SRL; Meroka SRL; Construcciones Far West S.R.L.; Maxstore S.A.; Mosili; Logística Winter S.R.L.; Gramez; Holdembrog S.A.; LPH Events S.A. / Luicom S.A.; Belesan S.A.S. y Albamonte Construcciones S.R.L.
La denuncia menciona también a Ninapey S.A., Carbajal Marcelo Fabián, Alianza Producciones Sociedad Anónima, Xmart Solutions 2 S.R.L., Capadoccia S.R.L., Prussian Blue S.R.L., Maturana Sofia Nur, Nuevo Expreso San Ignacio S.R.L., GYE Turismo S.R.L., Abidan S.A., MB Canning y Ultrech S.R.L.
La denuncia acusó a la AFA y a su presidente, Claudio Fabián Tapia; al tesorero Pablo Ariel Toviggino; al secretario Víctor Blanco Rodríguez; al secretario Cristian Ariel Malaspina y al director general, Gustavo Roberto Lorenzo.
Asimismo, el tesorero Toviggino volvió a la carga contra el juez Amarante, que investiga este caso, y lo recusó.
Amarante rechazó en un informe la recusación y ahora resolverá la Cámara en lo Penal Económico con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio.
El tribunal, asimismo, rechazó el recurso de Casación planteado por la AFA para que el máximo tribunal penal del país analice si corresponde o no cerrar la causa por inexistencia de delito.
A la AFA le queda ahora ir a la Cámara Federal de Casación mediante un recurso de queja en el que deposita todas sus esperanzas.
amplió la denuncia,Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,AFAGate,Conforme a,AFA,,Es oficial. Otamendi podrá jugar el primer partido del Mundial: las razones del perdón de la FIFA,,La movida de Chiqui Tapia. El antecedente de Cristiano Ronaldo que ilusiona a la AFA con el caso Otamendi para el Mundial,,Tapia les cerró la puerta. Los auditores fueron a la AFA y encontraron el edificio bloqueado
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