POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno relativizó el impacto político del rechazo de la Corte Suprema al per saltum

El Gobierno evitó leer como un revés político la decisión de la Corte Suprema de rechazar el per saltum que había presentado para que el máximo tribunal interviniera de manera directa en la pelea judicial por la reforma laboral. En el Ejecutivo sostienen que el fallo fue tomado como “un buen gesto” porque llegó rápido y porque el pedido había sido formulado cuando más de 80 artículos de la ley estaban suspendidos. Con la norma nuevamente vigente, en Nación aseguran que el escenario cambió.
“Ahora que está vigente, no tenía sentido que siga el planteo, pero tampoco íbamos a desestimarlo por un tema de formas”, expresan en el oficialismo. En la Casa Rosada argumentan que la presentación que la Procuración del Tesoro hizo el 16 de abril tenía lógica en un contexto en el que el juez laboral Raúl Ojeda había frenado parte central de la ley, pero que perdió urgencia después de que la Cámara del Trabajo le otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado y restableció la operatividad de la reforma.
En Balcarce 50 quedaron conformes con que el expediente continúe en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia del Trabajo, una definición que consideran “más consistente con la naturaleza del caso” porque se discute la validez de una ley del Congreso y la actuación del Estado nacional.
La Corte sostuvo que el recurso era “inadmisible” porque, a su juicio, no estaban dados los requisitos del artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, la vía excepcional que habilita el salto de instancia en supuestos de notoria gravedad institucional y necesidad de una solución definitiva urgente. En términos prácticos, el tribunal cerró la posibilidad de una intervención inmediata y devolvió el expediente a su recorrido ordinario.
En el Gobierno afirman que esa definición rápida aporta “seguridad jurídica” en un expediente que venía acumulando cautelares, recusaciones y disputas de competencia. La reforma laboral fue sancionada el 27 de febrero y publicada el 6 de marzo como Ley 27.802. Además, en los últimos días Nación avanzó con una parte de la reglamentación de la reforma junto con una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene en paralelo abierto el frente judicial y rechaza la postura del oficialismo sobre el reordenamiento del expediente. En el sindicalismo sostienen que el conflicto sigue ligado a derechos laborales concretos y cuestionan que la discusión salga del fuero laboral, mientras que el Ejecutivo insiste en que el eje de la causa es federal y que la disputa de competencia ya quedó saldada.
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En la Casa Rosada ponen la mira sobre la continuidad del trámite en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La Sala IV ya había resuelto el 28 de abril que la causa debía tramitar en ese fuero y, en una nueva resolución de mayo, intimó al juzgado laboral a remitir el expediente en 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, al considerar que el conflicto de competencia estaba definitivamente resuelto en los términos del artículo 20 de la ley 26.854.
En Balcarce 50 aseguran que la clave de seguimiento ya no pasa por el per saltum, sino por cómo se encauce el expediente una vez radicado de manera efectiva en el contencioso administrativo. Ahí es donde la Procuración del Tesoro —que encabeza Sebastián Amerio— buscará sostener la vigencia de la ley y donde se jugará el próximo capítulo de una disputa que, por ahora, dejó al oficialismo sin atajo hacia la Corte, pero con una señal que interpretan como favorable en términos procesales.
Gobierno, Corte Suprema, reforma laboral
POLITICA
El Gobierno quiere limitar el mandato del jefe de los fiscales y ocupar otras 300 vacantes de jueces

El Gobierno se propone de acá fin de año cubrir todas las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales y asegurarse con cubrir con postulantes propios el 40 por ciento del Poder Judicial.
Pero el ambicioso plan de la Casa Rosada va acompañado por una propuesta sorpresiva: la idea de acortar el mandato del Procurador General de la Nación a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión. No está definido si la propuesta será dos períodos de 4 años, dos de 5 o dos de 6, según reconoció una alta fuente legislativa en diálogo con .
El Presidente aún no tiene definido si avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en el segundo semestre o lo dejará para 2028, según reconocieron distintas fuentes del Poder Ejecutivo.
“Aún no lo tiene resuelto”, ratificaron en el Congreso, en referencia al futuro de la Corte Suprema.
A pesar de la indefinición, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó hace tres meses a Javier Milei para reforzar la idea de que complete las vacantes con candidatos del Poder Judicial y no de la política. Más aún, para Lorenzetti deben provenir de la justicia federal, porque la Corte es federal y porque las últimas vacantes fueron cubiertas con candidatos de la justicia nacional.
La semana pasada volvieron a aparecer sobre la mesa los nombres de candidatos como Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, del lado de los jueces, hasta María Ibarzabal Murphy, la titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo.
En paralelo, el Gobierno quiere avanzar con el debate de un proyecto de ley que limite el mandato del Procurador General de la Nación.
Actualmente, el cargo es vitalicio, hasta los 75 años, al igual que el de los jueces.
Desde 2017, el cargo está vacante y lo ocupa de manera interina, con eficiencia y sin estridencias, el procurador adjunto, Eduardo Casal.
En el Gobierno piensan que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que fija en manos de los fiscales la investigación de los delitos, dará al Procurador General un poder enorme. Entre sus funciones tiene la facultad de controlar y designar a los fiscales que pueden disponer de la acción penal, es decir, decidir si siguen o no adelante con un caso.
“Es mucho poder, la idea es no dejarlo vitalicio, aún no se decidió si se van a plantear la posibilidad de dos mandatos consecutivos de 4 años, de 6 años o de 5 años de duración”, dijo a una fuente oficial que trabaja en el tema.
La danza de nombres para la Corte Suprema reactivó en la oposición la circulación de un viejo proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés, que propone que el mandato del Procurador General, en lugar de ser vitalicio, tenga 8 años de mandato, con opción a 4 más. Se mantienen el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su designación.
Este proyecto comenzó a circular por despachos de diversos jueces, se comentó su contenido en la Procuración General de la Nación y los operadores políticos que transitan entre el Congreso y los tribunales, llevaron y trajeron esta ofrenda para dialogar. Se transformó en parte de la negociación por el eventual candidato a Procurador General. Todos quieren poner su propio nombre y la posibilidad de atenuar su poder es vista como una forma de facilitar un acuerdo.
El oficialismo del Senado puntualiza que actualmente la prioridad en las negociaciones pasa por la reforma política y la eliminación de las PASO. Pero los acuerdos por el futuro de la Justicia están entrelazados en las conversaciones. La presencia de 13 gobernadores en la asunción de Diego Santilli no pasó inadvertida en el Senado y en el Palacio de Justicia. Fue interpretada como señal de sólido apoyo a estas ideas.
La otra prioridad -explicaron las fuentes- es cubrir todas las vacantes judiciales de aca a fin de año y tratar cada vez que se abra el Senado entre 20 y 30 pliegos por sesión.
La primera sesión está prevista para el 16 de julio y para agosto están citadas próximas audiencias. Hay ya enviados casi 140 pliegos y piensan en el Gobierno mandar los 300 antes de finde año, según dijeron en el Senado y en el Ministerio de Justicia a .
Esta semana quedó habilitado el envío de los pliegos para cambiar la Cámara Federal. Se cumplieron los plazos de impugnaciones, y se enviarán ahora al Senado, que tras la renuncia de Manuel Adorni, puede sesionar sin riesgo de que todo se convierta en un debate sobre el fantasma de la destitución.
Para la Cámara Federal, el Gobierno debe enviar el pliego de sus candidatos para cubrir para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Ambos fueron trasladados hace diez años por el entonces presidente Mauricio Macri pero la Corte Suprema anuló esos traslados y ordenó concursar los cargos.
Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola, allegado al ministro Juan Bautista Mahiques, y el propio Bertuzzi o la fiscal Cecilia Incardona para la otra vocalía. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.
El diseño de una nueva Cámara Federal se completa en los planes del Gobierno con la apertura de una tercera vacante, pues el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue elevado por el Poder Ejecutivo al Senado para una reválida de su acuerdo.
La aprobación de este concurso provocó disgusto en el juez Lorenzetti, no por los candidatos, sino porque junto con Carlos Rosenkrantz propusieron cambiar el reglamento de concursos para hacer más transparentes las designaciones y el asunto quedó congelado en el Consejo de la Magistratura, que encabeza Horacio Rosatti.
Lorenzetti y Rosenkrantz seguirán reclamando estos cambios en el reglamento de selección de jueces y pedirán un nuevo Código de Ética de los magistrados: entienden que es una deuda de la Argentina y lo que consideran una atribución de la Corte.
La conformación de la nueva Cámara Federal ya está generando debate en tribunales, donde Mariano Llorens aspira a conformar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, dejando aislado a Roberto Boico, que llegó con el apoyo del kirchnerismo.
Hasta hablan de “gobernar” las dos salas de la Cámara Federal. Para Boico, quedar en la vereda de enfrente de Llorens es como colocarse una cucarda en el pecho.
Las vacantes en Comodoro Py a llenar este año se completan con los juzgados federales, con cuatro lugares, y la Cámara de Casación Penal, con otras cuatro vacantes.
Hay un concurso ya corregido para cubrir tres vacantes de la Cámara de Casación, que ahora algunos jueces que quedaron relegados en sus notas quieren hacer revisar por “asesores técnicos”.
El Consejo de la Magistratura está ocupado con otras cuestiones. Como la mayoría de los mandatos de los consejeros, especialmente de los jueces y abogados, vencen a fin de año, ya están pensando en esas elecciones.
Y el presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña planteó su deseo de ser reelecto y presentó una medida cautelar. La ley del Consejo prohíbe la reelección, pero en su interpretación es posible.
Su candidatura rompió la lista Bordó de la Asociación de Magistrados que tiene hegemonía en las elecciones de jueces. El juez Andrés Basso, presidente de la Asociación y juez de tribunal oral, tiene sus propias aspiraciones. La interna provocó fisuras entre los jueces que venían ganando las elecciones en los últimos años y controlando ahora el Consejo Directivo.
Hay oposición a esta reelección, del kirchnerismo, ya que Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de asuntos jurídicos del Consejo de la Magistratura donde señalan que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas.
Se opuso también, desde la otra vereda, María Eugenia Talerico, de Será Justicia. Y el asunto tampoco es bien visto en el seno de la Corte Suprema.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Villarruel muestra su influencia en el Senado y aplicó un cambio para evitar el caos en las comisiones

Mientras el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, busca con ansiedad algún sendero que destrabe la pesada mochila de leyes que envió el Ejecutivo desde hace ya varios meses, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tomó una determinación para frenar una lesión poco visible en el día a día, pero que puso en riesgo la labor en el Congreso: salvo casos de extrema necesidad, frenará los cambios de último momento de legisladores en las comisiones, una situación que derivó en realidades descontroladas.
El embrollo, muy alejado de las lágrimas republicanas que se suelen actuar, complica una cuestión trascendental que, al parecer, sólo interesa a quienes de verdad adoptan con profesionalismo la labor en el Congreso. Es decir, el trámite para que una ley salga lo mejor posible. Para ello, las comisiones representan la base del trámite parlamentario. De hecho, los senadores se matan por integrar las que mueven hilos de poder, como la de Acuerdos -pliegos judiciales y militares, más ascensos diplomáticos-, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, etcétera. Ni hablar de las jugosas, como las bicamerales que “supervisan” a los organismos de inteligencia -tiene fondos reservados y ahí se “grita” el presente-, o la siempre pícara y juguetona de la Biblioteca.
En las primeras, los temas que se debaten y analizan son, muchas veces, delicados. En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por Infobae -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, las modificaciones se convirtieron en moneda corriente. Muchas, a último minuto. Entonces, lo que queda vigente es que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participan de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, aparece otro colega.
Hay algo peor: son los asesores de los legisladores quienes, con el correr de las semanas, pincelan idas y vueltas para acordar un despacho que, al final, es rubricado por otro compañero de bloque. Como siempre, el reglamento de la Cámara alta suele despejar dudas y permite, de una forma más ordenada, acercar la lupa. Por caso, el artículo 93 plantea: “Los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia. Los de las comisiones especiales e investigadoras, hasta el cumplimiento del plazo establecido en la resolución de su creación o del fijado en la prórroga que hubiere otorgado el cuerpo, en su caso, salvo que la comisión haya cumplido con su objeto antes del plazo establecido”.

Veamos, ahora, los artículos 101 y 102. El primero expresa: “Si en alguna comisión no se alcanza quorum luego de dos citaciones, cualquiera de sus miembros puede ponerlo en conocimiento de la Presidencia”. Y agrega: “Verificado este trámite y subsistiendo la falta de quorum, la comisión puede sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de sus miembros”. El otro, en tanto, señala: “Para el caso de inasistencia injustificada de un senador a dos reuniones de comisión, corresponde el apercibimiento de la Cámara. La inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas de comisión, significará un descuento en su dieta. Es obligación del presidente de cada comisión informar al presidente de la Cámara lo relativo a las inasistencias mencionadas, la que dará cuenta en la primera sesión, a fin de que se someta lo informado a consideración del pleno, el cual resolverá sobre la aplicación de la sanción”.
Para evitar dolores de cabeza, los enroques siempre fueron una herramienta a utilizar. No obstante, las personas más memoriosas no recuerdan una aceleración tan grande de estas jugadas, ni siquiera, en comparación con la época de Gabriela Michetti durante la era Cambiemos. Los más perjudicados son quienes ofician de secretarios de las comisiones, obligados a hacer malabares mientras cuentan los presentes para chequear el quorum ante modificaciones repentinas sobre las que, para estar seguros, deben verificarse y validarse con su decreto correspondiente. Todo, de manera exprés, como si se tratara de filetear -en unos pocos segundos- cien gramos de fiambre. La pequeña diferencia es que se refiere al armado de leyes que implicarán consecuencias para la ciudadanía.
La gota que rebalsó el vaso fue una ley de ecocidio, con penas de hasta 25 años de prisión -dictaminada a inicios de junio- que generó una fuerte polémica. Tras el despacho, libertarios tuvieron que desdecirse en relación con lo que habían rubricado a las apuradas y generó un fuerte malestar en Balcarce 50, que en paralelo promociona el RIGI -ya vigente- y el súper RIGI para proyectos mineros y energéticos, entre otros.
Además de la advertencia y eventual freno de esta mecánica, Villarruel impuso esta semana su criterio y pospuso una reunión de Labor Parlamentaria que apuraba Bullrich para sesionar. Ni siquiera los aliados acompañaron a la porteña. La titular de la Cámara alta también recibió al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. El platinado gremialista -referenciado en la izquierda socialista- se sacó fotos ese mismo día, un piso arriba de la oficina de la vicepresidenta, nada menos que con el interbloque cristinista, que maneja José Mayans. El formoseño mantiene una relación muy cordial con la líder del Senado y compañera de fórmula del jefe primer mandatario, el libertario Javier Milei.
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En medio de la tensión, Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a verse en la vigilia del 9 de Julio en Tucumán

En medio de su ruptura, Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a coincidir el próximo miércoles en la vigilia ante la Casa de Tucumán por el Día de la Independencia de la Argentina. La última vez que el Presidente y su vice compartieron un festejo patrio, Milei evitó saludar a Villarruel y ella le dio la espalda durante la interpretación del Himno Nacional.
La presencia de Villarruel fue confirmada a TN por un colaborador, que señaló que la vicepresidenta fue invitada junto a todas las autoridades nacionales por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
“Nosotros ya estamos circulando las invitaciones a todas las autoridades nacionales, a todas sin excepción”, había remarcado Jaldo en una búsqueda de no tomar partido en la interna que disputan Milei y su vicepresidenta. En ese sentido, remarcó: “Tucumán no excluye a nadie”.
Por su parte, el Presidente también confirmó su asistencia a la noche de la vigilia. Según explicaban en Casa Rosada, ese compromiso fue uno de los motivos por los que se decidió cancelar el viaje previsto a Estados Unidos para participar de los festejos auspiciados por Donald Trump por el Día de la Independencia norteamericana.
Será la segunda oportunidad en la que el Presidente encabezará la jornada patria. Ya lo había hecho en 2024, fecha en la que reunió a 18 gobernadores para firmar el Pacto de Mayo. Desde entonces, algunos de sus puntos fueron puestos en marcha, mientras que otros -como la Ley de propiedad privada- continúan bajo discusión.
Un nuevo encuentro de Milei y Villarruel
Por la ruptura total entre ambos, el Presidente y su vice solo coinciden en ocasiones institucionales como la apertura de sesiones del Congreso y algunos actos patrios. La última vez que ambos se encontraron fue durante los festejos en Rosario por el Día de la Bandera.
Allí, Nación no invitó a Villarruel, quien finalmente asistió por un llamado del Gobierno de Santa Fe. En ese contexto, la titular del Senado no fue ubicada en el acto ante el Monumento de la Bandera junto a los funcionarios nacionales, sino que permaneció entre los ministros provinciales.
A su vez, cuando pasó a su lado, el Presidente y los funcionarios que lo seguían evitaron acercarse a saludar a la vice. “Parece que es difícil saludar a una vicepresidente en plena democracia. Hay que preguntarles por qué son maleducados”, había replicado Villarruel a la prensa luego del acto.
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Por su parte, Villarruel devolvió el gesto cuando durante la entonación de las primeras estrofas del Himno Nacional se dio vuelta para darles la espalda al Presidente y sus ministros.
Además, luego cuestionó la presencia de Manuel Adorni, quien una semana después dejaría el cargo en medio de su investigación por presunto enriquecimiento ilícito. “Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él», punzó la vice.
Javier Milei, Victoria Villarruel, Tucumán
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