POLITICA
El Gobierno espera una fuerte baja del precio de la nafta en los próximos meses que ayude a desacelerar la inflación
El Gobierno proyecta una fuerte baja de la nafta para antes de la primavera y apuesta a que ese movimiento ayude a profundizar la desaceleración de la inflación. En la Casa Rosada aseguran que los actuales valores de los combustibles se mantendrán por otro mes y medio a dos meses para que las petroleras recuperen parte de lo perdido por desacoplar en parte los precios internos de los valores internacionales. Una vez completado ese proceso, las naftas pueden retroceder cerca del 17%.
La expectativa oficial es que la baja de los combustibles funcione como uno de los pilares de una desaceleración acelerada en el índice de precios. En Balcarce 50 se entusiasman con que la inflación pueda acercarse a cero en septiembre, aunque admiten que el resultado dependerá también del dólar, el petróleo, los impuestos y el resto de los precios regulados.
“Con esta baja, tenemos la expectativa de acercarnos a la inflación cero y de que se cumpla lo que dijo Milei”, expresan en el Ejecutivo.
Las fuentes consultadas plantean ese escenario como una apuesta, no como una garantía: creen que una reducción nominal de los combustibles puede ayudar a cortar la inercia inflacionaria, pero saben que el dato final dependerá de otras variables sensibles de la economía.
La nafta súper en CABA pasó de $1609 en febrero a $1999 en marzo promedio, una suba de 24,2%. La premium saltó en ese lapso de $1845 a $2207, un aumento de 19,6%, según los valores que publica el sitio especializado Surtidores.
En julio, la súper se ubicaba en $2047 y la premium en $2244, por lo que una baja del 17% llevaría esos valores a unos $1699 y $1863, respectivamente.
Eso implica que la reducción proyectada no volvería exactamente a los precios de febrero en todos los casos, pero sí recortaría buena parte del salto que se produjo en marzo en plena escalada del precio del crudo por la guerra entre EE.UU. e Irán.
En el caso de la premium, la baja la dejaría casi en el nivel previo al aumento de marzo. En la súper, quedaría todavía por encima de febrero, aunque bastante por debajo de los valores actuales.
El cálculo oficial parte del esquema que YPF y el resto de las petroleras aplicaron tras la suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. La compañía implementó un mecanismo de buffer para evitar trasladar toda la suba internacional del crudo a los surtidores, lo que permitió estabilizar los precios locales a princiios de abril.
Con el retroceso en el valor del petróleo Brent hacia niveles cercanos a los de febrero, el Gobierno cree que se abre margen para una corrección a la baja en los surtidores locales. Pero esa reducción no sería inmediata: primero, las petroleras buscarán recomponer parte del margen resignado durante los meses en los que vendieron por debajo de la paridad de importación.
Leé también: El Gobierno se enfoca en la estrategia parlamentaria y diseña un plan para reflotar tres proyectos clave
En el Ejecutivo sostienen que el precio quedará estable durante otros 45 o 60 días y que recién después se aplicaría la baja. La expectativa es que, si el petróleo se mantiene en niveles más bajos y no hay un salto del dólar, el ajuste pueda trasladarse a los surtidores para principios de septiembre.
El Gobierno también viene administrando el impuesto a los combustibles para evitar un impacto mayor sobre los precios. Esta semana aplicó solo una suba parcial de los tributos, de alrededor del 1%, y volvió a postergar el grueso del ajuste pendiente. Esa decisión forma parte de la misma estrategia: evitar que los combustibles vuelvan a empujar al alza al IPC en los próximos meses.
El punto sensible es que todavía existe un remanente impositivo acumulado que el Ejecutivo viene difiriendo desde 2024, todo 2025 y parte de 2026. Si Economía decidiera aplicarlo de manera plena en agosto, podría neutralizar parte del margen para bajar los precios. Por eso, en el sector energético miran de cerca cómo se administrará ese calendario tributario.
La nafta tiene un peso político y económico mayor al de su incidencia directa en el índice. Su precio impacta en las expectativas, en la logística, en los costos de transporte y en la percepción cotidiana de los consumidores. Por eso, en la Casa Rosada la consideran una variable clave para intentar quebrar la inercia inflacionaria.
El Gobierno viene de proyectar una inflación de junio por debajo del 2%, luego del 2,1% de mayo y del pico de 3,4% de marzo, que estuvo atravesado por el salto de los combustibles. En el Ejecutivo creen que, si julio y agosto mantienen la tendencia, una baja de la nafta podría convertirse en el dato que empuje el IPC hacia niveles mínimos en septiembre.
Leé también: El Gobierno evalúa alternativas para destrabar la negociación por la reforma electoral y lograr media sanción en agosto
El informe de avance del Presupuesto 2027 también va en esa dirección: el Ejecutivo anticipó una “desaceleración significativa de la inflación”, junto con superávit fiscal, reducción de impuestos y recuperación del ingreso real. La estrategia de los combustibles aparece como una pieza más de ese objetivo macroeconómico.
La apuesta, sin embargo, tiene condiciones. Un nuevo salto del petróleo, una suba fuerte del dólar o una aplicación plena del impuesto a los combustibles podrían limitar el efecto esperado. También pueden influir otros precios regulados, alimentos, turismo de invierno y tarifas de servicios públicos.
En la Casa Rosada buscan instalar que la baja de la inflación no dependerá sólo de la política monetaria, sino también de decisiones puntuales sobre precios sensibles. La nafta aparece ahora como el eje más fuerte: el Gobierno quiere usarla para mostrar que el shock de marzo fue transitorio y que el proceso de desinflación puede volver a acelerarse.
Gobierno, Nafta, Inflación
La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.
Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
–
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.
South America / Central America,Civil Unrest,Buenos Aires
POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
la medida,»Las instituciones importan». Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción,Tasas transparentes,Esteban Echeverría,Impuestos,Conforme a
POLITICA
Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.
La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.
Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.
El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.
El mensaje del Canciller al gobierno de Kast por la reunión entre empresarios de Malvinas y Chile: “Esperamos que cumplan”
En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Martín Menem, Casanello, Justicia
Among Us recibe la actualización 19.0.0 – Nintenderos
La UCR pedirá información sobre los supuestos terroristas mencionados por Milei
Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
Levantan suspensión en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: estas son las obras que vienen
Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El secretario de Defensa británico dijo que el Reino Unido está preparado para defender militarmente las Malvinas
El gobierno porteño y el colectivo LGBTIQ+ llegaron a un acuerdo y confirmaron la fecha de la Marcha del Orgullo
El viento de frente internacional no pone freno al apetito por riesgo argentino
Trump’s Greenland deal shadows Xi visit after years of Beijing eyeing Arctic influence
INTERNACIONAL3 días agoEl secretario de Defensa británico dijo que el Reino Unido está preparado para defender militarmente las Malvinas
- POLITICA3 días ago
El conflicto por discapacidad lesionó el vínculo del Gobierno con el PRO y se dilatan los planes electorales
- SOCIEDAD3 días ago
El universo de Code Geass se expande con una nueva historia. Star Chaser Aspal presenta su primer tráiler y apunta a 2027
