POLITICA
Preocupa en la Armada la inminente sentencia judicial contra cuatro oficiales por el caso ARA San Juan
Fuentes de la Armada confiaron a que existe una creciente preocupación en la comunidad naval por la inminente sentencia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, que podría condenar a cuatro oficiales de la fuerza por el hundimiento del submarino ARA San Juan, cuyos 44 tripulantes ofrendaron sus vidas en una operación llevada adelante en el Atlántico Sur en noviembre de 2017.
A casi nueve años de la tragedia, entre varios almirantes retirados circula en estos días un documento, en el que se advierte sobre la posibilidad de que la Justicia atribuya responsabilidades penales a comandantes superiores de la Armada que no estaban a cargo directamente de la conducción del submarino en el lugar de los hechos.
El pronunciamiento que refleja la preocupación que existe en la Armada se conoce cuando faltan pocos días para la audiencia en la que el tribunal dictaría sentencia, lo que podría ocurrir el miércoles o jueves próximo, aunque todavía está pendiente la definición de pedidos de nulidad planteados por las defensas de los marinos acusados.
En los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal pidió cinco años de prisión para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era el comandante de Alistamiento y Adiestramiento –máximo cargo operativo en la fuerza- en el momento de la implosión del submarino, a más de 900 metros de profundidad, y para el capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien fue destituido por el Consejo de Guerra, por entonces comandante de la Fuerza de Submarinos. También solicitó cuatro años de prisión para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y una condena de tres años y seis meses para el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de Comunicaciones.
Las querellas de 34 familias de las víctimas también pidieron la pena máxima para los cuatro exjefes navales por “la imprudencia grave y sistemática” de quienes tenían el deber de cuidar a los tripulantes.
En la Armada, en tanto, entienden que una sentencia negativa condicionaría a los oficiales de las nuevas camadas, que no encontrarían incentivos para asumir responsabilidades en su carrera naval.
“¿Quién asumirá en el futuro algún riesgo para cumplir las distintas operaciones reales y de adiestramiento de las Fuerzas Armadas viendo las responsabilidades penales que podrían endilgársele por decisiones que no toman ellos o por circunstancias fuera de su control?”, se preguntan en el documento. Incluyen en ese potencial escenario “todas las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas”, desde el control del mar y la logística antártica hasta las misiones de paz y el apoyo a la comunidad ante catástrofes.
Responsabilidades
Los oficiales de la Armada, especialmente los retirados, insisten en que los comandantes de las naves son los responsables finales de las operaciones que se desarrollan en el mar, por encima de las autoridades navales que integran la cadena de mandos, pero que están a varios kilómetros del lugar del siniestro. En el caso del ARA San Juan esa función la cumplía el malogrado capitán de fragata Pedro Martín Fernández.
“El Reglamento General del Servicio Naval establece que la responsabilidad del comandante respecto de su buque es absoluta y solo cesa en caso de ser relevado por autoridad competente”, sostienen en la Armada, al citar un principio que rige “desde siempre en el mundo entero”.
Afirman, así, que el comandante de la nave “es el único que puede observar, evaluar la situación in situ y tomar las medidas correctivas correspondientes con el asesoramiento de su plana mayor y dotación”.
Expresan también su malestar porque no hubo marinos en la composición del Consejo General de Guerra constituido en el Ministerio de Defensa durante la gestión de Agustín Rossi, que aplicó sanciones disciplinarias al capitán Villamide. Se estima que la sanción de ese tribunal tiene una influencia decisiva en el proceso judicial.
En el pronunciamiento se destaca que unos 90 marinos con formación especializada y experiencia en la navegación coincidieron en que el ARA San Juan reunía las condiciones de adiestramiento, alistamiento y apresto necesarias para desarrollar con seguridad la misión impuesta.
A diferencia de las pruebas analizadas en el proceso judicial, que llevaron al procesamiento y enjuiciamiento de los cuatro oficiales de la Armada, en el documento se asegura que “el ARA San Juan zarpó en condiciones seguras para navegar”, a partir del aval dado por el propio comandante, luego de finalizar las pruebas previas a la navegación.
“Nunca sabremos qué ocurrió desde que el submarino se fue a inmersión por decisión del comandante hasta que implotó horas después. Solo tenemos suposiciones”, insisten en la Armada.
Tras sentenciar que “la actividad militar es intrínsecamente riesgosa”, los oficiales consultados por coincidieron en que “el comandante y su tripulación hicieron lo mejor que pudieron y supieron para mantenerse seguros en las circunstancias que les tocó vivir. Pero los accidentes y las tragedias ocurren”.
Finalmente, señalaron que “condenar a un grupo de prestigiosos oficiales navales solo servirá para que futuros oficiales de comando rehúyan o recelen de sus enormes responsabilidades con magros recursos y cambien su idiosincrasia en detrimento de su eficiencia. Esto destruirá nuestra doctrina y reglamentos, dinamitando los cimientos de la profesión naval”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Submarino ARA San Juan,Conforme a,Fuerzas Armadas,,»Vuelos bautismo». Pilotos argentinos volaron por primera vez los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca,,»Decoro» y «disciplina». El Ejército prohíbe a los militares publicar planteos, quejas y denuncias en las redes sociales,,Aviones supersónicos. Aún no está terminada la brigada aérea de Tandil que albergará los F-16 ya comprados a Dinamarca
POLITICA
Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título
Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.
El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.
Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos
La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.
El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.
El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.
Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.
El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.
Salario Mínimo, salario Mínimo vital y móvil, salarios, FRESU, TNS
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el presidente llamó a Lula “zurdo ladrón” días antes del balotaje en Brasil
Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch.
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El nuevo encuentro entre representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro, se realizó este martes en la Casa Rosada. Con una duración más corta que lo habitual, y una agenda con distintos temas legislativos, el avance por un posible acuerdo electoral volvió a quedar supeditado a lo que pueda pasar en el Congreso, alrededor de la reforma electoral, que apunta a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
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La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.
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La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.
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POLITICA
El Gobierno postergó el debate de la Ley de Malvinas y negocia cambios para sumar apoyos – Nexofin
El oficialismo aplazó el avance de la denominada Ley de Malvinas, un proyecto que excede el reclamo de soberanía sobre las islas e incluye modificaciones en materia de defensa, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos. La discusión en comisiones se reprogramó para el 27 de octubre, mientras el Gobierno busca ajustar el texto para conseguir respaldo legislativo.
La decisión llegó después de que distintos bloques reclamaran cambios y surgieran reparos desde Estados Unidos. Según trascendió, empresas de ese país cuestionaron la falta de precisión en las sanciones previstas para compañías extranjeras.
La llegada a la Argentina del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, suma otro factor a las negociaciones.
El Gobierno impuso el secreto militar para la compra de equipamiento a las Fuerzas Armadas
Uno de los puntos que el Gobierno prevé modificar es el artículo que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de agentes extranjeros, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
La nueva versión eliminaría la referencia a las “campañas de desinformación”, cuestionada por organizaciones periodísticas y especialistas en derecho constitucional por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
También se analiza ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. El proyecto sumaría, además, una comisión bicameral para supervisar su funcionamiento.
El respaldo parlamentario sigue sin estar asegurado. El peronismo anticipó que acompañaría únicamente el capítulo dedicado a Malvinas y pidió tratarlo por separado.
En paralelo, el oficialismo deberá negociar con sus aliados de Pro, la UCR y los bloques de centro para reunir los votos necesarios.
Javier Milei celebró el récord de exportaciones: “Argentina está generando una revolución subterránea”
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