POLITICA
Con la incorporación de Santilli al Gabinete, el Gobierno relanza su estrategia para las elecciones 2027
Tras la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, el Gobierno reedita los ejes de campaña y empieza a ordenar una nueva etapa electoral menos disruptiva y más dependiente de acuerdos políticos. En la Casa Rosada reconocen que el ascenso del exministro del Interior marca un cambio en el armado y en el discurso: la estrategia quedará centrada en resultados económicos, seguridad, reformas en el Congreso y acuerdos con gobernadores.
En distintos sectores del Ejecutivo sostienen que el recambio es una señal de que el “proyecto original ya murió” y que el oficialismo deberá ordenar la campaña sobre otras directivas. En Balcarce 50 hablan de una etapa menos enfocada en la “batalla contra la casta” como eje identitario y más orientada a ofrecer estabilidad macroeconómica, financiera y de seguridad. “La única apuesta de cautivo electoral son los resultados económicos”, agregan en Nación.
El cambio implica dejar en segundo plano parte de la agenda más disruptiva con la que Milei llegó al poder. En la Casa Rosada admiten que perderán centralidad iniciativas vinculadas a la lucha contra los “privilegios de la política”, como la reforma de la Ley de Ética Pública que venían trabajando equipos técnicos. El foco, en cambio, se moverá hacia la defensa del orden fiscal, la baja de la inflación, el control del gasto, la seguridad y la gobernabilidad.
“Como el macrismo”, reconocen en un sector oficial al describir el nuevo encuadre. No lo plantean como un alineamiento político con Mauricio Macri, a quien Milei volvió a criticar con dureza por el reperfilamiento de la deuda, sino como una forma de campaña más asentada en previsibilidad, administración de logros y promesa de continuidad. La idea es que el oficialismo llegue a 2027 con un mensaje menos fundacional y más asociado a la preservación de resultados.
En ese marco, en el Gobierno empiezan a presentar un eventual segundo mandato como una etapa más expansiva en términos económicos. La idea que circula en Balcarce 50 es que, si la inflación converge hacia niveles internacionales y el programa logra sostener el orden fiscal y monetario, la campaña de 2027 podrá apoyarse menos en recortes, ajuste y restricciones, y más en inversión, crédito, baja de impuestos, apertura de sectores y crecimiento. “La primera etapa fue ordenar. La segunda tiene que ser expandir”, sintetizan en Nación.
La presencia de gobernadores y dirigentes del PRO en la jura de Santilli fue leída dentro del Gobierno como parte de esa transición. El nuevo jefe de Gabinete asumió ante una señal política de mandatarios provinciales y actores aliados, en una ceremonia en la que también estuvieron Karina Milei, Santiago Caputo, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y Manuel Adorni. La foto buscó mostrar convivencia interna y apertura hacia los sectores que el oficialismo necesita para sostener las reformas.
En la Casa Rosada reconocen que la falta de figuras propias aceleró el giro. La caída de José Luis Espert y Manuel Adorni como referentes cercanos a Milei obligó a repensar el armado de equipos y la construcción de vocerías. En el oficialismo reconocen que llegada de Santilli, la centralidad de Patricia Bullrich en el Congreso y los acuerdos con gobernadores muestran que dependen cada vez más de dirigentes a los que en campaña había presentado como parte del sistema que venían a combatir.
Ese cambio también impacta en la estrategia porteña. En Balcarce 50 reconocen ahora que están más cerca de abrir una negociación en la Ciudad de Buenos Aires y de ordenar el vínculo con Patricia Bullrich en otros términos, algo que hasta hace pocas semanas no estaba en los planes del armado karinista. La idea inicial era forzar a la senadora a competir por la Ciudad para contenerla territorialmente, pero el nuevo escenario la vuelve una pieza más difícil de limitar.
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“Vamos a tener que arreglar con Patricia. Internamente todos lo saben”, expresan en Nación. La frase refleja el nuevo equilibrio: Bullrich acumuló poder de negociación por su rol en el Senado, por su autonomía frente al caso Adorni y por la necesidad del Gobierno de evitar nuevas fracturas con aliados. La Casa Rosada ya no descarta discutir con ella un esquema más amplio, que incluya la Ciudad, la fórmula nacional o la articulación legislativa hacia 2027.
En esa misma línea está orientado el estilo de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. “Javier pidió que sea todo económico”, expresan en el Ejecutivo. Es por eso que en su primera conferencia con preguntas no hubo anuncios fuertes de otra índole y la centralidad estuvo puesta en una defensa del programa económico, la baja de la inflación, las reformas y los datos de gestión.
El balance interno sobre Ravier fue positivo. “Aprobado”, responden en el Gobierno. La nueva escenografía, el uso de filminas y el tono más técnico buscaron marcar una diferencia visual y discursiva con Adorni. En la Casa Rosada dicen que el objetivo es que “se vea y se escuche diferente”, con menos confrontación con la prensa y más énfasis en argumentos económicos.
La diferencia con el esquema anterior es que ahora el Gobierno prioriza la sanción de reformas en el Congreso y la negociación con gobernadores, legisladores y dirigentes territoriales. Santilli asumió con el objetivo de reconstruir el vínculo con los aliados, ordenar la agenda parlamentaria y sostener acuerdos que permitan aprobar proyectos antes de marzo. La reforma electoral, el Súper RIGI, la propiedad privada, pliegos judiciales, Ley Hojarasca, ludopatía y etiquetado frontal aparecen dentro del menú de discusión.
En la Casa Rosada también prevén avanzar con acuerdos políticos en las provincias. La idea es negociar con mandatarios que puedan competir contra La Libertad Avanza en sus distritos, pero sin romper puentes de gobernabilidad. “Qué candidato poner y dónde no jugar fuerte”, resumen en Nación sobre el tipo de conversaciones que se imaginan para ordenar la competencia electoral de manera extraoficial.
Ese esquema ya venía en desarrollo antes de la salida de Adorni. En Balcarce 50 hablaban de acuerdos reservados de competencia y gobernabilidad con gobernadores dialoguistas: no necesariamente ir juntos en las boletas, pero sí evitar choques directos en algunos distritos, sostener votaciones de reformas y no jugar con candidatos locales que compliquen el vínculo político. La llegada de Santilli busca darle mayor volumen a esa negociación.
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El Gobierno planea competir con el sello de La Libertad Avanza en la mayoría de las provincias, aunque sin romper los canales de diálogo con los mandatarios que necesita para aprobar leyes. En el Ejecutivo aseguran que el armado electoral será similar al de 2025: competir sin acuerdo con el oficialismo local en buena parte del país y jugar con más intensidad en los distritos con mayor cantidad de habitantes e infraestructura partidaria.
La llegada de Santilli también se inscribe en una serie de salidas que fueron modificando el proyecto original, como la de Nicolás Posse, Guillermo Francos, Guillermo Ferraro y Adorni. Los nombres que siguen presentes desde la primera etapa son Karina Milei, Santiago Caputo y los Menem, aunque con funciones distintas y un equilibrio interno cada vez más pragmático.
El reordenamiento electoral tendrá además una división de tareas más nítida. Karina Milei controlará los armados nacionales y provinciales junto a Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, mientras que Santiago Caputo asesorará a Javier Milei en términos electorales, sin intervenir directamente en las provincias ni en la selección territorial de candidatos. En el Gobierno buscan evitar que el armado vuelva a convertirse en un campo de disputa permanente entre terminales internas.
Las Fuerzas del Cielo, en cambio, apuntan a seguir controlando áreas clave del Estado y preservar influencia en la conversación pública. En el oficialismo mencionan la SIDE, ARCA, organismos de Economía, Salud y otras estructuras sensibles donde conviven funcionarios de distintas terminales. “Van a poner a sus candidatos, pero la campaña la vamos a hacer y ganar igual”, expresan desde ese sector, en una señal de que la interna por el poder estatal no se trasladará necesariamente a la lapicera electoral.
Diego Santilli, Gobierno, Campana
La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital la orden del juez Ariel Lijo que rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario, en el marco de la investigación por presunta corrupción en el organismo.
El planteo busca frenar la convocatoria para que Spagnuolo aporte una muestra de voz que permita cotejarla con las grabaciones que destaparon el caso.
Los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz equivale a forzarlo a declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.
Los letrados sostuvieron que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.
Además, los abogados recordaron que está pendiente de resolución la presentación realizada para que los audios no sean incorporados como medida de prueba, ya que cuestionaron su autenticidad al sostener que fueron manipulados con inteligencia artificial.
Días atrás, Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios y recordó que la medida está destinada a determinar la autenticidad de las grabaciones y que debe avanzar pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz para su comparación.
En su fallo, Lijo distinguió entre la prohibición constitucional de autoincriminación, que rige para las declaraciones testimoniales o de contenido intelectual, y la obtención de datos biométricos como la voz, equiparables a las huellas dactilares o el ADN. Recordó además que la Cámara Federal ya había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros, y que suspender el peritaje impediría cumplir con esa directiva.
El ida y vuelta con el peritaje
“Los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”, dijo oportunamente a TN el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro. Además, agregó que “más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.
Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.
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El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.
La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia
POLITICA
Tensión en el Senado: “Cumbre” Villarruel-Bullrich para limar asperezas tras la discusión por la extranjerización de tierras
Veinte minutos de reunión privada para limar asperezas. Así definieron fuentes legislativas la “cumbre” que esta tarde mantuvieron la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), en una Cámara alta casi vacía de legisladores por las vacaciones de invierno.
Según pudo saber , la conversación tuvo momentos de tensión y concluyó con el acuerdo en torno a una nueva tregua en la que ambas partes se comprometieron a mantener sus posturas, pero sin afectar el funcionamiento de la Cámara alta.
Tampoco faltaron los gestos de distensión, ya que Bullrich le anticipó a Villarruel cuáles serán los planes del oficialismo cuando el Senado retome su actividad plena en la primera semana de agosto.
Las asperezas que se intentaron limar fueron las que quedaron expuestas la semana pasada, cuando se filtró a la prensa una conversación privada entre ambas dirigentes con fuertes discrepancias en torno a la ley de extranjerización de tierras.
La difusión del chat fue considerada como una traición y un golpe bajo político de Bullrich por parte de la vicepresidenta.
La tensión llegó a tal nivel que el viernes último que el prosecretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza, Cristian Larsen, uno de los principales colaboradores de Bullrich, presentó en la Justicia una denuncia por amenazas en contra del director general del cuerpo de asesores del Senado y principal consultor político de la vicepresidenta, Mario “Pato” Russo.
La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi que el viernes a última hora dictó una medida para que se le imponga custodia a Larsen mientras desarrolle sus tareas en el palacio legislativo.
El incidente que generó la denuncia habría sido un mensaje amenazante que Russo le habría mandado a Larsen por Watsapp luego de haberse enterado de la filtración a la prensa por parte de Bullrich de la conversación con Villarruel.
Recriminaciones
Según pudo reconstruir en fuentes ubicadas a ambos lados de las partes en conflicto, la reunión de esta tarde entre Villarruel y Bullrich tuvo su momento de tensión cuando la vicepresidenta le recriminó a la senadora su actitud del miércoles de la semana pasada.
Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas, Bullrich le reprochó a la vicepresidenta su campaña de mensajes a los senadores militando en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en particular del polémico capítulo que habilita la venta a extranjeros de tierras rurales sin límite alguno.
En ese momento, Villarruel habría justificado su actitud asegurando que no había hecho más que anticiparle a los senadores cuál era su postura y cuál sería su actitud ante la eventualidad de que tuviera que desempatar la votación de proyecto y volvió a manifestarle su enojo por la filtración.
Por último, Bullrich explicó que no filtró el chat a la prensa, sino que lo difundió a los miembros del bloque oficialista y justificó su actitud en la necesidad de comunicarles a sus legisladores cuál era la postura de la vicepresidenta sobre el proyecto.
El encuentro se celebró en el despacho de Victoria Villarruel, en el primer piso del palacio legislativo, y se produjo a pedido de Bullrich, según confiaron voceros parlamentarios.
La relación entre Villarruel y Bullrich nunca fue buena, sobre todo desde que la presidenta del Senado fue declarada enemiga pública del Gobierno por el propio Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
De hecho, esta no es la primera “tregua” que firman ambas dirigentes. Tras algunas declaraciones de alto voltaje por parte de Bullrich contra Villarruel previo a la llegada de la exministra al Senado, la tensión menguó luego de algunos encuentros cara a cara que terminaron dejando en claro que nunca serían amigas, pero que sí podían establecer un pacto de convivencia pacífica.
La pelea por la filtración del chat se instaló en la red social X, con mensajes cruzados. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, sentenció Villarruel.
Al día siguiente, vino la respuesta de Bullrich. “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”, se pronunció la senadora en clara alusión a la postura cada vez más opositora adoptada por Villarruel.
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POLITICA
Legisladores libertarios presentaron un proyecto para arancelar salud y universidades a extranjeros en la provincia de Buenos Aires
Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que establece un régimen de arancelamiento para las prestaciones sanitarias en hospitales públicos provinciales y para los estudios de grado en universidades de gestión estatal, aplicable a personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país. La iniciativa se apoya en las categorías migratorias definidas por la Ley Nacional 25.871: residente permanente, residente temporario, residente transitorio y autorización de residencia precaria.
Los fundamentos del proyecto sostienen que los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben administrarse con prioridad hacia los bonaerenses. “La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, reza el texto de la iniciativa.
La propuesta agrega que “la gratuidad indiscriminada, tanto en el sistema de salud como en educación, termina perjudicando principalmente a quienes dependen todos los días del hospital público y de la universidad estatal”.
El proyecto tomó estado parlamentario en un contexto de alta temperatura en las redes sociales, días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, que desató una avalancha de burlas y críticas hacia la Selección por parte de usuarios de distintos países. Fue en ese clima donde el diputado bonaerense Agustín Romo, uno de los firmantes de la iniciativa, lanzó en X el mensaje que anticipó el ingreso formal del texto: “¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”.
Bajo el régimen propuesto para el sistema de salud, los extranjeros sin residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban, ya sea por cuenta propia, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado. Para las prestaciones habituales o programadas, deberán acreditar cobertura o cancelar el arancel antes de recibirlas. El cobro se canalizaría a través del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.), una estructura provincial que ya cuenta con mecanismos de facturación y nomencladores, de modo que —según el texto— no se crearía una nueva burocracia. La recaudación obtenida ingresaría al Fondo Provincial de Salud del S.A.M.O. y se destinaría a la adquisición de insumos, equipamiento y medicamentos, a obras de infraestructura y a la mejora de la capacidad operativa de los hospitales públicos.
La propuesta fija, al mismo tiempo, excepciones expresas al cobro. Ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de urgencia o emergencia con riesgo inminente para la vida; el eventual recupero del costo se tramitaría recién después de estabilizar al paciente. Quedan también eximidas del arancelamiento las víctimas de trata de personas y las acciones de prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria, por razones de salud pública.
Para el sistema universitario, el articulado obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Cada institución, a través de sus propios órganos superiores, determinaría los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización dentro del marco que establece la ley. “La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
La iniciativa incluye una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos, sin datos personales.
El Ministerio de Salud sería la autoridad de aplicación del título sanitario, mientras que cada casa de estudios aplicaría el título educativo dentro de sus propias competencias y autonomía.
El texto invita además a los municipios de la provincia que cuenten con establecimientos de salud propios a adherirse al régimen. Si la ley fuera aprobada, el Poder Ejecutivo tendría 90 días corridos desde su publicación para reglamentarla, publicar el nomenclador arancelario y fijar las reglas de facturación. Las universidades provinciales de gestión estatal dispondrían del mismo plazo para adecuar su normativa interna.
El proyecto lleva, además de la de Romo, las firmas de Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Mariela Vitale, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Gastón Abonjo, Analía Corvino, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Ramón Vera Chávez, Carla Pannelli, Héctor Gay, Maximiliano Bondarenko y Florencia Retamoso.
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