POLITICA
Lanzaron un programa para fomentar la inclusión sociolaboral de personas en rehabilitación por consumo de drogas

Este miércoles a la madrugada, el Secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Roberto Moro, resolvió crear el Programa Piloto “Aliados” para promover la inclusión sociolaboral de personas en rehabilitación. La medida será desarrollada bajo el ámbito de la Subsecretaría de Prevención, Investigación y Estadísticas en Materia de Drogas.
El plan fue anunciado en el Boletín Oficial, por medio de la publicación de la Resolución N° 87/2026. De esta manera, las autoridades remarcaron que se tratará de una iniciativa destinada a “las personas que transitan la etapa avanzada de tratamiento por consumo problemático”.
Desde la SEDRONAR apuntaron que las personas bajo tratamiento de rehabilitación “suelen ser socialmente estigmatizadas y cuentan con escasas oportunidades para acceder a un empleo o desarrollar un proyecto de vida que les permita una inserción social y económica sostenible”.
Por este motivo, las autoridades destacaron que “resulta necesaria la promoción de acciones integrales destinadas a construir un círculo virtuoso y un entorno capaz de brindar oportunidades reales de inclusión sociolaboral”.

No obstante, indicaron que, en principio, se tratará de un programa piloto que buscará implementar estrategias focalizadas en determinadas zonas. Una vez que se evalúen los resultados, se ampliará el alcance de la medida.
“La SEDRONAR se encuentra realizando un trabajo de articulación en la materia con la Secretaría de Trabajo tendiente a materializar el programa que por la presente se crea”, comunicaron. Asimismo, indicaron que será necesario crear un Comité de Coordinación del Programa Aliados (CCPA), un Equipo Interdisciplinario del Programa Aliados (EIPA) y un Equipo Técnico Tratante (ETT).
Según explicaron en el considerando, cada uno de los equipos deberá ser conformado por profesionales que son parte de la planta del organismo y, en el caso del ETT, de integrantes de la Red SEDRONAR. No obstante, los cargos serán realizados con carácter ad honorem.
A pesar de esto, señalaron que el programa quedó habilitado a colaborar con actores (los denominados “Aliados”) que contribuyan a generar vacantes de empleabilidad, seguimiento de beneficiarios, insumos, capacitaciones, financiamiento, instalaciones y recursos humanos. Sin embargo, esto no implicaría una relación asociativa con el ente público.
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Por este motivo, se aprobaron varios modelos de documentación para formalizar la vinculación y colaboración entre las partes involucradas. Entre ellos, una carta de adhesión para actividades de colaboración y cooperación institucional destinada a quienes participen como Aliados del programa, y un consentimiento informado dirigido a los beneficiarios, ambos anexados en la resolución.
También se estableció un modelo de carta de adhesión para los referentes aliados, es decir, aquellas personas que, sin remuneración, acompañarán a los beneficiarios durante su participación. Además, se incorporó un modelo de carta para los dispositivos de la Red SEDRONAR que decidan sumarse al plan.
Por otro lado, en la Resolución N° 112/2026, Moro aprobó los lineamientos que servirán como guía para desarrollar la iniciativa. En ellos, no solo indicaron que la participación de actores provenientes del sector privado y público estará habilitada, sino que describieron cómo serán las diferentes etapas que se llevarán a cabo.
Cómo serán las etapas que conformarán al Programa Piloto “Aliados”
La primera etapa del Programa Piloto “Aliados” consistirá en la capacitación en habilidades blandas, diseñada para establecer las condiciones básicas que sostienen la continuidad en un empleo. Durante cuatro encuentros, el Aliado capacitador abordará temas como puntualidad, comunicación, trabajo en equipo, manejo del dinero y relación con la autoridad, entre otros.

Al mismo tiempo que remarcaron que para avanzar a la siguiente etapa se exige una asistencia mínima del 80%, advirtieron que quienes incumplan con ese requisito serán excluidos del programa. Asimismo, indicaron que el registro de asistencia será responsabilidad del capacitador.
La segunda etapa se orientará a la formación en un oficio certificado, según el perfil requerido por el Aliado que ofrece las vacantes para empleabilidad. Por esto, el capacitador organizará los encuentros necesarios y registrará la asistencia de los beneficiarios, además de realizar la evaluación correspondiente. Para avanzar, los participantes deberán aprobar la evaluación y cumplir con al menos el 80% de asistencia.
Por último, en la tercera etapa, el Aliado empleador seleccionará a los beneficiarios que hayan completado satisfactoriamente las etapas previas, en función de las vacantes disponibles y los criterios de empleabilidad definidos en conjunto con la entidad participante.
Durante este periodo, el Centro de Capacitación y Producción Asistida (CCPA) mantendrá el seguimiento y acompañamiento, con el objetivo de reforzar la empleabilidad mediante encuentros destinados a la inducción laboral, como la confección de currículum, la preparación para entrevistas y la adaptación al primer día de trabajo. El acompañamiento continuará, principalmente, de forma virtual.
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POLITICA
El Gobierno quiere mostrar que prioriza a las provincias: los viajes de Milei y las reuniones de Santilli

Mientras el oficialismo continúa trabado en el Congreso, intentando resistir los embistes de la oposición y, al mismo tiempo, conseguir el apoyo para sancionar leyes que considera importante, la cúpula del Gobierno profundiza los contactos con las provincias, actores clave para conseguir ambas metas.
Mientras el presidente Javier Milei prevé viajar en los próximos días a Catamarca y analiza una posible visita a San Juan y a otros lugares del norte y el sur del país, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en la Casa Rosada a dos mandatarios locales.
Como es natural, el ministro coordinador es quien viene encabezando los encuentros con los representantes del interior para escuchar sus reclamos y, como contrapartida, pedirles el respaldo para las medidas que la Nación necesita.
La primera de las reuniones que tendrá “El Colo” sobre el final de esta semana será este jueves a las 18:15 con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas que siempre se mostró cercano a la administración libertaria.

La ronda de conversaciones continuará este viernes, cuando será el turno del mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés, referente del radicalismo que el año pasado compitió y le ganó a LLA en su territorio.
La agenda incluirá cuestiones de gestión, reclamos de cada distrito y muy probablemente los próximos debates en el Congreso, con la reforma electoral como uno de los ejes centrales.
La Casa Rosada necesita sumar apoyos para avanzar con el proyecto que busca modificar las reglas para el año que viene y que tiene como principal punto la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
“Todavía no tenemos todos los votos, pero estamos muy cerca”, aseguró a Infobae uno de los integrantes de la mesa política del oficialismo, quien también reconoció que estarían dispuestos a considerar una suspensión de esta herramienta, si es que los otros espacios se niegan a derogarla.
El Poder Ejecutivo también requiere acuerdos para aprobar en el recinto el Presupuesto 2027 y contener la ofensiva opositora, que convocó a una sesión para el jueves que viene con el objetivo de tratar otras iniciativas sensibles.
Tal como anticipó este medio, La Libertad Avanza hizo su propio movimiento y convocó a un plenario de comisiones para el miércoles en Diputados con la idea de reinstalar la discusión por los límites a la venta de tierras a través de la ley de Propiedad Privada.

La ronda de reuniones se produce después de los contactos que el Gobierno mantuvo con los gobernadores durante la Argentina Week en París. Allí, Karina Milei, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, buscaron acercar posiciones con los mandatarios que integraron la comitiva presidencial.
Desde entonces, el oficialismo descartó un acuerdo global con todas las provincias y resolvió negociar caso por caso. La lógica es adaptar las conversaciones a la situación política de cada distrito, a los reclamos de los gobernadores y al respaldo que puedan aportar sus legisladores en el Congreso.
Santilli quedó al frente de esa tarea. En el oficialismo consideran que el jefe de Gabinete puede articular los pedidos de las provincias con la estrategia legislativa, especialmente en el Senado, donde La Libertad Avanza necesita construir una mayoría amplia para aprobar cualquier cambio en el sistema electoral.
El caso de Jaldo será seguido de cerca por la posición que mantiene el gobernador respecto de las PASO. El tucumano ha expresado diferencias con la eliminación de esa instancia, aunque el Gobierno buscará explorar alternativas que permitan mantenerlo dentro de los acuerdos parlamentarios.
Valdés, en cambio, integra el grupo de mandatarios radicales que en distintos momentos se mostraron abiertos a debatir una suspensión, o incluso erradicación de las primarias.
“Son un gasto innecesario para el Estado, hay que eliminarlas y chau“, le suele repetir a su círculo íntimo, aunque también lo expresa -con menos efusividad- en declaraciones públicas.

Su respaldo, como el de otros dirigentes provinciales, es relevante para el oficialismo en una Cámara alta donde necesita negociar al menos 16 adhesiones por fuera de su bloque para alcanzar la mayoría absoluta.
Los viajes de Milei, que todavía no tienen fecha confirmada, pero serían este mes, también forman parte de esa estrategia. La visita prevista a Catamarca y la posibilidad de trasladarse a San Juan apuntan a reforzar la relación con dos provincias cuyos gobernadores participaron de las conversaciones recientes con Nación.
El líder libertario, según trascendió, prepara una gira por los lugares del norte y el sur del país en donde hay proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que podría incluir a otras siete ciudades.
En la primera de las mencionadas provincias gobierna Raúl Jalil, cercano al Presidente y otro de los que estuvo en Francia, mientras que en la segunda lo hace Marcelo Orrego, más independiente. En casos, la Casa Rosada busca que los gestos políticos se traduzcan en acuerdos legislativos y electorales.
La prioridad inmediata sigue puesta en la reforma política y el Presupuesto, aunque el Ejecutivo también enfrenta la sesión especial convocada por la oposición para el 15 de octubre.
Ese día, la Cámara de Diputados tratará la derogación del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y propuestas vinculadas con el endeudamiento de las familias.
Con las negociaciones abiertas y sin un entendimiento general con los gobernadores, el Gobierno intentará avanzar territorio por territorio. Santilli y toda la mesa política serán los principales encargados de esa tarea, mientras Milei busca sostener desde las provincias la red de apoyos que necesita para llegar con mayor fortaleza a los debates de fin de año.
POLITICA
Milei viajará a EE.UU. en una semana caliente para el Congreso por el Presupuesto 2027 y el DNU 70/23 – Nexofin

En lo que se vislumbra como una semana de intensa actividad en el Congreso Nacional, el presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos. En esta ocasión, el mandatario argentino asistirá a la Gala Oficial de la Herencia Hispánica, que se llevará a cabo en Washington DC.
El jefe de Estado partirá el martes a la capital del país norteamericano para dar el presente en el evento que se celebrará el miércoles por la noche.
El Gobierno busca reemplazar tecnología china por la de EE.UU. en el funcionamiento del Estado
En paralelo a este nuevo periplo presidencial, se desarrollará la reunión de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. En ese marco, los legisladores de La Libertad Avanza impulsarán el debate de la llamada “Ley de Leyes”, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, según informó Clarín.
El miércoles tendrá lugar la discusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el jueves, la oposición intentará abrir el recinto para voltear el DNU 70/23 y aprobar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una legislación para otorgar herramientas contra el endeudamiento familiar.
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POLITICA
Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”

La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.

El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.

Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
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