Con voz débil y temblorosa, Hugo Moyano defendió su gestión al frente de la obra social de los camioneros, que arrastra una deuda que rondaría los $60.000 millones y que es administrada por Iarai SA, una empresa vinculada a Liliana Esther Zulet, su esposa.

“Cuando veo algunas críticas pienso en los problemas que sufrimos en la economía argentina y en cómo seguimos administrando. Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99 por ciento son mentiras. Son cosas que inventan para perjudicar a los dirigentes”, dijo el jefe de los camioneros ante un auditorio poblado de dirigentes de su gremio.

El mensaje se interpretó como una respuesta a las críticas de los afiliados y profesionales de la obra social que protestaron recientemente por el recorte en los servicios y en la entrega de medicamentos. Pero también, según indicaron en el entorno del jefe sindical, fue una respuesta a las publicaciones de en las que se dio cuenta de un presunto vaciamiento de las cuentas bancarias del gremio y de la obra social con transferencias a fideicomisos vinculados a empresas de su esposa.

Moyano evalúa vender propiedades del gremio para no sostener a la obra social y no caer en convocatoria de acreedores. Este atajo, como otras alternativas, fueron el eje del debate al que convocó ayer el jefe de los camioneros a los directivos y delegados de la obra social. Además, se habría cambiado al directorio de la obra social por presunta mala administración y ante las filtraciones que hubo a la prensa, según dijeron fuentes del gremio a .

Delante de sus aliados, Moyano, de 82 años, agradeció el aporte del gremio y de los empresarios para sostener la obra social y enumeró las propiedades que se adquirieron durante su gestión. De todos modos, no precisó si es que esos inmuebles serán vendidos para afrontar el déficit de la prestadora médica.

El fondo de comercio de Oschoca lo tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno (45 años) y Juan Noriega Zulet (39), dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero. La obra social le transfirió fondos recientemente a la compañía de Zulet a través de un fideicomiso llamado Dhanvantari, cuya domicilio fiscal es el mismo que Iarai y otras dos empresas de la familia que mantienen negocios con el gremio de los camioneros.

La obra social recibe un auxilio financiero mensual a partir de los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $25.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.

Una fuerte preocupación e incertidumbre persiste entre los militares por la crisis que mantiene casi paralizadas las prestaciones de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que enfrenta una millonaria deuda y cortes de prestaciones en todo el país.

Pero, más allá de los números, la crisis mostró una faceta dramática, con el suicidio de un suboficial retirado en San Juan, que en marzo había denunciado que la falta de salud para los afiliados constituía “un genocidio”. El suceso causó un fuerte impacto en el sector castrense.

El suboficial mayor Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, se quitó la vida en la provincia de San Juan, luego de aportar durante casi seis décadas a la obra social. Tomó la drástica decisión tras verse obligado a abandonar el tratamiento de un cáncer avanzado por la falta de cobertura médica, según había denunciado en una carta dos meses antes, cuando tuvo su primer intento de suicidio.

“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, escribió Velázquez en la misiva que preparó el 4 de marzo pasado, antes del disparo con el que intentó suicidarse al pie del monumento a San Martín, en el Parque de Mayo, en la capital sanjuanina.

“Me sacrifico por no tener atención médica”, agregó, en un reclamo dirigido al presidente Javier Milei y al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, por la severa crisis de OSFA que llevó a serias deficiencias en la cobertura médica de la obra social. Dos meses después, en otro intento, se quitó la vida.

Ante una consulta de , en OSFA negaron enfáticamente que la renuncia del presidente del directorio de la obra social, el general de brigada retirado Sergio Maldonado, tuviera vinculación alguna con el fuerte impacto que causó el suicidio del suboficial retirado en San Juan.

“El caso es lamentable, pero no tiene vinculación con la renuncia de Maldonado”, insistieron fuentes de la obra social.

Este jueves, en tanto, afiliados a OSFA realizaron un abrazo simbólico frente a la sede de la obra social en San Juan para visibilizar “la situación de total abandono” y exigir que se detenga “la desidia estatal para evitar que sigan apareciendo pacientes desamparados por el sistema”.

Se entregó allí un petitorio en el que militares en actividad y retirados, reclaman la “inmediata incorporación de todos los servicios de salud con los que contaba la obra social antes de su actual crisis y quiebre”. Y advierten que no es posible que los camaradas se vean empujados a tomar medidas drásticas debido al desamparo al que están siendo sometidos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad”, según registra la crónica publicada en el diario local Tiempo de San Juan.

Los manifestantes cuestionaron el decreto 88/2026, que dispuso el desdoblamiento de la obra social, el cual –alegan– trajo “más sombras que luces a una situación ya deplorable”. Y responsabilizan por lo sucedido al presidente Milei y al ministro Presti “por no tomar las medidas pertinentes con la celeridad necesaria para que el personal bajo su mando no sufra las peripecias actuales”.

La dramática situación vivida en San Juan aporta un cariz doloroso al conflicto por el sistema de salud que envuelve a los militares y sus familias. Aún no fue designado el nuevo presidente de la obra social, tras la renuncia del general Maldonado, quien se alejó el martes pasado, dos meses después de asumir y en medio de la crisis que afecta a unos 343.000 afiliados.

Los servicios aún no se han restablecido, pese a que el aporte de $80.000 millones que hicieron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea por contribuciones patronales pendientes permitirá reducir en un 60% la deuda, que en febrero ascendía a $212.000 millones.

Voceros de OSFA dijeron que “tras el pago de las Fuerzas Armadas comenzó el proceso de normalización de prestaciones y acceso a la atención”. Añadieron que “la recuperación y reorganización del sistema de salud militar llevará su tiempo y para ser completado es necesario el pago de las contribuciones pendientes de las fuerzas de seguridad”.

La obra social de los militares mantiene deudas con prestadores -principalmente clínicas, hospitales y grandes centros de atención- y proveedores, tanto de prótesis como de medicamentos y otros insumos, explicaron en OSFA. Indicaron que ya comenzaron a realizarse pagos, que en muchos casos incluyen reintegros a los afiliados.

“Los pagos tienen que recorrer procesos administrativos internos en cada uno de los prestadores y proveedores. El impacto no es inmediato porque lleva su tiempo ejecutar esos pagos”, se explicó.

Mientras tanto, en varias jurisdicciones, como la Capital, Córdoba y Mar del Plata, se presentan cortes de prestaciones y situaciones complejas para la atención médica.

“Es un tema muy complicado. En Mar del Plata estábamos -10 y algo se activó. Pero somos ciudadanos de segunda”, dijo un oficial retirado al describir las dificultades que enfrentan los afiliados a OSFA. “Te dan turnos a 40 días, pero con un cupo para OSFA. Hay que abonar copagos entre $18.000 y $38.000, que es lo mismo que se cobra a una persona sin cobertura social”, narró.