El presidente Javier Milei designó a Ramiro Anzit Guerrero como subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. La medida fue oficializada este jueves mediante su publicación en el Boletín Oficial, a través del decreto 1352/2026, que estableció que el nombramiento rige desde el 28 de octubre.

“Desígnase, a partir del 28 de octubre de 2026, en el cargo de Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional al doctor Ramiro Anzit Guerrero”, señala el texto firmado por el Poder Ejecutivo.

El funcionario es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, cuenta con un magíster en Estudios Estratégicos obtenido en el Instituto Universitario Naval y cursó una especialización en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia en la Universidad Tecnológica Nacional. También amplió su formación en España, Estados Unidos, Taiwán e Israel.

Su trayectoria combina experiencia en organismos internacionales, inteligencia criminal y espacios académicos vinculados con la criminología. Hasta marzo de 2025, cuando asumió como Director Nacional de Inteligencia Criminal por decisión de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia. Desde ese puesto tenía a su cargo las actividades de la organización en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Además, Argentina lo propuso como candidato para integrar la Comisión para el Control de los Archivos de INTERPOL (CCF). Su postulación forma parte de las 20 candidaturas presentadas por países miembros de la organización, entre ellos Francia, Reino Unido, India, Turquía, Ucrania, Países Bajos y Namibia. De ese conjunto, solo siete aspirantes serán seleccionados. La votación se realizará el 28 de noviembre en la Asamblea General de Hong Kong.

La CCF es el órgano independiente encargado de supervisar el procesamiento de datos personales en los archivos de INTERPOL y garantizar que se ajuste a las normas internas de la organización. Sus integrantes son elegidos por la Asamblea General y ejercen sus funciones con autonomía respecto de los países que los proponen.

El cierre de la cárcel de Devoto aparece entre los principales desafíos de su nueva responsabilidad. Según pudo saber Infobae, Anzit Guerrero tendrá a su cargo avanzar con el traslado de los detenidos y la posterior entrega y demolición del establecimiento penitenciario, un proyecto que forma parte de una promesa de más de 50 años.

El funcionario también buscará encauzar la relación con otras jurisdicciones, particularmente con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en torno al traslado de detenidos al complejo penitenciario de Marcos Paz. La coordinación entre las administraciones es uno de los puntos que deberá atender para avanzar con la reorganización del sistema de alojamiento de personas privadas de su libertad.

Otro de los objetivos será fortalecer los aspectos técnicos, de capacitación y tecnológicos del Servicio Penitenciario Federal. En ese marco, la incorporación de herramientas como inhibidores de señal y drones forma parte de las prioridades planteadas para mejorar las capacidades operativas de los establecimientos.

La agenda también contempla profundizar los mecanismos de cooperación con el Poder Judicial, evitar situaciones de superpoblación en las cárceles federales y ampliar los programas de trabajo y estudio destinados a los detenidos. A su vez, buscará incrementar el intercambio de experiencias y la asistencia a los sistemas penitenciarios de las provincias.

Anzit Guerrero también tuvo participación en la organización de la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto, una actividad por la que recibió un reconocimiento. Su intervención en ese operativo se suma a los antecedentes de gestión que ahora tendrá que trasladar a la conducción del área penitenciaria.

En el plano académico, integra la British Society of Criminology, la Australian and New Zealand Society of Criminology, la South Asian Society of Criminology and Victimology de India, la Pakistan Society of Criminology y el Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais, Brasil.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el sábado 28 de noviembre la fecha para fallar sobre las medidas provisionales que solicitó la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Así lo anunció este martes el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al finalizar la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania. La confirmación puso un plazo de 17 días para que los jueces del tribunal deliberen sobre la petición del Gobierno argentino, que esta mañana presentó su alegato oral.

La definición llegará con relativa rapidez. El tribunal no tiene un plazo establecido para pronunciarse y, como referencia, en el caso de la Fragata Libertad la resolución demoró aproximadamente tres semanas.

En su exposición final, la delegación argentina pidió a los jueces que dicten cuatro medidas cautelares: impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion, prohibir el uso de la información obtenida de la exploración de recursos naturales, permitir la participación argentina en la protección del medio marino en disputa y exigir al Reino Unido que se abstenga de adoptar nuevas decisiones que agraven el conflicto.

El argumento central fue la urgencia. El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que “una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”. Y agregó: “Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será”.

Según explicó Schrijver, el proyecto, cuya inversión definitiva fue aprobada en 2025, será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%). El plan prevé extraer más de 300 millones de barriles de petróleo en 30 años, mediante hasta 26 pozos y un sistema de producción instalado en el lecho marino. Para la delegación argentina, el perjuicio sería irreparable: la plataforma continental quedaría modificada de forma permanente y ninguna resolución posterior podría revertirlo.

Por su parte, el jurista Marcelo Gustavo Kohen aclaró que la Argentina no le pide al tribunal que se pronuncie sobre la soberanía para ordenar las medidas provisionales. Sí recordó que las islas siguen en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización, y citó la resolución 31/49, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras dure la disputa. También criticó que los alegatos británicos no hicieran mención de la existencia de la controversia, a la que describió como “el elefante en la habitación”.

El asesor legal de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, explicó que el país acreditó los cuatro requisitos exigidos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia. Rechazó además que el Reino Unido plantee el caso como un litigio sobre soberanía, y reiteró la oferta de negociar “todos los aspectos” de la controversia.

Martín Menem anticipó que el Senado podría avanzar con la suspensión de las PASO en las próximas dos semanas y enumeró las iniciativas que el oficialismo prevé tratar antes de fin de año, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que la decisión sobre las elecciones primarias depende de los acuerdos parlamentarios y señaló que el proyecto se encuentra bajo análisis en la Cámara alta. “Es una expresión de deseo”, aclaró al referirse a los plazos para obtener la media sanción.

En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el dirigente de La Libertad Avanza afirmó que el Gobierno buscará avanzar con una reforma electoral más amplia. También defendió la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al considerar que el Estado no debería financiar las internas partidarias.

Menem dijo que la suspensión de las PASO depende de los votos en el Senado

Menem planteó que el oficialismo espera reunir las voluntades necesarias para aprobar la iniciativa. “La Argentina no necesita PASO”, afirmó, y recordó que el mecanismo ya había sido suspendido para los comicios de 2025. Además, cuestionó que el Estado financie las disputas internas de las fuerzas políticas: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”.

El titular de Diputados remarcó que los anuncios legislativos están sujetos al respaldo de cada senador en el recinto. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, sostuvo. De todos modos, advirtió que se trata de una definición condicionada por las negociaciones entre bloques.

Tras una eventual aprobación en el Senado, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados, que preside Menem. El dirigente sugirió que el oficialismo cuenta allí con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO.

En la Cámara Alta, esos acuerdos dependen en gran medida del liderazgo de Patricia Bullrich, quien en las últimas semanas agudizó sus diferencias con la Casa Rosada. De hecho, ayer hubo un posteo de Javier Milei que fue leído como una crítica a la ex candidata presidencial del PRO que aspira a competir nuevamente en 2027.

El oficialismo prepara una agenda con Banco Central, Malvinas y biocombustibles

Sobre la actividad parlamentaria, Menem anticipó que la próxima semana podría debatirse la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto apunta a establecer como prioridad de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda y a impedir que financie al Tesoro mediante emisión. Según explicó, la iniciativa busca que las autoridades del organismo “se dediquen a cuidar el valor de la moneda” y que quede vedada la emisión para financiar al Tesoro.

Además, mencionó una iniciativa vinculada con la cuestión de Malvinas, luego del reclamo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por áreas marítimas en disputa con el Reino Unido. También incluyó entre los temas en carpeta una propuesta sobre biocombustibles.

Para la semana siguiente, el oficialismo espera comenzar el tratamiento del Presupuesto, junto con otros proyectos pendientes. Menem anticipó, a su vez, que el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para extender el debate de las leyes que no alcancen a ser tratadas durante el período ordinario.

Menem rechazó que el mensaje de León XIV estuviera dirigido a Milei

Durante la entrevista, el diputado también se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina. Describió la convocatoria como una de las mayores del país y estimó que cerca de siete millones de personas participaron de las distintas actividades de la agenda pontificia.

Menem rechazó las interpretaciones políticas sobre los mensajes del pontífice y sostuvo que estuvieron destinados al conjunto de la sociedad. “Nos habló a todos los argentinos”, afirmó. También destacó la exhortación a sostener la honestidad y la justicia incluso frente a situaciones adversas: “Si hay que pagar un precio muy alto por ser justo, por ser honrado, páguenlo”.

El dirigente oficialista destacó las referencias del Papa a la familia, la fe, la justicia y el perdón. Además, cuestionó al kirchnerismo por asociar esos planteos con una crítica al Gobierno de Javier Milei.

El titular de Diputados defendió la política oficial sobre discapacidad

En ese cruce, Menem sostuvo que la baja de la inflación constituye una política de alcance social y cuestionó los indicadores heredados de las anteriores administraciones kirchneristas, entre ellos los niveles de pobreza, indigencia y pobreza infantil.

También aludió a un proyecto sobre discapacidad que, según señaló, obtuvo dictamen con 237 votos a favor. Dijo que la iniciativa busca reemplazar el esquema de emergencia por una política permanente, con herramientas de auditoría y mayor transparencia en la asignación de recursos. En ese sentido, afirmó que el objetivo es que el área “deje de ser tomada como emergencia” y cuente con una política de Estado.