POLITICA
El suicidio de un suboficial que debió suspender un tratamiento médico lleva dramatismo a la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas

Una fuerte preocupación e incertidumbre persiste entre los militares por la crisis que mantiene casi paralizadas las prestaciones de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que enfrenta una millonaria deuda y cortes de prestaciones en todo el país.
Pero, más allá de los números, la crisis mostró una faceta dramática, con el suicidio de un suboficial retirado en San Juan, que en marzo había denunciado que la falta de salud para los afiliados constituía “un genocidio”. El suceso causó un fuerte impacto en el sector castrense.
El suboficial mayor Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, se quitó la vida en la provincia de San Juan, luego de aportar durante casi seis décadas a la obra social. Tomó la drástica decisión tras verse obligado a abandonar el tratamiento de un cáncer avanzado por la falta de cobertura médica, según había denunciado en una carta dos meses antes, cuando tuvo su primer intento de suicidio.
“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, escribió Velázquez en la misiva que preparó el 4 de marzo pasado, antes del disparo con el que intentó suicidarse al pie del monumento a San Martín, en el Parque de Mayo, en la capital sanjuanina.
“Me sacrifico por no tener atención médica”, agregó, en un reclamo dirigido al presidente Javier Milei y al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, por la severa crisis de OSFA que llevó a serias deficiencias en la cobertura médica de la obra social. Dos meses después, en otro intento, se quitó la vida.
Ante una consulta de , en OSFA negaron enfáticamente que la renuncia del presidente del directorio de la obra social, el general de brigada retirado Sergio Maldonado, tuviera vinculación alguna con el fuerte impacto que causó el suicidio del suboficial retirado en San Juan.
“El caso es lamentable, pero no tiene vinculación con la renuncia de Maldonado”, insistieron fuentes de la obra social.
Este jueves, en tanto, afiliados a OSFA realizaron un abrazo simbólico frente a la sede de la obra social en San Juan para visibilizar “la situación de total abandono” y exigir que se detenga “la desidia estatal para evitar que sigan apareciendo pacientes desamparados por el sistema”.
Se entregó allí un petitorio en el que militares en actividad y retirados, reclaman la “inmediata incorporación de todos los servicios de salud con los que contaba la obra social antes de su actual crisis y quiebre”. Y advierten que no es posible que los camaradas se vean empujados a tomar medidas drásticas debido al desamparo al que están siendo sometidos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad”, según registra la crónica publicada en el diario local Tiempo de San Juan.
Los manifestantes cuestionaron el decreto 88/2026, que dispuso el desdoblamiento de la obra social, el cual –alegan– trajo “más sombras que luces a una situación ya deplorable”. Y responsabilizan por lo sucedido al presidente Milei y al ministro Presti “por no tomar las medidas pertinentes con la celeridad necesaria para que el personal bajo su mando no sufra las peripecias actuales”.
La dramática situación vivida en San Juan aporta un cariz doloroso al conflicto por el sistema de salud que envuelve a los militares y sus familias. Aún no fue designado el nuevo presidente de la obra social, tras la renuncia del general Maldonado, quien se alejó el martes pasado, dos meses después de asumir y en medio de la crisis que afecta a unos 343.000 afiliados.
Los servicios aún no se han restablecido, pese a que el aporte de $80.000 millones que hicieron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea por contribuciones patronales pendientes permitirá reducir en un 60% la deuda, que en febrero ascendía a $212.000 millones.
Voceros de OSFA dijeron que “tras el pago de las Fuerzas Armadas comenzó el proceso de normalización de prestaciones y acceso a la atención”. Añadieron que “la recuperación y reorganización del sistema de salud militar llevará su tiempo y para ser completado es necesario el pago de las contribuciones pendientes de las fuerzas de seguridad”.
La obra social de los militares mantiene deudas con prestadores -principalmente clínicas, hospitales y grandes centros de atención- y proveedores, tanto de prótesis como de medicamentos y otros insumos, explicaron en OSFA. Indicaron que ya comenzaron a realizarse pagos, que en muchos casos incluyen reintegros a los afiliados.
“Los pagos tienen que recorrer procesos administrativos internos en cada uno de los prestadores y proveedores. El impacto no es inmediato porque lleva su tiempo ejecutar esos pagos”, se explicó.
Mientras tanto, en varias jurisdicciones, como la Capital, Córdoba y Mar del Plata, se presentan cortes de prestaciones y situaciones complejas para la atención médica.
“Es un tema muy complicado. En Mar del Plata estábamos -10 y algo se activó. Pero somos ciudadanos de segunda”, dijo un oficial retirado al describir las dificultades que enfrentan los afiliados a OSFA. “Te dan turnos a 40 días, pero con un cupo para OSFA. Hay que abonar copagos entre $18.000 y $38.000, que es lo mismo que se cobra a una persona sin cobertura social”, narró.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Javier Milei,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Referencia salarial. Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo,,Baja en el equipo de Presti. En medio de la crisis y la elevada deuda, renunció el presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas,,Un 10% para el Ministerio de Defensa. El Gobierno destinará fondos de inmuebles del Estado y privatizaciones al reequipamiento militar
POLITICA
El Gobierno y la oposición miden fuerzas en Diputados por el DNU de la Ley de Tierras, las deudas de las familias y discapacidad

La Cámara de Diputados se prepara para una nueva pulseada entre el Gobierno y la oposición. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales pidieron una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de tratar, entre otros puntos, la derogación del DNU 70/2023. Mientras tanto, La Libertad Avanza analiza convocar a otra sesión para el miércoles 21, con una agenda propia que incluya el endeudamiento familiar y la situación de las personas con discapacidad.
El pedido opositor tiene como uno de sus principales impulsores al radical crítico Pablo Juliano, integrante de Provincias Unidas. El legislador fundamentó la convocatoria en la necesidad de avanzar con medidas para las familias endeudadas, extender hasta diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad y dejar sin efecto el decreto firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión.
Juliano cuestionó especialmente las consecuencias del DNU sobre la Ley de Tierras, luego del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de ese régimen.
“Porque una sentencia de la Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que cualquier extranjero se compre ‘una provincia’, como predica el canciller Pablo Quirno. Para esto es necesario rechazar el DNU 70/23, un decreto a todas luces inconstitucional que reseteó la Argentina sin el aval del Congreso”, sostuvo.
El diputado recordó además que el Senado ya rechazó el decreto en 2024, aunque hasta ahora la oposición nunca consiguió reunir en Diputados los votos suficientes para tratarlo.
“En Diputados no pudimos nunca juntar quórum. Creemos que llegó el momento de tomar cartas en el asunto. Si en tres años el Gobierno no envió leyes que suplanten ese DNU, es porque no está interesado realmente en el cuerpo normativo”, planteó.
La oposición busca los votos para alcanzar el quórum y rechazar el DNU 70/23
La convocatoria para el 15 de octubre lleva las firmas de Germán Martínez, Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Jorge Fernández, Natalia de la Sota y Mónica Frade, entre otros diputados.
El desafío central será llegar a los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión. De acuerdo con los cálculos preliminares de los convocantes, los bloques que respaldan el pedido reúnen alrededor de 121 diputados, por lo que todavía necesitan sumar adhesiones.
Una de las principales incógnitas pasa por Provincias Unidas. Aunque algunos de sus integrantes acompañan la convocatoria, no está garantizado que todo el interbloque se siente en sus bancas.
Entre las presencias que aparecen como más firmes están los cinco radicales críticos, Lourdes Arrieta, Esteban Paulón y Juan Brügge. El resto de los legisladores mantiene discusiones internas sobre qué postura adoptar.
La oposición también mira hacia Argentina Federal, que responde principalmente a los gobernadores de Misiones y Salta, y al MID. Esos votos podrían resultar decisivos, especialmente por el debate vinculado con la emergencia en discapacidad.
En paralelo, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, defendió el rechazo del decreto y sostuvo que no tendría efectos retroactivos sobre las relaciones jurídicas ya consolidadas.
“El posible rechazo del DNU 70/2023 no implica efectos retroactivos ni afecta las relaciones jurídicas que se establecieron anteriormente. El Gobierno tiene la posibilidad de enviar un proyecto de ley para sostener las reformas”, afirmó.
Y agregó: “Argentina lleva demasiados años buscando atajos. Es hora de entender que los atajos institucionales no solo son peligrosos, son ineficaces”.

El Gobierno prepara su propia sesión y también necesita construir una mayoría
Mientras la oposición busca asegurar el quórum para el 15, La Libertad Avanza prepara una estrategia para evitar perder el control de la agenda parlamentaria.
El oficialismo espera el regreso de Javier Milei y de parte de su mesa política desde Francia para terminar de definir los movimientos. Entre los funcionarios que participan del viaje se encuentran Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La posibilidad que analiza el Gobierno es convocar a una sesión especial para el miércoles 21 de octubre, con dos cuestiones que también impulsa la oposición: el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad.
Ambos temas ya atravesaron distintos plenarios de comisión y cuentan con dictámenes. Sin embargo, en el oficialismo admiten que tener dictamen de mayoría no garantiza los votos necesarios en el recinto, debido a las diferencias que existen entre los bloques dialoguistas.
Para comenzar el poroteo, La Libertad Avanza parte de sus 95 diputados, a los que busca sumar los 12 del PRO que conduce Cristian Ritondo y seis radicales alineados con Pamela Verasay.
Ese esquema reuniría 113 legisladores. A partir de allí, la Casa Rosada apunta a conseguir adhesiones entre fuerzas provinciales como Producción y Trabajo de San Juan, representantes de Neuquén y Santa Cruz y otros bloques que suelen negociar voto por voto.
El escenario permanece abierto: varios de los diputados que el Gobierno necesita para su propia convocatoria son los mismos a los que la oposición intenta convencer para sesionar seis días antes.
POLITICA
La guerra entre Jaldo y Manzur divide al PJ de Tucumán: el rol de Cristina Kirchner y el poder en juego

“Para que no sigan las especulaciones, que hoy se pelean, que mañana se juntan. Le digo a Manzur que lo espero el 9 del mayo del 2027 en las urnas. Los dos como candidatos a gobernador”. Osvaldo Jaldo, actual gobernador de Tucumán, le dedicó esas palabras a su enemigo íntimo, senador nacional y ex mandatario provincial, Juan Manzur. El mensaje fue contundente: no hay tregua ni unidad. Es uno otro.
Los dos peronistas. Ambos importantes en las últimas dos décadas de la política tucumana. Los dos integrantes de una fórmula que gobernó la provincia durante ocho años y que terminó con el reinado de José Alperovich. Algunos días atrás, cuando pronunció esas pocas oraciones, Jaldo dejó en claro que no habrá convergencia entre los dos nombres más pesados del PJ tucumano. La guerra está declarada.
La unidad del peronismo en el sexto distrito electoral más importante del país, que concentra a cerca de un 1.300.000 electores, es una utopía. Quienes supieron formar parte de una sociedad política sólida, hoy ni siquiera se hablan. El poder cambió de mando. La estructura política, que contiene a intendentes y legisladores, responde, mayoritareamente, a Jaldo. Manzur tiene una representación más chica y trata de hacerse fuerte en la adversidad. Está al frente de una resistencia contra los libertarios, pero también contra la conducción de Jaldo, que controla la mayor parte del peronismo tucumano.
En ese contexto se inscribió la visita que la semana pasada el senador le hizo a Cristina Kirchner en San José 1111, con quien habló de la interna que atraviesa a la provincia y de su juego político de cara a las elecciones locales, fijadas para el 9 de mayo del 2027. Manzur entiende que él representa la propuesta del peronismo nacional en Tucumán. La voz que puede enarbolar el discurso más opositor a Milei. Una diferencia sustancial con Jaldo, quien se convirtió en un aliado táctico de la Casa Rosada y, desde hace tiempo, recibe cuestionamientos de los distintos sectores del PJ por prestar el voto de sus legisladores a las iniciativas libertarias.
Jaldo está lanzado a buscar su reeleción. Sería su segundo mandato como gobernador y el cuarto integrando una fórmula, ya que entre el 2015 y el 2023 compartió la dupla de gobierno con Manzur. Su intención es darle continuidad a la sociedad con Miguel Acevedo, el actual vicegobernador, y con Rosana Chahla en la intendencia de San Miguel de Tucumán. Acevedo heredó el cargo porque la corte Suprema volteó la candidatura de Manzur en la fórmula durante el 2027. Chahla estuvo mucho tiempo cerca del actual senador pero, en los giros del poder y el despoder, terminó cerrando filas con el Gobernador.
De cara al año electoral, existe cierta incertidumbre sobre las condiciones de la candidatura de Jaldo. Según marca el artículo 90 de la Constitución tucumana, el mandatario está en condiciones de competir el año que viene y, en el caso de ganar, de completar su cuarto mandato en la cúpula del Poder Ejecutivo de la provincia. Sin embargo, hay sectores de la oposición que amenazan con trabar ese camino con un planteo a la Corte Suprema.
Hay dos posibilidades que consideran los rivales político. Una es plantear que Jaldo ocupó el rol de gobernador durante la licencia que tomó Manzur para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández, por lo que se le debería computar ese mandato como primero y el actual como segundo. En consecuencia, no podría tener un tercero.

La otra opción es plantear que, al buscar un cuarto mandato dentro de la fórmula ejecutiva, no se está respetando el principio de alternancia que marca la Constitución Nacional. Es un tema que tomaron como argumento en La Libertad Avanza tucumana, pero que, por el momento, no utilizarán para avanzar ante la justicia electoral.
El artículo 90 de la Constitución provincial, en el que se respalda Jaldo, es claro y no deja lugar a segundas interpretaciones. “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador”, sostiene.
En el sector del peronismo que lidera Manzur no creen que el ex gobernador presente un recurso de amparo para frenar el camino a la reelección del actual mandatario. Sería hacer lo mismo que sufrió en carne propia tres años atrás, cuando la Corte Suprema lo invalidó para ir como vicegobernador. Hay una diferencia clave entre los dos casos. Manzur buscaba en ese momento un quinto mandato en una fórmula, luego de ser dos períodos vicegobernador de Alperovich y dos períodos gobernador, con una interrupción por licencia debido a su desembarco en la Casa Rosada. Jaldo busca su cuarto ciclo en una fórmula.
Si por alguna traba judicial Jaldo no puede competir, el tablero electoral tucumano se rompería completamente. Hay quienes piensan que la salida a esa encrucijada sería catapultar a Acevedo a la gobernación. Otros, en lo que parece ser una opción más arriesgada, creen a Jaldo capaz de impulsar a su hermana. Lo cierto es que en el oficialismo tucumano descartan cualquier inconveniente judicial que pueda entorpercer el camino hacia la reelección.

Por el momento Manzur no confirmó qué hará respecto a su futuro electoral. Algunos creen que va a competir como candidato a gobernador para quedarse con la representación de un sector del peronismo tucumano. Otros advierten que, sabiendo de antemano que es muy posible que enfrente una derrota ante Jaldo, decida correrse y construir un rol de armador nacional del peronismo, con una identidad federal bien marcada. Es decir, un eslabón entre la dirigencia nacional y los caudillos del centro y norte del país. Como espalda, tiene mandato hasta el 2029 en su banca del Senado.
En el caso de que Manzur no sea candidato, el peronismo nacional tiene dos opciones: buscar un acuerdo con Jaldo para el armado de listas nacionales – Tucumán elige diputados – o poner en cancha a un candidato propio. Ahí el nombre apuntado es el del diputado nacional Pablo Yedlin, hombre de confianza de Manzur. Su participación tendrían una proyección de posicionamiento, más que de competencia real. Pensando en una etapa de sucesión en los años siguientes.
Yedlin es un ferviente opositor de Jaldo y de Milei. En el último mes se metió dos veces para interceder a favor de Manzur frente a las críticas de Jaldo. Primero fue cuando el Gobernador dijo en una rueda de prensa que su ex compañero de fórmula mandaba “algunos caniches a ladrar”, en referencia a los dirigentes cercanos que lo cuestionaban. Yeldlin subió una foto a sus redes sociales en la que aparecía abrazando a un perro caniche. Pura ironía.
Después salió al cruce cuando Jaldo cuestionó a Manzur por ir a visitar a Cristina Kirchner. “Viéndose en la debilidad política el senador fue en búsqueda de una pollera. Es un pollerudo”, afirmó el mandatario provincial. Yeldlin respondió otra vez en sus redes. “Siempre de este lado de la vida. Lo que atrasa es ser despectivo y machirulo, ¿huele a viejo, no?”, escribió junto a una foto suya con CFK y otras de ella con el presidente de Brasil, “Lula” Da Silva, el dirigente social Adolfo Pérez Esquivel y el ex presidente de Colombia Ernesto Samper. Todas en el departamento donde cumple condena por la causa Vialidad.
En el círculo más chico de Cristina también defendieron al ex gobernador: “Juan no es pollerudo, es un hombre de la política que va a a visitar a una compañera que está injustamente presa”. La tensión reina en el ambiente. En la cumbre peronista que tuvo lugar en el Hotel Emperador el 11 de agosto, uno de los temas que se habló fue la posibilidad de tratar de acercar a Jaldo y a su par de Catamarca, Raúl Jalil, al armado nacional del PJ. Movimientos pensados como parte de una estrategia electoral de cara al 2027. Por el momento no hay avances en ese sentido. La guerra a cielo abierto no contribuye en esa línea.
En el gobierno tucumano aseguran que para el año que viene no habrá acuerdos con el gobierno de Milei ni con Manzur. Seguros de ganar, avanza con la convicción de que van a fortalecer su poder territorial y político en la provincia. El peronismo, claro está, quedará dividido en dos.
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario cargó contra la prensa y la calificó de “sicarios de la pluma”

MAR DEL PLATA.– Durante varias horas nadie quería decir dónde iba a almorzar Patricia Bullrich con algunos de los principales ejecutivos del país. No figuraba entre las actividades abiertas del Coloquio de IDEA y quienes tenían el dato no lo soltaban. El secreto se terminaba afuera: una de las camionetas estacionadas en el encuentro empresario llevaba un cartelito en el parabrisas: “Almuerzo con la dirigencia política. Costa Galana”.
Bullrich llegó después de hablar en el escenario principal. Subió al primer piso y entró al salón Juan de Garay, con vista al mar. La esperaban 35 ejecutivos. No era una representación menor del poder económico: estaban Fabián Kon, del Galicia; Julio Patricio Supervielle, dueño del banco que lleva su apellido; Juan Martín Parma, de Macro; Javier Martínez Álvarez, de Techint; Oscar Sardi, de TGS; Juan Farinati, de Bayer; María Eugenia Sampalione, de Newmont; Sofía Vago, de Accenture; Wanda Weigert, de Globant; Agustín Bellido, de IBM; Eduardo Gorchs, de Siemens, y Juan Pablo Estévez, de AWS, entre otros. Había representantes de bancos, industria, minería, energía y tecnología sentados alrededor de la misma mesa.
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