El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se llevó señales de respaldo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, donde fue recibido en una visita protocolar. Los anfitriones le reconocieron avances en la designación de nuevos magistrados.

Las vacantes llegan a más del 36% en el Poder Judicial y al 42% en el Ministerio Público y ponen en riesgo el servicio de Justicia.

El presidente Javier Milei no nombró todavía a ningún juez en dos años y medio de gobierno.

Con la llegada de Mahiques al ministerio de Justicia se enviaron más de 113 pliegos desde el Poder Ejecutivo al Senado. Aún falta que la Cámara alta les de acuerdo para ser nombrados como nuevos magistrados.

Este viernes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional recibió a Mahiques en una visita protocolar de bienvenida.

Mahiques conoce a todos los integrantes de la Comisión Directiva que lo recibió y que está integrada por las tres listas: la Bordó, la Celeste y Compromiso Judicial. Candidatos de las tres lista estaban entre los postulantes que Mahiques eligió para enviar al Senado y cubrir vacantes en la justicia nacional, civil, comercial y penal económico, entre otras.

La reunión fue distendida y la foto sonriente que inmortalizó la visita así lo refleja.

Con diplomacia y en medio de comentarios jocosos, se mencionó que después de tantas críticas al Gobierno cuando durante dos años no avanzó con las designaciones de jueces, ahora ameritaba un reconocimiento público.

El texto institucional del comunicado luego lo reflejó: “La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ha venido reclamando desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, en tanto la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país”.

“Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad. En ese marco, esta Asociación desea expresar su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, toda vez que el mecanismo constitucional puesto en marcha permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país”, dice la declaración que firman el presidente de la entidad, el juez Andrés Basso.

El texto señala que el miércoles pasado, integrantes de la mesa directiva de la asociación recibieron a Mahiques y a la viceministro Santiago Viola.

Basso estuvo acompañado por la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público de la Defensa, Hernán Figueroa. Y estuvieron también por los funcionarios Maite Soprano; la secretaria general, María Carolina Ocampo; el prosecretario general, Ariel Ovelar; el tesorero Marcelo Gallo Tagle; la protesorera, Gabriela Iturbide; y la consejera, María Jimena Monsalve.

Aclararon en el documento que el encuentro se desarrolló en un marco de diálogo institucional, “durante el cual se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.

En la Asociación de Magistrados reconocen que, así como antes hubo críticas cada vez en tono de voz más alto por las vacantes, hoy correspondía el apoyo por activar los mecanismos para que se dé esa cobertura.

En las charlas el ministro les anticipó que se iban a enviar nuevos pliegos de jueces en los próximos días.

Con voz débil y temblorosa, Hugo Moyano defendió su gestión al frente de la obra social de los camioneros, que arrastra una deuda que rondaría los $60.000 millones y que es administrada por Iarai SA, una empresa vinculada a Liliana Esther Zulet, su esposa.

“Cuando veo algunas críticas pienso en los problemas que sufrimos en la economía argentina y en cómo seguimos administrando. Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99 por ciento son mentiras. Son cosas que inventan para perjudicar a los dirigentes”, dijo el jefe de los camioneros ante un auditorio poblado de dirigentes de su gremio.

El mensaje se interpretó como una respuesta a las críticas de los afiliados y profesionales de la obra social que protestaron recientemente por el recorte en los servicios y en la entrega de medicamentos. Pero también, según indicaron en el entorno del jefe sindical, fue una respuesta a las publicaciones de en las que se dio cuenta de un presunto vaciamiento de las cuentas bancarias del gremio y de la obra social con transferencias a fideicomisos vinculados a empresas de su esposa.

Moyano evalúa vender propiedades del gremio para no sostener a la obra social y no caer en convocatoria de acreedores. Este atajo, como otras alternativas, fueron el eje del debate al que convocó ayer el jefe de los camioneros a los directivos y delegados de la obra social. Además, se habría cambiado al directorio de la obra social por presunta mala administración y ante las filtraciones que hubo a la prensa, según dijeron fuentes del gremio a .

Delante de sus aliados, Moyano, de 82 años, agradeció el aporte del gremio y de los empresarios para sostener la obra social y enumeró las propiedades que se adquirieron durante su gestión. De todos modos, no precisó si es que esos inmuebles serán vendidos para afrontar el déficit de la prestadora médica.

El fondo de comercio de Oschoca lo tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno (45 años) y Juan Noriega Zulet (39), dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero. La obra social le transfirió fondos recientemente a la compañía de Zulet a través de un fideicomiso llamado Dhanvantari, cuya domicilio fiscal es el mismo que Iarai y otras dos empresas de la familia que mantienen negocios con el gremio de los camioneros.

La obra social recibe un auxilio financiero mensual a partir de los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $25.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.