Créase o no, en una parte del Gobierno están convencidos de que la erosión de la imagen de Javier Milei en los últimos meses no se debió tanto al caso de corrupción en torno a Manuel Adorni, sino a una mala estrategia de comunicación para lidiar con la cobertura de ese escándalo en los medios. Por eso, en la Casa Rosada están ávidos por acelerar los cambios en el área encargada de distribuir los mensajes oficiales, tanto en declaraciones públicas como en off the record.

De ese diagnóstico surgió la decisión de nombrar a Adrián Ravier como nuevo Vocero, echar al histórico número dos de Adorni, el secretario de Prensa Javier Lanari, e incorporar a Fabián Fernández, profesional de la comunicación política proveniente de YPF y surgido de las filas de la consultora de Santiago Caputo junto a Guillermo Garat.

El último paso del operativo fue ayer, cuando aceleraron el anuncio sobre la vuelta de las conferencias de prensa, que dejaron de estar en manos del complicado Manuel Adorni. Y apuraron la renuncia de Ravier de su banca de diputado (si bien tuvieron que esperar, a regañadientes, a que diera quórum en Diputados y se pudiera votar el super RIGI y los holdouts.

Pero aún se negocia, en la Casa Rosada, cómo quedará el organigrama.

Hay una pelea interna por quién maneja la comunicación, si Santiago Caputo con sus credenciales de consultor, o Karina Milei junto a Adorni y los Menem. Se sopesó la posibilidad de que el vocero y el responsable de Prensa tengan un lugar independiente de ambos y no dependan de la Jefatura de Gabinete. Pero los deseos de Karina Milei de cuidar a Adorni prevalecieron, y lo más probable es que esos “ravioles”, como se llama a los cargos en el Estado, se ubiquen en la estructura del propio Adorni, el protegido de la hermana presidencial.

“Sería un mensaje fatal para Manuel sacar eso de ahí. No hay necesidad”, dijeron en Gobierno los adeptos al caputismo. El plan, al menos hasta hoy, es dividir en dos partes la Secretaría que manejaba Lanari; y aprovechar la movida de recambios para hacer un nuevo alarde de la “motosierra”, con un recorte de la estructura que funcionaba en el área de comunicación.

Pero por ahora sigue siendo un misterio si las áreas de Ravier y Fernández van a depender de la Jefatura o van a ser independientes. Los detalles del sensible área comunicacional no se conocerán hasta el martes, cuando Ravier brinde su primera rueda de prensa a las 11 de la mañana en la Sala de Conferencias del segundo piso de la sede del Gobierno, y no este viernes, cuando se presentará oficialmente ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada y hablará on the record, pero sin el formato de conferencia.

En Gobierno niegan que haya un conflicto en torno al organigrama definitivo. Pero admiten que “no está cerrado aún”. Algunos alegan que el problema para terminar de definirlo es que Milei viaja hoy y se quedan sin firma.

“Nadie está vaciando a nadie. [Ravier y Fernández] solo quieren trabajar. Ninguno de los dos vino con otra pretensión que laburar. Cero ego, cero obsesión por los ravioles, cargos, nada”, juraron en Balcarce 50. Están deseosos de mostrar mejor predisposición a la prensa después de dos años de fuerte agresividad de parte del propio Presidente, entre otros gestos, acciones y omisiones que provocaron una serie de llamados de atención y repudios de las sociedades de prensa.

Por caso, los libertarios, hasta ahora, no informaron qué van a hacer con la sala de periodistas, que este año se cerró por primera vez desde la vuelta de la democracia por orden de Javier y Karina Milei en medio del estallido del caso Adorni. Si bien se volvió a habilitar, aún persisten importantes restricciones para los periodistas acreditados en la sede del Gobierno.

En principio, en el Gobierno prepararán a Ravier para que no se sienta “acribillado” con cuestiones vinculadas a Manuel Adorni. El nuevo vocero tratará de enfocarse en temas económicos y mostrar mejor predisposición ante la prensa, lo cual representaría una novedad total en el gobierno de Milei.

César Barbeito, exministro de Educación de la provincia de Río Negro, fue detenido el domingo en el aeropuerto de Bariloche al regresar de un viaje al exterior.

La detención se concretó tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a su recurso, que dejó firme la condena por haber percibido sobresueldos durante seis años en la gestión del gobernador radical Miguel Saiz, desde 2003 hasta 2011.

Barbeito también fue legislador y candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical en 2011. Tras su detención en el aeropuerto, fue trasladado al Penal de Régimen Abierto N° 7 de Pomona, donde deberá cumplir una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva.

La causa se originó a partir de una investigación periodística del diario Río Negro, que reveló que los ministros de la administración Saiz cobraban “adicionales” que superaban los 24 millones de pesos de la época.

El caso involucró a todo el gabinete provincial de ese período. Barbeito fue condenado junto con Francisco “Ringo” González, exministro de Coordinación, quien recibió la misma pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y se presentó voluntariamente en una comisaría de Darwin.

Otros siete exfuncionarios, entre ellos Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega, Diego Larreguy y José Ongaro recibieron condenas de dos años y seis meses de prisión en suspenso, por lo que no serán detenidos.

La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el último recurso presentado por la defensa de Barbeito. Según la sentencia, los “sobresueldos” fueron abonados de manera irregular entre 2004 y 2010, durante los dos mandatos de Saiz al frente del Ejecutivo rionegrino. El tribunal consideró acreditado que los pagos adicionales carecían de respaldo legal y se realizaron de forma sistemática a los miembros del gabinete.

El fallo sostuvo que los pagos irregulares se realizaron “mediante una modalidad no autorizada para el pago de haberes, librándose cheques a la orden del Ministro Coordinador o Secretario General de la Gobernación, según la época, o de funcionarios de esa área, para ser cobrados en ventanilla bancaria, sustrayendo los fondos de la esfera de control de la Administración”.

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De esa manera, «se habría evitado el control de la ejecución de las sumas del presupuesto general de recursos y gastos del Poder Ejecutivo, destinadas a gastos de personal (masa salarial), con la consiguiente separación de esos fondos públicos de la esfera de control de la Administración de la que se habrían sustraído dichas sumas arbitraria, solapadamente y con apariencia de legalidad, generando una remuneración no declarada», agregó la sentencia.

Barbeito fue legislador, ministro de Educación y, en 2011, candidato a gobernador. En esa elección fue derrotado y, desde entonces, el radicalismo no volvió a gobernar Río Negro.

Río Negro, Bariloche, César Barbeito

El oficialismo logró este miércoles la media sanción en la Cámara de Diputados del denominado Super RIGI, un nuevo régimen para fomentar las inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” que todavía no se han desarrollado en el país.

La votación cerró de forma más ajustada de lo anticipado por los libertarios. Fueron 130 votos afirmativos y 106 negativos. La Libertad Avanza sumó el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz e Innovación Federal (Misiones y Salta).

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota. Los diputados de Elijo Catamarca, habituales aliados del Gobierno, se abstuvieron.

El Super RIGI busca incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en industrias y tecnologías de frontera. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

La semana pasada el oficialismo hizo algunas concesiones a los bloques aliados para destrabar el dictamen de comisión. Por ejemplo, se incorporó una cláusula que establece que las inversiones en I+D vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esta ponderación especial no puede superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.

Por otro lado, se incluyó la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se exigirá que los proyectos de inversión cuenten con un informe técnico que demuestre que no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.

El encargado de presentar el proyecto por parte del oficialismo fue Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto. “Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad para las industrias del futuro. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporados y por eso les va cómo les va. Porque venimos de ser cavernícolas, necesitamos hacer una ley para proteger los derechos de propiedad. Al capital no se lo combate porque nos lleva a la peor pesadilla de la pobreza, es lo que ha pasado. El capital no tiene patria, competimos con otros mercados, y el capital va donde hay seguridad jurídica, donde no hay políticos como ustedes”, planteó.

Desde la oposición, las principales críticas giraron en torno a los recursos que el Estado dejará de percibir para beneficiar a grandes compañías que -según su visión- no necesitan semejantes incentivos. A su vez, denunciaron que la Argentina perderá soberanía al permitir que las empresas que se acojan al régimen elijan en qué tribunales internacionales se deben resolver todas las eventuales controversias.

“Argentina necesita inversiones, pero nadie les pide tanto. Lo que no necesita es regalar soberanía, resignar desarrollo y convertir a nuestras provincias en simples territorios de extracción al servicio de intereses externos. Votamos en contra del llamado ‘Súper RIGI’ porque parte de una idea equivocada: creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Cavernícola no es pedir inversiones. Cavernícola es creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Los países que crecieron atrajeron capitales, pero también exigieron empleo, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores locales”, advirtió Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica denunció que se trata de una “ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica”.

Martín Lousteau, que llegó sobre el final de la sesión por la muerte de su padre, también calificó como excesivos los beneficios que el RIGI ofrece a los inversores. “Estas iniciativas incluidas el Súper RIGI buscan escindir al capital más desatado de cualquier tipo de control. Y eso incluye bajarle los impuestos, darle una estabilidad que nadie más tiene, la posibilidad de litigar afuera, el acceso a recursos, poder tener tierras propias, acallar a la sociedad civil, tener una reforma laboral, mermar la capacidad del ARCA, tener blanqueos permanentes, como es la Inocencia fiscal. ¿Cuál es el contraste con todo esto? Jubilaciones que bajan, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para los docentes, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para las universidades, no hay plata para los hospitales universitarios, no hay plata para las rutas”, argumentó.

Al final de la sesión, mientras se votaban los artículos del proyecto en particular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicó en el palco central del primer piso junto con Sharif Menem. La oposición la recibió con un cántico: “¿Dónde está, Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está?“.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.