POLITICA
La UCR bonaerense selló la unidad para conducir el partido, pero habrá internas en varios municipios

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense logró cerrar un acuerdo de unidad para renovar la conducción partidaria y evitar una interna provincial, aunque el entendimiento no consiguió desactivar todas las disputas territoriales: en varios municipios habrá competencia el próximo 7 de junio.
Tras días de negociaciones entre el espacio que responde a Maximiliano Abad, Evolución Radical, el que lidera Gustavo Posse y el sector referenciado en Miguel Fernández, los distintos sectores de la UCR alcanzaron un consenso para definir una lista única en el Comité Provincia. El elegido para encabezar la nueva conducción es Emiliano Balbín, exdiputado bonaerense y nieto del histórico dirigente radical Ricardo Balbín.
“El radicalismo bonaerense empieza una nueva etapa. Con orden institucional, liderazgos claros y vocación de unidad, logramos los acuerdos para expresar la pluralidad de un partido que quiere recuperar terreno en la provincia más importante del país”, afirmó Balbín tras conocerse el acuerdo de unidad.
El acuerdo también incluyó un reparto de lugares entre los distintos sectores internos, con el objetivo de evitar una nueva pelea partidaria después de meses de tensión y judicialización dentro del radicalismo bonaerense. La negociación se aceleró ante el vencimiento del plazo para presentar listas y la intención de evitar que los afiliados debieran votar en una interna provincial.
La conducción partidaria venía atravesando una etapa de fragilidad luego de la interna de 2024, que terminó en la Justicia y derivó en una estructura de transición para evitar una intervención del partido por la demora en la renovación de autoridades. En ese contexto, los principales referentes de la UCR bonaerense venían manteniendo conversaciones desde hace semanas para sellar un entendimiento político.
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Sin embargo, el acuerdo provincial no logró replicarse en todos los distritos. En varios municipios persistieron las diferencias entre sectores y finalmente habrá elecciones internas para definir las conducciones locales.
Los municipios donde la UCR irá a internas
Uno de los casos más representativos es General Pueyrredon, donde el radicalismo no consiguió cerrar una lista de consenso y se encamina a una disputa entre dos espacios. El oficialismo local impulsará la candidatura del concejal Ricardo Liceaga Viñas, mientras que la oposición llevará como postulante a Fernando “Pipi” Herrera.
Las tensiones territoriales exponen que, pese al acuerdo alcanzado en la cúpula partidaria, la UCR bonaerense todavía mantiene fuertes diferencias internas en varios municipios, donde las disputas por el control de los comités locales siguen abiertas.
El escenario refleja además la compleja ingeniería política del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, atravesado por alianzas cruzadas y reacomodamientos entre sectores que hasta hace poco tiempo se enfrentaban abiertamente.
En Mercedes tampoco prosperó un acuerdo de unidad. Allí, Marcelo Ventrelli y Sofía Marino oficializaron una nómina alternativa que enfrentará al armado respaldado por la conducción local del partido, encabezada por Karina La Regina y Martín Zunino.
La situación se repite en Avellaneda, donde el oficialismo partidario deberá competir contra una nueva corriente interna denominada “Renovación + Unidad”. El espacio es liderado por Martín Ruiz Deza y Melisa Gorosito, que buscarán disputar la conducción del comité local.
UCR, Provincia de Buenos Aires, interna
POLITICA
Alejandro Tullio respaldó la suspensión de las PASO y cuestionó los cambios en el financiamiento electoral

La discusión sobre la reforma electoral vuelve a poner bajo revisión reglas que ordenan desde la competencia interna de los partidos hasta la forma en que se financian las campañas y se arma una boleta. El proyecto que prepara el Gobierno plantea la suspensión de las PASO, modificaciones sobre los debates presidenciales y la posibilidad de habilitar colectoras, además de cambios en el régimen de aportes. En ese conjunto, hay medidas que simplifican el proceso, pero también decisiones que pueden alterar los controles políticos y económicos de una elección.
Alejandro Tullio, secretario electoral permanente de la provincia de Chubut y exdirector nacional electoral entre 2001 y 2016, explicó en Infobae Al Amanecer que la iniciativa reúne avances y asuntos que todavía requieren discusión.
“Hay cosas positivas, cosas necesarias y cosas que deben estudiarse un poco más”, resumió el especialista. Y ubicó el debate en una pregunta más amplia que la vigencia o no de una primaria: qué herramientas necesita el sistema para que los votantes comprendan la oferta electoral, para que los partidos definan sus candidaturas y para que la campaña no quede atada a intereses ajenos a la competencia. La reforma, según planteó, obliga a revisar cada uno de esos engranajes antes de fijar nuevas reglas.
La boleta única y sus categorías
Uno de los puntos que Tullio considera conveniente es eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. A su entender, la medida reduciría categorías en la boleta única de papel y evitaría que Argentina mantenga un sistema que otros países de la región ya dejaron de aplicar. Paraguay, recordó, fue el primero en elegir de forma directa a esos representantes, pero después abandonó ese mecanismo.
“Si quitamos dos filas, va a ser más claro para el ciudadano”, explicó al referirse a las candidaturas del Parlamento del Mercosur. Para Tullio, la simplificación tiene un efecto concreto sobre la experiencia del elector, que en los comicios nacionales ya debe elegir presidente, diputados y, en ocho provincias, senadores.
Las 24 jurisdicciones definen diputados nacionales durante una elección presidencial. Esa cantidad de cargos, sumada a las categorías ejecutivas y a las bancas senatoriales que se renuevan en parte del país, da cuenta de la extensión que puede adquirir una boleta. El secretario electoral de Chubut sostuvo que incorporar dos filas adicionales recarga una herramienta que busca, precisamente, hacer más transparente y comprensible el voto.
El planteo no se limita a una cuestión de diseño. El exdirector nacional electoral entiende que las categorías deben guardar relación con una representación efectiva y con decisiones que se tomen en el ámbito regional. Por eso puso el foco en la necesidad de revisar la elección directa de parlamentarios del Mercosur dentro de la discusión general sobre cómo se organiza la oferta electoral.
Tullio respaldó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las próximas elecciones y la definió como un “gesto de realismo” frente al escenario político actual. Su posición parte de una distinción: mantiene la idea de que debe existir un mecanismo común para seleccionar candidaturas, aunque acepta que esta vez las condiciones ameritan una excepción.
“Dejémoslas pasar”, dijo sobre las primarias, sin convertir esa frase en una defensa de su eliminación definitiva. El funcionario explicó que la estructura partidaria cambió, que las provincias tienen dinámicas propias y que los dirigentes locales ganaron peso, mientras los partidos nacionales perdieron capacidad de ordenar la competencia.
Esa transformación, según su análisis, obliga a pensar qué tipo de primaria puede funcionar en adelante. Tullio mencionó unas PASO voluntarias o un sistema de inscripción partidaria por el cual cada elector decida participar de una interna. Las dos alternativas conservan la idea de una selección abierta, aunque con reglas distintas de participación.

La suspensión, entonces, aparece como una salida para esta elección y no como el cierre de una discusión. El secretario electoral permanente señaló que, una vez superado el proceso, habrá que volver sobre el modo en que las fuerzas políticas eligen a sus candidatos y sobre el papel que debe asumir el Estado en esa instancia.
El financiamiento privado enciende una luz amarilla
El reparo más marcado de Tullio apunta al posible retiro del Estado del financiamiento de las campañas. Aceptó que se reduzca la pauta electoral oficial en los medios de comunicación, pero cuestionó que la reforma elimine por completo ese sostén. Para el especialista, esa decisión merece una “luz amarilla” porque modificaría la relación entre los partidos, los recursos y quienes aportan dinero.
“Los financiadores privados son los que van a controlar la medida en que las propuestas políticas llegan a la gente”, advirtió. Su preocupación es que la difusión de las candidaturas quede determinada por la capacidad de recaudación de cada espacio y que los aportes condicionen qué mensajes pueden circular durante la campaña.
Tullio también pidió establecer límites claros para impedir que terceros ajenos a los partidos hagan campaña sin controles. Esa vía, dijo en forma indirecta, podría habilitar influencias sobre la competencia electoral sin que las agrupaciones deban responder por el origen de los fondos ni por los gastos realizados en su favor.
En ese punto incluyó el riesgo de intervención del crimen organizado transnacional. El exfuncionario señaló que esos grupos pueden financiar candidatos y luego reclamar beneficios políticos. Por eso propuso que los aportes ingresen a los partidos, que cada agrupación sea responsable de sus gastos y que se mantengan mecanismos de control sobre el dinero que sostiene la actividad electoral.
Las colectoras sólo tendrían sentido como salida excepcional
La eventual habilitación de colectoras es otro de los aspectos que Tullio observa con cautela. El mecanismo permitiría que un mismo candidato presidencial figure más de una vez en la boleta, asociado en cada caso a listas legislativas diferentes. Una columna podría contener postulantes propios y otra, candidatos de una fuerza distrital adherida.
“No es natural que un presidente, un candidato a presidente, tenga diversos grupos de legisladores que lo apoyen”, planteó. La objeción remite a la relación entre la elección presidencial y la composición del Congreso, un vínculo que, a su juicio, resulta decisivo para la gobernabilidad.
El secretario electoral aceptó que las colectoras puedan servir de forma excepcional si las PASO quedan suspendidas y las alianzas necesitan resolver una competencia territorial. Sin embargo, consideró que no deberían transformarse en una regla estable. La boleta única busca ordenar la oferta electoral y, bajo ese criterio, no debería presentar como parte de una misma candidatura presidencial a sectores que luego se enfrentan en el Parlamento.

Tullio sostuvo que los acuerdos deben resolverse antes de la elección. Si distintas fuerzas deciden acompañar a un candidato presidencial, deberían definir previamente las condiciones de esa alianza y la relación con sus listas legislativas. De otro modo, afirmó, el voto al Ejecutivo puede quedar desligado de los representantes que necesitarán tratar las iniciativas del futuro Gobierno.
Los debates presidenciales seguirían, aun sin obligación legal
El proyecto también contempla cambios en los debates presidenciales. Según el último borrador mencionado durante la entrevista, el debate obligatorio de la primera vuelta dejaría de estar previsto, aunque podría realizarse uno en caso de balotaje. Tullio lamentó esa modificación, pero estimó que los encuentros seguirán ocurriendo.
“Quien no participe va a tener un costo por no hacerlo”, sostuvo. Para el exdirector nacional electoral, los candidatos tienen incentivos políticos para asistir porque los debates les permiten exponer sus propuestas ante los votantes en condiciones similares a las de sus adversarios.
También remarcó que esos espacios permiten escuchar a todos los postulantes sobre los mismos temas y reducen la mediación tecnológica propia de una campaña. Aunque defendió su utilidad, consideró que el interés público que despiertan debería bastar para sostenerlos, sin necesidad de imponerlos por ley.
La reforma deja abiertos, así, varios frentes que Tullio pidió discutir antes de que el Congreso fije las reglas para la próxima elección: el futuro de las PASO, el alcance de las colectoras, los controles sobre el financiamiento y la regulación de los debates. Desde Chubut, el funcionario sostuvo que el desafío no pasa sólo por acelerar o simplificar el proceso, sino por preservar condiciones claras para la competencia y el voto ciudadano.
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alejandro tullio, secretario electoral permanente de la provincia de chubut y exdirector nacional electoral entre 2001 y 2016
POLITICA
Pese a las tensiones internas, la Casa Rosada puso a Bullrich al frente de las negociaciones por la reforma electoral en el Senado

Enfocado en lograr el dictamen de la reforma electoral en las próximas 48 horas, el Gobierno decidió postergar las diferencias con Patricia Bullrich y le encargó a la jefa de la bancada oficialista en el Senado que encabece las negociaciones con los aliados para aprobar su ambicioso proyecto.
Por su rol como líder del bloque de La Libertad Avanza, la maniobra parece una obviedad. Sin embargo, hasta este martes la responsabilidad de llevar las riendas de las negociaciones era una tarea exclusiva del jefe de Gabinete, Diego Santilli, según daban cuenta entre los senadores del oficialismo.
“La pelota la tiene la Casa Rosada”, fue el mensaje que repetían en el bloque violeta, en referencia a las conversaciones que mantuvo durante meses el ministro coordinador con los diferentes gobernadores dialoguistas para destrabar el proyecto electoral. Sin embargo, con la decisión de acelerar el tratamiento, la mesa política que conduce Karina Milei decidió sumar a Bullrich a la misión de reunir los votos.
“Es correcto, va a conducir el proceso en tándem con Santilli”, explicaron a TN cerca de la senadora. Según pudo saber este medio, el nuevo esquema fue conversado por ambos en la Casa Rosada, donde esta mañana se celebró una nueva reunión de los principales estrategas del Gobierno. Allí, en un encuentro que fue definido por uno de los presentes como “muy tranquilo”, el Ejecutivo decidió ignorar las recientes tensiones públicas entre Bullrich y el oficialismo, luego de varias semanas de diferenciaciones políticas que en Balcarce 50 fueron leídas como desafíos a la conducción de la Secretaria General de la Presidencia.
En ese sentido, alrededor de la exministra de Seguridad hay quienes advierten que detrás de la maniobra podría esconderse una trampa: convertirla en un chivo expiatorio en caso de que el proyecto no prospere. Sin embargo, aseguran que la dinámica de trabajo entre Bullrich y Santilli es buena, y en el oficialismo se muestran confiados de poder avanzar con la reforma.
“Hasta acá no pudieron sacar la reforma sin ella. Así que responsabilizarla porque no salga algo que no pudieron sacar no pueden. Veremos si con ella ahora, sale”, planteó a TN un colaborador de la senadora porteña.
Los plazos del Gobierno y la búsqueda de los 37 votos en el Senado
La primera prueba que debe superar el oficialismo en el Senado es conseguir las diez firmas necesarias para dictaminar el proyecto en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el libertario Agustín Coto. Luego de que este martes se llamara a un cuarto intermedio para asimilar los cambios introducidos en el texto oficial, dos integrantes de la mesa política afirmaron a este medio que lograrán el despacho entre este miércoles y el jueves.
“No hay ninguna postergación. Simplemente son muchas modificaciones al proyecto original y todas tienen que ser atendidas”, reiteraron en Balcarce 50, donde explicaron que el plan sigue siendo tratar el proyecto en el recinto la próxima semana.
Entre los 19 integrantes que componen la comisión, La Libertad Avanza cuenta con seis propios (Coto, Bullrich, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta), por lo que necesita que sus aliados aporten cuatro firmas más. Los seis senadores peronistas ya adelantaron su rechazo, así que el Gobierno mira a los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama, a Carlos Espínola y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), a Carolina Moisés (Convicción Federal) y a Beatriz Ávila (Independencia) como sus potenciales aliados. Una vez firmado el dictamen, el oficialismo deberá esperar siete días antes de llevar el proyecto al recinto, donde necesitará 37 votos.
POLITICA
Ley Malvinas: el Gobierno volvió a modificar el proyecto, pero persisten las diferencias sobre las sanciones a la interferencia externa

El Gobierno buscará darle hoy media sanción en Diputados a su proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas. El oficialismo tiene los votos para aprobarlo en general, pero todavía no logró un acuerdo sobre las sanciones por injerencia extranjera. Para acercar posiciones, la Secretaría Legal y Técnica introdujo nuevas modificaciones tras una reunión con representantes de los bloques aliados la semana pasada.
La iniciativa, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, encabeza el temario de la sesión prevista para las 12. Aunque surgió con el objetivo de sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina, su alcance se amplió a la defensa del territorio, las infraestructuras críticas y los procesos electorales e institucionales.
Las principales diferencias se concentran en el título VII, que modifica la ley de partidos políticos y el Código Penal para sancionar las campañas de injerencia extranjera y los actos de violencia contra el Estado. Los aliados consideran que algunas definiciones siguen siendo demasiado amplias y podrían afectar derechos constitucionales.
Además, por introducir modificaciones en materia electoral, ese apartado necesita una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos, un número que el oficialismo todavía no tiene garantizado. Si no consigue nuevos acuerdos, podría quedar fuera del proyecto durante la votación en particular.
Entre los cambios incorporados figura la nueva denominación del Consejo de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.
El Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Alejandra Monteoliva, dejará de integrarlo de manera permanente y solo será convocado cuando resulte necesario. “Por la nueva denominación del Consejo, está claro que tiene que ver con defensa, no con seguridad. El ministerio pasa a ser convocado cuando se requiera a las fuerzas de seguridad”, explicó a un referente libertario.
En la redacción original, la cartera de Seguridad no integraba el Consejo, pero se terminó incorporando a pedido de los aliados. En el último borrador, el Gobierno retornó a su intención primaria.
También se amplió la definición de aeroespacio para incluir expresamente el espacio aéreo y ultraterrestre.
Pero los ajustes más sensibles se concentran en el artículo 129 del proyecto -que integra el título VII-, que incorpora nuevas figuras penales vinculadas con la injerencia extranjera. El Gobierno eliminó la palabra “sabotaje” así como la referencia a las acciones destinadas a “afectar la libre formación de la voluntad política de la población”.
Además, estableció que, para configurar el delito, el autor deberá conocer la naturaleza de la campaña y actuar con esa finalidad específica. También excluyó de las sanciones a quienes compartan o adhieran a contenidos u opiniones, por ejemplo en redes sociales, sin recibir financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros.
Las precisiones, sin embargo, no conformaron a todos los aliados. Un legislador que participa de las negociaciones advirtió que la definición del delito todavía podría alcanzar actividades legítimas de sindicatos, organizaciones sociales o cámaras empresariales. “Definida por la negativa, queda todo adentro y es el ciudadano el que tiene que demostrar que se encuadra en una excepción”, cuestionó.
Ese mismo diputado también objetó que las restricciones al financiamiento extranjero se extiendan a la organización y dirección de campañas electorales, lo que podría afectar la contratación de consultores extranjeros.
Las diferencias con el peronismo
Unión por la Patria (UP), que presentó un dictamen de minoría, comparte el objetivo central del proyecto: sancionar a las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental.
En ese apartado, el oficialismo ya había limitado las prohibiciones sobre proveedores y accionistas de las empresas infractoras. La nueva redacción exige que los bienes o servicios suministrados sean indispensables para la actividad ilegal y que el proveedor conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino.
Sin embargo, el peronismo cuestiona el régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas abandonar las actividades objetadas y evitar determinadas sanciones. Desde el bloque consideran que el mecanismo podría facilitar que eludan las multas previstas por la propia ley.
También objetan el artículo 111, que somete determinadas inversiones de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos a la revisión del Consejo de Asuntos Estratégicos. La disposición alcanza sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y minería, además de infraestructuras críticas de interés nacional.
Desde UP advierten que podría interferir en decisiones provinciales. “Si una provincia quiere licitar un servicio que provee, por ejemplo, Huawei o Cofco, con participación del gobierno chino, incluso Petrobras, le tiene que pedir permiso al Consejo”, planteó un referente del espacio.
El texto excluye, sin embargo, las relaciones comerciales ordinarias que no impliquen control, influencia determinante o acceso a información tecnológica sensible.
El oficialismo llegará así al recinto con la aprobación general encaminada, pero con negociaciones todavía abiertas sobre uno de los apartados más controvertidos del proyecto.
La sesión también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, la transferencia de competencias judiciales penales y de menores a la ciudad de Buenos Aires y modificaciones al marco regulatorio de las pymes.
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