POLITICA
El Gobierno reveló que la UBA exige el 95% de los fondos nacionales para hospitales universitarios
En la previa a la marcha universitaria por la aplicación de la ley de financiamiento para este sector educativo, el Gobierno nacional apuntó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la acusó de “extorsión política” por pretender acaparar casi la totalidad del presupuesto para los hospitales universitarios.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseveró que la UBA quiere que el Estado le asigne el 95% del presupuesto para el sector, y dijo que el vicerrector de dicha casa de estudios, Emiliano Yacobitti, se encuentra detrás de lo que considera una maniobra política para presionar por mayores recursos.
El Hospital de Clínicas amenaza con parar por falta de fondos del Gobierno: Capital Humano acusó extorsión
De esta manera, el funcionario respondió el reclamo de la universidad pública, que había denunciado una falta de fondos que el Ejecutivo debía asignarse y amenazó con riesgos en la atención de los hospitales universitarios.
Frente a la acusación, Álvarez sostuvo que la UBA quiere quedarse con “75 mil millones de pesos” equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.
El subsecretario de Políticas Públicas del Gobierno de Javier Milei, Alejandro Álvarez.
“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4 mil millones”, aseguró el subsecretario, a lo que agregó que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo solicitó, por sí sola, partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.
Alejandro Álvarez desmintió que el Gobierno no esté girando fondos a los hospitales de la UBA, y aseguró que se transfieren “en tiempo y forma”, por lo cual calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento: “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarse al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, apuntó el funcionario en un declaraciones a Radio Rivadavia.
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POLITICA
El oficialismo en el Senado negocia el apoyo de aliados y cree que tiene los números para sancionar la Ley Hojarasca
La Libertad Avanza buscará que el proyecto que establece la derogación de legislación obsoleta, conocido como Ley Hojarasca, quede en condiciones de llegar al recinto durante el próximo mes de junio. La jefa del bloque, Patricia Bullrich, lo consensuó con sus pares violetas este jueves, durante una reunión virtual de la bancada oficialista.
El próximo miércoles 3 serán convocadas las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, encabezadas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, para buscar dictaminar la iniciativa. Habrá presencia de funcionarios nacionales como ocurrió en Diputados, allí estuvieron los secretarios de Desregulación y de Transformación del Estado, Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña.
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Mientras que la propia senadora Bullrich encabezará los acercamientos con la oposición dialoguista para la construcción de mayorías para la firma del dictamen, y pensando en el momento en el cual la iniciativa llegue al recinto. El oficialismo le dejó trascender a TN que no hará cambios al proyecto ya sancionado por sus pares de Diputados.
La iniciativa propone derogar al menos 70 normas, entre leyes y decretos, que el Gobierno considera obsoletas o en desuso dentro de la administración central.
Postura del Gobierno
El proyecto forma parte de la estrategia de desregulación del Gobierno. Según sus fundamentos, apunta a ordenar el sistema normativo y hacerlo más claro y accesible, además de reducir la intervención estatal en áreas consideradas innecesarias.
En el Poder Ejecutivo aseguran que la acumulación de normas sin depuración afecta la seguridad jurídica. También advierten que muchas disposiciones ya no tienen aplicación efectiva y generan marcos regulatorios confusos o contradictorios.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa, la definió como una “depuración normativa”. Planteando que “cuantas menos leyes, más justicia”, en línea con el objetivo del presidente Javier Milei de reducir la intervención estatal.
Además, remarcó que entre las normas a derogar hay disposiciones firmadas por expresidentes como Isabel Perón, Héctor Cámpora, Carlos Menem, Raúl Lastiri, Arturo Frondizi y Néstor Kirchner, así como por gobiernos de facto como los de Jorge Videla, Agustín Lanusse, Reynaldo Bignone y Juan Carlos Onganía.
El debate en Diputados
La iniciativa fue aprobada por la Cámara baja el 20 de mayo, por 138 votos a favor; 96 negativos y nueve abstenciones. Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz señaló: “Se trata de un cambio de paradigma. Cambiar el paradigma del Estado omnipresente, de que todo y para todo necesita autorización del Estado. Queremos devolverles la libertad a los argentinos”.
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Mientras que, desde la oposición, el porteño de Unión por la Patria, Nicolás Trotta planteó, “estamos frente a un tratamiento tramposo, a ciegas, que implica una cortina de humo, porque detrás de la derogación de leyes obsoletas, se pretende derogar normas que afectan a la salud, a la cultura y a la producción de este país”.
El socialista de Provincias Unidas, Pablo Farías cuestionó que no se tuviera en cuenta su dictamen de minoría, “el dictamen alternativo que firmamos desde nuestro bloque, entre otras normas, incluye la derogación de la ley de las credenciales de libre circulación de los legisladores nacionales, que es un privilegio y parece que no es hojarasca”.
La Cámara de Senadores tiene prevista, además, una sesión para el próximo jueves 4 de junio a las 11, con un temario que incluye el tratamiento de mas de 70 pliegos de cargos, entre jueces y fiscales, en la justicia federal; el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Acuerdo con los Bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default que declaró Argentina en el 2001 y mantienen litigio contra nuestro país en los Tribunales de los EE. UU.
Senado, Comisiones, Federico Sturzenegger
POLITICA
Pro y otros aliados se diferencian del oficialismo y buscan sostener el pliego de la jueza Michelli
La decisión del Gobierno de retirar del Senado el pliego que nomina a María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata le abrió un frente de conflicto con los bloques aliados de la Cámara alta.
La nominación cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen, es decir, para ser votado en el Senado. Pero el oficialismo se niega a presentarla con el argumento, por ahora no oficial, de que Michelli es la cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon, que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRAy el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones.
La nominación de Michelli obtuvo los avales de nueve de los 17 senadores que integran la Comisión de Acuerdos. Los nueve pertenecen a bloques que suelen articular con La Libertad Avanza. Ellos son Carolina Losada (UCR), Maximiliano Abad (UCR), Mariana Juri (UCR), Flavia Royón (Primero los salteños), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Martín Goerling (Pro), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos Arce (Frente Renovador-Misiones) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).
El Gobierno envió anoche al Senado un pedido de retiro del pliego que nomina a Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata. Hasta ahora, se desconoce cuáles serán los motivos de la decisión. Por lo pronto, el riojano Juan Carlos Pagotto, quien preside la comisión de Acuerdos, no le dio un número de expediente a la nominación de Michelli, pese a que reunió las nueve firmas necesarias. Se trata de una irregularidad, porque va en contra de todas las normas reglamentarias y de la voluntad de los senadores que le dieron el aval al pliego.
El retiro de un pliego, igual que el de un proyecto, lo tiene que aprobar el pleno del cuerpo en sesión. Por lo general, se hace sin mayores inconvenientes, por lo que se vota a mano alzada y en un solo paquete si hubiera más de un retiro. En casos controversiales, como sería este, se puede pedir la votación nominal. Es el artículo 137 de la Cámara.
La decisión de Milei de vetar el ascenso de Michelli provocó sorpresa e incomodidad en las bancadas de los aliados al oficialismo. El bloque de Pro, a cargo del misionero Martín Goerling, un dirigente cercano a Mauricio Macri, salió a desmarcarse de la jugada y ratificar su respaldo a Michelli.
“La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, expresó Goerling en diálogo con radio Now 97.9.
El senador macrista subrayó que “frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional”. “Desde Pro sostenemos su postulación”, se diferenció de LLA.
La nota que envió el Gobierno al Senado para comunicar su deseo de frenar el ascenso de Michelli y que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también puso en alerta al bloque de la UCR que lidera el correntino Eduardo Vischi. Si bien optaron por la cautela y prefieren no anticipar su postura, los radicales dejan trascender que consideran infundado el retiro del pliego de Michelli. “Queremos conocer los motivos antes de tomar una decisión”, advirtieron ante la consulta de .
“Debería tratarse en el cuerpo. Ya firmé el dictamen…”, descartó un cambio de postura otro de los nueve senadores que dio su aval al pliego de Michelli.
El oficialismo deberá ahora argumentar su posición en caso de que proponga votar el retiro del pliego en la sesión convocada para el jueves próximo, en la que se discutirá el acuerdo con fondos buitre y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. En la bancada de la UCR creen que LLA no logrará los acompañamientos que se requieren para dar marcha atrás con la nominación si solo aduce que Michelli no debe ser nombrada por su vínculo familiar con un periodista. Remarcan que hasta ahora la jueza no tiene tiene ninguna impugnación. “El Poder Ejecutivo tiene que presentar las pruebas. ¿Por qué no lo hicieron antes?”, repitieron desde el bloque radical.
Entre los nueve senadores que le dieron el visto bueno a la designación de Michelli están Abad, Juri y Losada. “Esto es contra el periodismo y puede afectar a la libertad de expresión”, comentaron en el seno de la UCR.
En el grupo de aliados de LLA que firmó el dictamen no hay ningún representante del kirchnerismo o de la oposición más dura al Gobierno. Por caso, acompañaron el correntino Espínola, el misionero Carlos Arce, cercano a Carlos Rovira, la salteña Royón o la tucumana Ávila. Como los radicales, todos ellos quieren conocer las explicaciones del oficialismo en torno al retiro del pliego antes de anticipar una posición. Sin embargo, en reserva, algunos sugirieron que será difícil un giro con respecto a lo votado en la Comisión de Acuerdos.
En ese marco, la polémica decisión del Presidenta ya despertó críticas de representantes de distintos sectores. Por caso, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal emitió un pronunciamiento para manifestar su “preocupación” por el freno del ascenso de Michelli.
“El retiro de pliegos ya enviados por el Poder Ejecutivo es una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”, indicaron.
Si bien remarcaron que “corresponderá al pleno del Senado aceptar o rechazar el retiro evaluando los motivos en que se funda, para evitar arbitrariedades o abusos”, los representantes del Colegio Público de la Abogacía resaltaron que “sería deseable que se brinden buenas razones” en el caso de Michelli, para “despejar las suspicacias”.
“El gobierno retira el pliego de María Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. No lo hace por falta de mérito, sino por ser familiar de un periodista que investiga y molesta al poder. Es un mensaje mafioso y autoritario: ´Si nos investigás, vamos contra vos y contra los tuyos´“, expresó el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
Por su parte, María Eugenia Talerico, exvicetitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), durante la presidencia de Macri calificó la decisión de Mahiques como “una arbitrariedad y un abuso de poder sin igual. Según Talerico, el veto al pliego de Michelli es “un antecedente peligroso”, porque se intenta “castigar indirectamente la denuncia y la investigación que incomoda al poder”. “Una democracia sana fortalece la independencia judicial, no la condiciona”.
A su vez, la asociación Integridad Republicana expresó “su profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli”.
“Se trataría de un hecho sumamente grave porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano. Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”, expresó la agrupación, que preside Carlos Negri.
El pedido lleva las firmas de Horacio Moavro, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alberto Garay. Osvaldo Pérez Sammartino, Marta Oyhanarte, Alejandro Drucaroff, Fabio Quetglas y Luis Katz.
retirar del Senado el pliego,caso $LIBRA,patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni,pic.twitter.com/jKAkTyWrBe,May 29, 2026,https://t.co/TDWlR6PGuR,May 28, 2026,May 29, 2026,Senado de la Nación,Javier Milei,Conforme a,,Líder mapuche. Extienden la prisión preventiva de Jones Huala y rechazan su traslado a Esquel,,Narcotráfico. El contador de Bailaque reveló que el exjuez le pidió “emprolijar” su DDJJ para justificar dos inmuebles,,En la Casa Rosada. Milei recibió en la Casa Rosada al empresario Maurice Ostro, el dueño del topacio azul más grande del mundo,Senado de la Nación,,Falsas denuncias. Por primera vez un informe oficial cuantifica el fenómeno, en medio del debate para aumentar penas,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,,Pliegos. Polémica en el Senado por el veto de Karina Milei a una candidata a jueza por ser familiar de un periodista
POLITICA
Dos argentinos detenidos en Libia: la Cancillería confirmó que están en Bengasi pero no tiene información sobre los plazos de liberación
Dos periodistas argentinos, María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, permanecen detenidos en Bengasi, Libia, desde el 24 de mayo, cuando fuerzas del este del país interceptaron una delegación de la caravana humanitaria Global Sumud Maghreb cerca de Sirte mientras el grupo intentaba negociar el paso hacia Gaza.
La Cancillería Argentina confirmó la situación este viernes y aseguró que trabaja con embajadas aliadas y organismos internacionales para lograr su liberación, en medio de una presión opositora y una concentración frente al Palacio San Martín que reclamó respuestas al gobierno.
Giménez y Aguilera se desempeñan como directores de investigación del medio especializado NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe) y se sumaron a la misión como parte del equipo internacional de salud y acompañamiento. La caravana, integrada por más de 200 activistas de distintas nacionalidades, partió a comienzos de mayo desde Mauritania, atravesó Argelia, Túnez y el oeste libio, y transportaba ambulancias, insumos médicos, alimentos y materiales de reconstrucción. Junto con los dos argentinos fueron retenidas otras ocho personas de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez.
La delegación detenida —diez activistas en total— se había adelantado al grueso del convoy para negociar el paso en un puesto de control militar en Sirte, ciudad ubicada en la línea divisoria entre el este y el oeste libio. Según el comunicado de Global Sumud, el último contacto con el grupo se produjo a las 3:22 de la tarde del martes. Las fuerzas de seguridad del este de Libia, dependientes de las Fuerzas Armadas Árabes Libias (FAAL) del mariscal Jalifa Haftar, los retuvieron por ingresar a la zona de seguridad 5+5 —un área en disputa establecida en el acuerdo de cese al fuego de octubre de 2020— “sin completar los procedimientos legales”, según declararon las propias autoridades locales.
La situación de Libia explica en parte la gravedad del episodio. El país carece de un gobierno unificado desde la caída de Muamar Gadafi en 2011 y se divide entre el Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli, reconocido internacionalmente, y el Gobierno de Estabilidad Nacional en el este, respaldado por Haftar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas advierte de manera reiterada sobre la fragilidad del país y la proliferación de grupos armados que controlan distintas porciones del territorio.
La Cancillería informó que, a través de la Embajada Argentina en Túnez —con competencia concurrente en Libia—, solicitó el 26 de mayo cooperación consular a la Embajada de Italia en Libia, dada la presencia diplomática italiana en Bengasi. Este viernes, el cónsul italiano pudo visitar a los nacionales italianos detenidos, pero las autoridades locales le negaron el acceso a los ciudadanos argentinos. El diplomático solicitó además una mejora en las condiciones de detención, pedido que las fuerzas de seguridad respondieron de forma positiva, según el comunicado oficial. La Cancillería también coordina acciones con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La presión política escaló este viernes en Buenos Aires desde distintos sectores de la oposición. El diputado y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, exigió la liberación de los dos periodistas y anunció la presentación de un proyecto de interpelación al canciller Pablo Quirno ante la Cámara de Diputados de la Nación (HCDN). “El ministro de Relaciones Exteriores debe intervenir inmediatamente para proteger la integridad de los ciudadanos argentinos y garantizar su vida”, sostuvo Yasky, quien reclamó que Quirno informe “qué gestión diplomática concreta, visible y verificable realizó y realiza el gobierno argentino”.
En su publicación, Yasky describió la detención como un “secuestro” a manos de “militares israelíes”, una caracterización que difiere de la versión oficial de la Cancillería y de la información de medios internacionales como Middle East Eye y El País, que atribuyen la retención a fuerzas leales a Haftar.
En la misma línea, el dirigente peronista y ex embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, reclamó la liberación de los dos connacionales y cuestionó con dureza la respuesta del Gobierno. “Es increíble, es vergonzosa y repugnante la indiferencia en el accionar de la Cancillería Argentina, que debería actuar en respeto de los tratados internacionales que ha firmado nuestro país”, escribió Raimundi en sus redes sociales.
De forma paralela, una concentración frente a la Cancillería Argentina reunió este viernes a manifestantes que reclamaron la liberación de Giménez y Aguilera.
El Gobierno argentino reconoció en su comunicado que no cuenta con información confirmada sobre los plazos ni sobre la continuidad del proceso. A esa incertidumbre se suma un cese de actividades de la administración local libia por festividades religiosas, lo que posterga la toma de definiciones. La Cancillería subrayó que presta asistencia consular a los connacionales “inclusive frente a acciones imprudentes y temerarias como las que llevan adelante algunas personas y organizaciones”.
El convoy principal anunció el jueves su decisión de regresar a sus países de origen tras el bloqueo de las autoridades del este de Libia y la negativa de Egipto de permitir el ingreso terrestre de activistas extranjeros. La iniciativa integra la Global Sumud Flotilla, una campaña civil más amplia que también intentó llegar a Gaza por mar.
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