Referentes del Poder Judicial, de la Iglesia y de organizaciones sociales se reunieron este sábado en el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, una de las obras más emblemáticas dedicadas al cuidado de las personas con discapacidad severa y en situación de extrema vulnerabilidad, y se pronunciaron en favor de ampliar el acceso a “una justicia más humana” y combatir la exclusión.

El encuentro tuvo lugar en momentos en que los programas de atención a la discapacidad enfrentan una severa crisis, por recortes y ajustes atribuidos al gobierno de Javier Milei.

Con la misión de visibilizar los derechos de las personas más vulnerables, encabezaron la jornada el obispo de San Justo y referente de la Pastoral Judicial, monseñor Eduardo García, y el padre Aníbal Quevedo, responsable del Pequeño Cottolengo Don Orione, donde residen y son acompañadas personas sin red familiar o atravesadas por situaciones extremas de fragilidad social y sanitaria.

En el emblemático centro de Claypole fundado en 1935, la Iglesia recibió a los jueces Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal; Andrés Basso, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre muchos otros.

Los jueces y referentes de organizaciones sociales realizaron una recorrida por los hogares y espacios de atención del Cottolengo, donde pudieron conocer de cerca el trabajo cotidiano que desde hace décadas sostiene la obra inspirada en el carisma de San Luis Orione, cuya misión es acompañar, alojar y dignificar a personas atravesadas por situaciones de abandono, pobreza y exclusión.

“Creemos profundamente que la justicia se vuelve verdaderamente humana cuando es capaz de dejarse interpelar por quienes viven en los márgenes”, señalaron los organizadores del encuentro.

“La realidad se comprende mejor desde la periferia que desde el centro”, expresó el obispo García, al recordar una frase que Francisco encarnó en su pontificado.

Se explicó, en ese sentido, que los “diálogos por una justicia más humana” se consolidan como espacios de encuentro entre magistrados, funcionarios judiciales, organizaciones comunitarias y la Iglesia, para promover “una mirada más cercana a las realidades sociales y a las periferias urbanas”.

A lo largo de la jornada se presentaron testimonios, intercambios comunitarios y una ronda de diálogo centrada en las “Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas”, una iniciativa que busca acercar el mundo judicial a las realidades de mayor vulnerabilidad social.

Participaron de la jornada, también, Cristina Tabolaro, en representación del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires; Daniela Bersi, fiscal de la Casación Penal bonaerense; la jueza nacional de ejecución penal Jimena Monsalve, Karina Yabor, conjueza del Tribunal Oral Federal de La Plata; Francisco Martínez Garmendia, juez de Garantías del Departamento Judicial Quilmes; Mariano Cascallares, del Consejo de la Magistratura bonaerense; Miguel Osorio, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal; Paloma Ochoa, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, y Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías N°8 de La Plata, con sede en Cañuelas.

A ellos se sumaron Nicolás O’Reilly, subsecretario administrativo del Consejo de la Magistratura de la Nación; Samanta Guede, auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10; Sofía Corradini Sagretti, secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales, y Virginia Barreyro, directora de Control y Asistencia de la Ejecución Penal.

Además, participaron el hermano Jorge Silanes, director religioso del Cottolengo Don Orione de Claypole; Fernando Montero, coordinador técnico; el administrador Marcelo Bezek y el representante legal Pablo Díaz.

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, rechazó este sábado el intento de municipalización del servicio de recolección y barrido de residuos, al advertir que un traspaso de convenio esas características implicaría una “precarización de los trabajadores”.

“Es un ataque directo contra los trabajadores camioneros”, alertó Pablo Moyano, después de que el titular de la Federación de Municipales, Hernán Doval, se mostrara proclive al traspaso del servicio a la órbita de los municipios de la provincia de Buenos Aires.

Para el referente camionero, Doval es “vocero de los intendentes y empresarios que buscan bajar salarios y destruir convenios colectivos de trabajo”.

“¿Qué diferencia hay entre Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales”, expresó Moyano a través de un comunicado.

Y añadió que “mientras algunos marchan contra la reforma laboral, después quieren aplicarla sobre los trabajadores de la recolección. Quieren reducir salarios y empujar a miles de familias trabajadoras a la pobreza”, insistió.

Pablo Moyano, quien viene subiendo el perfil después de una pelea con su padre Hugo, remarcó que los convenios conquistados en la actividad fueron producto de “años de lucha, sacrificio y resistencia de miles de trabajadores y trabajadoras”.

De esta forma el sindicalista rechazó el traspaso del convenio del gremio de Camioneros a la órbita municipal para los trabajadores de recolección y barrido.

“Hubo compañeros perseguidos, detenidos, desaparecidos y compañeros que dejaron la vida para conseguir derechos laborales dignos. No vamos a entregar ni un solo puesto de trabajo”, sostuvo.

El referente camionero recordó el reciente conflicto en Villa Gesell donde el gremio defendió más de 45 puestos laborales después de que el intendente local, el peronista Gustavo Barrera, rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección de residuos.

Ante la intervención del gobierno provincial, que dictó la conciliación obligatoria, se suspendieron los despidos y se restablecieron las tareas de barrido y recolección.

El sindicalista afirmó al respecto que el gremio no permitirá “ningún intento de municipalización que signifique salarios de pobreza y pérdida de derechos”.

Moyano convocó así a delegados y trabajadores de toda la provincia a mantenerse unidos y en estado de alerta para defender la actividad y el convenio colectivo.

“Vamos a seguir luchando para que cada trabajador de recolección y barrido continúe dentro del gremio camionero, con salarios dignos y condiciones laborales que costaron años de pelea”, concluyó.

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