El oficialismo se encamina esta noche a aprobar en Diputados un proyecto de ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos, en busca de desactivar uno de los frentes políticos más sensibles para el gobierno de Javier Milei.

Tras una serie de reuniones a contra reloj y negociaciones que se extendieron hasta bien entrada la sesión y modificaron fuertemente la iniciativa original, el oficialismo consiguió no solo el respaldo de sus aliados habituales, sino también el apoyo de Provincias Unidas y del peronismo.

Con la diputada libertaria (ex-Pro) Laura Rodríguez Machado al frente de las conversaciones, coordinadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem, el oficialismo hizo circular desde temprano el borrador del dictamen al que le fue incorporando numerosos ajustes mientras avanzaba la megasesión de este miércoles.

En un giro inesperado, Machado, junto a su par libertaria Gisela Castelnuovo, activaron el diálogo con representantes de UP, entre ellas, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes dejaron entrever la intención de una parte de Unión por la Patria de respaldar el dictamen si se tomaban en cuenta una serie de cambios.

La bancada que conduce Germán Martínez quedó ante la disyuntiva de acompañar o no una propuesta que termina por recoger los reclamos del colectivo de discapacidad, quienes esta tarde expresaron su aval a la propuesta oficialista.

Hasta ayer, el sector todavía se inclinaba por la prórroga de la emergencia en discapacidad que apuntalaba el bloque UP, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda.

Los cambios

Entre las modificaciones más resonantes el proyecto establece por ley los requisitos, que hasta el momento era dispuestos por el Poder Ejecutivo, para acceder a las pensiones por discapacidad. Entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica, no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

El texto también mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. A su vez, se establece que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación.

Otro de los puntos centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que actualmente rondan los $278.323 millones, este último un reclamo expreso de Pro.

En cuanto a las pensiones por invalidez, la propuesta garantiza a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud. Asimismo, garantiza la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación, que había sido eliminado en el proyecto del presupuesto.

El misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque de Argentina Federal, fue el encargado de capitalizar todos los reclamos en un dictamen que presentó ante el recinto y en el que plasmó los aportes que él mismo había conseguido incorporar a la iniciativa original de LLA. A estos se sumaron nuevas concesiones durante la tarde, que terminaron por inclinar la balanza a favor del Gobierno.

Al momento de presentar su dictamen, Herrera Ahuad envió un mensaje al Gobierno y le reclamó que se comprometa a retirar el capítulo VI del proyecto de presupuesto, que incluye una serie de derogaciones y modificaciones contrarias a la iniciativa que venían impulsando las principales figuras legislativas del oficialismo: Menem, Rodríguez Machado, Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici.

En concreto, el proyecto presupuestario propone derogar el artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores l Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este fue uno de los reclamos más reiterados durante el debate por los bloques más críticos, que exigieron al Ejecutivo dar marcha atrás con las modificaciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027.

“Hoy el Congreso le da la respuesta a los colectivos, pero hay que lograr una respuesta por parte del Presidente”, advirtió la diputada Sabrina Selva, al reclamar la eliminación expresa de los artículos cuestionados.

Presión de la Iglesia

Según pudo saber , autoridades del Episcopado se reunieron ayer a última hora con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que termine de cerrar un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad.

La intervención de la Iglesia llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada que dejó al descubierto las dudas que todavía persisten a nivel interno sobre el respaldo a la iniciativa legislativa, principalmente por su costo fiscal.

La presión se hizo aún más evidente este miércoles cuando la Comisión de Pastoral Social fijó su posición sobre el debate legislativo sobre la emergencia en discapacidad tras los contactos que mantuvo con los distintos legisladores, en la que expresó su preocupación por los recortes que sufrió el área durante la gestión de Javier Milei.

El Mago parece estar extraviándose en los laberintos del Kremlin. La iniciativa más ambiciosa de Santiago Caputo como influyente asesor de Javier Milei, la reivindicación de la causa Malvinas, se está transformando en un enredo que puede esconder derivaciones costosas. No fue Javier Milei, tampoco Caputo, sino Donald Trump, quien repuso en la agenda la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas. Pero el “Mago” vio una oportunidad de varias dimensiones. Abrazarse a esa bandera permitiría convertir de nuevo al oficialismo en el actor dominante del debate nacional. Desafiaría al peronismo en su histórica propensión nacionalista. De paso, fiel a su procedimiento habitual, Caputo aprovechó su protagonismo en este rebrote épico, para sacar ventajas en su disputa interna por poder y presupuesto. Alertó sobre misteriosas amenazas a la tranquilidad del país, que demandan la creación inmediata de un Consejo de Seguridad Nacional integrado por funcionarios leales a él. Con la misma excusa, consiguió nuevos recursos para áreas que están bajo su control. Sobre todo, Defensa e Inteligencia.

El rodaje de esta gran producción está presentando algunos inconvenientes que deben resolver otros colaboradores de Milei. Se agravó la incertidumbre económica general que afecta a la Argentina, despertando la sensibilidad del gobierno de los Estados Unidos. Surgió una tensión inesperada con una administración amiga, como la de José Antonio Kast en Chile. Quedó otra vez expuesta la rivalidad interna con el sector que lidera Karina Milei. Creció la preocupación por impulsos autoritarios del oficialismo en relación con la oposición y la prensa. Y quedaron implantadas semillas de conflictos hasta ahora inexistentes con países a los que el equipo económico recurre en busca de financiación.

El balance provisional que va arrojando la empresa impulsada por Santiago Caputo inspira, más allá de los detalles, una razonable preocupación sobre el método, o sobre la falta de método, en la toma de decisiones relevantes, en especial en el campo de la política exterior. En otras palabras, el “Mago” llevó a su jefe a deambular por un jardín cuya cartografía no conoce. Ahora otros jerarcas del oficialismo deben acudir a rescatar al Presidente. Para Caputo el costo es cero. No tiene las responsabilidades de un funcionario. En los papeles es apenas un amigo que da consejos a cambio de un honorario de consultor.

Hace dos semanas, la sanción de la ley de defensa de la soberanía nacional, conocida como “Ley Malvinas”, requería un tratamiento de máxima urgencia, dados los repentinos peligros que se habían instalado sobre el país. Peligros que el Gobierno ignoraba antes del 31 de agosto. Es la fecha en que Trump, irritado por la falta de solidaridad militar del gobierno británico frente a Irán, insinuó que podía revisar la histórica neutralidad de su país para apoyar a la Argentina. Desde hace una semana la premura disminuyó. Los libertarios de la Cámara de Diputados decidieron postergar el tratamiento de la ley. Como suele suceder, atribuyen la decisión a un pedido de los aliados. Una explicación es que los riesgos que debía conjurar la ley no eran tan terribles. Aunque cabe pensar en otra motivación: un mensaje de los Estados Unidos para que se revise la primera parte del proyecto.

Esta segunda opción es la más segura. El texto enviado al Congreso contemplaba sanciones administrativas y penales para quienes extrajeran petróleo del mar circundante a las islas usurpadas. Allí existe un emprendimiento importante, llamado Sea Lion, en el que están involucradas una empresa israelí, Navitas, y otra británica, Rockhopper. Los castigos previstos en la ley no se limitaban a estas petroleras. Alcanzaban a sus proveedores y a cualquier otra compañía que colabore con la explotación de petróleo y gas sin consentimiento argentino. La gama de afectados sería amplísima. Comercializadoras de hidrocarburos, aseguradoras, bancos, por citar sólo tres tipos.

La primera reacción llegó desde el mismo lugar donde había nacido el estímulo para toda la jugada: los Estados Unidos. Varios funcionarios argentinos recibieron mensajes desde Washington comunicando que se debería moderar esa agresividad, de tan amplio espectro, para evitar que fueran alcanzadas empresas norteamericanas. Es como si Trump advirtiera a Milei: “Javier, te lo tomaste muy en serio”. Esa vieja e incontrolable impulsividad del “Mago”.

En la Cancillería ya habían tenido una experiencia lamentable. Una de las proveedoras del consorcio Sea Lion, le neerlandesa Bluewater Energy Services, es la constructora de las boyas que sostendrán sobre las aguas del atlántico el oleoducto que, proveniente de Vaca Muerta, suministraría petróleo a barcos anclados fuera de la costa. Por el consejo de un prestigioso consultor fue necesario demorar la demanda contra Bluewater para permitir que antes llegaran esas boyas construidas en Catar.

La eventual hostilidad contra intereses norteamericanos esgrimida por el gobierno de los Estados Unidos tomó por sorpresa a Caputo. En su cuenta de X protestó contra la tapa del diario Clarín que informaba sobre esa prevención. Tenía razón Clarín. Es una prueba indirecta sobre la verosimilitud de una versión que circula en el movimiento libertario: el “Mago” habría tenido un cortocircuito con el otrora imprescindible Barry Bennet y con su amigo el empresario Leonardo Scatturice. La raíz del entredicho es filosófica: al parecer a Bennet no le pagaron los honorarios por algunas gestiones antes sus amigos del movimiento MAGA. Como suele suceder en estos casos, Bennet estaría repitiendo: “Lo que me molestó fue el hecho”. ¿La plata es lo de menos? Porque es mucha plata. Entre esas diligencias Bennet se atribuyó está haber conseguido que Scott Bessent firme un cheque por 20.000 millones de dólares para salvar al plan de Luis “Toto” Caputo en 2025. Algún día habrá que desentrañar si hubo movimientos estimulados por información privilegiada que permitieron a algunos financistas hacer una gran ganancia con la compra venta de bonos argentinos horas antes de que el secretario del Tesoro anunciara el salvataje. Un experto al que habría que mirar es Robert Citrone, puente entre sus dos amigos, “Toto” y Scott. Interrogantes que acaso se formule algún legislador demócrata en el Congreso norteamericano. Minucias. Lo relevante: es posible que el supuesto distanciamiento con Bennett y Scatturice haya obturado aquel back channel que el “Mago” se preciaba de administrar. Ahora hay informaciones que circulan por otros carriles, mucho más formales.

Desde los Estados Unidos llegan otras noticias amargas. La más importante: una lenta reconciliación entre Trump y el primer ministro británico, Andy Burnham, quien acaba de involucra a sus fuerzas armadas en defensa de Arabia Saudita. También hubo un gesto involuntario del presidente norteamericano contra la Argentina cuando su país propuso aplicar la motosierra al Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde se tramita el reclamo por Malvinas.

Otro trago amargo en la relación con los Estados Unidos: como informó Florencia Donovan, uno de los consorcios que competirían en la privatización del Belgrano Cargas desistió de hacerlo. Es el grupo que auspiciaba Washington, liderado por una empresa mexicana. Las versiones sobre esta renuncia son vidriosas. Hay quienes lo atribuyen a un acuerdo subterráneo con Roberto Urquía, que lidera otra alianza de grandes cerealeras. Tal vez la ganadora. Como siempre, los hermanos Neuss niegan cualquier intervención. Pero gente que participa en el concurso se empeña en mencionar un veto de esos “kremlineros”, como se los comenzó a llamar en el mundo de los negocios. Los Neuss son íntimos de Santiago Caputo y, sobre todo, de su hermano Francisco, decisivo en la asignación de muchos contratos estatales, según juran infinidad de funcionarios de Milei. El mundo editorial pide a gritos un “Hablen con Fran”, de Cabot y Olivera.

Desde Chile también llegaron señales de alarma. A mediados de noviembre está previsto que zarpe desde Punta Arenas el buque mercante Danstar con destino a Malvinas. Desde Buenos Aires se insinuó que podría llevar insumos a Sea Lion. El gobierno chileno aclaró que se trataba solo de provisiones para los isleños. El canciller Pablo Quirno adhirió a esta tesis. Pero la tensión ya se había desatado. Desde el Congreso argentino el peronista entrerriano Guillermo Michel, inminente aliado de Rogelio Frigerio, propuso cancelar el tratado de protección de inversiones suscripto con Chile. También el acuerdo para evitar la doble imposición. El Parlamento de Valparaíso reaccionó con siete proyectos destinados a neutralizar la agresividad trasandina.

La diplomacia combativa del “Mago” llegó a fronteras inesperadas. A partir del tuit de un militante libertario construyó un silogismo muy curioso. El pasado 12 de octubre, la diputada laborista Sagal Abdi-Wali, nacida en Somalia, se incorporó al parlamento británico jurando sobre el Corán. Caputo vio la escena como una evidencia más de que el Reino Unido se estaba convirtiendo en un Estado islámico. De inmediato convocó a Occidente a impedir que el Atlántico Sur quede en manos de ese califato. Como otros integrantes de las Fuerzas del Cielo, él cree que el Islam es una religión intrínsecamente violenta. La recuperación de Malvinas deja entonces de basarse en principios jurídicos y antecedentes históricos para transformarse en la bandera de una guerra de religión. Homenaje a Don Juan de Austria.

Más allá del rigor intelectual de estos razonamientos, lo que llama la atención es su imprudencia política. El grupo gobernante desde el que se emiten estas proclamas es el mismo que está pidiendo a Emiratos Árabes Unidos, un país de amplia mayoría musulmana, financiamiento para planes de infraestructura de YPF. Javier Milei encabezó en Paris, el 1º de octubre, una reunión con el sultán Ahmed Al Jaber, integrante del gobierno emiratí y presidente de Adnoc, uno de los grandes conglomerados energéticos del mundo. Fue un paso importante en la gestión que había iniciado Quirno en Munich en febrero, convenciendo a Al Jaber de que su país debía integrarse al consorcio que llevaría adelante el proyecto de exportación de gas licuado originario de Vaca Muerta.

Como parte de la misma política, Horacio Marín, el presidente de YPF, viene explorando la posibilidad de que Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, una de las mayores del planeta, intervenga en negocios de explotación de gas y petróleo no convencionales en Vaca Muerta. Lo mismo sucede con Catar, que es un gran importador de productos agropecuarios argentinos, además de haber firmado durante la gestión de Milei un interesante acuerdo de cielos abiertos para la operación de Qatar Airways. Una curiosidad sobre Catar: su emir, Tamin Bin Hamad Al Thani, fue quien regaló el avión en el que vuela Trump. Una máquina que cuesta alrededor de 400 millones de dólares.

Es insólito que quien está a cargo de la imagen de un gobierno que sostiene su política industrial en la expansión del sector energético pretenda encabezar la novena cruzada contra “el infiel”. O a favor de, en cualquier momento llegará esta denominación, “la Cristiandad”. La motivación última de esta iniciativa religiosa hay que buscarla en la geopolítica de pasillo. Caputo tiene una animadversión muy marcada hacia Sharif Menem, defensor del pluralismo religioso y sobrino de Eduardo “Lule” Menem. Sharif es la mano derecha del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sólo cabe esperar que Alá se apiade del elenco libertario y aquellos jeques a quienes se acude en busca de financiamiento no escondan la alcancía.

Más extraña todavía es la más reciente argumentación del “Mago”. En uno de sus tuits lamentó que el Reino Unido haya caído en el Islam después de haber sido el faro del liberalismo occidental, en especial por la consagración de derechos de su Carta Magna. ¿Dónde radica esa curiosidad? En que el proyecto de ley sobre Defensa de la Soberanía contiene, con la excusa de garantizar la seguridad, una colección de restricciones a las libertades civiles y políticas. Por ejemplo, pretende penalizar conductas tan imprecisas como la “manipulación de la opinión pública” o la ejecución de “campañas de desinformación”. O faculta al Poder Ejecutivo a establecer sanciones por actitudes sospechosas sin intervención inicial de la Justicia. Por lo visto, no haría falta ingresar en un trance de radicalización islámica para desahogar impulsos autoritarios.

Un dispositivo principal del aparato de poder que se aspira a montar con la sanción de esta ley es el Consejo de Seguridad Nacional. Su integración parece limitarse a funcionarios subordinados a Caputo. Ese espíritu de pasable sectarismo tiene derivaciones casi cómicas. En el Consejo de Seguridad Nacional no participaría el Ministerio de Seguridad. Obvio: responde a la señorita Milei. Desde el Congreso se han propuesto desvincular estas materias de la vindicación de la causa Malvinas. Ya hay algunas novedades del nuevo diseño. Los legisladores quieren estar representados en el Consejo y pensaron que la mejor forma es que haya una butaca para el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem, el jefe de Sharif.

Las dificultades que plantea la propuesta legislativa de Caputo desafían los acuerdos federales que, con dificultades cada vez más evidentes, lleva adelante Diego Santilli. En esas tratativas con gobernadores para aprobar, sobre todo, una reforma al régimen electoral suspendiendo o modificando las primarias, Santilli está por incluir una propuesta muy audaz. En combinación con su correligionario del Pro Juan Bautista Mahiques, el jefe de Gabinete querría pactar tres pliegos judiciales. El del propio Mahiques para la Procuración General de la Nación, es decir, la jefatura de fiscales federales y nacionales, y el de Mariano Borinsky y, atención, el de Ariel Lijo, para la Corte. Lijo insiste en que los senadores aprueben una postulación que ya le rechazaron. Se entusiasma con el apoyo de algunos gobernadores, como el salteño Gustavo Sáenz o el catamarqueño Raúl Jalil. No hay que olvidar que Sáenz festejó su último cumpleaños en el departamento de Lijo, en la avenida Alvear. A la “pequeña reunión”, como la describió, peyorativo, Jalil, habrían asistido Lucas Nejamkis, el secretario privado del tenebroso Antonio Stiuso; otro subordinado al ex espía como Julián Leunda; y senadores peronistas como Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. Habladurías.

Las negociaciones para completar la Corte y la Procuración con esas identidades presenta varias dificultades. La primera es la ausencia de mujeres entre candidatos. Los pliegos deben ser votados por un Senado de 72 miembros, de los cuales 33 son mujeres. La segunda, importantísima: nadie garantiza que Milei haya cambiado de posición y ahora esté dispuesto a embarcarse en esta aventura parlamentaria. Tercera: menos segura es, todavía, la voluntad de impulsar a Mahiques. Sobre todo por el bajísimo rendimiento del ministro de Justicia para resolver los problemas penales que desvelan a los hermanos Milei. Sobre todo si se lo equipara con la fulminante eficacia con la que viene beneficiando a sus amigos Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo “Tovi” Toviggino, jefes suyos en la AFA.

La presencia de Mahiques en el gabinete parece haber sido contraproducente para las urgencias del Presidente y de su hermana. Lijo avisó a la Casa Rosada que delegaría la investigación de Manuel Adorni en el fiscal Gerardo Policita, “que es íntimo amigo de Juan Bautista”. Lo hizo. A Adorni le fue peor de lo previsto. La causa Andis complica cada vez más al Poder Ejecutivo. Lijo dictó numerosos procesamientos. La Cámara Federal confirmó otros. Y ayer los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, en un escrito de gran solidez, pidieron la indagatoria de los dueños de Droguería Suizo Argentina, los hermanos Kovadliker, junto a los directivos de otras 14 droguerías. También solicitaron que se vuelva a indagar a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Andis.

Son sinsabores locales que hacen juego con las tribulaciones de la política exterior. Un drama que Javier Milei llevó hasta España. El rey Felipe VI le negó una entrevista, alegando que no puede recibir a quien no se reunió con el primer ministro Pedro Sánchez. Tampoco se pudo abrazar con su amigo Santiago Abascal, líder de Vox. Abascal estaba en campaña, recorriendo el país. Lo atendió por videollamada desde el auto. Con quien tal vez sea el próximo presidente, Alberto Núñez Feijóo, fue imposible encontrarse. Milei sólo pudo ver en persona a la rival interna de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.

Que no habría encuentro con Sánchez era una obviedad. Menos previsible fue que el PSOE reciba al presidente con un sarcástico mensaje: “Milei, los zurdos y las zurdas de España te dan la bienvenida”. Lo peor fue el subtítulo: “El país que más crece de Europa”. Sánchez sabe herir. Milei llegó a España con un dato doloroso a sus espaldas: la actividad económica disminuyó 1,7 interanual; el crecimiento acumulado se redujo a 1,2%. La industria y el comercio volvieron a derrumbarse. Para que la Argentina no entre en recesión debería haber crecido más de 8% en septiembre. Es comprensible la estrategia del “Mago” y de Milei. Con estas malas noticias económicas, lo mejor es involucrarse en peleas de extranjeros.