En la previa a la marcha universitaria por la aplicación de la ley de financiamiento para este sector educativo, el Gobierno nacional apuntó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la acusó de “extorsión política” por pretender acaparar casi la totalidad del presupuesto para los hospitales universitarios.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseveró que la UBA quiere que el Estado le asigne el 95% del presupuesto para el sector, y dijo que el vicerrector de dicha casa de estudios, Emiliano Yacobitti, se encuentra detrás de lo que considera una maniobra política para presionar por mayores recursos.

El Hospital de Clínicas amenaza con parar por falta de fondos del Gobierno: Capital Humano acusó extorsión

De esta manera, el funcionario respondió el reclamo de la universidad pública, que había denunciado una falta de fondos que el Ejecutivo debía asignarse y amenazó con riesgos en la atención de los hospitales universitarios.

Frente a la acusación, Álvarez sostuvo que la UBA quiere quedarse con “75 mil millones de pesos” equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.

“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4 mil millones”, aseguró el subsecretario, a lo que agregó que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo solicitó, por sí sola, partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.

Alejandro Álvarez desmintió que el Gobierno no esté girando fondos a los hospitales de la UBA, y aseguró que se transfieren “en tiempo y forma”, por lo cual calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento: “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarse al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, apuntó el funcionario en un declaraciones a Radio Rivadavia.

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El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, figura en el centro de la escena tras los señalamientos realizados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo vinculó públicamente con los servicios de inteligencia en el contexto de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Aunque la intervención a su cargo atraviesa un período de reorganización sin precedentes y la empresa niega vinculaciones con el técnico informático Diego Lagomarsino, la gestión de Gordillo Arriagada en uno de los mayores complejos energéticos de la provincia de Santa Cruz suma capítulos decisivos.

Gordillo Arriagada, licenciado en Ciencias Políticas y oriundo de Caleta Olivia, asumió la intervención en octubre de 2024 tras la salida de Thierry Decoud, apartado en el contexto de una denuncia por presunto pedido de coimas, hecho sobreseído luego por el juez federal Julián Ercolini.

Gordillo Arriagada es un referente de confianza del gobernador Claudio Vidal y fundó el partido provincial Somos Energía para Renovar (SER), con protagonismo en la vida política de Santa Cruz desde 2018.

Antes de su intervención en YCRT, el empresario fue gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado, vocal en el Instituto de Energía Santa Cruz, y participó en las gestiones de los exgobernadores Daniel Peralta y Alicia Kirchner.

En su perfil profesional se destaca su desempeño como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación y la Secretaría de Minería, y su presidencia en la Agencia de Desarrollo Caleta Olivia entre 2012 y 2015, una etapa clave en el diseño de estrategias para el desarrollo productivo y la vinculación público-privada en la región.

En la estructura de YCRT, proviene de la reciente transformación de la empresa hacia sociedad anónima, con el Estado nacional ostentando el 51% de las acciones. Gordillo Arriagada, según detalla su perfil oficial de LinkedIn y declaraciones reproducidas por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública de Santa Cruz, sostuvo que la asamblea de accionistas que definirá la composición del directorio y pondrá fin a la intervención, estableciendo un nuevo régimen de gestión.

Las declaraciones judiciales y el rechazo desde YCRT

La jueza Arroyo Salgado sorprendió el reciente miércoles al afirmar que existen trascendidos sobre supuestos vínculos con los servicios de inteligencia y su accionar en empresas del desarrollo en Río Turbio.

Las declaraciones de la magistrada se dieron en el marco de su exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en donde abordó la temática “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”.

Con respecto al caso de su exesposo, sostuvo que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”. Y agregó: “Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio”.

La magistrada mencionó una presunta reunión en abril pasado entre Diego Lagomarsino -procesado como partícipe en la causa Nisman-, el gerente Maxi Cáceres y el interventor Gordillo Arriagada.

Desde la empresa, los voceros negaron categóricamente la existencia de esta reunión y aseguraron que Lagomarsino “no mantiene ningún tipo de relación comercial con la empresa” y calificaron las versiones difundidas como una “operación”.

Además, el entorno de Gordillo Arriagada subrayó que la empresa sufrió tres ataques informáticos en los últimos años, incluido uno en septiembre de 2024 cuya investigación judicial sigue abierta, y vinculan el interés mediático a estos incidentes.

Inversiones privadas, déficit y exportación de carbón

En paralelo a la controversia judicial, la gestión de Gordillo Arriagada en YCRT se encuentra marcada por el impulso de inversiones privadas y la reducción del déficit operativo.

En declaraciones a FM El Portal y recogidas por Diario El Cóndor, el interventor anticipó que existen dos importantes propuestas de iniciativa privada: una por USD 120 millones que contempla la unidad productiva completa (mina, usinas, puerto y logística ferroviaria) y otra por USD 20-25 millones enfocada en la central termoeléctrica de 240 MW.

La materialización de estas inversiones no implica la venta de la empresa, sino la puesta en marcha y funcionamiento integral de sus operaciones bajo un esquema de control estatal. Este proceso prevé la incorporación de capital privado y la adaptación de la estructura societaria para facilitar la viabilidad financiera de YCRT.

Sobre el flujo operativo actual, Gordillo Arriagada informó, según la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, que la reciente exportación de 60.000 toneladas de carbón santacruceño a Brasil representa un punto de inflexión en la estrategia empresarial.

Con este contrato, basado en la totalidad del stock de carbón disponible en Punta Loyola y la Usina 240 MW, YCRT prevé avanzar en la producción y aspira a despachar cargas similares cada 45 días en el futuro.

El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó una ofensiva contra Hernán Doval, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), tras el pedido público de este último de avanzar en la municipalización total del servicio de recolección de residuos y barrido manual de calles en toda la provincia de Buenos Aires. En un video difundido en redes sociales, Moyano equiparó a Doval con funcionarios del Gobierno nacional y lo acusó de promover la precarización laboral de los trabajadores del sector.

“¿Qué diferencia hay entre el ministro Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval?”, preguntó el dirigente camionero, al trazar una línea directa entre la posición del líder municipal y las políticas de ajuste que atribuye al oficialismo. Moyano fue categórico: “Este señor actúa como jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”.

La disputa tiene un trasfondo económico concreto. Moyano advirtió que la municipalización implicaría una reducción salarial de casi el 50% para los trabajadores de recolección, ya que los empleados municipales perciben ingresos notoriamente inferiores a los encuadrados bajo el convenio colectivo de Camioneros. “Muchos municipales no llegan a cubrir la canasta básica con su salario. Y este señor quiere llevarnos a la pobreza, a la miseria”, afirmó.

La tensión entre el gremio camionero y los municipios bonaerenses no es nueva. A fines de marzo, Camioneros protagonizó un conflicto en Villa Gesell luego de que el intendente Gustavo Barrera rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección, lo que dejó sin trabajo a más de 40 empleados de recolección y barrido. Moyano encabezó una protesta frente al municipio y calificó la decisión de Barrera como una “traición” hacia los trabajadores. La intervención del gobierno provincial, a través de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, logró suspender los despidos y restablecer las tareas de barrido y recolección. El dirigente invocó ese episodio en su video: “Venimos de un conflicto muy grande en Villa Gesell, en donde hemos defendido con huevo y con lucha 45 puestos de trabajo”.

El reclamo de Doval, que Moyano interpreta como un aval a la política de los jefes comunales, se produce en un contexto de presión financiera sobre los municipios bonaerenses. La caída en la recaudación y en los fondos de coparticipación empujó a varios intendentes a revisar contratos con empresas concesionarias de recolección, uno de los servicios más costosos para las administraciones locales. Esa tendencia es la que el gremio camionero busca frenar con movilizaciones y, si fuera necesario, con un paro provincial.

Moyano también apuntó contra la coherencia del dirigente municipal. Lo acusó de marchar públicamente contra la reforma laboral mientras, al mismo tiempo, impulsaba una medida que —según el camionero— implica exactamente eso para los trabajadores del sector: “Lo vemos a este señor marchando contra la reforma laboral y hoy pide la reforma laboral para los trabajadores camioneros”.

El dirigente de Camioneros convocó a trabajadores y delegados de las regionales bonaerenses a presionar a sus representantes municipales para bloquear cualquier avance en la municipalización. “Se acerquen a las regionales de los municipales y le digan a su dirigente que no vamos a permitir que se municipalice ni un servicio de la recolección”, indicó. La amenaza fue directa: el sindicato defenderá el convenio colectivo del sector, que Moyano describió como una conquista histórica obtenida con “compañeros detenidos, desaparecidos, compañeros muertos”.