Las autoridades francesas acusaron este martes a la “ultraizquierda” de ser responsable de un plan “insurreccional” durante los disturbios que golpearon el país el fin de semana.

La denuncia se conoció en el segundo día de toque de queda previsto para varios barrios de París y varias ciudades del país, mientras los primeros detenidos empiezan a pasar ante los tribunales. Más de 2500 fueron arrestadas durante los incidentes.

La segunda mayor economía de la Unión Europea vivió el sábado algunos de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, apenas seis meses antes de que el país elija al sucesor del presidente centroderechista Emmanuel Macron.

Las imágenes de enfrentamientos, de edificios públicos incendiados y de saqueos de tiendas dieron la vuelta al mundo.

El primer ministro francés, el centroderechista Sébastien Lecornu, acusó a grupos de “ultraizquierda” de planificar “un esquema insurreccional” en algunos lugares. Además, puso como ejemplo el incendio del ayuntamiento de Limoges, convertido en un símbolo de los desórdenes.

Por estos hechos, un hombre de 34 años fichado por su pertenencia a la ultraizquierda fue detenido este martes.

Las declaraciones de Lecornu tuvieron lugar durante una tensa sesión de control al gobierno en el Parlamento. Allí, la extrema derecha y la derecha acusaron al Ejecutivo de no haber anticipado los disturbios. La izquierda lamentó que el gobierno no respondiera a los reclamos de los cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles el sábado pacíficamente a denunciar el “alto costo de la vida”.

Nuevos toques de queda y dispositivo policial masivo

Las autoridades se encuentran también bajo presión para recuperar el control. Por segunda noche consecutiva, decretaron un toque de queda en barrios de París y de otras ciudades para evitar de nuevo desórdenes y saqueos.

“Durante parte de la (primera) noche hubo helicópteros que sobrevolaban la zona y comprobaban que no hubiera pequeños grupos formándose”, dijo Sylvain Courant, habitante del barrio comercial de Les Halles en París.

Macron

La construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras entró en una fase de planificación luego de que el Congreso Nacional aprobara una moción para que varias instituciones del Estado busquen los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.

La aprobación de la moción no significa que el presupuesto de construcción ya esté definido ni que las obras hayan comenzado. Por ahora, el proceso se concentra en cuantificar la inversión, identificar posibles fuentes de financiamiento y determinar el terreno donde se levantará el establecimiento.

Entre las alternativas planteadas figura el financiamiento nacional, la colocación de bonos y la contratación de préstamos internacionales. Sin embargo, las autoridades todavía no han divulgado un monto oficial para el proyecto ni han precisado cuánto aportaría cada fuente.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó que se iniciarán los estudios correspondientes para determinar cuánto costaría la obra, mientras que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que la gestión de fondos involucrará al Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad y otras dependencias gubernamentales.

Uno de los primeros pasos será establecer el costo de construcción y las necesidades técnicas del nuevo centro penitenciario. Para ello, según lo anunciado por Hércules, se iniciarán los estudios que permitan cuantificar la obra.

El cálculo deberá servir de base para evaluar las opciones de financiamiento y definir cómo se cubrirá la inversión. Además del costo de construcción, el proyecto requerirá precisar las necesidades de equipamiento, seguridad, personal y operación del establecimiento, aspectos que incidirán en el gasto público a largo plazo.

Para este día se sostendrá una reunión con representantes de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el INP, Finanzas y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado.

Las posibles ubicaciones

La selección del terreno es otro de los asuntos pendientes. El INP deberá designar el lugar donde se construirá el establecimiento, destinado principalmente a personas privadas de libertad identificadas como integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales sujetas al régimen especial de reclusión.

En las discusiones previas sobre el proyecto se ha mencionado a Naco, Santa Bárbara, como una posible ubicación. No obstante, la información divulgada hasta ahora no confirma que ese lugar haya sido seleccionado de manera definitiva.

La decisión sobre el terreno deberá integrarse a la planificación técnica, junto con la evaluación de las condiciones necesarias para construir y operar una instalación de máxima seguridad.

Las autoridades tampoco han detallado públicamente la capacidad que tendría el nuevo centro, el plazo definitivo de construcción ni el modelo de administración que se utilizaría.

Zambrano justificó la iniciativa al señalar que las reformas penales pendientes de aprobación podrían aumentar la cantidad de personas enviadas a prisión, lo que, según advirtió, presionaría la capacidad operativa de los centros penitenciarios existentes.

El proyecto se plantea en el contexto de las medidas aprobadas en septiembre para endurecer las condiciones de reclusión de personas identificadas como integrantes de grupos declarados terroristas.

Las reformas contemplan un régimen especial de máxima seguridad, restricciones de comunicación y visitas, vigilancia reforzada y otras medidas de control penitenciario. La normativa correspondiente fue publicada en La Gaceta, diario oficial de Honduras, el 26 de septiembre de 2026.

Influencia del modelo Salvadoreño

La iniciativa tomó impulso después de una visita de diputados hondureños al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde conocieron aspectos del modelo penitenciario aplicado por ese país para recluir a integrantes de organizaciones criminales.

La eventual adopción de un modelo similar al salvadoreño requeriría definir qué elementos se incorporarían al sistema hondureño y cómo se aplicarían dentro del marco jurídico nacional.

El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, respaldó la construcción de la nueva cárcel y sostuvo que el Estado debe aplicar medidas estrictas contra quienes sean responsables de delitos graves.

Con la moción aprobada, las siguientes etapas consisten en cuantificar la inversión, definir el terreno, establecer las fuentes de financiamiento y precisar las condiciones técnicas para construir y operar el centro penitenciario.

políticos

Guatemala conmemora este martes 82 años de la Revolución de 1944, el movimiento cívico-militar que derrocó al presidente provisional Federico Ponce Vaides y abrió paso a la primera etapa democrática del siglo XX en el país.

La fecha recuerda el levantamiento que unió a campesinos, estudiantes, docentes, empresarios y militares contra un régimen que heredó las prácticas represivas de Jorge Ubico, quien había gobernado durante catorce años con mano dura y limitadas libertades civiles.

El hecho se considera uno de los puntos de inflexión más relevantes de la historia política y social guatemalteca del siglo pasado.

Más allá del asueto que marca en el calendario laboral, el 20 de octubre representa para buena parte de la sociedad guatemalteca el cierre de un ciclo de autoritarismo y el inicio de una serie de transformaciones legales e institucionales que cambiaron la relación entre el Estado y los trabajadores.

La renuncia de Ubico abrió una crisis política que derivó en el levantamiento

Ubico renunció el 1 de julio de 1944 tras más de una década en el poder, presionado por protestas estudiantiles y profesionales que exigían el fin de su gobierno.

El mando provisional recayó en Ponce Vaides, general de confianza del régimen saliente, quien prometió convocar a elecciones democráticas para calmar el descontento popular.

Sin embargo, entre julio y septiembre de ese año, Ponce Vaides dictó medidas coercitivas con el respaldo del Partido Liberal Progresista, la misma estructura política que había sostenido a Ubico, según un artículo del Congreso de la República que cita al escritor José Antonio Móbil.

Esas decisiones, lejos de abrir un proceso de apertura, reprodujeron el patrón autoritario anterior y generaron un descontento creciente entre distintos sectores de la población, desde estudiantes universitarios hasta militares de rango medio.

Organizaciones civiles y militares exigieron la renuncia de Ponce Vaides en las semanas siguientes. Ante la negativa del gobierno a ceder a esas demandas, estalló el movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1944, liderado por tres figuras que luego conformarían la Junta Revolucionaria Provisional: Francisco Javier Arana, Jorge Toriello y Jacobo Árbenz Guzmán, este último un joven oficial del Ejército que más tarde llegaría a la Presidencia del país.

Los enfrentamientos armados incluyeron el uso de armas de fuego y cañones, con ataques dirigidos contra los fuertes de Matamoros y San José Buenavista, de acuerdo con el registro histórico del Congreso.

La confrontación se extendió durante varias horas en la capital y dejó un número de víctimas que los registros de la época no documentaron con precisión. La presión militar y popular terminó por obligar a Ponce Vaides a renunciar y abandonar el país; Ubico, que permanecía en Guatemala desde su salida del poder, también se exilió en ese contexto.

La Junta Revolucionaria convocó una nueva Constitución y elecciones

Con la caída de Ponce Vaides, se integró la Junta Revolucionaria de Gobierno, conformada por Árbenz, Arana y Toriello, que asumió el control del Estado de forma colegiada.

Una de sus primeras decisiones fue derogar la Constitución de 1879, vigente desde el siglo anterior, y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a una nueva Carta Magna, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

La nueva Constitución, promulgada en marzo de 1945, incorporó garantías laborales, derechos civiles y mecanismos de participación política que no existían en el ordenamiento jurídico anterior. Entre el 17 y el 19 de diciembre de 1944 se celebraron elecciones generales, consideradas las primeras con participación amplia en la historia reciente del país hasta ese momento, en las que resultó electo Juan José Arévalo Bermejo, un pedagogo que había vivido en el exilio durante buena parte del régimen de Ubico.

Arévalo Bermejo, padre del actual presidente Bernardo Arévalo, asumió el cargo el 15 de marzo de 1945 como primer mandatario de la etapa conocida como la Primavera democrática, un período de diez años que se extendió hasta 1954 e incluyó también la presidencia de Jacobo Árbenz.

Durante esa década se promulgó el primer Código de Trabajo del país, que reguló por primera vez las jornadas laborales, los salarios mínimos y el derecho a la sindicalización.

Se creó además el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se estableció el sufragio para las mujeres y para la población analfabeta, excluida hasta entonces del voto, y se impulsó la autonomía de la Universidad de San Carlos, que a partir de ese momento quedó facultada para elegir a sus propias autoridades sin injerencia del Ejecutivo.

El 20 de octubre es asueto nacional desde la Ley de Servicio Civil

El Decreto 1748 del Congreso de la República, la Ley de Servicio Civil, reconoce el 20 de octubre como asueto remunerado para los trabajadores estatales en memoria de la Revolución. La fecha se conmemora cada año con actividades culturales, actos oficiales y marchas en distintos puntos del país, especialmente en la capital, donde suelen replicarse los recorridos históricos de 1944.

Para este 2026, el Gobierno de Bernardo Arévalo había ampliado el descanso mediante el Acuerdo Gubernativo 167-2026, que otorgó permiso laboral con goce de salario para el lunes 19 de octubre a los servidores de las entidades centralizadas y descentralizadas del Estado. La medida, publicada días atrás en el Diario de Centro América, extendió a cuatro días consecutivos el descanso, desde el sábado 17 hasta el martes 20, y quedó exceptuada para el personal que presta servicios esenciales o cuyo pacto colectivo fija el asueto en otra fecha.

El calendario de asuetos de 2026 continúa en noviembre y diciembre

El Decreto 1441, Código de Trabajo, establece doce jornadas de asueto remunerado al año para los trabajadores guatemaltecos. Tras el feriado de la Revolución, el próximo descanso en el calendario será el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que en 2026 caerá domingo. Diciembre cerrará el año con medio día libre el 24, Navidad el 25 y medio día el 31, jornada que antecederá al primer fin de semana largo de 2027.

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