POLITICA
Quién es Pablo Gordillo Arriagada, el interventor de YCRT que niega vínculos con inteligencia y rechaza las acusaciones de Arroyo Salgado
El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, figura en el centro de la escena tras los señalamientos realizados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo vinculó públicamente con los servicios de inteligencia en el contexto de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Aunque la intervención a su cargo atraviesa un período de reorganización sin precedentes y la empresa niega vinculaciones con el técnico informático Diego Lagomarsino, la gestión de Gordillo Arriagada en uno de los mayores complejos energéticos de la provincia de Santa Cruz suma capítulos decisivos.
Gordillo Arriagada, licenciado en Ciencias Políticas y oriundo de Caleta Olivia, asumió la intervención en octubre de 2024 tras la salida de Thierry Decoud, apartado en el contexto de una denuncia por presunto pedido de coimas, hecho sobreseído luego por el juez federal Julián Ercolini.
Gordillo Arriagada es un referente de confianza del gobernador Claudio Vidal y fundó el partido provincial Somos Energía para Renovar (SER), con protagonismo en la vida política de Santa Cruz desde 2018.
Antes de su intervención en YCRT, el empresario fue gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado, vocal en el Instituto de Energía Santa Cruz, y participó en las gestiones de los exgobernadores Daniel Peralta y Alicia Kirchner.
En su perfil profesional se destaca su desempeño como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación y la Secretaría de Minería, y su presidencia en la Agencia de Desarrollo Caleta Olivia entre 2012 y 2015, una etapa clave en el diseño de estrategias para el desarrollo productivo y la vinculación público-privada en la región.
En la estructura de YCRT, proviene de la reciente transformación de la empresa hacia sociedad anónima, con el Estado nacional ostentando el 51% de las acciones. Gordillo Arriagada, según detalla su perfil oficial de LinkedIn y declaraciones reproducidas por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública de Santa Cruz, sostuvo que la asamblea de accionistas que definirá la composición del directorio y pondrá fin a la intervención, estableciendo un nuevo régimen de gestión.
Las declaraciones judiciales y el rechazo desde YCRT
La jueza Arroyo Salgado sorprendió el reciente miércoles al afirmar que existen trascendidos sobre supuestos vínculos con los servicios de inteligencia y su accionar en empresas del desarrollo en Río Turbio.
Las declaraciones de la magistrada se dieron en el marco de su exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en donde abordó la temática “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”.
Con respecto al caso de su exesposo, sostuvo que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”. Y agregó: “Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio”.
La magistrada mencionó una presunta reunión en abril pasado entre Diego Lagomarsino -procesado como partícipe en la causa Nisman-, el gerente Maxi Cáceres y el interventor Gordillo Arriagada.
Desde la empresa, los voceros negaron categóricamente la existencia de esta reunión y aseguraron que Lagomarsino “no mantiene ningún tipo de relación comercial con la empresa” y calificaron las versiones difundidas como una “operación”.
Además, el entorno de Gordillo Arriagada subrayó que la empresa sufrió tres ataques informáticos en los últimos años, incluido uno en septiembre de 2024 cuya investigación judicial sigue abierta, y vinculan el interés mediático a estos incidentes.
Inversiones privadas, déficit y exportación de carbón
En paralelo a la controversia judicial, la gestión de Gordillo Arriagada en YCRT se encuentra marcada por el impulso de inversiones privadas y la reducción del déficit operativo.
En declaraciones a FM El Portal y recogidas por Diario El Cóndor, el interventor anticipó que existen dos importantes propuestas de iniciativa privada: una por USD 120 millones que contempla la unidad productiva completa (mina, usinas, puerto y logística ferroviaria) y otra por USD 20-25 millones enfocada en la central termoeléctrica de 240 MW.
La materialización de estas inversiones no implica la venta de la empresa, sino la puesta en marcha y funcionamiento integral de sus operaciones bajo un esquema de control estatal. Este proceso prevé la incorporación de capital privado y la adaptación de la estructura societaria para facilitar la viabilidad financiera de YCRT.
Sobre el flujo operativo actual, Gordillo Arriagada informó, según la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, que la reciente exportación de 60.000 toneladas de carbón santacruceño a Brasil representa un punto de inflexión en la estrategia empresarial.
Con este contrato, basado en la totalidad del stock de carbón disponible en Punta Loyola y la Usina 240 MW, YCRT prevé avanzar en la producción y aspira a despachar cargas similares cada 45 días en el futuro.
POLITICA
El gobernador de Catamarca confirmó que unificará las elecciones locales con las nacionales en 2027
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó que su provincia votará en coincidencia con la elección nacional del año próximo. De esta forma, se convirtió en el primer mandatario provincial que unificará los comicios en 2027.
Como un nuevo guiño al presidente Javier Milei, que irá por la reelección y busca traccionar votantes a través de pactos con los gobernadores, Jalil -un peronista aliado a la Casa Rosada- hizo el anuncio en su cuenta de X.
“Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional”, señaló el referente del peronismo de Catamarca y uno de los opositores que suelen cooperar con La Libertad Avanza en el Congreso.
“Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños”, continuó Jalil, quien descartó la chance de competir por otro mandato y apuesta por Gustavo Saadi como su sucesor.
En la Casa Rosada, desde mitad de año, ya barajaban con altas chances la posibilidad de que Catamarca unificara la elección. Así lo dejaban trascender en los despachos oficiales por información que venía desde la provincia.
Jalil fue en estos dos años y medio de gobierno de Milei uno de los más fieles aliados. Su cercanía con el Presidente derivó en fuertes críticas hacia él, sobre todo de parte del kirchnerismo. Como contraparte, su provincia fue una de las beneficiadas por los giros discrecionales.
En agosto, y como muestra de un nuevo acercamiento, desembarcaron en Catamarca el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
De momento, en el Gobierno prevén que la mayor parte de las provincias desdoblen las elecciones y voten en fechas distintas las candidaturas locales y las nacionales. Sin embargo, además de Catamarca, la única que confirmó su esquema fue Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo, que también tuvo su cercanía con la Nación pero que ahora en el arranque de la campaña volvió a enfriar el vínculo, firmó el decreto que estipula los comicios en su provincia el 9 de mayo de 2027. Ese día, los tucumanos elegirán gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, y 93 delegados comunales.
Javier Milei,September 11, 2026,una de las beneficiadas por los giros discrecionales.,desembarcaron en Catamarca,Catamarca,Conforme a
POLITICA
La Justicia pone la lupa sobre el patrimonio de Chiqui Tapia: los puntos clave de sus declaraciones juradas que generan sospechas
En apenas siete años, el patrimonio declarado por Claudio “Chiqui” Tapia habría dado un salto del 1.000%: de cuatro propiedades con un valor fiscal total de $17 millones, un vehículo y unos US$43.000 líquidos en 2017, a un patrimonio que en 2024 incluía más de $1.002 millones distribuidos en cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y una liquidez total cercana al millón de dólares. En el medio, entre 2019 y 2020, sumó cuatro propiedades nuevas en zonas de alto valor y vendió su casa original de Caballito a un precio muy superior al que había declarado al comprarla.
Esa es la base de la acusación que formuló el empresario Guillermo Tofoni que ahora comenzará a ser investigada por la Justicia para determinar si realmente tuvo un crecimiento patrimonial injustificado. Según la denuncia del empresarioq que tiene una larga disputa con la AFA, “no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso”.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de instrucción para impulsar la acción penal contra Tapia por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires desde enero de ese año.
La causa, caratulada “Tapia, Claudio Fabian S/ Enriquecimiento Ilícito (Art.268 Inc.2)” (CFP 1515/2026), tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, y se originó en una denuncia de Guillermo Luis Tofoni. El escrito de Pollicita, presentado este viernes, retoma en detalle los términos de esa denuncia para fundamentar el pedido de avanzar con la investigación.
El punto de llegada de ese análisis, y la cifra que da sustento al pedido fiscal, es la que resume el propio denunciante al cierre de su presentación: “el incremento patrimonial denunciado habría representado un crecimiento real de la liquidez de aproximadamente el 1.000 %, entre 2017 y 2024, el cual no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso”.
El punto de partida de ese cálculo es 2017, año en que Tapia declaró “cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de $17 millones, un único vehículo, y activos líquidos inferiores a $1,5 millones de pesos -equivalente entonces a aproximadamente US$43.000 al tipo de cambio vigente-”. Según la denuncia, ese “patrimonio acotado” registró un primer quiebre en 2019, cuando se produjo un “salto patrimonial más intenso en materia inmobiliaria”: “en ese único ejercicio ingresaron a su patrimonio declarado cuatro propiedades: una casa en Beccar/San Isidro de 315 m², con valor fiscal de $15 millones y adquirida -según la propia declaración- mediante venta de activos; un departamento en Caballito, CABA, de 291 m²; una casona en Cardales/Ingeniero Maschwitz (280 m², valor fiscal $12.000.000, ubicada contigua al complejo del Sofitel); y un megaterreno en Campana de 2.430 m², adquirido mediante crédito hipotecario, con valor fiscal declarado de $10.918.214.
Las cuatro propiedades se ubican en zonas de alto valor de mercado”. Al año siguiente, agrega el texto, “en 2020, Tapia vendió su casa original de Caballito por la suma de US$950.000, contra un valor de adquisición declarado en 2009 notoriamente inferior, sin que esa diferencia encuentre explicación en los ingresos declarados para el período”.
El otro extremo de la comparación es la declaración jurada de 2024, en la que Tapia habría registrado “más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias -entre ellas una cuenta corriente con más de $517 millones-, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial. El total en liquidez asciende aproximadamente a un millón de dólares”. Es esa distancia —entre los cerca de US$43.000 líquidos de 2017 y el millón de dólares declarado en 2024— la que arroja el crecimiento del 1.000% que señala la denuncia.
Para explicar esa diferencia, el escrito repasa los ingresos que Tapia declaró por sus funciones durante ese período. En su declaración jurada más reciente, de julio de 2025, consignó tres relaciones laborales: en el CEAMSE, $100.233.144 anuales —“aproximadamente $8 millones mensuales”— con una dedicación declarada de 15 horas semanales; en la CONMEBOL, como vicepresidente segundo, $718.536.500 anuales —“aproximadamente $60 millones mensuales”— por una dedicación declarada de apenas 2 horas semanales; y en la AFA, “trabajo ad honorem, sin remuneración”, con una dedicación de 15 horas semanales. El denunciante sumó a esto que “el ingreso total declarado supera los $818 millones anuales (aproximadamente $68 millones mensuales), más $200 millones adicionales: $44 millones por venta de vehículo, $30 millones en viáticos de la AFA por viajes al exterior, que se supone que gastó en su labor, y $130 millones en intereses de plazos fijos y diferencias de cambio”.
La historia no termina en 2024. Esa misma declaración jurada de julio de 2025 —la última presentada por Tapia— mostró un giro completo respecto del pico de liquidez del año anterior: según la denuncia, exhibió una “liquidez en cero: cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios al momento de la presentación”. Sobre la composición patrimonial de ese período, el denunciante puntualizó que la declaración incluía siete propiedades: “dos casas en Río Luján (una comprada con fondos propios, valor fiscal $3,2 millones; otra con préstamo hipotecario, $1,4 millones); una casa en Cañada (valor fiscal $387.000); una casa en Beccar/San Isidro (315 m², valor fiscal $15 millones, adquirida en 2019 mediante venta de activos); un departamento en Caballito, CABA (291 m², valor fiscal $1 millón); una casa en San Juan (519 m², $250.000 fiscal); y un terreno en San Juan ($153.000 fiscal)”. Sobre estos dos últimos, remarcó que “registran una doble anomalía.
Sus valores fiscales decrecieron en lugar de actualizarse: el bien de 2012 pasó de $1.169.892 a $153.708; el de 2013, de $717.631 a $250.673. Por otro lado, ambos habían sido declarados originalmente como bienes propios y en la DJ 2025 pasaron a integrar el conjunto ganancial. Adicionalmente, la propiedad adquirida en 2012 figura en la DJ anterior como ‘vivienda’ y en la de 2025 como ‘Terreno – San Juan’”. Y agregó, a modo de ejemplo sobre el desfasaje entre los valores declarados y los de mercado: “una casa de 315 m² en Beccar/San Isidro -zona cuyo valor de mercado supera ampliamente el millón de dólares- figura a valor fiscal de $15 millones”.
La misma declaración de 2025 consignó, siempre conforme el denunciante, dos vehículos —uno valuado en $22.052.000 y otro en $5.000.200 a valor fiscal— y la venta de un tercero por $44.306.250, “el cual tampoco se correspondería con su valor real”. El megaterreno de Campana, en cambio, “desaparece como ítem individual en la DJ 2025: quedó absorbido sin desglose dentro del conjunto de bienes gananciales”. El denunciante sumó, además, que en 2006 Tapia había declarado la adquisición de una propiedad en Exaltación de la Cruz de 230 m² con ingresos propios y que ese predio se habría “expandido a dos parcelas contiguas, alcanzando aproximadamente 6.100 m²”.
Leer más: La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
El escrito recoge también la valoración final del denunciante, quien fue más allá de lo documentado en las declaraciones juradas: “las declaraciones son falsas. Sin duda incrementó ilegalmente su patrimonio. Inclusive se ha dicho que tiene bienes no declarados: otra casa en Cardales, propiedades en Miami, vehículos, ropa lujosa, relojes de alto valor, etc. Y emplea barcos y aviones privados a título personal, como puede ser a través de las empresas CCYACHTING LLC, CHARTER DREAMS YACHT SERVICES, Insured Aircraft Title Service (IATS), VSL Aerospace INC, PLS Logistic LLC, Jet Support Services INC y Banyan Air Services”. Al resumir su exposición, sostuvo que “los ingresos declarados por Tapia no permiten explicar: el incremento patrimonial registrado en 2019, con la adquisición simultánea de tres inmuebles ubicados en zonas de alto valor; la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada en 2024; ni, finalmente, la desaparición inexplicada de esa liquidez en la declaración jurada de julio de 2025”.
Con ese análisis como base, el fiscal Pollicita consideró que “deberán llevarse a cabo las diligencias probatorias suficientes para determinar si ocurrió un incremento patrimonial apreciable por parte de Tapia -por sí o mediante persona interpuesta- durante el ejercicio de la función pública desde el año 2016 hasta la actualidad”, y pidió al juez Lijo que se tenga por impulsada la acción penal y por dispuesto el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de Tapia, además de una veintena de medidas de prueba dirigidas a bancos, la AFIP/ARCA, exchanges de criptomonedas y, mediante exhorto internacional, a la CONMEBOL.
El entorno de Tapia niega cualquier acusación y asegura que el caso será archivado.
Chiqui Tapia, enriquecimiento ilicito, pollicita
POLITICA
La intendenta de Avellaneda anunció un bono de $100.000 para docentes y auxiliares por el Día del Maestro
La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, anunció en las últimas horas un bono extraordinario de $100.000 para los docentes y auxiliares del distrito, con motivo del Día del Maestro.
“En el marco del Día de las Auxiliares y Día de las y los Maestros, nos encontramos en el Microestadio Gatica con quienes acompañan y educan a nuestras infancias para anunciar que recibirán una bonificación extraordinaria de $100.000 maestros, directores y auxiliares”, expresó Sierra desde sus redes sociales.
Desde el municipio indicaron a que el bono será recibido por los trabajadores “junto con el próximo salario”, esto es, con los haberes correspondientes a septiembre.
Además, la jefa comunal anunció que “a partir de 2027, los 39 jardines de infantes municipales tendrán jornada completa”. Hasta ahora, solo ocho eran de doble escolaridad.
“Pudimos concretar que los jardines maternales sean reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires como instituciones pedagógicas”.
Sierra lleva las riendas del municipio desde principios de julio, tras la renuncia de Jorge Ferraresi, su esposo.
“En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial”, expresó la jefa comunal durante un acto que tuvo lugar el jueves último en el Microestadio Gatica de Villa Domínico.
Ferraresi renunció el 3 de julio a su cargo en el municipio para “asumir desafíos” en la provincia de Buenos Aires, donde se especulaba con una posible función en la administración de Axel Kicillof o una incipiente campaña para la Gobernación en 2027.
Sierra se desempeñaba hasta ese momento como jefa de Gabinete del municipio, y quedó a cargo de la Intendencia por haber sido cabeza de la lista de concejales de Unión por la Patria (UxP) en 2023.
Desde entonces, Ferraresi recorre la provincia con la proclama de la candidatura presidencial de Kicillof.
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