El juez federal Ariel Lijo desestimó la denuncia del Gobierno contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, que habían sido acusados de “espionaje” por filmaciones dentro de la Casa Rosada con “lentes inteligentes”, un dispositivo con forma de anteojos que permite grabar.

La denuncia había sido promovida por la Casa Militar, con el argumento de que los periodistas habían puesto en riesgo la seguridad nacional al filmar, de forma subrepticia, el interior de casa de gobierno.

Ayer, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, dictaminó por el cierre del caso. Luego de analizar el material, Pollicita entendió que el episodio no configuró ningún delito penal y le pidió al juez que lo archive.

“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”, dice el dictamen del fiscal, que sigue: “todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”, dijo el fiscal.

Tal como había exhibido , Pollicita destacó que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que muestran imágenes parecidas a las que se obtuvieron en las grabaciones cuestionadas. “El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, dijo el fiscal.

Noticia en desarrollo

La persona a cargo de la defensa de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito -en la que se investigan los gastos y y el patrimonio del jefe de Gabinete- es la misma que defiende en un complejo caso de contrabando a Diego Mellino, hijo del jubilado de 75 años que recibió y giró un millón de dólares en la ruta del dinero virtual de $LIBRA.

El abogado detrás de ambas defensas es Matías Ledesma, un penalista de recorrido y prestigio, con intervención en causas sensibles, quien, tras asumir la defensa de Adorni, se convirtió en un punto de contacto entre los dos expedientes más incómodos para el Gobierno.

Ledesma representa al jefe de Gabinete en la causa que revisa cuentas, tarjetas, préstamos, viajes, billeteras virtuales y grandes sumas de dinero en efectivo en busca de determinar si el nivel de vida del funcionario guarda relación con sus ingresos.

Es la causa en la que se constató, por ejemplo, que dos jubiladas y dos policías le facilitaron al jefe de Gabinete 300.000 dólares y en la que un contratista relató bajo juramento que Adorni le pagó en negro US$245.000 por refacciones realizadas en su casa del country.

A su vez, en un expediente con muchas más aristas e involucrados, el abogado Ledesma defiende junto a un colega a Diego Mellino, un profesional de la quiropraxia vinculado a distintas sociedades en el exterior, cuya figura quedó alcanzada por la sombra de $LIBRA.

Diego Mellino es hijo de Orlando Mellino, el misterioso jubilado del Tigre que el 30 de enero de 2025, horas después de que Hayden Davis se reuniera con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, recibió por parte del norteamericano más de un millón de dólares digitales. Minutos más tarde, el jubilado envió el dinero a una tercera cuenta cuyo propietario se desconoce. Según la hipótesis fiscal en esa causa, Orlando Mellino habría actuado como una “rampa de salida” para convertir el dinero virtual en dinero físico.

El nombre de Diego Mellino surgió en el expediente $LIBRA en un informe de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor que revelaba que él y su padre están autorizados a conducir cinco autos de Logística Latinoamericana S.R.L, una sociedad de la que Orlando Mellino es accionista mayoritario, según los documentos que pudo ver este medio.

El abogado

Ledesma es un abogado de bajo perfil, con experiencia en causas delicadas. Integra, por caso, la defensa del empresario Claudio Glazman en la causa de los Cuadernos de las Coimas y es miembro del estudio que fundó su padre, Guillermo Ledesma, uno de los jueces del histórico Juicio a las Juntas.

Con él como defensor, el jefe de Gabinete optó por un abogado de renombre y experiencia, pero que lo deja a solo un grado de separación de la familia del jubilado investigado como presunto prestanombre en $LIBRA.

Ledesma asistió a cada una de las audiencias, pero evitó siempre las declaraciones. Hasta ahora, no realizó presentaciones en la causa y el único que movimiento que registra es la presentación de un perito de parte para la apertura del teléfono de Matías Tabar, el contratista.

contactó a Ledesma para preguntarle sobre la causa en la que defiende a Diego Mellino, pero prefirió no contestar preguntas.

El clan Mellino

El jubilado Orlando Mellino, su hijo Diego y Susana Georges, también jubilada, conforman un tejido societario con terminales en Miami, Málaga, Madrid y Argentina, según pudo verificar . En algunas sociedades, figuran como titulares Orlando y Diego; en otras, Diego y Susana; y en al menos una figuran como socios los tres. Como resultado de las medidas tomadas en una u otra causa, todos ellos tienen sus bienes inhibidos.

La causa en la que el abogado Ledesma defiende a Diego Mellino y a su madre, Susana Georges, investiga un presunto contrabando de 20 millones de dólares. Allí, ambos figuran como representantes de una firma radicada en los Estados Unidos, MODO DOMO LLC, que está acusada de intervenir como intermediaria en al menos 33 operaciones sospechosas en la aduana de Campana, como parte de una maniobra más amplia.

Con Ledesma como abogado, Diego Mellino apostó a levantar el congelamiento de sus bienes proponiendo sustituir esa medida por un embargo. Tal como contó este medio, ofreció como garantía un gran inmueble en el barrio de Belgrano y una camioneta RAM 4×4, modelo 2020, un vehículo que, nuevo, alcanza los 80.000 dólares. Sin embargo, la Justicia rechazó la oferta en julio de 2024 por considerarla insuficiente: primero el juez del caso, Adrián González Charvay, y luego una de las salas de la Cámara de San Martín.

El jubilado y Adorni, apuntados en $LIBRA

El millón de dólares que pasó por la cuenta de Orlando Mellino en la tarde en que se reunió Milei con Davis no fue el único movimiento que quedó bajo el radar de la Justicia. El fiscal Eduardo Taiano identificó que entre marzo de 2024 y febrero de 2025, a través de su cuenta virtual, Mellino canalizó más de USD 5,8 millones, un volumen llamativo para casi cualquier tipo de perfil económico.

Uno de los damnificados por la operatoria, Martín Romeo, que es querellante en el expediente pidió la indagatoria del jubilado en un escrito firmado por su abogado Nicolás Oszust. “Lejos de constituir un actor marginal, el nombrado operó como la mula financiera del más alto nivel”, sostiene la presentación.

En ella se solicita también más de una docena de indagatorias. Entre los señalados por la querella, además del presidente Milei y su hermana Karina, figura también Adorni, por “aportar su investidura como vocero presidencial” en el Tech Forum, el evento celebrado en octubre de 2024 que reunió a empresarios del mundo cripto con personas cercanas al Gobierno y del que el jefe de Gabinete fue uno de los oradores.

“Su conducta [por Adorni] constituye un aporte prestado durante la etapa preparatoria; un auxilio institucional sin el cual el hecho no habría podido cometerse”, afirma la querella, que apoya su pedido en chats extraídos del teléfono de Mauricio Novelli donde se coordinaba un “posteo pago” de Adorni como “key note speaker” del evento.