POLITICA
Rebajan las condenas por el crimen del mapuche Rafael Nahuel y los prefectos no irán a prisión
La Justicia rebajó a tres años de prisión en suspenso, como máximo, las condenas impuestas a cinco integrantes de la Prefectura Naval por el crimen de Rafael Nahuel en Bariloche 9 años atrás, cuando reprimieron en un operativo de desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en inmediaciones de Bariloche.
Nahuel fue muerto de un tiro por la espalda efectuado el 25 de noviembre de 2017. Patricia Bullrich era entonces ministra de Seguridad y organismos de derechos humanos criticaron su rol y responsabilidad política al haber respaldado la versión del enfrentamiento armado y justificado el accionar de las fuerzas federales.
El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Los jueces revisaron las condenas e hicieron lugar al recurso de las defensas, con lo que además les quitaron la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad.
Por eso dejaron sin efecto las penas impuestas por el tribunal de juicio y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional. Los beneficiados son Sergio Guillermo Cavia, que recibió tres años en suspenso; se aplicaron dos años y seis meses para Juan Ramón Obregón; dos años y tres meses para Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa; y dos años para Sergio Damián García.
La causa se originó en el operativo del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, en cercanías de la Ruta Nacional 40, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar a los mapuches y algunos fueron detenidos, y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos efectuaron disparos y Rafael Nahuel Salvo murió a raíz de un impacto de arma de fuego.
Los cinco agentes habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. La revisión de la Casación se limitó exclusivamente a los cuestionamientos formulados por las defensas respecto de la determinación de las penas.
Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García recibieron entonces 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años al ser considerados partícipes necesarios del mismo delito. Ahora, con estas nuevas penas, ninguno irá preso. El fallo puede aún debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Los hombres de Prefectura están en libertad.
En la resolución de la Casación se consideró que la decisión recurrida no había ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado. El tribunal graduó las sanciones, el arma empleada, la cantidad de disparos y las circunstancias personales de cada condenado. A Cavia le impuso la pena mayor por ser autor del disparo mortal.
Por el crimen ocurrido en Parques Nacionales en Villa Mascardi, es la segunda vez que Casación interviene sobre las penas. En junio de 2025, la misma sala, con otra integración, confirmó la responsabilidad de los cinco y la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.
Atenuantes
Pero había anulado los montos de las penas y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca que los volviera a fijar, ponderando “en su justa dimensión” los atenuantes. En febrero pasado, el tribunal rionegrino repitió exactamente las mismas condenas. Admitió que no encontraba “buenas razones” para apartarse de ellas.
Ahora la Cámara Federal de Casación no devolvió el expediente, sino que fijó las penas, por su cuenta, después de escuchar a los cinco acusados en una audiencia de conocimiento personal el 10 de junio. En el voto que lideró el acuerdo, Borinsky sostuvo que el tribunal de juicio enumeró los atenuantes y hasta afirmó que “indudablemente” mitigaban el reproche, pero no los reflejó en las penas.
Esos atenuantes eran la falta de antecedentes penales y de sanciones administrativas, la inexperiencia en enfrentamientos armados y las condiciones personales y familiares de los acusados. También cuestionó que el tribunal evaluara en bloque a los cinco partícipes, aunque había elementos para distinguir la conducta de cada uno, como el arma que usó y la cantidad de disparos que hizo.
Como agravante común, Borinsky ponderó la gravedad del hecho y la muerte de Nahuel. Pero recordó que, según la sentencia de condena, la reacción de los prefectos fue inicialmente defensiva y luego excesiva, y que estaban en el lugar cumpliendo una orden judicial. Yacobucci adhirió a ese voto: remarcó que si Casación había dado la razón a las defensas en su primera intervención, esa decisión “ha de producir alguna consecuencia efectiva” en el resultado final.
El prefecto Pintos, al enfrentarse con los mapuches que atacaron con piedras, usó primero un arma no letal y luego los cinco dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y un subfusil MP5. Un disparo de la pistola de Cavia ingresó en el cuerpo de Nahuel por la parte posterior de la cadera izquierda y le provocó la muerte por hemorragia interna.
El criterio general fue graduar según el rol de cada uno, el arma usada y la cantidad de municiones faltantes, sobre una escala de un año y cuatro meses a seis años y ocho meses. Las condenas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez. Los tres jueces de Casación votaron las mismas penas, todas en suspenso y sin inhabilitación.
condenas impuestas,Hernán Cappiello,Conforme a
Dos efectivos de la Policía Federal que intervinieron en allanamientos del caso declararon este jueves en una de las audiencias más cortas del juicio oral de los cuadernos de las coimas.
Carlos Gastón Cidre, subcomisario de la Policía Federal, participó del allanamiento realizado en la casa del exfuncionario Roberto Baratta en el country Mapuche. Ante el Tribunal Oral Federal 7, dijo haber secuestrado un disco rígido y recordó que la casa tenía un quincho, una parrilla y un sótano. Su declaración duró apenas 10 minutos. Lo siguió Luciana Sain, oficial inspectora de la Policía Federal, que declaró de forma virtual.
Durante la instrucción, la policía participó en allanamientos, detenciones, constataciones de domicilios y aperturas de bóvedas. En un cuarto de hora, describió que fueron ocho brigadas las que trabajaron en el caso y negó haber intervenido en escuchas.
Ambos fueron parte de un grupo de testigos solicitado por la defensa de Baratta que seguirán declarando el martes próximo.
El exfuncionario, que fue la mano derecha del ministro Julio de Vido, está acusado de ser un engranaje clave en el presunto esquema de recaudación que se montó durante el kirchnerismo.
La acusación contra él y contra otros exfuncionarios, formulada por el fiscal Carlos Stornelli y sostenida en el juicio por Fabiana León, se apoya en los cuadernos de Oscar Centeno y numerosas declaraciones de empresarios y funcionarios arrepentidos.
Con sus preguntas, los abogados de Baratta apuntaron a delimitar el horario en que fueron realizados los allanamientos y sus detalles, pero la mayoría de los efectivos aseguraron tener recuerdos solo generales de procedimientos, que se realizaron hace ocho años.
Vestidor
Una de las declaraciones más ricas fue la del comisario Juan Carlos Barrales, quien lideró el allanamiento en el departamento de Cristina Kirchner de Juncal y Uruguay, en agosto de 2018. Tal como informó , ante el tribunal, el policía confirmó que detrás de la cama de la habitación del matrimonio Kirchner había un vestidor con una puerta blindada.
“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo el comisario.
Al término de la audiencia de hoy, el juez Enrique Méndez Signori volvió a insistir con su pedido para que las partes comuniquen antes del inicio del debate los desistimientos de testigos para “optimizar” el tiempo de las audiencias.
había un vestidor con una puerta blindada.,Los cuadernos de las coimas,Roberto Baratta,Conforme a
POLITICA
Ritondo apuntó contra Kicillof tras el plan de dos presos para matar a una fiscal y reclamó prohibir los celulares en las cárceles
El jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, volvió a cuestionar a Axel Kicillof por la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y reclamó avanzar con la prohibición del uso de celulares en las cárceles, luego de que se conociera que dos presos organizaron desde prisión un plan para asesinar a la fiscal de San Isidro María Paula Hertrig.
A través de sus redes sociales, el diputado nacional expresó su solidaridad con la funcionaria judicial y sostuvo que el caso confirma una problemática que, según afirmó, el PRO viene denunciando desde hace años.
“Toda mi solidaridad con la fiscal María Paula Hertrig, de San Isidro. El complot para asesinarla se organizó desde dos cárceles bonaerenses, con celulares”, escribió Ritondo.
En ese sentido, cargó contra el gobernador bonaerense: “Mientras Kicillof mira para otro lado y pasea por Nueva York haciendo campaña, los penales de la Provincia funcionan como oficinas del delito”.
POLITICA
En un clima de tensión, el Gobierno se reúne con el PRO en Casa Rosada: “No hay muchos temas para hablar”
Luego de varias horas de incertidumbre, el Gobierno y el PRO retomaron este jueves, desde las 15:00, la mesa de diálogo que ambos espacios mantienen cada 15 días en la Casa Rosada, en medio de las diferencias que generó el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 y de una falta de acuerdo en el plano electoral.
“Nos llamaron recién y vamos a ir para darle continuidad a las charlas, pero la verdad es que no hay muchos temas para hablar”, sostienen en el partido fundado por Mauricio Macri, que tan solo un día antes publicó un duro comunicado en contra del Poder Ejecutivo.
Desde Presidencia reconocían durante la mañana que la reunión no estaba incorporada de manera definitiva a la agenda y que la posibilidad permanecía “a confirmar”, mientras que por el lado de los invitados, ya insinuaban que lo mejor era posponer la cumbre para otro momento, dado el contexto.
Finalmente, la cita quedó ratificada para esta tarde, por lo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron en las viejas oficinas del extinto Minsterio del Interior al jefe del bloque de diputados amarillo, Cristian Ritondo, y al secretario general de ese partido, Fernando de Andreis.
Se trata del cuarto encuentro formal de La Libertad Avanza y sus aliados desde que institucionalizaron este canal de diálogo, que acordaron mantener semana por medio y que por lo pronto nunca se suspendió.
Las reuniones anteriores se realizaron el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en la que participó también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Aunque el cónclave casi se susprende por cuestiones de agenda, “El Colo” decidió convocar formalmente a los dirigentes del PRO para este jueves, dadas las complicaciones que hubiera generado posponerla.
La semana que viene Ritondo viaja a Italia a verlo al Papa, como parte de una comitiva de dirigentes argentinos invitados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), que luego también lo llevará a Armenia.
Por este motivo, si Santilli pasaba el encuentro para algunas de esas fechas, iba a tener que ser sin la presencia del armador aliado en la provincia de Buenos Aires, justo en un momento en el que el acuerdo tambalea.
En el macrismo cuestionan al oficialismo por la falta de decisiones respecto a la creación de un frente y también protestan porque no hay coincidencias sobre los candidatos en diferentes localidades bonaerenses.
“De todas formas, es cierto que falta mucho para las elecciones, pero hoy estamos lejos de un acuerdo. El Gobierno especula mucho. No terminan de cerrar con ningún gobernador, tampoco con el radicalismo ni con nosotros”, cuestionó un integrante del PRO.
Se espera que la agenda esté atravesada por la discusión sobre discapacidad, que también expuso diferencias entre el oficialismo y sus aliados, que cuestionaron los cambios que el Poder Ejecutivo había incorporado en el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que las modificaciones podían debilitar herramientas centrales para garantizar prestaciones y pensiones.
“El Gobierno se equivocó”, señalaron desde el partido amarillo en un comunicado difundido esta semana. De todos modos, el espacio remarcó que continuará acompañando las medidas que considere necesarias para sostener el rumbo económico y la gestión.
El conflicto obligó a la Casa Rosada a revisar su propuesta original. El oficialismo presentó una iniciativa alternativa ante los otros bloques, que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.
La nueva redacción permitió al Ejecutivo reconstruir parte de la negociación parlamentaria. La Libertad Avanza obtuvo este miércoles un dictamen de mayoría para su iniciativa en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas.
La reunión de esta tarde servirá para medir si ese acuerdo legislativo alcanza también para encauzar el vínculo político entre ambos espacios. El oficialismo necesita sostener ese respaldo para avanzar con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el resto de las iniciativas que pretende aprobar antes de que la campaña por las elecciones de 2027 ordene la dinámica del Congreso.
Diego Santilli,Casa Rosada,reunión de gabinete,Argentina,política
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