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POLITICA

Rebajan las condenas por el crimen del mapuche Rafael Nahuel y los prefectos no irán a prisión

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La Justicia rebajó a tres años de prisión en suspenso, como máximo, las condenas impuestas a cinco integrantes de la Prefectura Naval por el crimen de Rafael Nahuel en Bariloche 9 años atrás, cuando reprimieron en un operativo de desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en inmediaciones de Bariloche.

Nahuel fue muerto de un tiro por la espalda efectuado el 25 de noviembre de 2017. Patricia Bullrich era entonces ministra de Seguridad y organismos de derechos humanos criticaron su rol y responsabilidad política al haber respaldado la versión del enfrentamiento armado y justificado el accionar de las fuerzas federales.

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El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Los jueces revisaron las condenas e hicieron lugar al recurso de las defensas, con lo que además les quitaron la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad.

Por eso dejaron sin efecto las penas impuestas por el tribunal de juicio y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional. Los beneficiados son Sergio Guillermo Cavia, que recibió tres años en suspenso; se aplicaron dos años y seis meses para Juan Ramón Obregón; dos años y tres meses para Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa; y dos años para Sergio Damián García.

La causa se originó en el operativo del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, en cercanías de la Ruta Nacional 40, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar a los mapuches y algunos fueron detenidos, y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos efectuaron disparos y Rafael Nahuel Salvo murió a raíz de un impacto de arma de fuego.

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El juez Gustavo Villanueva entra al bosque de Bariloche donde mataron a Nahuel, rodeado de miembros de PrefecturaEugenia Neme

Los cinco agentes habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. La revisión de la Casación se limitó exclusivamente a los cuestionamientos formulados por las defensas respecto de la determinación de las penas.

Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García recibieron entonces 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años al ser considerados partícipes necesarios del mismo delito. Ahora, con estas nuevas penas, ninguno irá preso. El fallo puede aún debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Los hombres de Prefectura están en libertad.

En la resolución de la Casación se consideró que la decisión recurrida no había ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado. El tribunal graduó las sanciones, el arma empleada, la cantidad de disparos y las circunstancias personales de cada condenado. A Cavia le impuso la pena mayor por ser autor del disparo mortal.

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Por el crimen ocurrido en Parques Nacionales en Villa Mascardi, es la segunda vez que Casación interviene sobre las penas. En junio de 2025, la misma sala, con otra integración, confirmó la responsabilidad de los cinco y la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.

Atenuantes

Pero había anulado los montos de las penas y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca que los volviera a fijar, ponderando “en su justa dimensión” los atenuantes. En febrero pasado, el tribunal rionegrino repitió exactamente las mismas condenas. Admitió que no encontraba “buenas razones” para apartarse de ellas.

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Ahora la Cámara Federal de Casación no devolvió el expediente, sino que fijó las penas, por su cuenta, después de escuchar a los cinco acusados en una audiencia de conocimiento personal el 10 de junio. En el voto que lideró el acuerdo, Borinsky sostuvo que el tribunal de juicio enumeró los atenuantes y hasta afirmó que “indudablemente” mitigaban el reproche, pero no los reflejó en las penas.

Tras largas negociaciones, la Justicia pudo ingresar al predio en el que murió baleado Rafael NahuelArchivo

Esos atenuantes eran la falta de antecedentes penales y de sanciones administrativas, la inexperiencia en enfrentamientos armados y las condiciones personales y familiares de los acusados. También cuestionó que el tribunal evaluara en bloque a los cinco partícipes, aunque había elementos para distinguir la conducta de cada uno, como el arma que usó y la cantidad de disparos que hizo.

Como agravante común, Borinsky ponderó la gravedad del hecho y la muerte de Nahuel. Pero recordó que, según la sentencia de condena, la reacción de los prefectos fue inicialmente defensiva y luego excesiva, y que estaban en el lugar cumpliendo una orden judicial. Yacobucci adhirió a ese voto: remarcó que si Casación había dado la razón a las defensas en su primera intervención, esa decisión “ha de producir alguna consecuencia efectiva” en el resultado final.

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El prefecto Pintos, al enfrentarse con los mapuches que atacaron con piedras, usó primero un arma no letal y luego los cinco dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y un subfusil MP5. Un disparo de la pistola de Cavia ingresó en el cuerpo de Nahuel por la parte posterior de la cadera izquierda y le provocó la muerte por hemorragia interna.

El criterio general fue graduar según el rol de cada uno, el arma usada y la cantidad de municiones faltantes, sobre una escala de un año y cuatro meses a seis años y ocho meses. Las condenas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez. Los tres jueces de Casación votaron las mismas penas, todas en suspenso y sin inhabilitación.




condenas impuestas,Hernán Cappiello,Conforme a

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Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente pidió que Trump salga “fortalecido” en las elecciones de Estados Unidos

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El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, murió este miércoles de manera súbita a los 61 años. El dirigente estaba al frente del gremio de los trabajadores del Congreso desde hacía más de dos décadas. La organización confirmó su fallecimiento mediante un comunicado firmado por su comisión directiva.

Leé la nota completa acá

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El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, murió este miércoles de manera súbita a los 61 años. El dirigente estaba al frente del gremio de los trabajadores del Congreso desde hacía más de dos décadas. La organización confirmó su fallecimiento mediante un comunicado firmado por su comisión directiva.

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De “están estafando al pueblo argentino” a “en democracia la ley se cumple”: el cruce por el financiamiento universitario

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En el marco de la nueva Marcha Federal Universitaria prevista para este jueves, se reabrió la discusión por el cumplimiento de la ley y el presupuesto esperado para las instituciones educativas en el próximo año. En A Dos Voces (TN), la diputada de La Libertad Avanza Bárbara Andreussi, el diputado socialista Esteban Paulón, el referente libertario Facundo Garcés y el presidente de la Juventud Radical, Nahuel Breglia, debatieron sobre el uso de los fondos, los salarios docentes y el funcionamiento del sistema universitario.

Andreussi defendió la postura del Gobierno y sostuvo que la ley de financiamiento universitario no especificaba de manera adecuada de dónde saldrían los recursos para cumplirla. “El Congreso hizo la fácil, sanciona una ley absolutamente demagógica donde no dice cuáles son los recursos que se van a usar”, afirmó. Además, aseguró que el Ejecutivo avanzó con negociaciones salariales, un aporte de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano.

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Paulón cuestionó los argumentos del oficialismo y sostuvo que la ley ya contemplaba los recursos para financiar las universidades. “El gobierno no reconoce que no elaboró un plan de pago para recomponer ese ingreso que se perdió con el fogonazo inflacionario del inicio del gobierno de Javier Milei”, afirmó.

Esteban Paulón y Bárbara Andreussi cruzaron posiciones por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y el presupuesto previsto para las universidades. (Foto: TN)

Además, advirtió que el Gobierno no reconoce la totalidad de los ingresos que las instituciones perdieron durante 2024 y cuestionó el presupuesto proyectado para el año próximo: según detalló, el Ejecutivo prevé 7,3 billones de pesos, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que se necesitan 11 billones para cumplir la ley.

Por su parte, Garcés cuestionó también el destino de los recursos universitarios. Como ejemplo, mencionó unas jornadas sobre pornografía, arte y activismo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y sostuvo que ese tipo de actividades no deberían recibir financiamiento público. Además, afirmó que la universidad multiplicó por 30 su gasto en publicidad y pauta: pasó de $15 millones en 2024 a $500 millones en 2025.

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En cambio, Breglia se sumó al debate y respondió que las universidades públicas cumplen un rol central en la movilidad social y destacó su presencia en rankings internacionales. En ese sentido, cuestionó la falta de iniciativas del Gobierno en materia educativa y apuntó contra el secretario de Educación, Carlos Torrendell. “La única institución que realmente funciona, que garantiza esa movilidad social ascendente, es la universidad pública”, sostuvo.

El cruce escaló cuando el presidente de la Juventud Radical afirmó que el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios docentes y no docentes. “Los tipos dan la vida en la universidad para que vos seas mejor que ellos”, le dijo a Garcés, y cuestionó que los trabajadores cobren $800.000 o menos. Andreussi respondió que también debían discutirse los sueldos de los rectores y Paulón rebatió su argumento diciendo que se comparan “60 salarios contra cientos de miles de docentes”. Ambos intercambiaron acusaciones sobre las remuneraciones de las autoridades universitarias y la necesidad de controlar el gasto.

Facundo Garcés y Nahuel Breglia debatieron sobre el uso de los fondos públicos, los resultados académicos y el futuro de la educación universitaria. (Foto: TN)
Facundo Garcés y Nahuel Breglia debatieron sobre el uso de los fondos públicos, los resultados académicos y el futuro de la educación universitaria. (Foto: TN)

Garcés insistió en que era necesario revisar los resultados del sistema. Sostuvo que solo dos de cada diez estudiantes de universidades nacionales se reciben en tiempo y forma y afirmó que cerca de 900.000 alumnos no habían aprobado materias. A partir de los datos que presentó, propuso revisar los padrones y limitar la cantidad de alumnos registrados que no tienen actividad académica: “Cuando vas a marchar, estás avalando todas estas boludeces. Están estafando al pueblo argentino”.

Paulón volvió a insistir en que el Gobierno debe cumplir con la ley y cuestionó la falta de una política educativa. “En democracia la ley se cumple. Y el primero que la tiene que cumplir es el presidente”, afirmó. Además, apuntó contra el secretario de Educación: “El que es un fantasma es Torrendell, no los estudiantes de la universidad”, lanzó, y sostuvo que el Ejecutivo debería presentar propuestas concretas para mejorar el sistema en lugar de desfinanciarlo.

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En su cierre, Andreussi defendió la postura del Gobierno y sostuvo que el presupuesto previsto garantiza el funcionamiento de las universidades y el pago de los salarios docentes y no docentes. Además, señaló que todavía quedan instancias judiciales por resolver en torno a la ley de financiamiento universitario y cuestionó el reclamo de los rectores por un presupuesto mayor.

Por último, Breglia advirtió que el Gobierno está dejando a las universidades públicas en una situación de emergencia y reclamó un debate nacional sobre el rumbo de la educación. “Me gustaría que agarren la universidad pública y que la dejemos todos mejor de lo que la encontramos”, concluyó.

A dos voces, universidades

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Argentina y Estados Unidos firmaron un protocolo para el acuerdo comercial – Nexofin

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El canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos. El funcionario rubricó el documento junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, tras una reunión bilateral.

El entendimiento forma parte de la agenda comercial que impulsa el gobierno de Javier Milei. Quirno sostuvo que el texto “permitirá la remisión del ARTI al Congreso Nacional” para su correspondiente ratificación legislativa.

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Según los datos oficiales difundidos por el ministro, las ventas al mercado estadounidense alcanzaron los USD 6.570 millones entre enero y agosto de 2026. Esta cifra representó un crecimiento interanual del 35% para las exportaciones nacionales.

Asimismo, el funcionario destacó que la cuota de exportación para la carne argentina pasó de 20.000 a 100.000 toneladas. A su vez, remarcó que la potencia norteamericana se consolidó como el segundo destino de las ventas externas.

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En materia de inversiones, el canciller mencionó financiamiento por USD 7.000 millones del EximBank para obras de infraestructura. Además, señaló que la iniciativa busca “materializar el proyecto del Corredor Andes-Atlántico” y potenciar a las economías regionales.

La entrada Argentina y Estados Unidos firmaron un protocolo para el acuerdo comercial se publicó primero en Nexofin.

Acuerdo comercial con Estados Unidos,Estados Unidos,Exportaciones,Pablo Quirno

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