Amnistía Internacional alertó este miércoles que la resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmada a fines de abril, resulta “relevante” en el país después de la multitudinaria marcha universitaria del martes último, dado que, recordó, aquel organismo ya advertía que las decisiones del Gobierno sobre impuestos, presupuesto, gasto público y deuda deben evaluarse bajo estándares de “derechos humanos”.

“La Resolución 2/26 resulta especialmente relevante para Argentina, en un contexto de ajuste fiscal sostenido y profundización de los recortes sobre áreas sensibles”, señaló Amnistía a través de un comunicado difundido este miércoles.

Y añadió que “la masiva Marcha Federal Universitaria volvió a poner en evidencia las consecuencias concretas de esa política: estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales se movilizaron en todo el país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la garantía de recursos suficientes para sostener la educación pública”.

A su vez, indicó Amnistía, las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) muestran “cómo el eventual desvío o uso ineficiente de recursos públicos puede afectar directamente a personas que dependen de prestaciones estatales para su autonomía e inclusión”.

“La resolución de la CIDH vuelve a confirmar una idea urgente y obvia: sin recursos no hay derechos y sin derechos no hay desarrollo posible. No es un documento abstracto. Interpela directamente las decisiones que se toman hoy en Argentina. Cada recorte en niñez, educación o protección social debe poder justificarse bajo estándares de derechos humanos”, destacó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

La Resolución 2/26 fue impulsada por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), a cargo del relator Javier Palummo Lantes, y es la primera resolución específica que fija estándares jurídicos sobre la relación entre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano.

Esa resolución establece que los Estados deben “diseñar, ejecutar y evaluar sus políticas fiscales de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

¿Qué implica? Que “las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y medidas de ajuste no pueden adoptarse como decisiones meramente económicas, sino que deben analizarse según su impacto en la garantía de derechos”, indicó Amnistía en un cmunicado.

Entre sus principales estándares, exige que “cualquier retroceso en derechos sea excepcional, temporal, necesario, proporcional y no discriminatorio. También obliga a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles —incluyendo el combate a la evasión, la revisión de beneficios fiscales injustificados y la prevención de la corrupción— antes de recortar servicios esenciales”, añadió.

Y señaló que la corrupción “puede constituir una violación de derechos humanos, especialmente cuando desvía recursos destinados a personas y grupos en situación de vulnerabilidad”.

A ese contexto se suma la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo, que dispuso nuevas reducciones presupuestarias en áreas clave del Ministerio de Capital Humano.

Entre ellas, se recortaron “$55.465 millones en programas de niñez, adolescencia y familia, y $78.711 millones en educación, incluyendo fondos para alfabetización y compensación salarial docente”, consignó Amnistía.

El lunes último, mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades.

El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto, y los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, la poda también se dio en el presupuesto educativo.

El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, derogó una resolución que regía desde el período kirchnerista y separaba la inteligencia de la contrainteligencia militar. A través de la nueva resolución 323/2026, se dispuso restablecer la capacidad de las Fuerzas Armadas para realizar contrainteligencia militar y reorganizar el Sistema de Inteligencia de Defensa, en un escenario internacional marcado por la existencia de nuevas amenazas externas.

El Gobierno fortalece de este modo, además, la conducción conjunta del área de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas y fija “mecanismos explícitos de control y coordinación institucional, a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”.

Según informó la cartera que conduce Presti, en la práctica “se corrige una situación excepcional que no existe en sistemas de defensa modernos: ningún país que deba proteger sus capacidades militares separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia”.

Durante veinte años, a partir de la resolución 381/2006, firmada por la entonces ministra Nilda Garré, basada en “un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico”, se impidió a las Fuerzas Armadas contar con capacidades básicas de resguardo frente a amenazas externas.

LLa medida generará seguramente respuestas en el campo político. Garré, quien condujo el área de Defensa entre 2005 y 2010, participará este viernes, junto a los exministros kirchneristas Agustín Rossi y Jorge Taiana, en el Primer Congreso de Defensa Nacional que organizará el Partido Justicialista en su sede de Matheu 130. Allí se debatirá sobre “Soberanía, Fuerzas Armadas y desafíos estratégicos de la Argentina del siglo XXI” y muy probablemente este tema se cuele en la agenda.

La resistencia del kirchnerismo a la contrainteligencia militar se apoya en una visión consolidada desde la recuperación de la democracia, que defiende la separación entre la defensa nacional, que apunta a prevenir amenazas externas, y la seguridad interior, orientada a las amenazas internas. En ese espacio político argumentan que las Fuerzas Armadas no deben realizar tareas de contrainteligencia para evitar “el espionaje político y las violaciones a los derechos humanos”.

“La medida corrige una anomalía doctrinaria e ideológica que durante dos décadas limitó las capacidades esenciales del Sistema de Defensa, al separar de manera artificial la inteligencia de la contrainteligencia, una situación excepcional dentro de los sistemas de defensa modernos”, indicaron indicó en el Ministerio de Defensa.

En las Fuerzas Armadas prevalece el criterio de que la contrainteligencia militar constituye una “herramienta básica” para proteger capacidades estratégicas en la mayoría de los países del mundo.

Otro argumento expuesto por Presti en los fundamentos de la resolución ministerial es que la concepción derogada generaba “grandes vulnerabilidades frente a operaciones externas de influencia, obtención de información sensible y acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura y capacidades militares”.

La nueva resolución se inscribe en “un proceso más amplio de modernización, integración y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional”, informó la gestión de Presti. Añadió que, así, la Argentina “adecua su sistema de inteligencia de la defensa en un escenario internacional cada vez más complejo”.

La resolución firmada por el ministro Presti adecua el sistema de inteligencia de la defensa a “los lineamientos establecidos por el presidente Javier Milei y a la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada junto a la SIDE, en un contexto internacional atravesado por amenazas híbridas, operaciones de influencia y organizaciones criminales transnacionales”.

En la práctica, las Fuerzas Armadas podrían producir información sobre actores no estatales que pueden constituir amenazas, como las organizaciones Hamas y Hezbolá, estimó una fuente castrense. “Se restablecen herramientas básicas de prevención frente a acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura, información sensible y capacidades militares”, explicaron cerca de Presti.

En su artículo 2, la resolución 323/2026 establece que el Sistema de Inteligencia de Defensa (Sidef), que integra el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo titular es el contraalmirante Pablo Javier Barbich, y las direcciones generales de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estas reparticiones deberán considerarse como componentes independientes entre sí y bajo control funcional de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, se explicó.

El nuevo esquema establece que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, hoy en manos del general de división Jorge Alberto Puebla, efectuará “requerimientos de inteligencia en función de las necesidades de inteligencia de la defensa a través de directivas de Inteligencia específicas sectoriales”. Así, impartirá al Estado Mayor Conjunto “los lineamientos generales que orienten la planificación y la producción de inteligencia del Sistema de Inteligencia de Defensa, en concordancia con las Directivas de Inteligencia Nacional correspondientes”.

La nueva normativa mantiene expresamente las prohibiciones vigentes respecto a actividades de inteligencia vinculadas a personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales o actividades lícitas ajenas al ámbito de la defensa nacional.

“La Argentina avanza en la modernización de su sistema de defensa y adecua sus capacidades de inteligencia militar a los desafíos del escenario internacional actual”, explicaron en la cartera que conduce Presti.