POLITICA
Los veedores del Gobierno fueron a la AFA y a la Superliga para iniciar el control de los balances y contratos millonarios del fútbol argentino
El Gobierno puso en marcha este miércoles el proceso de control sobre los balances y contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentaron formalmente esta tarde en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir acceso a documentación societaria, contable y administrativa, según pudo confirmar Infobae. Esta acción se enmarcó en las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de fiscalizar entidades civiles.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, llegaron cerca de las 13 para activar el proceso de veedurías, que tiene una duración de 180 días hábiles. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.
El Ministerio de Justicia sostiene que la medida no constituye una intervención formal sobre la AFA, sino una veeduría administrativa orientada a garantizar el acceso a la información y a verificar el funcionamiento de las entidades involucradas. Sin embargo, en el ámbito del fútbol, la decisión es interpretada como un movimiento de impacto político considerable sobre la conducción de la asociación presidida por Claudio Tapia.
El plan de trabajo de los veedores comenzó pasado el mediodía con la presencia de los enviados del Gobierno. Ambos tenían como tarea presentar un pedido formal de exhibición de documentación vinculada a los estados contables, contratos comerciales y movimientos societarios tanto de la AFA como de la Superliga. La investigación se centra en operaciones económicas y estructuras administrativas bajo observación de la IGJ desde hace varios meses.
Sin embargo, una vez que se acercaron a la puerta del edificio que está ubicado en la calle Viamonte, los veedores se encontraron con que no había nadie para recibirlos en la sede. Por eso decidieron dejar una nota en la puerta que manifiesta que se hicieron presentes en el día de la fecha.
La ofensiva oficial tiene antecedentes directos. En marzo, durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, el Ministerio de Justicia avanzó con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA y de la Superliga, una decisión que generó un inmediato rechazo de la conducción del fútbol argentino. En aquel momento, el Gobierno argumentó que existían inconsistencias e irregularidades que justificaban la presencia de representantes estatales dentro de las entidades deportivas para monitorear su funcionamiento.
La investigación se desarrolló en paralelo con distintas denuncias vinculadas a movimientos financieros internacionales, transferencias de dinero y contratos comerciales celebrados por la conducción de la AFA. Parte de esas sospechas también quedaron reflejadas en expedientes judiciales impulsados por organismos nacionales y en informes que comenzaron a circular dentro del propio Gobierno.
En ese contexto, uno de los episodios que complejizó el proceso fue la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien había sido designado originalmente como veedor junto al contador Miguel Pappacena durante la gestión de Vítolo al frente de la IGJ.
Tras la salida de Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el nuevo esquema mantuvo las veedurías ya dispuestas sobre la AFA y la Superliga. Sin embargo, Ortiz de Marco decidió finalmente no asumir el cargo, una situación que obligó al Gobierno a designar un reemplazante para sostener el operativo de fiscalización.
Fue entonces cuando el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento del abogado Diego Coste, quien quedó incorporado al esquema definitivo de control junto a Miguel Pappacena. Ambos serán los encargados de encabezar desde este miércoles el acceso y relevamiento de información dentro de las sedes de las entidades.
La resolución que dispuso las veedurías estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de las tareas de fiscalización. Durante ese período, los enviados del Ministerio de Justicia podrán requerir documentación, verificar registros administrativos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional y financiero de las sociedades involucradas.
Debate por los domicilios legales y la competencia de control
Uno de los puntos sensibles del proceso está vinculado con las sedes y domicilios legales de la AFA. La histórica sede de la asociación se encuentra en la calle Viamonte 1366, en el barrio porteño de San Nicolás, edificio que durante décadas funcionó como epicentro político y administrativo del fútbol argentino. Sin embargo, la conducción de la AFA avanzó en los últimos años con el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, en su sitio oficial, la AFA informa como sede social el domicilio de Mercedes 1366, en Pilar, provincia de Buenos Aires. A su vez, también figura el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado sobre la Autopista Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza, como otro de sus centros operativos y administrativos.
La discusión sobre esos domicilios adquirió relevancia dentro de las investigaciones impulsadas por la IGJ porque la conducción de la AFA sostiene que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional. Esa postura derivó en un conflicto de competencia con el Gobierno nacional, que igualmente avanzó con las veedurías y con distintas inspecciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la entidad.
La sede de la Superliga, en tanto, se encuentra ubicada en Olga Cossettini 771, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también se presentarán este miércoles los enviados del Ministerio de Justicia para iniciar formalmente el pedido de documentación y el relevamiento administrativo.
En el Gobierno sostienen que la medida se enmarca dentro de las facultades de fiscalización de la IGJ y remarcan que el objetivo es determinar si existieron irregularidades societarias o incumplimientos vinculados a normas de administración y control. La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Justicia en coordinación con áreas técnicas del organismo de control.
La disputa con la AFA también se produce en medio de un clima de máxima tensión entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. El vínculo entre el Gobierno y Tapia se deterioró progresivamente a partir de distintos episodios políticos y judiciales, incluyendo investigaciones sobre presuntos manejos financieros, cuestionamientos a contratos internacionales y denuncias vinculadas con la estructura económica de la asociación.
Dentro de ese escenario aparecen además investigaciones sobre operaciones vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la Selección Argentina y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. En distintos expedientes y reportes oficiales comenzaron a analizarse transferencias millonarias, circuitos financieros y vínculos comerciales que despertaron sospechas en organismos estatales.
El clima de confrontación se profundizó todavía más luego de las denuncias impulsadas por ARCA, que presentó acusaciones penales tributarias relacionadas con presuntas irregularidades en retenciones y aportes de seguridad social. Esas actuaciones derivaron en expedientes que quedaron radicados en la Justicia Penal Económica.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene un fuerte componente político y aseguran que existe una presión creciente sobre la conducción del fútbol argentino. Cerca de la AFA sostienen que las medidas impulsadas por el Gobierno exceden una mera fiscalización administrativa y forman parte de una disputa más amplia por el control institucional y económico del negocio del fútbol.
Aun así, en el Ministerio de Justicia insisten en que la presencia de los veedores busca únicamente garantizar transparencia y acceso a la información. Bajo esa lógica, el operativo previsto para este miércoles constituye el inicio formal de las tareas de relevamiento dentro de las entidades investigadas.
La expectativa oficial está puesta ahora en el grado de colaboración que encuentren los enviados del Gobierno al momento de requerir documentación. En función de eso, los veedores comenzarán a elaborar los primeros informes técnicos sobre balances, contratos y estructuras administrativas de la AFA y la Superliga.
La escena tendrá además un fuerte peso político. La llegada de representantes del Ministerio de Justicia a las distintas sedes vinculadas con la AFA simboliza el desembarco formal del Estado nacional dentro de una estructura históricamente celosa de su autonomía y acostumbrada a resistir controles externos.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en los documentos que logren relevar los veedores y en las conclusiones preliminares que puedan surgir de ese análisis. En la Casa Rosada consideran que el proceso recién empieza y que la investigación sobre el funcionamiento financiero y societario del fútbol argentino ingresó en una etapa decisiva.
POLITICA
LLA analiza bajar a su candidato a gobernador en Chubut para acompañar la reelección de Torres
En Chubut, el tablero electoral de 2027 comenzó a ordenarse alrededor de una negociación que podría modificar la competencia por la gobernación: La Libertad Avanza analiza la posibilidad de resignar una candidatura propia y acoplarse al proyecto de reelección de Ignacio “Nacho” Torres.
El movimiento implicaría que el espacio libertario desista de presentar un postulante propio para la gobernación y se incorpore al armado que conduce el mandatario provincial. La definición forma parte de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con el oficialismo chubutense y se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional para cerrar acuerdos electorales con dirigentes provinciales.
Torres, en diálogo con Infobae, reconoció la posibilidad de un acercamiento electoral con la Casa Rosada, aunque remarcó que todavía “faltan definiciones”.
La eventual candidatura de César Treffinger es uno de los puntos centrales de esa negociación. El diputado nacional de LLA había expresado su intención de competir por la gobernación, pero su postulación todavía no cuenta con una definición política de la conducción nacional del espacio.
En ese contexto, una alternativa que comenzó a tomar forma es que Treffinger deponga su aspiración provincial y sea considerado para una candidatura al Senado. Para la conducción libertaria, esa opción permitiría preservar a un dirigente propio dentro del armado electoral y, al mismo tiempo, avanzar en un acuerdo con Torres.
El propio Treffinger admitió ante su entorno la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el gobernador y resignar su candidatura a la gobernación. La decisión, en ese caso, quedaría supeditada a la estrategia que definan los principales armadores nacionales de La Libertad Avanza.
La negociación tiene una lógica estrictamente electoral: si LLA finalmente retira a su candidato, Torres ampliaría su base de sustentación y evitaría una competencia libertaria que podría fragmentar el electorado no peronista. Del otro lado, la Casa Rosada obtendría una vía para mantener presencia política en Chubut a través de un acuerdo con el oficialismo provincial.
El escenario también está condicionado por la posición del peronismo, que todavía no logró ordenar su oferta electoral. Juan Pablo Luque y Dante Bowen mantienen sus aspiraciones y disputan espacios de poder dentro del armado opositor. Esa interna constituye, por ahora, uno de los principales obstáculos para consolidar una candidatura competitiva frente a Torres.
Torres amplía su base política
Mientras LLA define qué hará, Torres avanza en la consolidación de una construcción política de alcance provincial. El gobernador busca ampliar su coalición y preservar una lógica de armado transversal, que reúne a sectores del PRO, radicales, peronistas disidentes y dirigentes libertarios.
En agosto, Torres respaldó el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque planteó que cualquier entendimiento debía construirse sobre una agenda común de gestión y desarrollo, y no limitarse a una alianza electoral.
“Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”, sostuvo el mandatario.
La definición expone una de las claves de la estrategia del gobernador: ampliar su base electoral sin perder autonomía política frente a la Casa Rosada.
En Chubut, Torres ya gobierna con una coalición que excede al PRO y que incorporó dirigentes provenientes de distintos espacios políticos. La eventual incorporación formal de LLA significaría un nuevo salto en esa construcción y le permitiría llegar a 2027 con un frente electoral todavía más amplio.
La reciente interna radical también fortaleció el esquema del gobernador. La victoria de Gerardo Merino en Esquel fue interpretada dentro del oficialismo provincial como un respaldo al alineamiento de la UCR con Torres y a la continuidad de esa sociedad política.
El peronismo intenta ordenar su interna
Del otro lado del tablero, el peronismo chubutense comenzó a mover sus piezas, aunque todavía enfrenta dificultades para definir una conducción electoral común.
El principal nombre opositor es Juan Pablo Luque, quien fue derrotado por Torres en las elecciones de 2023, cuando puso fin a dos décadas de gobiernos peronistas en la provincia.
Pero Luque no es el único dirigente que pretende disputar el liderazgo del espacio. Dante Bowen, intendente de Dolavon, mantiene firme su intención de competir por la gobernación.
Bowen sostuvo que su carrera política solamente tendría continuidad si logra ser candidato a gobernador y descartó, al menos públicamente, la posibilidad de ocupar otro cargo dentro de un eventual armado peronista.
“Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa”, resumió durante una entrevista televisiva.
La definición profundiza la tensión interna del peronismo, que deberá resolver primero su mecanismo de selección de candidaturas antes de intentar construir una estrategia común para enfrentar a Torres.
Una de las alternativas que circuló para ordenar el tablero consiste en que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, cargo que ocupó entre 2019 y 2023, y deje despejado el camino provincial para Bowen.
Sin embargo, esa posibilidad todavía no forma parte de un acuerdo político consolidado.
“La razón por la que quiero ser gobernador es porque me preparé toda la vida para esto”, sostuvo Bowen, al explicar que su recorrido político estuvo orientado hacia ese objetivo.
La disputa entre ambos dirigentes se desarrolla mientras distintos sectores del peronismo buscan reconstruir una estructura capaz de competir por el poder provincial. La foto de unidad entre Luque y otros referentes, el diálogo con José Glinski y la construcción de Chubut Futuro, alineada con el Movimiento Derecho al Futuro que impulsa Axel Kicillof, forman parte de ese proceso de reconfiguración.
Por ahora, ninguna de las principales fuerzas terminó de cerrar sus candidaturas. Torres trabaja en ampliar su base política; el peronismo intenta resolver su disputa interna y La Libertad Avanza debe definir si competirá con una candidatura propia o si resignará esa postulación para integrarse al armado del gobernador.
La negociación entre la Casa Rosada y Torres puede convertirse, así, en una de las definiciones centrales del tablero electoral chubutense de cara a 2027.
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POLITICA
Por los viajes de Milei y Villarruel, Bartolomé Abdala quedará a cargo del Ejecutivo la próxima semana
La próxima semana, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y senador de La Libertad Avanza, quedará al frente del Poder Ejecutivo nacional. La situación se dará por la coincidencia de los viajes internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes cumplirán agendas oficiales en el exterior.
Según lo establece la Ley 20.972, cuando tanto el presidente como la vicepresidenta se encuentran fuera del país, la responsabilidad de la jefatura del Estado recae de forma transitoria en el presidente provisional del Senado. Por ese motivo, Abdala asumirá las funciones presidenciales hasta el regreso de Milei.
No será la primera vez que el legislador por San Luis ocupe ese rol. Entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, Abdala ya había quedado a cargo del Ejecutivo por los viajes simultáneos de Milei a Noruega y Villarruel a Madrid. En esa ocasión, el senador expresó en sus redes sociales: “Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo. Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica”.
La designación de Abdala como presidente interino marca un hecho poco frecuente: un representante de San Luis vuelve a ocupar la máxima magistratura, algo que no sucedía desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá fue presidente entre el 23 y el 30 de ese mes.
Según pudo saber TN, durante su gestión transitoria, Abdala permanecerá en su despacho del Senado, cumpliendo las funciones correspondientes y sin salir de la ciudad de Buenos Aires. El senador estará a cargo del Poder Ejecutivo hasta el regreso de Milei, previsto para el sábado 3 de octubre.
Argentina Week con Javier Milei
Entre el próximo miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, el Presidente Javier Milei encarará una nueva gira internacional que lo llevará a París, Francia, para encabezar la segunda edición de la Argentina Week.
El jefe de Estado estará acompañado por parte de sus ministros, una docena de gobernadores y una delegación de empresarios, Javier Milei buscará mostrar el respaldo del círculo rojo nacional para ratificar el rumbo de su gestión y atraer a potenciales inversores globales.
El foro fue diseñado por la Embajada argentina en París que conduce Ian Sielecki.
Acompañarán al Presidente, la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
Entre los mandatarios provinciales confirmados que asistirán al evento organizado por la embajada argentina en Francia están: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Actividad de Villarruel
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, participará del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se celebrará en Madrid los días 1 y 2 de octubre y reunirá a representantes parlamentarios de países iberoamericanos, y será inaugurado por el Rey de España Felipe VI.
La sesión inaugural se celebrará en el Congreso de los Diputados con las palabras de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y el presidente del Senado de España, Pedro Rollán. La inauguración terminará con la intervención de Su Majestad el Rey.
El Foro escuchará conferencias magistrales sobre algunos de los principales desafíos actuales para las democracias como el impacto de la inteligencia artificial, a cargo de la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará las amenazas actuales a la democracia, como la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos; y el presidente de la Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, abordará las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado.
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Habrá intervenciones para abordar las brechas de igualdad de género y el presidente de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, explicará la importancia de la diplomacia parlamentaria ante los desafíos geopolíticos actuales.
Luego las sesiones de trabajo con la participación de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y de la delegación legislativa del Senado nacional, integrada por los legisladores Martín Goerling Lara (Pro), Sandra Mendoza (Convicción Federal), Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz) y Maximiliano Abad (UCR). se trasladarán a la Cámara del Senado de España.
El viernes 2 de octubre, el Foro continuará en el Palacio del Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación, donde se esperará el mensaje de Victoria Villarruel.
Bartolomé Abdala, presidente, Javier Milei
POLITICA
La economía suma malas noticias y el juego político del Gobierno no alcanza para contrarrestar el impacto
En apenas 72 horas, el INDEC difundió cuatro informes con números realmente preocupantes, todos de rubros sensibles. El martes, publicó el relevamiento de salarios y el miércoles, difundió los de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings, en el mes de julio. El jueves, anotó el Estimador Mensual de Actividad Económica, también de julio. Y ese mismo día, el mayor sacudón fue producido por el registro de pobreza en el primer semestre de este año. Como primera reacción, el oficialismo intentó morigerar el efecto, argumentando cuestiones de coyuntura y ensayando comparaciones estadísticas. Poco, frente al cuadro señalado. Y con un agregado: el juego político más amplio de Olivos no logra amortiguar el impacto de la sucesión de noticias de la economía. Como agravante operan, además, las internas libertarias.
Para el oficialismo, la agenda política de esta semana incluía dos renglones principales, de distinta magnitud y por eso mismo, en este orden: el nuevo viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, para asistir a la Asamblea General de la ONU, y el Congreso. El Gobierno sabía que iban a ser días de números negativos o al menos tenía indicios firmes, además de análisis de consultoras como los que anticipaban una suba porcentual en pobreza e indigencia -algo menos que el informe del INDEC- o registraban una nueva caída del consumo masivo en agosto. El punto es que no se trata de una cuestión de circunstancia.
La demanda cruzada entre política y economía es sabida. Los oficialismos apuestan a que los resultados económicos -y más básico, el bolsillo- motoricen los planes políticos, en este caso la reelección presidencial. Cuando ocurre lo contrario -con riesgo sobre la credibilidad- la demanda se invierte: la economía necesita que el juego político del Gobierno sostenga la expectativa y corra el eje del temario público.
El giro presidencial sobre Malvinas fue interpretado en ese contexto y es algo que genera malestar en Olivos. Rechazan ese cuestionamiento como “basura” opositora. Y sostienen que la movida del Gobierno expresa una “estrategia”, cuya elaboración habría comenzado desde la llegada al poder, y no el aprovechamiento -que no sería cuestionable en sí mismo- de la presión de Donald Trump sobre el laborista Andy Burnham.
De todos modos, Malvinas fue el centro de la presencia de Milei en la ONU, con escasa chance de un encuentro en paralelo con Trump, que al final no se produjo. En el discurso ante la Asamblea General, el Presidente ratificó de hecho el alineamiento internacional y buscó explotar su habitual tono más que áspero, aunque esta vez, frente a otra platea. Por eso mismo dejó una contradicción, al reclamar una intervención más efectiva del organismo mundial que acababa de descalificar.
El otro foco de interés político, para el círculo de Olivos, estaba puesto en las dos cámaras del Congreso. Esperaba aplacar en Diputados el tema de discapacidad y coronar proyectos en el Senado, después de algunos disgustos. Lo que ocurrió es significativo, pero no nuevo: las tensiones domésticas complican hasta la coronación de jugadas propias. Vale repasarlo.
El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó un ajuste de tal magnitud en el área de discapacidad que fue calificado como un gesto de insensibilidad por socios de LLA. También provocó rechazo dentro del oficialismo, porque desarmaba el acuerdo que venía tejiendo en Diputados para tratar de ganarle la pulseada a la oposición, que había impuesto el tratamiento efectivo del tema. El cortocircuito fue serio, porque además realimentó recelos de aliados. Hubo rápidas tratativas, con atención directa de Martín Menem, y el oficialismo dio marcha atrás con ese tramo del Presupuesto para lograr dictamen.
Visto así, el Gobierno volvía a pagar costos por un daño autoprovocado, pero salía de un terreno de derrota y allanaba su camino para ir a la búsqueda de votos, con la mirada puesta en el tratamiento en el recinto. El clima doméstico -con proyección hacia socios y dialoguistas- volvió a enrarecerse en las últimas horas, cuando trascendió que el acuerdo para lograr dictamen es cuestionado especialmente por el equipo de Luis Caputo. Es decir, no se trataría de una historia cerrada.
El malestar inicial había sido expuesto por Patricia Bullrich. Otros, en cambio, optaron por la reserva. La senadora evitó ir a la cuestión de fondo y prefirió concentrar su descarga -con señal directa a Economía- sobre dos aspectos: el desconocimiento de la “mesa política” del oficialismo y el efecto desgastante en la relación con aliados y dialoguistas en general.
Los recelos y malestares tiñen buena parte de lo que sucede en el Senado. El oficialismo pudo celebrar esta semana que finalmente logró número para convertir en ley el proyecto que recorta subsidios al consumo de gas en zonas frías. En cambio, aprobó pero con modificaciones la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Hubo un entendimiento, que incluyó al peronismo y tuvo a Bullrich como eje -en su condición de jefa del bloque violeta-, para modificar el requisito impuesto en el texto original del proyecto para remover a las autoridades del banco. Quedó establecida la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos). El Ejecutivo pretendía que fuera mayoría de dos tercios. El texto vuelve a Diputados y parece imposible revertir la decisión de la Cámara alta.
La senadora tuvo además otro gesto crítico -extensible a Jorge Macri-, respecto de la ofensiva sobre dos juezas -una porteña, Laura De Marinis, y otra de Lomas de Zamora, Marta Eba Pascual- que de diferente forma se pronunciaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad de menores. Las dos decisiones fueron revocadas en el escalón de las cámaras. La senadora rechazó los planteos a favor del juicio político a las juezas y sostuvo que, más allá de su conocida posición en la materia, estas cuestiones deben ser resueltos en las instancias judiciales.
Por supuesto, la disputa entre Olivos y Bullrich no se circunscribe a estas últimas muestras de juego propio. Existen diferentes especulaciones sobre la apuesta de la senadora para las elecciones del 2027. Está claro, en cambio, que se trata de un proceso de construcción política. Y eso es lo que provoca tensión con el círculo de Olivos. El efecto aumenta cuando la economía hace crujir la realidad política.
La semana amplificó esas preocupaciones. El informe sobre salarios del mes de julio indica que el promedio de los trabajadores registrados -privados y públicos- estuvo dos décimas por encima de la inflación respecto del mes anterior y quedó 3,7 puntos porcentuales por debajo en la comparación interanual. Sólo la heterogénea franja de trabajo informal, siempre motivo de discusión, supera al IPC.
Los registros de julio sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings expusieron números variados, con una mejora interanual en el último rubro. Sin embargo, los tres mostraron bajas en el acumulado de los primeros siete meses del año.
El informe del EMAE mostró caídas en relación con el mes anterior (-2,9%) y también en el registro interanual (-1,4%). Como viene sucediendo desde hace rato, algunos renglones como minería, producción agropecuaria, pesca -esta vez, de manera muy significativa- muestran crecimiento y otros como industria y comercio repiten caídas.
El peor dato, claro, lo aportó el informe sobre pobreza en el primer semestre de este año. Llegó al 32,3%, que traducido a nivel nacional representa dos millones más de pobres y eleva a 15 millones el total. Las cifras exponen un crecimiento en comparación con el primer semestre del 2025 (31,6%), una diferencia que es mayor si se toman los segundos seis meses del año pasado (28,2%).
Dos datos se destacan por encima de todo. El primero: se quiebra la línea de descenso anotada a partir del pico del primer semestre del 2024 y extendida hasta el final del 2025. El segundo, más de fondo: se afirma un piso duro de pobreza, alrededor del 30%. Declaraciones en la vereda libertaria -con arrastre de autocelebración- y condenas desde franjas opositoras -con aire de chicana- sólo agregan patetismo político. Se trata del peor registro de la realidad.
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