POLITICA
Los veedores del Gobierno fueron a la AFA y a la Superliga para iniciar el control de los balances y contratos millonarios del fútbol argentino
El Gobierno puso en marcha este miércoles el proceso de control sobre los balances y contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentaron formalmente esta tarde en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir acceso a documentación societaria, contable y administrativa, según pudo confirmar Infobae. Esta acción se enmarcó en las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de fiscalizar entidades civiles.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, llegaron cerca de las 13 para activar el proceso de veedurías, que tiene una duración de 180 días hábiles. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.
El Ministerio de Justicia sostiene que la medida no constituye una intervención formal sobre la AFA, sino una veeduría administrativa orientada a garantizar el acceso a la información y a verificar el funcionamiento de las entidades involucradas. Sin embargo, en el ámbito del fútbol, la decisión es interpretada como un movimiento de impacto político considerable sobre la conducción de la asociación presidida por Claudio Tapia.
El plan de trabajo de los veedores comenzó pasado el mediodía con la presencia de los enviados del Gobierno. Ambos tenían como tarea presentar un pedido formal de exhibición de documentación vinculada a los estados contables, contratos comerciales y movimientos societarios tanto de la AFA como de la Superliga. La investigación se centra en operaciones económicas y estructuras administrativas bajo observación de la IGJ desde hace varios meses.
Sin embargo, una vez que se acercaron a la puerta del edificio que está ubicado en la calle Viamonte, los veedores se encontraron con que no había nadie para recibirlos en la sede. Por eso decidieron dejar una nota en la puerta que manifiesta que se hicieron presentes en el día de la fecha.
La ofensiva oficial tiene antecedentes directos. En marzo, durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, el Ministerio de Justicia avanzó con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA y de la Superliga, una decisión que generó un inmediato rechazo de la conducción del fútbol argentino. En aquel momento, el Gobierno argumentó que existían inconsistencias e irregularidades que justificaban la presencia de representantes estatales dentro de las entidades deportivas para monitorear su funcionamiento.
La investigación se desarrolló en paralelo con distintas denuncias vinculadas a movimientos financieros internacionales, transferencias de dinero y contratos comerciales celebrados por la conducción de la AFA. Parte de esas sospechas también quedaron reflejadas en expedientes judiciales impulsados por organismos nacionales y en informes que comenzaron a circular dentro del propio Gobierno.
En ese contexto, uno de los episodios que complejizó el proceso fue la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien había sido designado originalmente como veedor junto al contador Miguel Pappacena durante la gestión de Vítolo al frente de la IGJ.
Tras la salida de Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el nuevo esquema mantuvo las veedurías ya dispuestas sobre la AFA y la Superliga. Sin embargo, Ortiz de Marco decidió finalmente no asumir el cargo, una situación que obligó al Gobierno a designar un reemplazante para sostener el operativo de fiscalización.
Fue entonces cuando el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento del abogado Diego Coste, quien quedó incorporado al esquema definitivo de control junto a Miguel Pappacena. Ambos serán los encargados de encabezar desde este miércoles el acceso y relevamiento de información dentro de las sedes de las entidades.
La resolución que dispuso las veedurías estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de las tareas de fiscalización. Durante ese período, los enviados del Ministerio de Justicia podrán requerir documentación, verificar registros administrativos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional y financiero de las sociedades involucradas.
Debate por los domicilios legales y la competencia de control
Uno de los puntos sensibles del proceso está vinculado con las sedes y domicilios legales de la AFA. La histórica sede de la asociación se encuentra en la calle Viamonte 1366, en el barrio porteño de San Nicolás, edificio que durante décadas funcionó como epicentro político y administrativo del fútbol argentino. Sin embargo, la conducción de la AFA avanzó en los últimos años con el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, en su sitio oficial, la AFA informa como sede social el domicilio de Mercedes 1366, en Pilar, provincia de Buenos Aires. A su vez, también figura el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado sobre la Autopista Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza, como otro de sus centros operativos y administrativos.
La discusión sobre esos domicilios adquirió relevancia dentro de las investigaciones impulsadas por la IGJ porque la conducción de la AFA sostiene que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional. Esa postura derivó en un conflicto de competencia con el Gobierno nacional, que igualmente avanzó con las veedurías y con distintas inspecciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la entidad.
La sede de la Superliga, en tanto, se encuentra ubicada en Olga Cossettini 771, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también se presentarán este miércoles los enviados del Ministerio de Justicia para iniciar formalmente el pedido de documentación y el relevamiento administrativo.
En el Gobierno sostienen que la medida se enmarca dentro de las facultades de fiscalización de la IGJ y remarcan que el objetivo es determinar si existieron irregularidades societarias o incumplimientos vinculados a normas de administración y control. La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Justicia en coordinación con áreas técnicas del organismo de control.
La disputa con la AFA también se produce en medio de un clima de máxima tensión entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. El vínculo entre el Gobierno y Tapia se deterioró progresivamente a partir de distintos episodios políticos y judiciales, incluyendo investigaciones sobre presuntos manejos financieros, cuestionamientos a contratos internacionales y denuncias vinculadas con la estructura económica de la asociación.
Dentro de ese escenario aparecen además investigaciones sobre operaciones vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la Selección Argentina y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. En distintos expedientes y reportes oficiales comenzaron a analizarse transferencias millonarias, circuitos financieros y vínculos comerciales que despertaron sospechas en organismos estatales.
El clima de confrontación se profundizó todavía más luego de las denuncias impulsadas por ARCA, que presentó acusaciones penales tributarias relacionadas con presuntas irregularidades en retenciones y aportes de seguridad social. Esas actuaciones derivaron en expedientes que quedaron radicados en la Justicia Penal Económica.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene un fuerte componente político y aseguran que existe una presión creciente sobre la conducción del fútbol argentino. Cerca de la AFA sostienen que las medidas impulsadas por el Gobierno exceden una mera fiscalización administrativa y forman parte de una disputa más amplia por el control institucional y económico del negocio del fútbol.
Aun así, en el Ministerio de Justicia insisten en que la presencia de los veedores busca únicamente garantizar transparencia y acceso a la información. Bajo esa lógica, el operativo previsto para este miércoles constituye el inicio formal de las tareas de relevamiento dentro de las entidades investigadas.
La expectativa oficial está puesta ahora en el grado de colaboración que encuentren los enviados del Gobierno al momento de requerir documentación. En función de eso, los veedores comenzarán a elaborar los primeros informes técnicos sobre balances, contratos y estructuras administrativas de la AFA y la Superliga.
La escena tendrá además un fuerte peso político. La llegada de representantes del Ministerio de Justicia a las distintas sedes vinculadas con la AFA simboliza el desembarco formal del Estado nacional dentro de una estructura históricamente celosa de su autonomía y acostumbrada a resistir controles externos.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en los documentos que logren relevar los veedores y en las conclusiones preliminares que puedan surgir de ese análisis. En la Casa Rosada consideran que el proceso recién empieza y que la investigación sobre el funcionamiento financiero y societario del fútbol argentino ingresó en una etapa decisiva.
POLITICA
Designaron a Fernando Subirats como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos para profundizar la reorganización del área
El Gobierno oficializó este viernes la designación de Fernando Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, una incorporación que se enmarca en la etapa de reorganización de los medios estatales impulsada por la Casa Rosada. Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la decisión, el funcionario tendrá como objetivo profundizar la reducción del gasto, avanzar con la reorganización de las empresas públicas del sector y acompañar los proyectos de participación privada en áreas que hoy permanecen bajo la órbita del Estado.
La designación se formalizó mediante el Decreto 649/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma estableció que Subirats asumirá formalmente el cargo a partir del próximo 1° de agosto, dentro de la Secretaría de Comunicación y Medios que conduce Fabián Fernández.
De acuerdo con lo que pudo reconstruir Infobae, el nombramiento lo impulsó Fernández, quien mantiene desde hace años una relación profesional con Subirats. Esa experiencia fue uno de los factores que pesó al momento de definir quién conduciría la Subsecretaría encargada de la administración de los medios públicos.
En el Gobierno remarcaron que el nuevo subsecretario no tendrá participación en la comunicación política ni en la estrategia discursiva de la administración nacional. Su responsabilidad se concentrará en la administración y gestión de los medios públicos, el seguimiento presupuestario de las empresas estatales del sector y la implementación del proceso de reorganización que el Gobierno desarrolla desde el inicio de la gestión.
Entre las primeras tareas que tendrá Subirats figuran la continuidad del proceso de reducción del gasto, la revisión de estructuras administrativas y el avance de los proyectos para incorporar participación privada en áreas que actualmente dependen de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U., la empresa estatal que administra las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Cine.ar, además del portal Cine.ar Play y otras unidades dedicadas a la producción y distribución de contenidos audiovisuales. En ese marco, el foco estará puesto en la continuidad del proceso de reducción del gasto, retiros voluntarios, y en la implementación del esquema de reorganización previsto por el Gobierno.
La reorganización de ese sector forma parte del proceso más amplio de reforma del Estado impulsado por la administración libertaria. Desde fines de 2023, el Gobierno puso en marcha una política de reducción de estructuras, revisión de contratos y disminución del gasto en las empresas públicas. En el caso de los medios estatales, esa estrategia incluyó retiros, recortes y una reorganización administrativa orientada a reducir costos operativos.
Alcance de la nueva función y lineamientos oficiales
La llegada de Subirats representó una nueva etapa de ese proceso. En la Casa Rosada sostuvieron que el objetivo es consolidar una estructura más reducida, con menores costos de funcionamiento y con mayor participación del sector privado en actividades que no consideran estratégicas para el Estado.
Subirats llegó al cargo después de desempeñarse durante poco más de un año como director de Radio Nacional, responsabilidad que asumió en junio de 2025 tras la salida de Héctor Cavallero. Desde entonces estuvo al frente de una de las principales estructuras de Radio y Televisión Argentina, que reúne a la AM 870, FM Nacional Rock y las más de cien emisoras distribuidas en todo el país.
Su recorrido profesional está estrechamente vinculado al mundo de la radio. Es periodista, productor, docente universitario y psicólogo social. Antes de regresar a Radio Nacional ocupó cargos ejecutivos en Alpha Media Group, donde fue gerente periodístico entre 2019 y 2025 y gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia. También integró equipos periodísticos y de gestión en Radio Mitre, Radio Continental y el diario El Cordillerano.
No fue la primera vez que ocupó un cargo jerárquico dentro del sistema de medios públicos. Durante la administración de Mauricio Macri fue subdirector de Radio Nacional entre junio y diciembre de 2018 y luego director ejecutivo hasta fines de 2019, experiencia que el Gobierno volvió a poner en valor para conducir la gestión integral del área.
En el oficialismo destacaron ese perfil. A diferencia de otros funcionarios vinculados a la comunicación gubernamental, Subirats fue convocado por su experiencia en la administración de medios y no por un rol asociado a la estrategia política. Su tarea se enfocará en la gestión cotidiana de las empresas públicas de comunicación, la ejecución presupuestaria, la reorganización administrativa y la implementación de los cambios estructurales que el Gobierno proyecta para el sector.
Con esa definición, la Secretaría de Comunicación y Medios consolidó un esquema de funcionamiento en el que la administración de los medios públicos queda separada de la comunicación política del Poder Ejecutivo. Mientras la estrategia comunicacional continuará desarrollándose por los canales específicos de la Presidencia, la nueva Subsecretaría se concentrará en la gestión, el ordenamiento de las empresas estatales del sector y la continuidad del plan de reforma impulsado por el Gobierno.
POLITICA
El vocero de Milei dijo que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1800 en los próximos meses
El vocero presidencial, Adrián Ravier, evaluó que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses. Últimamente el tipo de cambio se movió entre los $1400 y $1500. “La estabilidad cambiaria está muy clara, yo no me preocupo por ese lado”, sostuvo anoche en La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en el streaming oficialista Carajo.
Indicó que podría haber “una corrección mínima”, que no implicaría la duplicación del tipo de cambio ni la consecuente caída de los ingresos: “Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad”, afirmó.
El funcionario expresó este escenario ante la pregunta de Parisini acerca de si la economía llegará “holgada” de cara a las elecciones de 2027, en las que el presidente Javier Milei buscará su reelección. El vocero respondió que “llegamos bien”: con un crecimiento económico positivo; inversiones a raíz del RIGI; inflación, pobreza e indigencia a la baja; y equilibrio fiscal.
“Los shocks externos siempre son de temer –admitió–, pero el Gobierno ha hecho todo para alcanzar una solidez macro”. Y descartó: “No hay ninguna posibilidad de un escenario [Mauricio] Macri 2019, donde los pasivos remunerados –las Lebac– empezaron a generar una crisis cambiaria”.
A un mes de asumir como vocero, Ravier acumula una serie de traspiés en su nuevo rol. Esta semana se equivocó al leer una respuesta que tenía escrita durante la conferencia de prensa que realiza los martes.
Ante una consulta sobre la exploración extranjera en Malvinas, el funcionario comenzó a leer una respuesta que hacía referencia a la presentación de una nota de protesta a la embajada del Reino Unido, y reculó: “Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo que chequeo esto. Esta es”, lamentó, y leyó los nuevos papeles, en los que expresó su rechazo a la decisión de inversión de las “ilegítimas” licenciatarias británica e israelí para el desarrollo de yacimientos en Malvinas sin contar con los permisos de la Argentina.
Ante una repregunta, respondió: “Esto es lo que sé en este momento sobre este tema, tendríamos que profundizar con Cancillería. En este momento no tengo más información. Es un tema muy específico que en este momento no puedo responder”. Así finalizó la conferencia.
Conforme a
POLITICA
Qué piensan los argentinos sobre la política: una encuesta analizó la representación, las instituciones y el liderazgo
Una encuesta de Zeta Consultora reveló que la mayoría de los argentinos prioriza la gestión eficaz y la honestidad en los líderes políticos. Al mismo tiempo, se observa un descontento con la capacidad de los partidos para representar sus intereses. El estudio también muestra que la figura de la “casta” política sigue en debate y que la sociedad demanda mayor participación ciudadana.
El estudio consultó sobre la representación política. La mayoría de los encuestados respondió que los partidos políticos muestran una capacidad de representación menor que en el pasado. Esta percepción se mantiene, aunque los consultados diferencian entre la política como actividad y los actores que la encarnan. Según los resultados, si surgiera un dirigente capaz de representar intereses reales, la confianza podría recuperarse.
El sondeo también abordó el debate sobre la “casta” política. La encuesta reflejó que, a pesar de la incorporación de dirigentes tradicionales en el gobierno, los ciudadanos siguen valorando la imagen de quienes se presentan como ajenos a la estructura política tradicional. El presidente Javier Milei aparece como figura central en este fenómeno.
Capacidad de gestión y honestidad: las prioridades de la sociedad
La encuesta preguntó a los participantes cuáles son las características más importantes en un líder político. El 41% seleccionó la gestión como el atributo fundamental, seguido por la honestidad, elegida por el 40%. La claridad en las ideas obtuvo el 15%, mientras que la capacidad de comunicación y el carisma fueron menos relevantes.
Los datos muestran que la sociedad argentina busca que sus dirigentes resuelvan problemas concretos y actúen con transparencia. Entre los comentarios recogidos, muchos ciudadanos expresaron que pueden tolerar errores en la administración, pero no situaciones vinculadas a la corrupción o el desvío de fondos públicos.
El relevamiento permitió elegir más de una opción, lo que indica que los participantes consideran necesario un equilibrio entre eficacia en la gestión y conducta ética. El pragmatismo y la transparencia ocupan así un lugar central en la demanda social.
Representación y vínculos con la ciudadanía
El estudio de Zeta Consultora también preguntó si los dirigentes pueden comunicarse directamente con la ciudadanía sin intermediarios. El 44% de los encuestados respondió afirmativamente y el 22% parcialmente. Siete de cada diez consideran posible una relación directa, facilitada por el uso de redes sociales y nuevas formas de interacción.
Otra pregunta indagó sobre la institución que mejor representa las preocupaciones ciudadanas. El 40% eligió a las organizaciones sociales en sentido amplio, mientras el 30% afirmó que ninguna institución cumple ese rol. Los municipios y los partidos políticos quedaron por debajo, y el Congreso fue la opción menos mencionada.
Este panorama muestra un distanciamiento entre la ciudadanía y la política formal. Los municipios aparecen como el espacio más cercano, aunque la posibilidad de contacto directo varía según el tamaño de la localidad.
Participación social, instituciones y acuerdos políticos
Al mismo tiempo, la encuesta consultó a los participantes sobre las necesidades más urgentes para mejorar el país en el futuro. El 54,8% destacó la necesidad de mayor participación ciudadana. Esta opción incluye la actuación en diferentes sectores sociales, no limitada a la militancia partidaria.
El fortalecimiento de las instituciones ocupó el segundo lugar, con el 23% de las respuestas. La justicia figura como ejemplo de institución identificada por los encuestados. Solo el 16% consideró prioritario alcanzar más acuerdos políticos, lo que refleja un bajo nivel de valoración del consenso en la sociedad argentina.
La demanda de participación y el llamado a instituciones fuertes muestran la preocupación de la ciudadanía por la calidad del sistema democrático. La confianza en los partidos y el Congreso permanece baja, mientras crecen las expectativas sobre el rol de actores sociales y municipales.
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