POLITICA
Los veedores del Gobierno fueron a la AFA y a la Superliga para iniciar el control de los balances y contratos millonarios del fútbol argentino
El Gobierno puso en marcha este miércoles el proceso de control sobre los balances y contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentaron formalmente esta tarde en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir acceso a documentación societaria, contable y administrativa, según pudo confirmar Infobae. Esta acción se enmarcó en las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de fiscalizar entidades civiles.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, llegaron cerca de las 13 para activar el proceso de veedurías, que tiene una duración de 180 días hábiles. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.
El Ministerio de Justicia sostiene que la medida no constituye una intervención formal sobre la AFA, sino una veeduría administrativa orientada a garantizar el acceso a la información y a verificar el funcionamiento de las entidades involucradas. Sin embargo, en el ámbito del fútbol, la decisión es interpretada como un movimiento de impacto político considerable sobre la conducción de la asociación presidida por Claudio Tapia.
El plan de trabajo de los veedores comenzó pasado el mediodía con la presencia de los enviados del Gobierno. Ambos tenían como tarea presentar un pedido formal de exhibición de documentación vinculada a los estados contables, contratos comerciales y movimientos societarios tanto de la AFA como de la Superliga. La investigación se centra en operaciones económicas y estructuras administrativas bajo observación de la IGJ desde hace varios meses.
Sin embargo, una vez que se acercaron a la puerta del edificio que está ubicado en la calle Viamonte, los veedores se encontraron con que no había nadie para recibirlos en la sede. Por eso decidieron dejar una nota en la puerta que manifiesta que se hicieron presentes en el día de la fecha.
La ofensiva oficial tiene antecedentes directos. En marzo, durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, el Ministerio de Justicia avanzó con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA y de la Superliga, una decisión que generó un inmediato rechazo de la conducción del fútbol argentino. En aquel momento, el Gobierno argumentó que existían inconsistencias e irregularidades que justificaban la presencia de representantes estatales dentro de las entidades deportivas para monitorear su funcionamiento.
La investigación se desarrolló en paralelo con distintas denuncias vinculadas a movimientos financieros internacionales, transferencias de dinero y contratos comerciales celebrados por la conducción de la AFA. Parte de esas sospechas también quedaron reflejadas en expedientes judiciales impulsados por organismos nacionales y en informes que comenzaron a circular dentro del propio Gobierno.
En ese contexto, uno de los episodios que complejizó el proceso fue la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien había sido designado originalmente como veedor junto al contador Miguel Pappacena durante la gestión de Vítolo al frente de la IGJ.
Tras la salida de Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el nuevo esquema mantuvo las veedurías ya dispuestas sobre la AFA y la Superliga. Sin embargo, Ortiz de Marco decidió finalmente no asumir el cargo, una situación que obligó al Gobierno a designar un reemplazante para sostener el operativo de fiscalización.
Fue entonces cuando el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento del abogado Diego Coste, quien quedó incorporado al esquema definitivo de control junto a Miguel Pappacena. Ambos serán los encargados de encabezar desde este miércoles el acceso y relevamiento de información dentro de las sedes de las entidades.
La resolución que dispuso las veedurías estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de las tareas de fiscalización. Durante ese período, los enviados del Ministerio de Justicia podrán requerir documentación, verificar registros administrativos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional y financiero de las sociedades involucradas.
Debate por los domicilios legales y la competencia de control
Uno de los puntos sensibles del proceso está vinculado con las sedes y domicilios legales de la AFA. La histórica sede de la asociación se encuentra en la calle Viamonte 1366, en el barrio porteño de San Nicolás, edificio que durante décadas funcionó como epicentro político y administrativo del fútbol argentino. Sin embargo, la conducción de la AFA avanzó en los últimos años con el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, en su sitio oficial, la AFA informa como sede social el domicilio de Mercedes 1366, en Pilar, provincia de Buenos Aires. A su vez, también figura el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado sobre la Autopista Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza, como otro de sus centros operativos y administrativos.
La discusión sobre esos domicilios adquirió relevancia dentro de las investigaciones impulsadas por la IGJ porque la conducción de la AFA sostiene que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional. Esa postura derivó en un conflicto de competencia con el Gobierno nacional, que igualmente avanzó con las veedurías y con distintas inspecciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la entidad.
La sede de la Superliga, en tanto, se encuentra ubicada en Olga Cossettini 771, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también se presentarán este miércoles los enviados del Ministerio de Justicia para iniciar formalmente el pedido de documentación y el relevamiento administrativo.
En el Gobierno sostienen que la medida se enmarca dentro de las facultades de fiscalización de la IGJ y remarcan que el objetivo es determinar si existieron irregularidades societarias o incumplimientos vinculados a normas de administración y control. La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Justicia en coordinación con áreas técnicas del organismo de control.
La disputa con la AFA también se produce en medio de un clima de máxima tensión entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. El vínculo entre el Gobierno y Tapia se deterioró progresivamente a partir de distintos episodios políticos y judiciales, incluyendo investigaciones sobre presuntos manejos financieros, cuestionamientos a contratos internacionales y denuncias vinculadas con la estructura económica de la asociación.
Dentro de ese escenario aparecen además investigaciones sobre operaciones vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la Selección Argentina y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. En distintos expedientes y reportes oficiales comenzaron a analizarse transferencias millonarias, circuitos financieros y vínculos comerciales que despertaron sospechas en organismos estatales.
El clima de confrontación se profundizó todavía más luego de las denuncias impulsadas por ARCA, que presentó acusaciones penales tributarias relacionadas con presuntas irregularidades en retenciones y aportes de seguridad social. Esas actuaciones derivaron en expedientes que quedaron radicados en la Justicia Penal Económica.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene un fuerte componente político y aseguran que existe una presión creciente sobre la conducción del fútbol argentino. Cerca de la AFA sostienen que las medidas impulsadas por el Gobierno exceden una mera fiscalización administrativa y forman parte de una disputa más amplia por el control institucional y económico del negocio del fútbol.
Aun así, en el Ministerio de Justicia insisten en que la presencia de los veedores busca únicamente garantizar transparencia y acceso a la información. Bajo esa lógica, el operativo previsto para este miércoles constituye el inicio formal de las tareas de relevamiento dentro de las entidades investigadas.
La expectativa oficial está puesta ahora en el grado de colaboración que encuentren los enviados del Gobierno al momento de requerir documentación. En función de eso, los veedores comenzarán a elaborar los primeros informes técnicos sobre balances, contratos y estructuras administrativas de la AFA y la Superliga.
La escena tendrá además un fuerte peso político. La llegada de representantes del Ministerio de Justicia a las distintas sedes vinculadas con la AFA simboliza el desembarco formal del Estado nacional dentro de una estructura históricamente celosa de su autonomía y acostumbrada a resistir controles externos.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en los documentos que logren relevar los veedores y en las conclusiones preliminares que puedan surgir de ese análisis. En la Casa Rosada consideran que el proceso recién empieza y que la investigación sobre el funcionamiento financiero y societario del fútbol argentino ingresó en una etapa decisiva.
POLITICA
El embajador en EEUU encabezó un acto para recordar a las víctimas del ataque a la AMIA que ejecutó Hezbollah
(Desde Washington, Estados Unidos) El Instituto de la Paz Donald Trump fue escenario de un emotivo homenaje a las 85 víctimas del ataque a la AMIA, perpetrado por Hezbollah bajo las órdenes directas de Irán. El atentado fundamentalista sucedió el 18 de julio de 1992, y aún continúa impune por la resistencia del régimen chiíta a someterse a la justicia federal de la Argentina.
Daniel Pomeranz es sobreviviente del ataque a la mutual judía, y en la actualidad es director ejecutivo de la AMIA. Tras su discurso, Pomeranz propuso un minuto silencio al auditorio, que se puso de pie en solemne ceremonia.
Todos los invitados especiales levantaron los retratos de las víctimas del acto terrorista, que se planificó en Teherán y se ejecutó en la calle Pasteur de Buenos Aires. Ese día murieron 85 inocentes, que aún exigen juicio a los culpables.
Antes de Pomeranz, al comienzo de la ceremonia, Alec Oxenford -embajador argentino en Estados Unidos- pronunció un discurso que rescató el papel de la Corte Suprema en la causa AMIA y las decisiones políticas que asumió Javier Milei contra el terrorismo internacional.
En primera fila escucharon con atención Gregory LoGerfo -coordinador para el Contraterrorismo del Departamento de Estado-, Reed Rubistein -asesor legal del Departamento de Estado-, Osvaldo Armoza -presidente de la AMIA-, Daniel Pomeranz -director ejecutivo de la AMIA- y Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para la Lucha contra el Antisemitismo.
“En 2024, el tribunal penal más alto de Argentina declaró a la República Islámica de Irán responsable de ordenar el ataque, y declaró el atentado como un crimen de lesa humanidad. Fue planeado por el régimen iraní y llevado a cabo por Hezbolláh, su brazo terrorista. Decir esto no es un gesto retórico. Es una condición de la verdad, y después de treinta años de silencio, evasión y encubrimiento, la verdad misma es una forma de justicia”, sostuvo Oxenford.
Y completó:
“Pero la verdad no es suficiente, y Argentina ha dejado de pretender que lo es. En 2025, nuestro Congreso aprobó una ley que permite que los juicios procedan en ausencia, de modo que los fugitivos ya no puedan escapar al juicio simplemente negándose a comparecer. Sobre esa base, un tribunal argentino ha ordenado ahora que los diez acusados sean sometidos a juicio: hombres que han vivido bajo notificaciones rojas de Interpol desde 2006, y que han viajado por el mundo con impunidad durante demasiado tiempo. Argentina le pide al mundo algo concreto: que estas notificaciones signifiquen lo que dicen, que estos fugitivos no encuentren un puerto seguro, y que ningún gobierno trate el asesinato de ochenta y cinco personas como una inconveniencia diplomática que debe ser gestionada. La impunidad no es un hecho neutral”.
Javier Milei y Donald Trump tienen afecto personal y sintonía política.Los dos presidentes comparten la agenda respecto a la lucha contra el terrorismo, que en la actualidad es protagonizado por Irán y sus proxies Hezbollah, Hamas y los Huties.
En este sentido, la administración republicana participó a pleno con sus representantes LoGerfo, Rubistein y Kaploun, que en sus discursos explicitaron la relación estratégica que existe entre Buenos Aires y Washington.
“Bajo el Presidente Trump, las cosas han cambiado. Con su dirección, los Estados Unidos han tomado y están tomando medidas decisivas y sin precedentes para combatir el antisemitismo”, afirmó Rubistein, consejero legal del Departamento de Estado.
Y añadió:
Argentina es y ha sido un socio crítico en este esfuerzo. El antisemitismo es un flagelo global que requiere una respuesta global para identificar, rastrear y, en última instancia, derrotar a las redes, organizaciones y estados que lo financian, organizan y apoyan. Argentina, Embajador (por Oxenford), bajo el liderazgo de su gran Presidente Javier Milei, ha demostrado su compromiso con este objetivo». Ha sido un oponente vocal y eficaz del antisemitismo dondequiera que surja».
En la ceremonia de tributo a las víctimas del ataque terrorista, la AMIA fue representada por Osvaldo Armoza, Daniel Pomeranz y Mario Sobol.
“Treinta y dos años después, el crimen sigue impune. No hay un solo condenado. La justicia argentina señaló a Irán como responsable y a Hezbolá como ejecutor material. Existen circulares rojas de Interpol y acusaciones formales. Sin embargo, ninguno de los señalados fue extraditado ni llevado ante un tribunal», advirtió Armoza.
Y cerró:
“La impunidad no es solamente ausencia de castigo. Es también un mensaje peligroso: que el terrorismo puede actuar sin consecuencias. Esa impunidad constituye, en sí misma, una segunda agresión contra las víctimas y sus familiares. Sin justicia, el atentado se sigue repitiendo cada día».
Ya pasaron casi 32 años del ataque terrorista, y sus responsables continúan impunes.
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POLITICA
El tenso cruce entre un diputado libertario y Victoria Donda por el Ni Una Menos: ”No hablo con este señor que nos trata de pelotu…“
La extitular del Inadi y Parlamentaria del Mercosur, Victoria Donda, protagonizó este miércoles un tenso cruce con el diputado por Jujuy de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar. El disparador del intercambio fue la postura del gobierno de Javier Milei respecto a las políticas de violencia de género en el marco del femicidio de la adolescente cordobesa de 14 años, Agostina Vega.
“¿Por qué hubo tantas críticas al Presidente durante la última marcha del Ni Una Menos?“, fue la pregunta que inauguró la discusión.
“Primero quiero manifestar mi solidaridad con la familia de Agostina. Lo que pasó es terrible. No estoy compenetrado en la causa, pero creo que por lo menos tenemos que manifestar nuestra solidaridad y estar a disposición de su familia», esbozó Quintar.
Luego, agregó: “Respecto a la marcha, hoy, una vez más todo el kirchnerismo o la rancia política aprovechó para caranchear una causa noble, como es la defensa de los derechos de las mujeres».
“Esta miseria política también pasó cuando se habló del financiamiento a las universidades, al área de discapacidad y a los jubilados”, resaltó el legislador jujeño en el programa A dos voces, emitido por la señal TN.
“Por eso, todo esto deslegitimó la marcha, que era genuina y en la que todos coincidimos. Pero la política rancia del kirchnerismo la usa y descontextualiza”, agregó Quintar respecto a la masiva movilización que tuvo lugar este miércoles en las afueras del Congreso y que se replicó en diferentes puntos del país. El lema que acompañó al reclamo fue “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.
En palabras del diputado que ganó popularidad por ser propietario de un Tesla Cybertruck, “lo que pasó con Agostina fue utilizado para criticar al gobierno nacional cuando se trata de una cuestión provincial”.
En ese sentido, profundizó: “En el kirchnerismo se pintan la cara en favor de las mujeres y en contra de los delincuentes, cuando votaron en contra de la ley de baja imputabilidad, en contra de la ley de banco de datos genético de violadores, en contra del régimen de salidas transitorias y en contra de la reiterancia delictiva”.
“Entonces hay una hipocresía. Se rasgan las vestiduras por la mano dura y después son exactamente todo lo contrario”, remató Quintar.
Haciendo gestos de incomprensión y con una imagen de la adolescente cordobesa asesinada sobre su pecho, Donda tomó la palabra. “Responder acusaciones mentirosas es realmente difícil. Nunca hubo una ley que elimine la prisión efectiva de los violadores. Así que difícilmente alguien pudo haber votado en contra de eso”, señaló.
“Y el resto de las leyes mencionadas son de características generales y que modifican artículos del Código Penal y del Código Procesal. Así que no me voy a poner a discutir en esos puntos”, resaltó la exfuncionaria K.
Luego, con algo de sorna, Donda desmereció a Quintar y, mirando a los conductores del programa, apuntó: “Insisto, no me voy a poner a discutir con… ¿Cómo era tu nombre? Solo te recuerdo por el Tesla, porque no sé tu apellido“.
“Es muy difícil responderle en este momento donde tenemos tanta bronca y tanto dolor”, insistió la extitular del Inadi, y mencionó: “El gobierno de Milei empezó cerrando el ministerio de las Mujeres, hablando en contra de la supuesta ideología de género. Luego hicieron un recorte de presupuesto brutal sobre la línea 144, que es la línea para ayudar a mujeres en situación de violencia”.
“Por eso que este señor nos venga a decir que defienden a las mujeres, ¿a qué mujeres defienden?“, inquirió la Parlamentaria.
Acto seguido, Quintar quiso argumentar pero Donda no se lo permitió. “No, no. A vos no te quiero hablar. No voy a intercambiar con un señor que nos trata de pelotu…“, resaltó, y agregó: ”Cuando yo termine de hablar vos podés seguir mintiendo todo lo que quieras“.
En palabras de Donda, “las mujeres estamos en riesgo por hijos de p… que impulsan los proyectos de ley como las falsas denuncias para que no denunciemos la violencia. El peso de la ley tiene que ser claro”.
Una vez que el legislador de LLA consiguió retomar la iniciativa, devolvió: “En tu Gobierno [en alusión a la gestión de Alberto Fernández] hubo más femicidios que ahora: los paladines de cuidar a las mujeres”.
“Coincido en que tiene que caer el peso de la ley en todos los casos. Pero cuando tu Presidente fajaba a la mujer no escuché a ningún kirchnerista duro que se exprese en contra”, sumó el representante libertario de la Cámara baja.
“Bueno, no sé”, trastabilló Donda. “Yo creo que hablo por lo que yo sé. Si fue así, la Justicia tiene que caer conta el expresidente Alberto Fernández”, apuntó.
“Entonces, ¿vos lo condenás?“, le consultó Quintar. ”Sí“, respondió Donda. ”Me parece muy bien“, cerró el legislador libertario.
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POLITICA
Video: un concejal de San Isidro le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones
Las imágenes son elocuentes e indignantes. El concejal -entonces electo- Alberto Montes entra en una oficina de la dirección de Tránsito de San Isidro y le toca la cola a una compañera, que estaba de espalda. La mujer reacciona de manera inmediata, con un puñetazo sobre la cara. Ahora, el funcionario acordó en la Justicia un pago de 12 millones de pesos en cuotas y, ante la consulta de TN, buscó mininizar la situación: “Fue un chiste”.
Alberto Montes recién había ganado las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza. El 10 de diciembre de ese año asumió la banca. Entonces, la excompañera víctima del acoso lo denunció en la Justicia. La causa avanzó en el fuero civil y en el penal.
El video y el pago en cuotas
En noviembre de 2023, semanas antes de asumir su banca por La Libertad Avanza, Montes era inspector de tránsito en San Isidro. También trabajaba como bombero. Una cámara de seguridad de la dependencia municipal de Boulogne registró la escena: ingresó y le tocó la cola a una compañera de trabajo sin su consentimiento.
El hecho terminó en la Justicia con dos causas. En la penal, le rechazaron un pedido de sobreseimiento. La causa 6673 está caratulada Montes Alberto Antonio S/Abuso sexual en el Juzgado Correccional Número 5. Ingresó a la Sala 2 cuando Montes apeló a la denegatoria del sobreseimiento.
En el fuero civil, el concejal pactó un resarcimiento económico de 12 millones de pesos para la víctima, a pagar en seis cuotas (una de 3 millones, 2 de 2 millones y 5 de 1 millón).
El escándalo estalló ahora porque Montes se habría atrasado con los pagos, el juzgado lo intimó y la trastienda del acuerdo se hizo pública.
Según pudo saber TN, la denunciante -se preserva su identidad- fue a firmar el acuerdo el 14 de mayo. “Montes pensaba que con el arreglo económico iba a quedar todo ahí, pero no es así porque avanza la causa penal y en octubre se va a un juicio oral”, confió a este medio un allegado al caso.
La pelea por la destitución
La oposición en el Concejo Deliberante sospecha que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local.
Actualmente, su sueldo neto, de bolsillo, es de 2 millones de pesos y, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, no puede tener otra actividad comercial, salvo que renuncie a la dieta.
La concejal de Fuerza Patria Estefanía Rivadulla señaló: “Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí. No podemos hablar de transparencia, de valores y de respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a toda la comunidad. La política no puede convertirse en un refugio de impunidad”.
El bloque peronista busca la remoción de Montes, pero no cuenta con los votos necesarios. “Para tratarlo rápido sobre tablas no nos dan los números; el oficialismo de Ramón Lanús y sus aliados tienen 14 de los 24 concejales”, indicó Rivadulla.
Qué dijo el concejal acusado
TN se comunicó con Montes, pero el concejal no aceptó preguntas. Solo expuso: “Entre la denunciante y yo hubo un pedido de disculpas y de acuerdo. El hecho, que lo que intentó ser un chiste, derivó en una denuncia promovida y difundida por la política porque yo era candidato a concejal. El acuerdo arribado entre las partes y con fiscalía y defensoría, aceptando el mismo, fue cumplido y se está a la espera de que la justicia lo homologue».
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