POLITICA
Los veedores del Gobierno fueron a la AFA y a la Superliga para iniciar el control de los balances y contratos millonarios del fútbol argentino
El Gobierno puso en marcha este miércoles el proceso de control sobre los balances y contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentaron formalmente esta tarde en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir acceso a documentación societaria, contable y administrativa, según pudo confirmar Infobae. Esta acción se enmarcó en las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de fiscalizar entidades civiles.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, llegaron cerca de las 13 para activar el proceso de veedurías, que tiene una duración de 180 días hábiles. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.
El Ministerio de Justicia sostiene que la medida no constituye una intervención formal sobre la AFA, sino una veeduría administrativa orientada a garantizar el acceso a la información y a verificar el funcionamiento de las entidades involucradas. Sin embargo, en el ámbito del fútbol, la decisión es interpretada como un movimiento de impacto político considerable sobre la conducción de la asociación presidida por Claudio Tapia.
El plan de trabajo de los veedores comenzó pasado el mediodía con la presencia de los enviados del Gobierno. Ambos tenían como tarea presentar un pedido formal de exhibición de documentación vinculada a los estados contables, contratos comerciales y movimientos societarios tanto de la AFA como de la Superliga. La investigación se centra en operaciones económicas y estructuras administrativas bajo observación de la IGJ desde hace varios meses.
Sin embargo, una vez que se acercaron a la puerta del edificio que está ubicado en la calle Viamonte, los veedores se encontraron con que no había nadie para recibirlos en la sede. Por eso decidieron dejar una nota en la puerta que manifiesta que se hicieron presentes en el día de la fecha.
La ofensiva oficial tiene antecedentes directos. En marzo, durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, el Ministerio de Justicia avanzó con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA y de la Superliga, una decisión que generó un inmediato rechazo de la conducción del fútbol argentino. En aquel momento, el Gobierno argumentó que existían inconsistencias e irregularidades que justificaban la presencia de representantes estatales dentro de las entidades deportivas para monitorear su funcionamiento.
La investigación se desarrolló en paralelo con distintas denuncias vinculadas a movimientos financieros internacionales, transferencias de dinero y contratos comerciales celebrados por la conducción de la AFA. Parte de esas sospechas también quedaron reflejadas en expedientes judiciales impulsados por organismos nacionales y en informes que comenzaron a circular dentro del propio Gobierno.
En ese contexto, uno de los episodios que complejizó el proceso fue la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien había sido designado originalmente como veedor junto al contador Miguel Pappacena durante la gestión de Vítolo al frente de la IGJ.
Tras la salida de Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el nuevo esquema mantuvo las veedurías ya dispuestas sobre la AFA y la Superliga. Sin embargo, Ortiz de Marco decidió finalmente no asumir el cargo, una situación que obligó al Gobierno a designar un reemplazante para sostener el operativo de fiscalización.
Fue entonces cuando el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento del abogado Diego Coste, quien quedó incorporado al esquema definitivo de control junto a Miguel Pappacena. Ambos serán los encargados de encabezar desde este miércoles el acceso y relevamiento de información dentro de las sedes de las entidades.
La resolución que dispuso las veedurías estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de las tareas de fiscalización. Durante ese período, los enviados del Ministerio de Justicia podrán requerir documentación, verificar registros administrativos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional y financiero de las sociedades involucradas.
Debate por los domicilios legales y la competencia de control
Uno de los puntos sensibles del proceso está vinculado con las sedes y domicilios legales de la AFA. La histórica sede de la asociación se encuentra en la calle Viamonte 1366, en el barrio porteño de San Nicolás, edificio que durante décadas funcionó como epicentro político y administrativo del fútbol argentino. Sin embargo, la conducción de la AFA avanzó en los últimos años con el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, en su sitio oficial, la AFA informa como sede social el domicilio de Mercedes 1366, en Pilar, provincia de Buenos Aires. A su vez, también figura el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado sobre la Autopista Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza, como otro de sus centros operativos y administrativos.
La discusión sobre esos domicilios adquirió relevancia dentro de las investigaciones impulsadas por la IGJ porque la conducción de la AFA sostiene que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional. Esa postura derivó en un conflicto de competencia con el Gobierno nacional, que igualmente avanzó con las veedurías y con distintas inspecciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la entidad.
La sede de la Superliga, en tanto, se encuentra ubicada en Olga Cossettini 771, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también se presentarán este miércoles los enviados del Ministerio de Justicia para iniciar formalmente el pedido de documentación y el relevamiento administrativo.
En el Gobierno sostienen que la medida se enmarca dentro de las facultades de fiscalización de la IGJ y remarcan que el objetivo es determinar si existieron irregularidades societarias o incumplimientos vinculados a normas de administración y control. La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Justicia en coordinación con áreas técnicas del organismo de control.
La disputa con la AFA también se produce en medio de un clima de máxima tensión entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. El vínculo entre el Gobierno y Tapia se deterioró progresivamente a partir de distintos episodios políticos y judiciales, incluyendo investigaciones sobre presuntos manejos financieros, cuestionamientos a contratos internacionales y denuncias vinculadas con la estructura económica de la asociación.
Dentro de ese escenario aparecen además investigaciones sobre operaciones vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la Selección Argentina y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. En distintos expedientes y reportes oficiales comenzaron a analizarse transferencias millonarias, circuitos financieros y vínculos comerciales que despertaron sospechas en organismos estatales.
El clima de confrontación se profundizó todavía más luego de las denuncias impulsadas por ARCA, que presentó acusaciones penales tributarias relacionadas con presuntas irregularidades en retenciones y aportes de seguridad social. Esas actuaciones derivaron en expedientes que quedaron radicados en la Justicia Penal Económica.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene un fuerte componente político y aseguran que existe una presión creciente sobre la conducción del fútbol argentino. Cerca de la AFA sostienen que las medidas impulsadas por el Gobierno exceden una mera fiscalización administrativa y forman parte de una disputa más amplia por el control institucional y económico del negocio del fútbol.
Aun así, en el Ministerio de Justicia insisten en que la presencia de los veedores busca únicamente garantizar transparencia y acceso a la información. Bajo esa lógica, el operativo previsto para este miércoles constituye el inicio formal de las tareas de relevamiento dentro de las entidades investigadas.
La expectativa oficial está puesta ahora en el grado de colaboración que encuentren los enviados del Gobierno al momento de requerir documentación. En función de eso, los veedores comenzarán a elaborar los primeros informes técnicos sobre balances, contratos y estructuras administrativas de la AFA y la Superliga.
La escena tendrá además un fuerte peso político. La llegada de representantes del Ministerio de Justicia a las distintas sedes vinculadas con la AFA simboliza el desembarco formal del Estado nacional dentro de una estructura históricamente celosa de su autonomía y acostumbrada a resistir controles externos.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en los documentos que logren relevar los veedores y en las conclusiones preliminares que puedan surgir de ese análisis. En la Casa Rosada consideran que el proceso recién empieza y que la investigación sobre el funcionamiento financiero y societario del fútbol argentino ingresó en una etapa decisiva.
POLITICA
En medio de la tensión con el Gobierno por el caso Adorni, Mauricio Macri encabezará un acto en la provincia de Buenos Aires
En los últimos días, el PRO volvió a levantar el perfil y a marcar diferencias con el Gobierno nacional. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, endureció la postura del partido fundado por Mauricio Macri, que en reiteradas oportunidades le reclamó al presidente Javier Milei que apartara al funcionario de su cargo.
Al mismo tiempo, quien fuera el principal aliado del Gobierno en los primeros dos años de gestión continúa con la estrategia de reposicionarse en el tablero político nacional, con el objetivo de llegar con mayor poder de fuego a las elecciones del 2027. Al frente de ese proceso está Macri, que desde hace meses está de gira por todo el país.
Luego de visitar el interior del país y participar días atrás de la Convención anual de la Cámara de la Construcción, el expresidente volverá a encabezar un acto en la provincia de Buenos Aires. La cita será este viernes a las 18.30, en Mar del Plata, donde se espera un gran despliegue con la presencia de los principales referentes del PRO.
El evento se hará en el complejo La Normandina y tendrá la lógica de los actos anteriores: tres paneles temáticos, identificados con las tres letras que dan nombre al partido. El primero será el “P”, que hará referencia a los principios del espacio: allí disertarán sobre la identidad y los valores del partido. Luego le seguirá el panel “R”, con foco en la realidad. Por último, el segmento más político de la jornada, el panel “O”, que hará referencia a la oportunidad que se le presenta al PRO.
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Además de Macri, entre los oradores confirmados están el presidente del PRO en la provincia y jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el senador provincial y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. También serán de la partida legisladores nacionales y provinciales, así como los intendentes.
La relación entre Macri y Milei
“Él quiso ayudar en su momento y le negaron esa colaboración”, explicó un referente de primera línea en el PRO. “No hay más relación ni diálogo entre Macri y el Ejecutivo”, sentenció otro dirigente cercano al expresidente.
Pese a que Macri supo tener una relación cercana con Milei, en el último tiempo se distanciaron. Pasaron de compartir almuerzos y cenas de milanesas a no saludarse en el último evento público que compartieron. Su último vínculo con el Gobierno fue a través del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, pero con su salida se terminó el contacto.
“No apoyamos al gobierno, lo acompañamos en el Congreso, en las leyes que consideramos que son buenas para el país y los argentinos”, aclaró otro referente del PRO respecto de la posición del partido. “Estamos apoyando una idea de cambio, un rumbo, no a un gobierno”, subrayó.
Pese a la presión sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el pedido para su salida del Ejecutivo, en el PRO no están pensando en cambiar de postura respecto del rumbo del Gobierno. “Esté Milei, o Macri, o quien sea, es este el camino correcto. No lo vamos a modificar por un irresponsable”, aseguraron.
La gira del “próximo paso”
Macri, como titular del PRO, busca que el espacio que ayudó a fundar hace 20 años recupere el protagonismo perdido. Por eso levantó el perfil y, además, se hicieron actos para recobrar la primera plana de la política.
El más grande fue en Parque Norte, con dirigentes de todo el país, y ahora la idea es llevar al PRO al interior. De alguna manera, es la continuidad de ese “próximo paso” que anunció Macri aquel mediodía de mediados de marzo.
El propio expresidente es quien lidera ese camino. Visitó Resistencia el 17 de abril para encabezar una actividad partidaria en el marco del fortalecimiento territorial del PRO a nivel nacional. Allí expresó su apoyo al Gobierno de Javier Milei, pero dejó abierta la chance de competir en 2027. “El cambio no está blindado. La única manera de no retroceder es avanzar. Y nos tenemos que preparar”, señaló.
En su discurso, el expresidente envió guiños a la gestión libertaria, al mismo tiempo que remarcó la identidad de su partido. “Nos decidimos a participar en política para llevar adelante un cambio profundo. El PRO plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina”, expresó.
El expresidente encabezó también un acto en Mendoza, como parte de la gira que lidera desde hace varios meses. Allí apuntó a la interna del Gobierno: “Los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro”.
PRO, Mauricio Macri, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
El Gobierno alistó la misión humanitaria que enviará a Venezuela para asistir a las víctimas del terremoto
El Ministerio de Defensa informó que ya tiene alistado personal militar especializado que se preparó para despegar hacia Venezuela para brindar asistencia humanitaria ante la emergencia provocada por los terremotos que devastaron al país caribeño. La operación se realizó en coordinación con la Cancillería Argentina y formó parte del dispositivo que el Gobierno nacional puso a disposición para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a la población afectada.
Según informó la cartera conducida por el teniente general Carlos Presti, el contingente contó con capacidades de búsqueda y rescate, binomios perro-guía y equipamiento específico para intervenir en zonas golpeadas por el desastre natural. El objetivo fue apoyar las tareas de localización de sobrevivientes, colaborar con los equipos que trabajaron en estructuras colapsadas y asistir a las familias damnificadas.
La información difundida este viernes actualizó el estado del operativo argentino: ya no se trató solo de una oferta de colaboración, sino de personal militar especializado que permaneció alistado y preparado para despegar hacia Venezuela. La asistencia se articuló con la Cancillería y con las áreas nacionales que intervinieron en situaciones de emergencia internacional.
El operativo argentino y los recursos ofrecidos
El despliegue previsto formó parte de la respuesta humanitaria que el presidente Javier Milei resolvió ofrecer al pueblo venezolano luego de los terremotos que sacudieron la costa norte del país. Según había informado el vocero presidencial Adrián Ravier, Venezuela atravesó “una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente”, tras dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia, que dejaron cientos de muertos, miles de desaparecidos y heridos y familias sin hogar.
Ante ese escenario, el Gobierno argentino puso a disposición un conjunto de recursos sanitarios, logísticos, militares y humanitarios. La nómina difundida por Ravier incluyó médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos, ambulancia, enfermeros y auxiliares; un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.
También ofreció dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate, con capacidad para intervenir en estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. A ese esquema se sumó el apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.
El paquete de ayuda humanitaria incluyó además 134 carpas y 48 kits de cocina, además de colchones, camillas y aires acondicionados. La administración nacional buscó que la asistencia fuera rápida, ordenada y eficaz, en coordinación entre las distintas áreas del Estado involucradas.
Coordinación militar y rol de la Armada Argentina
El ministro Presti también había anticipado que el Ministerio de Defensa mantenía alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para intervenir en la emergencia, en coordinación con la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y la Agencia Federal de Emergencias. En ese marco, precisó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, bajo coordinación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se encontraron a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados.
La Armada Argentina tendría un rol central en la primera etapa del despliegue. Según informó el Ministerio de Defensa, estaba previsto desplegar personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas. Esa capacidad resultó clave durante las primeras horas posteriores a un terremoto, cuando las tareas de búsqueda bajo escombros requirieron equipos entrenados, perros especializados y coordinación técnica con las autoridades locales.
El Gobierno destacó que las Fuerzas Armadas argentinas contaron con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos. La intervención prevista en Venezuela combinó recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea, potabilización de agua y apoyo a damnificados, en un contexto de emergencia regional que exigió respuesta inmediata.
Coordinación diplomática y próximos pasos
La decisión argentina tuvo además una dimensión diplomática. La coordinación con la Cancillería Argentina buscó ordenar el envío de la asistencia en función de los requerimientos del país afectado y de los canales internacionales habilitados para este tipo de emergencias. En situaciones de desastre natural, los despliegues humanitarios requirieron autorización, articulación logística y definición precisa de las capacidades que serían recibidas en el terreno.
En el mensaje difundido por el vocero presidencial, el Gobierno expresó que “la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas”, y reconoció el trabajo de quienes participaron en las tareas de rescate y protección de la población. La cartera de Defensa, en tanto, remarcó que sus hombres, mujeres y perros adiestrados se alistaron para acompañar al pueblo venezolano ante la tragedia.
Con el contingente militar ya preparado para despegar, la Casa Rosada esperó avanzar en las próximas horas con la coordinación final del operativo. La prioridad sería trasladar capacidades críticas para búsqueda y rescate, asistencia médica, apoyo logístico y abastecimiento básico en las zonas más afectadas por los terremotos.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado fue convocada para el próximo miércoles, cuando la oposición buscará emitir dictamen sobre el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En paralelo, el PRO insiste en que el funcionario presente el informe de gestión que debía exponer el 2 de julio y que fue suspendido por recomendación de la senadora Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista en la Cámara Alta.
Los bloques aliados y dialoguistas del Senado impulsan la interpelación de Manuel Adorni para que brinde las explicaciones que reclaman sobre las denuncias en su contra. En ese marco, la senadora salteña Flavia Royón sostuvo: “Concurra a dar las explicaciones que correspondan y avancemos con el tratamiento de los proyectos de ley. La sociedad espera que trabajemos, no que posterguemos los debates”.
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La posición también es compartida por el bloque de la UCR que conduce Eduardo Vischi, que considera necesario destrabar la actividad legislativa en el Senado. En la misma línea, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, ratificó su respaldo al pedido de interpelación contra Manuel Adorni: “Mantengo mi firme decisión de apoyar toda iniciativa que vaya en ese sentido”.
Desde Convicción Federal, la senadora Carolina Moisés también solicitó la presencia del ministro para que explique su situación judicial y se mostró “sorprendida” por la falta de quórum en el intento de sesionar de este jueves.
La Comisión de Asuntos Constitucionales
La Comisión de Asuntos Constitucionales es presidida por el fueguino Agustín Coto y cuenta con 19 integrantes. La vicepresidencia está a cargo de la justicialista Florencia López.
La Libertad Avanza tiene seis representantes, entre ellos Patricia Bullrich. Entre los aliados figuran los radicales Eduardo Vischi, Mariana Juri y Flavio Fama, además del correntino Carlos Espínola. También integran la comisión tres senadoras dialoguistas: Carolina Moisés (Convicción Federal), Beatriz Ávila (Independencia) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas). Los seis lugares restantes corresponden al bloque Justicialista.
Para alcanzar un dictamen de mayoría, la oposición necesitará al menos 10 firmas. En ese escenario, serán determinantes las posiciones de los senadores radicales, entre ellos Flavio Fama, y de los bloques dialoguistas. En La Libertad Avanza son conscientes de que, si el proyecto no obtiene dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la interpelación a Manuel Adorni no llegará al recinto.
La principal preocupación del oficialismo pasa por la postura que adopte el PRO, principal socio de los libertarios en la gestión, pero cada vez más distante de la Casa Rosada por la continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete.
El endurecimiento de los planteos del partido fundado por Mauricio Macri podría generar un efecto contagio en otros sectores cercanos a La Libertad Avanza, el espacio que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
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Los proyectos en discusión
El proyecto del senador Martín Goerling Lara consta de cuatro artículos y solicita la interpelación del jefe de Gabinete en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, con el objetivo de considerar una eventual moción de censura o remoción.
En el segundo artículo, la iniciativa pide que Manuel Adorni “brinde las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”.
Esos también son los argumentos centrales de la presentación del bloque Justicialista que conduce José Mayans. En los fundamentos, Goerling Lara sostiene que “esta citación no debe interpretarse en ninguna circunstancia como una maniobra de obstrucción política” y vincula el pedido con los principios que dieron origen al PRO: el “respeto absoluto a la República, la transparencia en la gestión del Estado y la rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía”.
La presentación del Justicialismo
La bancada que conduce José Mayans presentó hace dos semanas un proyecto de interpelación al jefe de Gabinete por “las graves inconsistencias patrimoniales y las irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA)”, según señalaron los firmantes de la iniciativa.
En el texto, los senadores Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Marino, Martín Soria, Cándida López, Carlos Linares y Ana Marks, entre otros, sostuvieron que Manuel Adorni puede ser interpelado para tratar una eventual moción de censura, “por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras”, y removido “por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.
Ese punto abrió una de las principales diferencias entre la oposición y La Libertad Avanza, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Para el oficialismo, si el proyecto no obtiene dictamen de comisión, la oposición deberá reunir una mayoría de dos tercios del cuerpo para habilitar su tratamiento en el recinto.
Manuel Adorni, Senado
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