POLITICA
La nueva dinámica para los periodistas acreditados en la Casa Rosada: una semana con más restricciones y controles

Después que bloqueara durante once días el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, con el argumento de que debía el Gobierno reabrió la última semana la reapertura de la sala de prensa.
De todos modos, el Poder Ejecutivo estableció más controles a los cronistas para tomar imágenes y circular en el interior de la sede gubernamental. El presidente Javier Milei había dispuesto el cierre de la sala con el argumento de que debía investigar un presunto espionaje.
Desde el lunes último, los periodistas que concurren a diario a la Casa Rosada para cubrir la actividad oficial en los ingresos al lugar lidian con una nueva dinámica. Hay más controles de seguridad en los ingresos y se establecieron una serie de disposiciones que restringen fuertemente la posibilidad de circulación.
La sala de prensa estuvo cerrada entre el 23 de abril y el 3 de mayo, algo inédito en democracia. En ese lapso de tiempo, las autoridades colocaron cámaras en distintos pasillos y modificaron el lugar de ingreso para la prensa.
El Gobierno argumenta que las nuevas restricciones “están justificados” tras la denuncia penal contra dos periodistas de TN por presunto espionaje, luego de conocerse en ese medio filmaciones con anteojos inteligentes de los pasillos de la Casa Rosada.
Es este último punto en el que se apoyan, sobre todo, en el seno del Gobierno y en Casa Militar, el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos que denunció a los periodistas, para limitar la movilidad de los cronistas acreditados.
Las imágenes de Google Maps que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
“Se cruzó un límite”, repiten en el Ejecutivo. De hecho, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que hubo una “revisión de protocolos de seguridad” necesarios después de la difusión de “grabaciones clandestinas”.
El Gobierno dispuso el cierre de la sala de prensa y las nuevas restricciones en medio de una fuerte escalada de agresiones verbales de Milei a los periodistas. En la cuenta de la red social X del Presidente, abundan mensajes contra los periodistas, a quienes Milei tilda de “ensobrados”, “basuras inmundas” y “malparidos”.
El hostigamiento a la prensa también se profundiza en momentos en que el Ejecutivo atraviesa una crisis por el caso Manuel Adorni, quien fue ratificado en el cargo por Milei pese a que avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Casa Militar, órgano mixto de civiles y militares, depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei. Pero el responsable del área es el general de brigada Sebastián Ibáñez. Fue el encargado de denunciar en los Tribunales a los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno. Arguyó que el informe del programa “¿Y mañana qué?” había expuesto “protocolos o rutinas del edificio que no están destinados al público en general”.
Desde que la Secretaría de Medios reabrió la sala de prensa, existen más controles y restricciones para los periodistas. Por caso, se decidió que los cronistas ingresen por una puerta diferente a la que utilizan las personas que trabajan en el palacio presidencial. Además, las nuevas disposiciones y protocolos limitan la circulación de los periodistas en el interior de la Casa Rosada. Solo puedan acceder a la sala, ubicada en el primer piso. Está prohibido que, en ese trayecto, pasen o accedan a áreas claves en el funcionamiento de la sede gubernamental, como el Patio de las Palmeras, en el que confluyen los ingresos a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Legal y Técnica.
Las imágenes de Google Maps que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
Desde el Patio de las Palmeras se tiene una vista estratégica del Salón de los Bustos, por donde ingresan al Palacio desde Milei y los ministros hasta dirigentes, empresarios o integrantes de delegaciones extranjeras.
Con los nuevos controles, el radio en el que los periodistas pueden estar se limita a la sala de prensa, el pasillo que conduce hacia el baño, un balcón interno y una pequeña oficina en el que hay una máquina de café. Por lo tanto, es muy difícil para los cronistas ver o conversar con funcionarios, u observar el normal movimiento de la Casa.
Tampoco se puede merodear el Salón Martín Fierro, en el que tiene sus oficinas el asesor presidencial, Santiago Caputo. Por ese lugar pasan desde dirigentes del oficialismo hasta referentes de la política nacional e internacional.
Además, las puertas que daban al balcón que en el primer piso permite mirar al Patio de las Palmeras fueron cerradas. Y la única ventana que dejaba ver lo que sucedía abajo fue tapada.
Para evitar cualquier movimiento por fuera de esas áreas hay efectivos de Casa Militar que monitorean los movimientos de los periodistas acreditados para que no salgan del área delimitada en el nuevo protocolo de seguridad.
“Es un tema de seguridad nacional, está en juego la seguridad del Presidente”, argumentan fuentes oficiales.
El único nexo del Gobierno con la Sala desde el comienzo del conflicto fue con el Secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. Desde un primer momento, Lanari se comprometió a trabajar para lograr la reapertura de sala.
Ahora, desde el Ejecutivo aspiran a mantener la nueva dinámica, con mayores controles y restricciones para los periodistas.
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POLITICA
Tras la presión de Kicillof, se pospuso la reunión donde se iba definir cómo repartir fondos para intendentes

La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense iba a reunirse en la tarde de este miércoles para avanzar con un proyecto de ley que les daba a los intendentes la posibilidad de usar libremente los fondos que reciben los distritos en el marco del endeudamiento que consiguió el gobernador Axel Kicillof a fines del año pasado. Sin embargo, a la hora de las definiciones aparecieron las diferencias y el encuentro se pospuso para este jueves.
A la reunión de comisión llegaron solo la diputada Silvina Vaccarezza y los diputados Francisco Adorni (La Libertad Avanza), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires). Nadie del bloque de Fuerza Patria bajó a la sala 30 del palacio legislativo. Rápidamente la reunión se cayó. Las diferencias son técnicas pero también políticas.
Lo que hace el proyecto de ley en discusión es darle más atribuciones a la comisión bicameral que se creó en el marco de un fondo para que del 8% de los recursos que consiga Kicillof —producto del endeudamiento solicitado y aprobado por la Legislatura a fines del año pasado— llegue a los municipios.

Los intendentes buscan que esos fondos sean de libre disponibilidad y es lo que hoy está en discusión. La ley actual establece que el 30% de los fondos que llegarán a los distritos serán para ejecutarse a través de programas de los ministerios de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos y del Instituto Cultural. Los intendentes, principales afectados, quieren que el 100% del dinero a recibir sea de libre disponibilidad, básicamente para pagar sueldos. La oposición -el PRO y la UCR- quiere lo mismo, pero le da a la comisión bicameral la potestad para autorizar los pagos de parte de la Provincia.
En el Ejecutivo, rechazan esta iniciativa. Prefieren que sea por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el índice por el cual los distritos reciben automáticamente la coparticipación provincial. “Es lo más razonable” —que sea por CUD—, dijo este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. No quieren darle esa facultad a una bicameral. Quienes suelen llevar las negociaciones con la Legislatura en nombre de Kicillof son la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, y, en algunos momentos, el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
En las últimas horas hubo conversaciones y versiones cruzadas. “A mí me dijeron que no fuera a la reunión”, planteó a Infobae un integrante de la comisión, sin mayores detalles sobre por qué se posponía el encuentro de este miércoles. Como el texto a discutirse en la próxima sesión en Diputados debiera contar con un dictamen de comisión, se resolvió que, ante la falta de acuerdo, se convoque nuevamente a la comisión el jueves por la tarde.
En el peronismo aseguran que hay diferencias con el PRO y con la UCR por el texto que impulsa el presidente del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena. En los bloques opositores hablan de diferencias, pero admiten que están dentro del oficialismo y que eso hizo naufragar la reunión de este miércoles. El punto de conflicto se encuentra en las atribuciones de la Comisión bicameral evaluadora, un órgano previsto en la ley original para revisar los proyectos a financiar con el Fondo. Según el texto de la reforma, esa Comisión ahora tendría la facultad de definir el modo de reparto de los recursos cuando no haya un mecanismo expreso, además de “autorizar el pago” a los municipios correspondiente al 30 % de los fondos. Algo que Kicillof y los intendentes ven con desconfianza.

En las últimas horas elevó un proyecto del presidente del bloque PRO en Diputados, Alejandro Rabinovich. La iniciativa aplica al 30% de los fondos que reciban los distritos y establece que se repartan por CUD, pero en combinación con los ingresos que los municipios recibieron el año pasado. Entra en la negociación. El peronismo también tiene un anteproyecto si fuera necesario.
Sin embargo, hay otro punto que, según integrantes de la comisión de Presupuesto en Diputados, hizo caer la reunión de este miércoles: la falta de precisiones sobre qué sucederá en el Senado bonaerense, otra parte activa en esta negociación.
Es que en la Cámara alta provincial aún no fueron designados los representantes para integrar la comisión bicameral que definiría cómo repartir los fondos entre los distritos. No hay mayores precisiones al respecto de quién puede llegar a integrarla y algunas voces dejan correr que en el Senado tampoco hay intención de conformar la bicameral y que esta situación fue la que hizo caer la comisión en Diputados.
Últimamente, las negociaciones en la Cámara alta se han vuelto una complejidad para la vicegobernadora, Verónica Magario, producto de la interna con la que convive el peronismo. Se evidenció, por ejemplo, en la integración de las comisiones que se terminó de resolver en la última semana de mayo. “Es un problema que tenemos”, admitió una voz oficialista.
En el medio, los intendentes aguardan que el proyecto avance. El Ejecutivo ya hizo el primer desembolso en el mes de abril. Está pautado que el siguiente pago sea en agosto. “Nosotros necesitamos los fondos para muchas cosas, básicamente para pagar sueldos, por eso queremos que sean de libre disponibilidad”, confió un intendente ante la consulta de este medio.
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A la espera de un fallo favorable de la Justicia, Jorge Macri apura la creación del fuero laboral porteño

A la espera de un fallo judicial favorable, el jefe de gobierno, Jorge Macri, apura la creación de la Justicia laboral porteña. Ayer, presentó ante la Legislatura un paquete de proyectos para avanzar con la reestructuración institucional del Poder Judicial, a cuatro meses de que se firmara el acuerdo con la administración de Javier Milei para la transferencia de competencias.
Las iniciativas también prevén la creación de un servicio de conciliación obligatoria en la ciudad y una reforma del Código Procesal porteño. Son cambios con los que pretende avanzar el gobierno porteño para tener todo el esquema institucional listo para cuando -según prevén- la Justicia destrabe la puesta en funcionamiento del fuero.
El debate por el traspaso de la Justicia laboral data de la reforma constitucional de 1994, cuando la ciudad recibió estatus de autonomía, pero tomó un nuevo impulso a fines del año pasado, luego de que el gobierno hiciera mención a la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” en el texto de la reforma laboral. En febrero, finalmente el jefe de gobierno firmó con Nación un convenio para transferir las competencias de la Justicia laboral a la órbita de ciudad.
“Nuevo hito en la autonomía de la ciudad: firmamos el convenio para que el gobierno nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia laboral. Un servicio de justicia, propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”, había celebrado Gabino Tapia, ministro de Justicia de la ciudad, en su cuenta de X (ex Twitter).
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), de la CGT, objetó ese traspaso de competencias y pidió a la Justicia que declarara inconstitucional tanto los artículos de la reforma laboral que a ella se referían como el convenio firmado.
Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°30, hizo lugar al reclamo y dictó una medida cautelar para suspender la aplicación del acuerdo hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
Esta medida se suma a otra cautelar anterior con la que se había frenado la puesta en funcionamiento de diez juzgados laborales de primera instancia, previo a la firma del convenio de traspaso. La Legislatura había habilitado en diciembre de 2024 su creación, pero la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal frenó su implementación hasta tanto entrara en vigencia el acuerdo que ahora está bajo revisión.
“La judicialización relacionada con esta transferencia [de competencias] tiene dos vertientes: las acciones que atacan a la ley de puesta en funcionamiento del fuero y la constitucionalidad de la ley de modernización laboral. Estas acciones judiciales de ninguna forma traban el proceso de puesta en marcha del fuero laboral de la ciudad”, aseguraron en el gobierno porteño.
Es decir que, si bien el fuero laboral porteño recién podrá empezar a actuar una vez que se levanten ambas cautelares, el gobierno porteño está habilitado a avanzar, mientras espera la resolución judicial correspondiente, con la creación formal de los juzgados y la sanción de proyectos para readecuar la estructura interna del Poder Judicial del distrito.
Por eso, ayer, el Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N°7) y del Ministerio Público (Ley N°1903). El texto prevé una estructura con ochenta juzgados laborales de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo, compuesta por diez salas de tres jueces cada una.
También se envió al parlamento local -que aún no homologó el convenio de traspaso de la Justicia- una iniciativa para crear el servicio de conciliación laboral previa y obligatoria de la ciudad, que replicaría el modelo hoy vigente a nivel nacional. Es decir, para que quede habilitada la vía judicial, todo conflicto laboral deberá pasar antes por una instancia de mediación.
Con ello, el gobierno porteño espera canalizar por vía administrativa algunos conflictos de trabajo y evitar así una eventual saturación de los juzgados de primera instancia.
Una tercera propuesta apunta a reformar el Código Procesal de la ciudad a fin de crear un sistema judicial más ágil y expeditivo que el que rige hoy día a nivel nacional.
Entre otras cuestiones, el proyecto fija un plazo máximo de cinco días para la convocatoria a una audiencia final de alegatos una vez concluida la etapa de producción de pruebas. Tras la audiencia, los jueces tendrán un máximo de 30 días para dictar su sentencia. De este modo, se espera tener resoluciones más rápidas que las que hoy ofrece la Justicia Nacional del Trabajo.
Además, se habilita la intervención del fuero laboral porteño no solo cuando los contratos de trabajo se celebren dentro del territorio de la ciudad, sino también cuando alguna de las partes intervinientes tenga domicilio -legal en el caso de las empresas y real en el caso del trabajador- en la ciudad.
“Estos son los tres proyectos que hemos remitido para que, una vez ratificada por la Justicia, eventualmente por la Corte en caso que tenga que llegar a esa instancia, la transferencia de competencia, nosotros tengamos todo listo”, afirmaron en la ciudad. El gobierno espera que se levanten las cautelares antes de fin de año para poder inaugurar el fuero laboral propio en febrero de 2027.
firmara el acuerdo,“vigencia transitoria,February 10, 2026,hizo lugar al reclamo,Jorge Macri,Justicia,Conforme a,Jorge Macri,,Polémica entre los vecinos. El Gobierno de la Ciudad propone cambiar el nombre a un barrio,,“Un muro contra la barbarie”. Jorge Macri encabezó el egreso de 650 nuevos policías de la Ciudad y apuntó contra Kicillof,,Doble juego en ciudad. Angelici negocia la gobernabilidad de Macri con LLA, pero busca reeditar una coalición sin Milei
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La crítica de Guillermo Dietrich al Gobierno: “Pone mucho foco en la macro y falta mayor atención en la micro”

En medio de las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza, un referente del partido fundado por Mauricio Macri marcó diferencias con el Gobierno de Javier Milei. Se trata de Guillermo Dietrich, que fue ministro de Transporte en la gestión del expresidente.
“El Gobierno tiene una estructura y un equipo que le pone mucho foco a la macro y falta mayor atención en la micro”, señaló Dietrich en Solo una vuelta más por TN.
“No es dar todo, es acompañar lo que corresponde. Son dos cosas muy distintas”, remarcó el exfuncionario. “Si para que Argentina le vaya bien el PRO tiene que desaparecer, eso es preferible a que le vaya mal y el PRO exista”, manifestó Dietrich.
“El PRO nace con una profunda vocación por transformar la realidad de la gente. Y así lo hicimos en todos los lugares donde gobernamos, en la Ciudad, en la Nación”, destacó.
“La gente nos dice que nos extraña”
“El PRO no va a desaparecer, tiene que ser una alternativa. Después veremos si es en el 2027 o en el 2031 o cuándo”, aclaró Dietrich. “La gente nos dice que nos extraña, que sería bueno que estuviésemos en el Gobierno”, subrayó.
“Falta una eternidad para 2027″, expresó Dietrich para evitar dar definiciones electorales. “El PRO va a seguir siendo super responsable. Creemos que Argentina comenzó un rumbo en el 2015 y se interrumpió en el 2019 con la victoria de Alberto Fernández, que tomó un rumbo muy trágico”, aseguró.
“Nuestro camino lo retomó Javier Milei en 2023 con muchísima gente de nuestro gobierno y nosotros acompañamos”, afirmó Dietrich. “Tenemos una obligación como partido y para los argentinos, no por ser oposición tenemos que estar cascoteando como se hizo siempre”, añadió.
“El aporte que ha hecho el PRO desde fines del 2023 hasta hoy ha sido muy importante para el Gobierno”, aseveró el exministro.
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En otro tramo se la entrevista se refirió a la relación con Patricia Bullrich, que fuera presidenta del PRO y luego dejó el partido parasuamrse primero al gobierno de Milei y luego se afilió a la Libertad Avanza. “No hubo ninguna comunicación entre Mauricio y Patricia”, subrayó.
“Somos y fuimos siempre espacios políticos distintos”, remarcó Dietrich. “No necesariamente como una alternativa, pero sí como una opción para la gente. Hay un montón de gente que se siente cómoda en la forma que tiene el PRO de hacer las cosas”, finalizó.
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