Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a contactar a empresas que firmaron contratos millonarios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como parte de la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la entidad y el posible lavado de activos mediante un fraude a través del sistema bancario norteamericano, confirmaron fuentes con conocimiento directo de los avances de la pesquisa.

Los contactos de los fiscales y agentes que responden al Departamento de Justicia (USDoJ) abarcan a compañías no argentinas que sellaron negocios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter LLC, la firma del productor Javier Faroni que recaudó cientos de millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte durante los últimos años.

Entre esas empresas que fiscales y agentes del FBI pusieron en la lista corta para contactar se encuentran anunciantes y firmas que prestaron servicios o firmaron contratos como “sponsors” con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y a las que exigieron girar fondos a TourProdEnter, en vez de enviarlos a una cuenta de la AFA en la Argentina, según reconstruyó .

Varios de esos contratos con auspiciantes que terminaron en cuentas de TourProdEnter LLC en Estados Unidos abarcan montos de 7 y 8 cifras. Entre ellas, Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina lidió con fuertes restricciones cambiarias –el “cepo”- y múltiples cotizaciones del dólar -entre ellas, “blue” y “contado con liqui”-.

Algunas de esas conversaciones entre compañías extranjeras, fiscales y agentes del FBI se dieron en simultáneo con el libramiento de las primeras citaciones (“subpoenas”) a declarar ante un gran jurado (“grand jury”) en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida, que se emitieron el 8 de este mes, pero que sólo salieron a la luz tras la culminación del Mundial de fútbol.

Una de las primeras comparecencias a declarar en Miami sería el 30 de este mes, en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse, con el requerimiento de entregar todos los registros vinculados a TourProdEnter -que en los papeles figura a nombre de la esposa de Faroni, Erica Gillette– y comunicaciones mantenidas con Tapia, su número dos, Pablo Toviggino, Faroni y con Diego Lucero, uno de los exsocios de la empresa utilizada para comprar la mansión de Pilar.

De acuerdo a las investigaciones locales, Lucero fue uno de los socios de Central Park Drinks SRL, que luego pasó a llamarse Real Central. “Central Par Drinks fue conformada por Diego Adrián Lucero y Luciano Nicolás Pantano, con el 50% de capital accionario cada uno, siendo que Lucero cedió sus acciones a Ana María Conte el 2 de mayo de 2022, oportunidad en que esta asumió como gerente de la firma”, detalló el juez federal Luis Armella cuando tenía a su cargo una parte de la investigación.

Uno de los sujetos que podrían presentarse a declarar en Miami es Juan Pablo Beacon, quien fuera la mano derecha de Toviggino durante años dentro de la AFA, como adelantó el 14 de este mes. Fiscales y agentes del FBI lo contactaron con el objetivo de reconstruir desde adentro cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad.

“Quiere garantías para tomar una decisión porque tiene temor de quedar detenido”, respondió un allegado que conoce sus últimos pasos.

Según la documentación obtenida y analizada por , Beacon y Toviggino impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron a confeccionar algunas de las facturas apócrifas por “logística” y otros supuestos servicios que un puñado de empresas “fantasma” jamás proveyeron a la AFA, pero que sirvieron para extraer decenas de millones de dólares de la entidad, como reveló este diario en enero de este año.

Esa operatoria incluyó el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles y recibieron fondos de empresas “intermediarias” que recaudan los ingresos internacionales de la AFA, como TourProdEnter LLC, del productor teatral Javier Faroni. El circuito concluía con el envío de parte de esos fondos a la Argentina a través de “cuevas” de la City porteña, que acercaban las “puntas” y entregaban el dinero en efectivo, mediante bolsos.

En ese contexto, según reconstruyó , los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida, intentaron localizar a Beacon y a otro exempleado de la AFA que reside en la Patagonia, entre otros “sujetos de interés”.

Los fiscales y agentes del FBI abordaron antes, también, al empresario Guillermo Tofoni, con quien mantuvieron una reunión virtual en Miami y con otros involucrados conectados por videoconferencia, según reconstruyó . Durante tres horas, los investigadores buscaron datos para determinar si ciertas operaciones vinculadas a la AFA en Estados Unidos pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Allí no se agota el listado de citaciones y eventuales testigos en Estados Unidos. Los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o que intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.

Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Patrick Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Christopher Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Michael Berger, por su parte, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.

Desde la AFA, en tanto, desmintieron este miércoles que Tapia o Toviggino hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos. “El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”, arranca un comunicado.

Y agrega: “La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida -abundó la AFA- se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.

“El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad. La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”, sostuvo.

procuró consultar al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa que desarrollan los fiscales Gushue, Ting y Berger, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles un nuevo acuerdo salarial entre los choferes de la UTA y las cámaras empresarias para los meses de julio, agosto y septiembre.

El acuerdo establece para el personal de conducción un salario básico de $1.645.721,36 a partir del 1° de julio; de $1.676.990,06 desde el 1º de agosto y de $1.707.175,88 a partir del 1º de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías laborales, indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

“La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros acordaron una actualización salarial para los trabajadores del transporte público urbano y suburbano de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, anunció Capital Humano en un comunicado.

Los detalles del convenio

Además de los incrementos para los meses de julio, agosto y septiembre también se acordó el pago de una gratificación extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para el personal de conducción, proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado.

El acuerdo también contempla una “actualización de los viáticos o reintegro de gastos por cada día efectivamente trabajado, que serán de $20.000 desde julio, $21.000 desde agosto y $22.000 desde septiembre”.

Además, “las partes acordaron reunirse durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas, y se comprometieron a mantener la paz social en el sector”.

El diálogo viene desde abril, cuando ante la falta de respuesta oficial a un pedido de mayores subsidios o aumentos de tarifas, los colectivos del AMBA redujeron la frecuencia del servicios, una decisión que derivó en complejidades de todo tipo para los trabajadores que se trasladan en colectivo por el conurbano.

Tras esa primera negociación, las partes acordaron un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales, lo que elevó el boleto mínimo del colectivo -esto es, hasta 3 kilómetros- a $742,84 para mediados de este mes.