Los tiempos se acortan. El próximo martes se debatirá la reforma política en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El Gobierno tiene como como máximo objetivo la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para lograrlo, la Casa Rosada transmitió la orden de acelerar las negociaciones.

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, bajó la premisa que debe guiar las tratativas.

“La definición de Karina es que no va a haber acuerdo político con ningún gobernador o espacio que no apoye la reforma política”, dijo a una voz de Balcarce 50 muy cercana a la funcionaria. “Es una postura muy razonable, lógica”, completó otro miembro del Gabinete.

En diferentes terminales del oficialismo advierten que el escenario para tener los 37 votos en el Senado que demandan las reformas electorales no es fácil. Y por delante se espera una fuerte negociación por los distintos aspectos del proyecto.

Para el oficialismo, la meta es una: que la oposición no tenga la herramienta de las PASO para dirimir sus internas en 2027. Inicialmente, el objetivo trazado era la eliminación de las PASO. Desde hace semanas, en la Casa Rosada se plantearon como meta posible la suspensión, como lo lograron en 2025.

La idea de supeditar cualquier entendimiento electoral al apoyo a la reforma política en el Congreso había circulado en el oficialismo cuando se presentó el proyecto de ley, en abril. Pero el desgaste que la Casa Rosada y la imagen presidencial experimentaban por la marcha de la actividad económica y el caso Adorni, entre otros factores, morigeraron las ambiciones. También pospusieron el debate del proyecto, que no tuvo avances desde mayo.

Ahora, con los tiempos parlamentarios acortándose hacia el comienzo del año electoral, la Casa Rosada volvió a lanzar la embestida, presentándola como un ultimátum.

La propia Patricia Bullrich, líder del bloque de LLA en el Senado, lleva semanas advirtiendo sobre las dificultades para reunir los votos. En Balcarce 50 contraponen el “optimismo” del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien encabeza el diálogo con los gobernadores y los partidos dialoguistas.

Junto a Santilli opera el subsecretario de Gestión Institucional y armador político de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Eduardo “Lule” Menem.

En el mapa de aliados con los que Santilli y Lule Menem buscan negociar se inscriben Pro, un sector de la UCR y una parte de los mandatarios provinciales.

“Se están acelerando conversaciones. Santilli viene hablando hace mucho y no hay que volver a hacer agenda de bilaterales [con gobernadores]”, explicaron cerca del ministro coordinador.

Ficha limpia

La Casa Rosada ya ensayó distintas alternativas para que el proyecto de ley de reforma política mostrara algún avance parlamentario. La primera fue incluir la “ficha limpia” dentro del proyecto, un anzuelo para captar el apoyo de Pro y la UCR, que entonces aún despotricaban por el giro de dos senadores misioneros −aliados de LLA− que, un año antes, habían hecho caer la ficha limpia en el recinto.

La segunda fue ofrecer reinstaurar el sistema de listas colectoras, para que los gobernadores pudieran colgar a sus candidatos de la boleta presidencial de Javier Milei, a la vez que “colectarían” votos para la reelección del Presidente. Pero esa opción requería un salto de fe de los gobernadores: que llegado el momento del cierre de listas, LLA los aceptaría como colectoras. El desgaste de la imagen libertaria tampoco colaboró con la idea, que fue descartada.

Ahora, en la Casa Rosada hay quienes apuntan a revivir una tercera alternativa si la suspensión de las PASO se complicara más de la cuenta; que las primarias sean optativas para los partidos.

“Se va por la suspensión de las PASO y se deja abierta también la posibilidad de, llegado el caso, avanzar con una PASO no obligatoria, una PAS”, deslizó un hombre que orbita en torno a la mesa política libertaria.

Más que como una alternativa, en algunos sectores del oficialismo evalúan la opción de las PAS también como una chicana para exponer al peronismo: “Si utilizaran las primarias no obligatorias, lo más probable es que vaya a votar el 20% del padrón. Sería un papelón”, apuntan.

De lograr los apoyos para suspender las PASO, en el Palacio de Gobierno señalan que se definirán entonces los diferentes tipos de acuerdo según las negociaciones con cada gobernador y partido aliado.

“Hay gobernadores que quieren ir juntos; otros que plantean una competencia con LLA con límites, con golpes pero ‘por arriba del cinturón’; mientras algunos piden colectoras”, describen en la Casa Rosada.

En cuanto a los plazos, fines octubre aparece como un momento deseable para la discusión de la reforma.

“Ni para después de octubre, ni antes de noviembre”, bromeó un funcionario con responsabilidades políticas, que no dejó pasar un nuevo ingrediente que podría complicar o facilitar la discusión, según las artes que emplee el oficialismo: con esos plazos, la discusión electoral se verá entrelazada con el debate y los intercambios alrededor del presupuesto 2027, que debería enviarse al Congreso este martes.

En el Gobierno tomaron nota de la advertencia que lanzó la semana pasada la Cámara Nacional Electoral (CNE). A través de una acordada, indicó que cambiar las leyes electorales en pleno período de comicios va contra los estándares internacionales.

En otras palabras, la Cámara señaló que la reforma electoral debería concretarse antes de fin de año, ya que el próximo habrá elecciones en todo el país.

“El plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente, tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos, de adecuar su propia reglamentación interna para armonizarla con la respectiva modificación legislativa”, dice el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, citado por los magistrados federales.

La convocatoria del martes

Al momento de convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Bullrich volvió a advertir las dificultades que enfrenta el proyecto oficialista para suspender o eliminar las PASO.

“No hay consenso, hoy lo estamos construyendo, pero todavía no los tenemos”, respondió la senadora ante una consulta de sobre si ya había conseguido los votos para suspender las primarias.

“Por eso vamos, a empezar con la reforma a paso moderado, trayendo invitados, especialistas, discutiendo todas las reformas de la ley de los partidos, políticos, la digitalización de las afiliaciones, y el financiamiento”, agregó la legisladora la pasada semana.

Además de eliminar las PASO e instaurar la ficha limpia, el proyecto del oficialismo reduce el aporte estatal a los partidos y eleva la participación de los aportantes privados, a la vez que impulsa la afiliación digital y eleva los requisitos mínimos de presencia territorial para que los partidos puedan competir en las elecciones

Sin los votos para eliminarla y con la amenaza latente de la Casa Rosada a gobernadores aliados y colaboradores de que no habrá sociedad electoral en 2027 si no votan la derogación de las elecciones primarias (PASO), el Senado retomará este martes el debate en comisión del proyecto de ley de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo a fines de abril último.

El debate quedó desactivado en mayo pasado al encontrarse la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich (Capital), con la negativa de amplios sectores de la oposición dialoguista (la UCR y Pro, sobre todo) a eliminar las primarias, una herramienta que, aseguran, les serviría para ordenar sus internas y alianzas en el camino hacia las presidenciales del año próximo.

Sin el apoyo de los dialoguistas y con el PJ alineado en su totalidad en contra de derogar las PASO, el Gobierno y sus 21 senadores propios no tienen forma de alcanzar la mayoría absoluta que exige la Constitución Nacional para aprobar una reforma electoral, que en el caso del Senado son 37 votos afirmativos.

El escenario no ha cambiado, pero presionada por un sector de la oposición, que reclama aprobar un proyecto de ficha limpia (prohibición a los condenados en segunda instancia judicial puedan ser candidatos a cargos nacionales), y el apuro del Gobierno, Bullrich aceptó retomar la discusión y convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para esta semana.

Hasta el momento, la intención del oficialismo es realizar reuniones informativas para escuchar la opinión de especialistas a la espera de que el Gobierno consiga los votos para destrabar el debate por las PASO. Esta misión quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien hasta el momento no ha logrado mostrar avances significativos en la materia.

El proyecto

El denominado proyecto de ley de Reforma Electoral Integral consta de un total de 79 artículos estructurados en siete títulos principales y entre sus modificaciones centrales destacan la derogación de las PASO y la aplicación de la ficha limpia no sólo para cargos electivos, sino también para puestos en el Poder Ejecutivo y en la Administración Pública.

También impone nuevas condiciones, más estrictas, para la creación de partidos de distrito. Si se aprueba la iniciativa, toda agrupación nueva deberá reunir en un plazo improrrogable de 180 días corridos afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón local.

Durante el proceso, las agrupaciones se consideran partidos en formación, estado en el cual tienen expresamente prohibido presentar candidaturas a cargos electivos y no pueden percibir aportes públicos de ningún tipo.

Para obtener la personería como partido de orden nacional, una fuerza política deberá contar con reconocimiento definitivo en al menos 10 distritos (elevando el mínimo actual, que exige cinco) y sumar afiliados que representen el 0,1% del Registro Nacional de Electores, debiendo mantener permanentemente esta presencia territorial.

También hay medidas más estrictas para la permanencia de la personería jurídica de las agrupaciones. Así, es causa de caducidad automática no alcanzar el 3% del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales consecutivas, la inasistencia a dos comicios nacionales sucesivos, la falta de elecciones internas de autoridades durante cuatro años y la violación de la paridad de género en los órganos partidarios.

En el caso de la denominada ficha limpia, el texto inhabilita a las personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, así como los imputados o condenados por genocidio o crímenes de lesa humanidad. Se crea en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral un Registro Público de Ficha Limpia, y se precisa que la interposición de recursos judiciales no suspenderá la inelegibilidad.

Se incluye de manera definitiva la boleta única de papel (BUP) en el Código Electoral Nacional como herramienta en todos los comicios nacionales y se contemplan casilleros específicos para el voto individual por categoría y un casillero para el voto por lista completa. Este último punto es también motivo de rechazo para las fuerzas provinciales.

Respecto al desarrollo del proceso electoral, se establece que la campaña electoral iniciará 60 días antes de los comicios y finalizará 48 horas antes, prohibiendo los actos de gobierno que promuevan el voto durante los 25 días previos.

En materia de financiamiento público, se reestructura el uso del Fondo Partidario Permanente regulado en la ley 26.215, permitiendo que el aporte ordinario anual se utilice no solo para desenvolvimiento institucional y capacitación (donde es obligatorio destinar al menos el 10%), sino también para financiar campañas electorales.

Pero, como contrapartida, se eliminan los aportes públicos extraordinarios específicos que el Estado otorgaba para cada contienda electoral.

En cuanto al financiamiento privado, se fija un límite de aportes por persona humana o jurídica del 35% del módulo electoral por elector registrado, manteniendo la prohibición absoluta de recibir donaciones de contratistas del Estado, concesionarios, empresas de juegos de azar, sindicatos o personas procesadas/condenadas por delitos graves como lavado de dinero o corrupción.