Martín Migueles, un exsocio del financista Elías Piccirillo, investigado por supuestos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos, negó por escrito ante la Justicia haber partiicipado de esa operatoria.

“No operé en el mercado paralelo ni tengo relojes de lujo”, contó Migueles, que presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, con la asistencia de su abogado, Yamil Castro Bianchi.

Esta causa investiga irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo, mejor conocido como dólar blue. El avance del caso abrió otra vertiente: las autorizaciones para importar durante 2022 y 2023. En total hay más de 50 personas y empresas en la mira de la Justicia. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.

Migueles buscó desmarcarse de las acusaciones al argumentar que la investigación se sostiene sobre “frases aisladas, registros audiovisuales descontextualizados o interpretaciones parciales de conversaciones privadas”.

Respecto a su rol como presidente de ARG Exchange S.A., una de las casas de cambio bajo la lupa, Migueles fue categórico al afirmar que la entidad operaba en la legalidad: “Yo no participé en una operatoria destinada a vender dólares en el mercado paralelo, eso debe quedar bien claro”.

Aseguró que la agencia se regía bajo las normas del Banco Central (BCRA), comprando y vendiendo divisas al por mayor de manera legal y documentada mediante boletos diarios.

Sobre frases interceptadas en su teléfono celular como “agencia para sacrificar” o “retiro de bille”, Migueles explicó que estaban sacadas de contexto y correspondían a comentarios que hacían terceros sobre cómo operaban otras agencias en el mercado.

Otro punto de su descargo responde a su supuesta influencia en la aprobación de permisos de importación (SIRA).

Migueles admitió que un conocido, Ariel Saponara, le pidió ayuda con uno de estos trámites, pero aseguró que su rol se limitó a ser un simple intermediario comercial para contactarlo con otra persona apodada “Pipo” y así ganar una comisión.

“Jamás intermedio en situaciones que sean contrarias a la ley”, enfatizó, y negó haber pagado sobornos a funcionarios públicos.

Además, afirmó no conocer a ninguno de los funcionarios del Banco Central mencionados en la causa judicial y aclaró que la expresión “la vieja del Central” era simplemente una referencia que le había transmitido su socio comercial, Francisco Hauque.

Sobre la comprometedora escucha en la que afirmaba necesitar transferencias diarias de “100 o 150 palos”, el acusado brindó una explicación llamativa. Aseguró que fue una exageración con el único objetivo de “generarle interés” a un vecino y así lograr que le presentara al dueño de la agencia Baires Cambio de Nordelta. “No se trató de una operatoria real mía por esos montos”, sentenció.

Las sospechas crecieron por los videos y el nivel de vida exhibido por Migueles. En su descargo, desmintió ser el dueño de la fortuna que se le atribuye.

Dijo que la casa en Nordelta que se le atribuye no es suya, sino que la ocupaba gracias a un acuerdo de pago de honorarios con su amigo Elías Piccirillo. “Niego tener una colección de relojes de lujo”, remarcó.

Sobre los videos en los que se muestran vehículos de alta gama, explicó que pertenecían a conocidos y que él solo los filmaba para intentar conseguir compradores y llevarse una comisión o hacer un “revoleo comercial”.

Migueles destacó que se presentó de manera espontánea ante la Justicia apenas tomó conocimiento de la situación.

Solicitó formalmente que cualquier análisis sobre su patrimonio o su rol comercial se base en pericias contables, transferencias bancarias y documentación objetiva.

El peritaje sobre uno de los teléfonos de Migueles reveló cómo funcionaba el SIRA.

De los chats y los audios analizados se desprenden al menos tres personas identificadas que permitían “gestionar” los permisos de importación.

“Percibían aproximadamente entre un diez (10%) y un quince por ciento (15%) del valor de las importaciones en dólares valuadas al tipo de cambio oficial o “blue”“, se lee en el expediente que llevan adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Lijo.

Migueles había sido allanado tres veces en la causa contra Elías Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en su detención. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras y tres tablets. Ese día, el empresario llegó a su casa cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular y hasta aportó su clave.

El Pro empezó a marcar diferencias más visibles con el Gobierno de Javier Milei. Sin romper con la Casa Rosada ni cuestionar los pilares centrales del programa económico, el partido de Mauricio Macri endureció su discurso sobre el deterioro social y el humor económico.

Lo hizo a través de un nuevo informe de la Fundación Pensar, el think tank de Pro, y de un “manifiesto” difundido este domingo en redes sociales. Pero esa nueva estrategia ya genera tensiones internas: mientras la conducción partidaria busca tomar distancia del oficialismo y posicionarse como “el próximo paso” del cambio, hay quienes rechazan esta postura y pretenden sostener la buena sintonía con el gobierno libertario.

En Diputados, la mayoría quiere eludir cualquier ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El expresidente fue uno de los primeros en calificar como “desacertada” la decisión de Milei de nombrar Adorni como ministro coordinador, tras la salida de Guillermo Francos.

El informe de Pensar fue difundido en simultáneo con una nueva etapa del reposicionamiento político de Macri. El expresidente viene recorriendo el país con el “Próximo paso tour”, una serie de encuentros partidarios con los que busca instalar la idea de que Pro debe ofrecer una alternativa propia para la próxima etapa política. La estrategia comenzó a delinearse en marzo, durante el encuentro de Parque Norte, donde Macri planteó que Pro debía “completar lo que sigue a este gobierno”.

Ese proceso de diferenciación tuvo un nuevo capítulo este domingo. A través de un “manifiesto” difundido en X, Pro sostuvo que acompañar el cambio “no es aplaudir todo” y cuestionó a sectores del oficialismo por actuar “con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

Pero esta postura abre diferencias internas dentro del partido. Sobre todo con los sectores que priorizan una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) para el próximo año.

En el bloque de diputados nacionales rechazan quedar asociados a cualquier intento opositor de avanzar contra Adorni. De hecho, referentes parlamentarios de Pro aseguraron que no darán quorum este jueves en la sesión impulsada por la oposición para debatir los proyectos de interpelación al jefe de Gabinete.

“Ni el bloque fue consultado, ni Jorge Macri fue consultado, ni Rogelio Frigerio fue consultado. Para nosotros no cambia absolutamente nada”, resumió un dirigente de Pro en Diputados sobre el posteo de Pro en X, molesto con la estrategia de la conducción nacional. Puertas adentro, varios referentes cuestionan a Macri por utilizar el partido como plataforma de reposicionamiento personal sin contemplar las realidades provinciales ni las negociaciones locales con los libertarios.

Las diferencias se observan con claridad en la provincia de Buenos Aires. Allí, Cristian Ritondo -titular de Pro bonaerense y jefe del bloque en Diputados- ya adelantó que buscará un acuerdo electoral con LLA para enfrentar al oficialismo de Axel Kicillof. Una lógica similar atraviesa a otros distritos, donde los referentes locales prefieren evitar una confrontación directa con Javier Milei y, especialmente, con Karina Milei, presidenta nacional de LLA.

El contraste más fuerte apareció, sin embargo, dentro del propio universo oficialista. Patricia Bullrich, senadora de LLA y exdirigente central de Pro, fue la primera en reclamar públicamente explicaciones a Adorni. Le pidió que presentara “inmediatamente” su declaración jurada patrimonial para justificar sus gastos, propiedades y deudas.

Bullrich hizo lo que el Pro evitó hacer hasta ahora: exigir respuestas políticas al jefe de Gabinete. La reacción de Milei fue inmediata. El Presidente volvió a respaldar públicamente a Adorni y, según trascendió, durante la última reunión de gabinete les pidió a ministros y secretarios cerrar filas detrás de su funcionario y alinearse con la estrategia oficial frente a las denuncias.

El documento de Pensar, titulado “Sobreviviendo”, funciona como el segundo indicio concreto del desmarque político que impulsa Macri. Allí, la fundación que conduce María Eugenia Vidal traza un diagnóstico crítico sobre la situación económica y social: advierte sobre caída del consumo, deterioro de ingresos, aumento de la preocupación por el empleo y empeoramiento de las expectativas sociales. Pero, al mismo tiempo, evita cuestionar el rumbo fiscal y monetario del Gobierno y reivindica los “cimientos macroeconómicos” construidos por Milei.

El informe sostiene que “el consumo familiar es una de las variables que más correlación tiene con el nivel de satisfacción social” y señala que el Indicador de Consumo Familiar cayó 10% interanual en el primer trimestre de 2026. También afirma que el deterioro reciente “no se explica solo por los escándalos y denuncias recientes sino que tienen un correlato en el bolsillo de las familias”.

Se trata de una de las pocas alusiones indirectas a la crisis política que golpea al oficialismo. El resto del texto se concentra en los datos económicos y sociales. Según el relevamiento realizado junto a Poliarquía y Casa Tres, el 64% de los argentinos tiene sentimientos negativos respecto del futuro del país, el nivel más alto desde la asunción de Milei. El informe también advierte que el ingreso disponible de los hogares cayó 5,4% respecto de 2023 y que los gastos fijos -como tarifas y expensas- ya representan cerca del 24% de los ingresos familiares.

En materia laboral, la Fundación Pensar reconoce que durante la gestión se generaron 113.000 puestos de trabajo, pero señala que hubo una pérdida de 266.000 empleos formales, compensada por el crecimiento del trabajo informal y no asalariado. Y describe una sociedad cada vez más ajustada: el 68% de los encuestados afirmó haber resignado actividades o servicios habituales y el 59% admitió haberse atrasado en pagos por motivos económicos.