En la previa de la marcha federal universitaria, el Gobierno defendió el reclamo de mayor transparencia en los gastos por parte de las casas de estudio, ratificó que no se puede aplicar la ley de financiamiento por irregularidades en la norma y aseguró que se va a reunir en los próximos días con un grupo de rectores para debatir el reparto de dinero para los hospitales educativos que hasta el momento se venía haciendo de forma discrecional.

Todas estas medidas tiene en carpeta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien a través de su subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, también planea crear una página web específica para que cualquier persona pueda consultar el destino final de los recursos que el Poder Ejecutivo dispone exclusivamente para ese sector.

“Muchos de estos datos no los tiene casi nadie porque la administración del Sistema de Información Universitaria está en manos exclusivamente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Se hacía muy difícil la publicación de datos. El sistema estaba funcionando sin depurarse. Todo se basaba solamente en un anuario estadístico en el que hay que trabajar y no es amigable”, cuestionó el funcionario.

En una reunión de prensa de la que participó Infobae, Álvarez señaló, además, que “hace muchos años no se analizaba cuál era el costo por alumno y por graduado, indicadores necesarios para saber en el estado en que están realmente” los centros de formación.

“Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen. Lo que nosotros queremos es hacer gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad. Porque es la inversión que se hace en cada alumno, son impuestos, que la gente, que todos nosotros pagamos”, agregó Pettovello.

En este sentido, el subsecretario consideró que hay espacios que “buscan cambiar un poco el eje de la discusión”, lo cual “se va a ver mañana en la marcha, donde van a estar todos los partidos políticos opositores participando”.

Sobre este punto, el funcionario también criticó el pedido de que el Gobierno efectúe los aumentos establecidos en la norma de financiamiento que aprobó el Congreso el año pasado, que el presidente Javier Milei luego vetó y que ahora se está discutiendo en la Justicia.

“La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobá una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”, remarcó Álvarez.

El referente del oficialismo recordó que el amparo que se impuso en primera instancia y que ahora está siendo analizado por la Corte Suprema “es solo sobre dos artículos, el cinco y el seis, que son los artículos de becas y salarios”.

“Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votara el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque inclumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, subrayó.

De acuerdo con los datos del Ejecutivo, actualmente hay 1.980.136 alumnos en las universidades de todo el país, de los cuales solo poco menos de la mitad está en caracter de “regular”, es decir, que aprueba dos o más materias por año. El resto tiene un rendimiento más bajo o ni siquiera se anotó en ninguna cátedra, sino que solamente se inscribió.

El costo para cada graduado, para toda su carrera, varía dependiendo de la casa de estudio, pero en la Universidad de las Artes (ex IUNA), que lidera el ránking, es de $423.830.487, seguida por la Universidad de Tierra del Fuego, que demanda un gasto de 176.202.583 pesos.

Por otra parte, el Gobierno también se queja de que “al día de hoy ninguna de las instituciones les ha cobrado matrícula” a aquellos estudiantes que no sean argentinos o residentes, a pesar de que hay un decreto que las habilitó para eso.

“¿A ustedes les parece que no es relevante el 50 % de la matrícula de la Facultad de Medicina de La Plata, que le pertece a extranjeros. Cincuenta por ciento. Siendo una de las carreras más caras. Hicieron una manifestación que no salió a ningún lado, exigiendo que las cátedras fueran en portugués. Esto me lo cuentan las autoridades a mí, no es que yo lo inventé“, argumentó Álvarez.

En cuanto a los hospitales universitarios, que también denunciaron presuntos vaciamientos, el funcionario explicó que hay una parte que el Estado recauda y “se le transfiere lo que está en la planilla presupuestaria” a cada casa de altos estudios, y luego “hay un refuerzo” que se venía ejecutando de manera discrecional.

“¿Cómo se administró toda la vida eso? De manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro, al lobby político. Y ustedes me van a decir: ‘Y bueno, pero vos los otros dos presupuestos hiciste lo mismo’. No, yo los otros dos presupuestos tenía el presupuesto reconducido. O sea, nosotros nos manejábamos con un presupuesto que no era nuestro. Este es el primer presupuesto nuestro y vamos a aplicar nuestro criterio. Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se distribuía en más o menos el setenta por ciento para la UBA“, detalló.

En este sentido, los funcionarios aseguran que en abril se enviaron los $150.388.873 correspondientes para el funcionamiento de los hospitales universitarios (y cifras parecidas los meses anteriores), pero no se enviaron los más de 79 millones de pesos del refuerzo.

“Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear una comisión de hospitales universitarios para reunirnos con todos los rectores cuyas universidades tengan hospitales, para ponernos de acuerdo y ver cómo se reparte ese fondo, con criterios objetivos, porque ese dinero es para todos», adelantó el subsecretario.

De acuerdo con Álvarez, este grupo de trabajo todavía no se conformó porque “hay sectores que se resisten, naturalmente, aunque se iba a armar hace algunas semanas, antes de que escala el conflicto.

“Mirá, nosotros lo íbamos a convocar antes, pero yo cuando vi la nota y todo el lío y de que me sacaran los médicos a la calle, dije: ‘Van a decir que lo hicimos en contra de ellos’. Entonces, lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha, que no es porque ellos hicieron nada”, prometió.

Por último, las autoridades nacionales remarcaron la necesidad de “que la gente pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”

“Me parece que es importante la batalla cultural en ese aspecto para que la ciudadanía entienda, primero, que nosotros no estamos en contra de la educación pública y no queremos cerrar las universidades, y, segundo, que hay otro trasfondo que la gente no tiene por qué saber si nosotros no se lo explicamos”, cerró Pettovello.