A pesar de la advertencia del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a la gestión porteña sobre la privatización de sus medios públicos, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció este martes que avanzará con el llamado a licitación del Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2×4).

“Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, indicó Macri en un escueto mensaje en la red social X.

En ese contexto, el jefe porteño ignoró la nota formal que le envió el Enacom, ya que la venta de los medios públicos podría resultar incompatible con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que prohíbe la delegación de la explotación de licencias audiovisuales.

El organismo regulador señaló que del análisis del pliego administrativo surge una “colisión con el marco regulatorio vigente”, en particular con el principio de indelegabilidad establecido en el artículo 44 de la ley nacional.

Las observaciones surgieron luego de que la Ciudad avanzara con la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial porteño en marzo pasado. El proceso, identificado como licitación pública BAC N° 1002-0321LPU26, tiene por objeto la “concesión del gerenciamiento con carácter oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y Radios de la Ciudad de Buenos Aires”, por un plazo de cinco años, y depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

En la nota enviada por Enacom, el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, advirtió que la ley vigente establece que la explotación de los servicios de comunicación audiovisual debe ser realizada por su titular y que la delegación total o parcial de esa función constituye una falta grave, pasible de sanciones que pueden incluir la caducidad de la licencia. En ese marco, aclaró que, de persistir el proceso licitatorio en los términos planteados, el organismo “se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio”.

El punto de conflicto gira en torno al alcance del “gerenciamiento operativo” que la Ciudad busca concesionar. Según la Ley 26.522, serán consideradas delegación de la explotación, entre otras conductas, la cesión de espacios de programación, la celebración de contratos de exclusividad para la producción de contenidos o la realización de negocios jurídicos que permitan sustituir al titular en la operación del medio.

El plazo de concesión será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio. El monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio.

Actualmente las dos radios y el canal de televisión cuentan en total con alrededor de 500 empleados. Además, la Radio de la Ciudad (conocida antes como Radio Municipal y desde 2013 como La Once Diez) es la radio pública más antigua de la Argentina y cumpliría 100 años en mayo de 2027.

Según explicó el gobierno porteño en un comunicado, la licitación exige garantizar un servicio de calidad, con estos puntos salientes:

La Ciudad fundamentó el llamado en la Ley 2095 de Compras y Contrataciones porteña y su decreto reglamentario, un marco normativo local que regula licitaciones y concesiones administrativas. Sin embargo, el régimen audiovisual está alcanzado por una ley nacional de orden público, que establece que las licencias y autorizaciones de radio y televisión se encuentran bajo jurisdicción federal.

Hasta el momento, el gobierno porteño no respondió públicamente a la observación formulada por Enacom ni informó si prevé modificar o suspender la licitación. El cronograma oficial establecía que la apertura de ofertas estaba prevista para el 20 de abril pasado.

De avanzar el proceso en los términos actuales, el conflicto podría derivar en una disputa judicial entre el gobierno de la Ciudad y el organismo nacional.

La Cámara Federal porteña le asignó a la jueza María Eugenia Capuchetti todas las causas que investigan la asignación de créditos del Banco Nación. El mes pasado, se presentaron cuatro denuncias por la concesión de préstamos millonarios de la banca estatal a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA). La letrada disputaba la competencia de esas causas con el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°4.

Se presentaron cuatro denuncias el mes pasado por el caso de la aprobación de créditos de la institución que conduce Darío Wasserman. Dos de ellas tramitaban en el juzgado de Capuchetti, mientras que las otras dos estaban a cargo de Lijo. Por tratarse de causas que investigan “los aspectos fácticos de un mismo suceso”, el camarista Eduardo Farah resolvió que todas confluyan en un mismo juzgado.

En este sentido, señaló que, la Acordada 4/2017 de la Cámara Federal porteña que refiere al supuesto de la denuncia repetida, corresponde que las causas se adjudiquen al juzgado que recibió la primera presentación judicial. Según detalla la resolución de Farah, la primera denuncia se presentó el 2 de abril por la mañana y recayó en el Juzgado de N°4, que controla Lijo. La segunda, presentada por la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica), corresponde a ese mismo día, pero alrededor de las 18 y fue remitida a la jueza Capuchetti.

Es decir, bajo el supuesto de la acordada citada, las causas deberían haber sido adjudicadas al juez Lijo. Sin embargo, el camarista argumentó que la primera denuncia -enviada por Daniel Sarwer-, carece de “un mínimo de lógica, no exclusivamente jurídica” y no cumple con requisitos mínimos como explicitar “circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución”, partícipes, damnificados y testigos del hecho que se pretende investigar.

“Ante los defectos que se observan en el escrito del nombrado, los que no fueron saneados luego por una ratificación, escrito complementario u otro acto de entidad similar, la adjudicación debe resolverse por la primera denuncia válida, que es la que dio origen a la causa nro. 1364/2026 del Juzgado nro. 5″, afirma Farah en la resolución. Al tomar la presentación de Frade como la primera denuncia, la competencia de todas las causas referidas a la asignación de créditos del Banco Nación quedó en manos de Capuchetti.

La diputada de la Coalición Cívica había acudido a la Justicia a principios de abril para que se investigue el otorgamiento de préstamos de la banca estatal a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). En el texto remitido, reclamaba una pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades que pudieran configurar delitos como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”.

En la denuncia, Frade advierte que los montos aprobados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios o que, a priori, el banco no habría evaluado su capacidad de repago. “El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, planteó.

La dirigente del partido de Carrió asegura que, de corroborarse estas irregularidades, y teniendo en cuenta la participación de los involucrados en dependencias estatales, “estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles”.

Entre los funcionarios señalados por el acceso a créditos millonarios del Banco Nación, destacan Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas y Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial.

La información difundida en redes sociales y que originó las denuncias surge de los registros del sitio web “¿Cuánto deben?“, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky. A partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la plataforma permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas.