En momentos en que parecía que la apuesta por el rearme se consolidaría como un rasgo característico de la gestión presidencial de Javier Milei, el Gobierno movió las piezas y dispuso un recorte multimillonario en los presupuestos del Ministerio de Defensa y las respectivas Fuerzas Armadas. A través de una resolución publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial, se estableció un recorte cercano a los $50.000 millones por lo que entró en fase de «freezer» la compra de cuatro helicópteros navales Leonardo AW109M y se aleja la posibilidad de avanzar con la incorporación de submarinos. También se reducirá fuertemente la compra de equipamiento para comunicaciones y se definieron recortes en insumos para la cobertura de la campaña en la Antártida.

Los alcances de la motosierra en cuestión fueron detallados Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial durante la jornada del lunes 11. «… corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido», argumentó el oficialismo en los párrafos iniciales de la resolución.

Fuerte recorte en el presupuesto militar

De acuerdo a plataformas especializadas como Zona Militar, el ajuste «afecta programas de alistamiento operacional, logística, sostenimiento y equipamiento de las tres fuerzas, y cancela el crédito externo asignado a uno de los proyectos de adquisición más esperados por la Armada Argentina: la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano«.

«El recorte de mayor magnitud corresponde al Programa 16 de Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), que pierde 16.500 millones de pesos en gastos de capital destinados a herramientas y repuestos mayores y equipo militar», añadió la fuente. Lo establecido para la FAA sorprendió y mucho a los altos mandos castrenses dada la permanente publicidad respecto de los F-16 y la «recuperación de la capacidad aérea» que realiza La Libertad Avanza (LLA)

A esa arma le sigue el Ejército Argentino en términos presupuesto: su programa de alistamiento operacional registrará una reducción de $12.622 millones en maquinaria, equipo de transporte y equipo militar.

En tanto, la Armada «acumulará recortes por 15.220 millones en su programa de alistamiento, incluyendo bienes de consumo, mantenimiento de edificios e infraestructura, y la eliminación completa del crédito externo para el Proyecto 22 de helicópteros navales».

En cuanto al Ministerio de Defensa, se impondrán recortes al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que dejará de contar con $3.300 millones para la actualización de equipamiento, al Programa de Logística de la Defensa, que ya no dispondrá de $1.000 millones para el mantenimiento y reparación de vehículos, y al Servicio de Hidrografía, con una baja de $1.700 millones en maquinaria y equipo.

«El Estado Mayor Conjunto registrará recortes en el Programa de Planeamiento Militar Conjunto ($1.800 millones en equipos de comunicación, repuestos y equipos varios) y en el Sostén Logístico Antártico ($960 millones en combustibles)«, detalló la plataforma.

F-16: menos vuelos y ejercicios

Ya en marzo pasado una serie de datos expuestos de forma oficial levantaron polvareda en torno a la Fuerza Aérea Argentina. Ocurre que, según datos del informe más reciente divulgado por la Oficina Nacional de Presupuesto, el arma en cuestión cerró 2025 con números en rojo en términos de horas de operación y ejercicios por falta de presupuesto.

Se indicó que la FAA sufrió la «falta de disponibilidad» de recursos para cubrir aspectos como el costo de combustible aeronáutico y realizar el mantenimiento pertinente que demandan radares y aeronaves.

Al mismo tiempo, se señalaron falta de avances en la recuperación u optimización de las unidades C/KC-130 Hércules y T-6C+ Texan II. Tampoco se registraron novedades presupuestarias ligadas a la aplicación de mejoras o directamente el reemplazo de los aviones de combate A-4Ar Fighting Hawk, en tierra desde julio de 2024.

El informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, al que accedió iProfesional recientemente, afirma que, «midiendo la cantidad de horas de operación y de ejercicios», el cierre de 2025 fue con un registro donde quedó en evidencia «un desvío negativo en ambas medidas«.

Y que ese resultado «se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones».

En concreto, el informe señaló que las horas de operación bajaron 36,6% durante el último trimestre de 2025, mientras que los ejercicios evidenciaron una merma superior al 61 por ciento.

Los docentes universitarios acumularon una pérdida salarial equivalente a 8 sueldos desde noviembre de 2023, con una caída del 34,5% en términos reales. Los datos surgen en la antesala de la marcha federal de este martes por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno Nacional, la cual fue aprobada e insistida en el Congreso tras el veto del presidente Javier Milei.

Para poner estas variaciones en números concretos, en base a datos de Conadu, Infobae elaboró ejemplos de salarios brutos para docentes con hasta 2 y 10 años de antigüedad.

De acuerdo con la escala salarial de mayo de 2026, la dedicación exclusiva (40 horas semanales) muestra una brecha significativa determinada por el escalafón y la antigüedad. Un profesor Titular que inicia su carrera o posee hasta dos años de experiencia percibe un básico bruto de $1.898.740,01, cifra que se eleva a $2.373.425,01 al alcanzar los 10 años en el cargo.

Un Auxiliar de primera categoría percibe $1.062.708,05 como sueldo inicial, lo que representa apenas un 55% de lo que cobra un Titular con su misma antigüedad.

En el caso de las dedicaciones semiexclusivas de 20 horas semanales, los montos reflejan la presión sobre los ingresos de los cargos intermedios. Un docente con el cargo de Adjunto y una década de trayectoria percibe un bruto de $925.745,76, mientras que un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con la misma antigüedad llega a los $795.039,03.

Por su parte, un Auxiliar de primera con 10 años de experiencia bajo este régimen horario cobra $664.190,55, valores que obligan a la mayoría de los profesionales a buscar fuentes de ingresos adicionales para cubrir la canasta básica.

La situación resulta más crítica en las dedicaciones simples de 10 horas semanales, las más frecuentes en el sistema universitario nacional. Aquí, los salarios de los niveles iniciales, como el de Auxiliar de segunda, oscilan entre los $212.540,62 y los $265.675,77 brutos según la antigüedad. Incluso un profesor Titular en este régimen percibe apenas $593.355,63 tras diez años de servicio.

Estas cifras cobran especial relevancia frente a un contexto donde la inflación interanual a comienzos de año se situó en el 32,4% y se proyecta un cierre para 2026 del 27,5%, lo que subraya la magnitud del desafío para mantener el poder adquisitivo del sector académico.

Para calcular el efecto del ajuste que aplicó el Gobierno al presupuesto universitario en términos reales, se tomaron cálculos privados con datos a marzo o abril, según el caso. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) detalló que un titular con dedicación exclusiva, en el acumulado desde el cambio de gestión, cobró $18,5 millones menos a precios de abril.

El recorte presupuestario en las universidades nacionales afecta principalmente a los docentes, ya que el 80% de los fondos se destina a remuneraciones. Como resultado de dicho deterioro en el poder adquisitivo, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 profesionales ya dejaron sus cargos.

Como comparativa, el presupuesto asignado al sistema universitario nacional pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para este año, mientras que las transferencias muestran una baja real acumulada del 45,6%

“El gasto en 2025 fue similar al que se realizó en 2007 ($5,5 billones a precios de abril de 2026); y sin tener en cuenta la creación de 13 universidades públicas y los 768.200 nuevos estudiantes que se incorporaron al sistema”, señaló el IAG.

Un informe de CEPA tomó los salarios básicos a marzo de 2026 y, con ellos, estimó el impacto de la inflación sobre su poder adquisitivo al compararlo con la evolución de las canastas de indigencia y pobreza. De acuerdo al análisis, si se considera la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) de un Hogar Tipo 2 en marzo de 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se advierte que solo una minoría de los cargos supera la línea de pobreza. Ese mes, la CBT fue de $1.434.464.

Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva exceden ese monto, con un sueldo bruto de $1.555.834. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 logran cubrir la canasta.

A su vez, la CBA, que marca la línea de indigencia, alcanzó los $658.011 en marzo. A excepción de los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva, el resto de los cargos docentes, incluidos los de dedicación simple, quedaron por debajo de ese umbral.

La Ley de Financiamiento Universitario insistida en el Congreso establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que recuperen el terreno perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, fecha prevista para su publicación en el Boletín Oficial.

Eso implicaba un aumento del 44% que, de haberse aplicado en noviembre, habría dejado las remuneraciones apenas un 1,3% por debajo del nivel de igual mes de 2023.

Mientras tanto, en Casa Rosada aseguran: “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata». Estiman que la suma adeudada asciende a 2,5 billones de pesos.

En la misma línea, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando se aprueba una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.

“Implicaría un gasto que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar hoy”, agregó.

Por otra parte, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno dispuso recientemente un ajuste de $78.768 millones a programas de la Secretaría de Educación.

Según el anexo correspondiente, la reducción incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, con afectación directa a obras en trece casas de estudio.

La Universidad Nacional de La Plata es la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.

A medida que los entornos de TI se vuelven más complejos y están directamente vinculados al desempeño del negocio, crece la necesidad de que las organizaciones comprendan claramente los diferentes modelos de contratación de servicios tecnológicos y, así, identifiquen el momento y el contexto en que cada uno puede satisfacer sus necesidades.

Un dato de Deloitte, que indica que las empresas que alinean su estrategia de TI con los objetivos del negocio tienen hasta 1,8 veces más probabilidades de alcanzar resultados financieros superiores en comparación con sus competidores, refuerza la relevancia de tomar decisiones bien fundamentadas al momento de optar por la contratación de servicios externos.

Los servicios profesionales en tecnología tienen un papel claro en proyectos con un alcance definido: implementación de soluciones, migraciones de infraestructura, remediación de vulnerabilidades o capacitación de equipos técnicos internos. Son, por naturaleza, entregas con inicio, desarrollo y final, destinadas a resolver necesidades específicas y transferir conocimiento para que el cliente se vuelva más autónomo. Sin embargo, una vez finalizado el proyecto, la responsabilidad de mantener la infraestructura segura y operativa recae sobre la propia organización, lo que exige un equipo interno calificado y actualizado.

En contraste, los servicios gestionados establecen una relación continua entre el cliente y el proveedor, combinando recursos técnicos, procesos y tecnología para operar actividades críticas de manera recurrente, dentro de un alcance acordado contractualmente. Este modelo libera a los equipos internos para que se concentren en iniciativas estratégicas, innovación, optimización de procesos y alineación con los objetivos del negocio, mientras el socio asume la ejecución de actividades operativas como monitoreo 24/7, mantenimiento de red y seguridad de extremo a extremo.

Ante las constantes amenazas cibernéticas, la escasez de talento y la creciente complejidad de los entornos de TI, muchas organizaciones ven en los servicios gestionados no solo una forma de reducir costos, sino también un medio para transformar la tecnología en un activo estratégico, con gobernanza, transparencia e informes de gestión que evidencian la evolución continua del entorno.

La decisión entre servicios profesionales y gestionados, por lo tanto, debe basarse no solo en “quién los ejecuta”, sino principalmente en dónde el cliente desea concentrar su enfoque: en la operación o en la estrategia que impulsa el negocio.

El autor es gerente de servicios profesionales y gestionados de NEC en América Latina