El Gobierno incorporó a las personas que hayan incumplido con las cuotas alimentarias dentro de los supuestos que podrán derivar en una prohibición de ingreso a estadios de fútbol. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y pasará a aplicarse a través del programa Tribuna Segura cuando exista una orden judicial o administrativa vigente.

La normativa modificó el artículo 2° de la Resolución 354/2017, que regula el régimen de Restricción de Concurrencia Administrativa a espectáculos futbolísticos. Según el texto oficial, la decisión apunta a adecuar el funcionamiento del programa a situaciones que comenzaron a registrarse en distintas jurisdicciones del país, donde jueces ordenaron impedir el ingreso a estadios a personas que incumplen el pago de cuotas alimentarias.

La resolución agregó un nuevo grupo dentro de los casos alcanzados por las restricciones de acceso. Por lo que, a partir de ahora, también podrán quedar impedidas de ingresar a estadios aquellas personas sobre las que pese una medida judicial o administrativa fundada en su inscripción en un Registro Público de Alimentantes Morosos o en sistemas equivalentes previstos por normativas locales.

El texto aclara que la restricción continuará vigente mientras permanezca la situación que originó la medida. La incorporación de este supuesto se suma a otros ya contemplados por el régimen, vinculados con hechos de violencia, alteraciones del orden público y delitos cometidos en el contexto de espectáculos deportivos.

Entre los fundamentos de la decisión, el Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo que la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos recibió numerosos oficios judiciales que ordenaban incorporar personas a la base de datos de Tribuna Segura debido a sanciones relacionadas con incumplimientos alimentarios. Según explicó la cartera, esas resoluciones disponían restricciones de ingreso a estadios deportivos o a determinados clubes como mecanismo complementario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La norma menciona específicamente la legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Salta. En el caso porteño, recordó que la Ley 269 creó el Registro Público de Alimentantes Morosos y dispuso que los organismos encargados del control de acceso a estadios rechacen el ingreso de las personas inscriptas en ese registro durante partidos organizados por entidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la FIFA o la Conmebol.

Respecto de Salta, la resolución señaló que la Ley 7411 creó un Registro de Deudores Alimentarios que prohíbe el ingreso a estadios para asistir a espectáculos deportivos o culturales pagos. Además, indicó que existen registros similares en otras jurisdicciones del país con medidas equivalentes.

La modificación también mantuvo y reordenó el resto de las causales previstas para aplicar restricciones de concurrencia. Entre ellas figuran las personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos cometidos en el marco de la Ley 23.184 sobre violencia en espectáculos deportivos; quienes enfrenten causas por delitos dolosos y representen un riesgo para la seguridad pública; y quienes protagonizaran hechos violentos antes, durante o después de encuentros futbolísticos.

El listado incluye además a personas involucradas en actuaciones contravencionales relacionadas con partidos de fútbol, participantes de incidentes durante traslados de parcialidades y quienes alteren el orden público o afecten la seguridad y el tránsito tanto en espectáculos deportivos como en manifestaciones o concentraciones realizadas en la vía pública.

En un escenario que se parece peligrosamente al prolongado conflicto binacional por la instalación de la papelera Botnia-UPM en las costas de la ciudad Fray Bentos, frente a la localidad entrerriana de Gualeguaychú, funcionarios argentinos y de Uruguay se reunieron hoy en Montevideo para evitar la posibilidad de otro entuerto limítrofe. Esta vez se trata de una planta de hidrógeno verde planificada en Paysandú, frente a Colón, Entre Ríos, con el mismo río Uruguay como barrera natural e indispensable fuente de agua para el proyecto.

El canciller Pablo Quirno y el gobernador de Entre Ríos, Emilio Frigerio (Pro), encabezaron la delegación argentina. Fueron recibidos por el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, y un actor que comienza a ser clave: el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Allí las autoridades uruguayas se comprometieron a analizar la relocalización de la planta.

Las repetidas marchas de protesta que vienen motorizando asambleístas entrerrianos cada fin de semana son el contexto y a la vez el condicionante de las negociaciones, alrededor de la inversión más grande que podría tener Uruguay en su historia, unos U$S 5800 millones generados por la empresa multinacional HIF Global, entre la construcción de la planta y la reforestación de las más de 110 hectáreas que, inicialmente, abarcaba el proyecto.

Luego de la reunión, y aún sin anuncios concretos, el canciller argentino se mostró conforme, sobre todo porque del lado uruguayo contestaron que analizan la “relocalización” de la planta, objetivo compartido por los asambleístas y las autoridades argentinas.

“Tuvimos una excelente reunión con Mario Lubetkin, canciller de Uruguay , y el equipo uruguayo para continuar el proceso de diálogo sobre el proyecto de la planta de elaboración de hidrógeno verde en Paysandú, en la que nos informaron que el Gobierno uruguayo se encuentra analizando alternativas de relocalización de la planta”, escribió Quirno en su cuenta de X. “Seguiremos en diálogo constructivo y permanente para llegar a un escenario que contemple los intereses de todas las partes. Seguimos avanzando”, culminó el jefe de la diplomacia nacional.

En un comunicado conjunto, ambos países dieron cuenta de las negociaciones en curso. En el texto común se aclaró que Quirno “valoró que se hubiere incorporado a la ciudad de Colón como parte del “área de influencia” del proyecto para la elaboración de un estudio de Impacto Ambiental, otra de las preocupación en Colón, ciudad turística dónde viven unos treinta mil pobladores fijos.

Lubetkin, en tanto, señaló que, una vez tomada una decisión con respecto a la localización definitiva del proyecto y la evaluación de su estudio de impacto ambiental, se remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la entidad binacional, que también tuvo una participación protagónica en el conflicto por Botnia, que incluyó el cierre del puente Gualeguaychú-Fray Bentos durante cinco años e incluyó un litigio internacional en el tribunal de La Haya con resultado adverso para la Argentina.

“Estamos en contra de que la planta se haga en ese lugar, por la contaminación visual, a poco más de dos kilómetros de las playas de Colón”, expresó a Gustavo Velzi, abogado de los asambleístas de Colón, y partidario de la relocalización de la planta

Más allá de los asambleístas, ambos gobiernos y las intendencias (el intendente de Colón, José Luis Walser, apoya el reclamo de los manifestantes entrerrianos), otros actores también intervinieron en clave política. Los legisladores del peronismo entrerriano Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl presentaron ante la justicia federal en Concepción del Uruguay una acción preventiva de daños en materia ambiental.

La Justicia envió, a su vez, exhortos a la CARU y al propio Quirno para que suministre la información que tiene sobre el estado del proyecto. Diputado cercano a Sergio Massa, y con aspiraciones de gobernar Entre Ríos, Michel acusó a Frigerio de “sobrevolar los temas” y de ocuparse de la instalación de la planta recién después de su denuncia.

Cerca de Frigerio contestaron que “el tema no se resuelve con denuncias judiciales”, y confiaron en seguir impulsando la relocalización de la planta, un pedido concreto que el propio Frigerio hizo llegar al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

“A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. El gobierno uruguayo nos informó que por nuestra solicitud se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú”, dijo Frigerio.

“Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el pais hermano uruguayo y creemos firmemente que esto no tiene porque afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. ”, dijo Frigerio al terminar la reunión.

“Ojalá todos aprendan de lo que pasó aquí y no sea otra vez la crónica de una nueva frustración o resignación”, advirtió a este diario Luis Leissa, abogado y ex integrante de la asamblea de Gualeguaychú.