POLITICA
Gobernadores, legisladores, intendentes y referentes opositores participaron de la Marcha Universitaria
Importantes referentes de la oposición participaron este martes de la masiva Marcha Universitaria que tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, con el fin de exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y en protesta por los recortes que ha hecho el Gobierno en educación.
Desde gobernadores hasta legisladores y dirigentes, desde temprano se pronunciaron a través de sus redes sociales a favor del reclamo que juntó a miles de personas en las calles del centro porteño, pero también en importantes plazas de las provincias argentinas. Muchos, además, participaron activamente y en persona de las protestas.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una de las columnas que marcharon hacia Plaza de Mayo.
“Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”, aseveró.
Luego, lamentó que “en estos tres años, muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios”.
“El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”, sostuvo.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, se expresó en favor de la Marcha Universitaria: “La educación y la universidad pública son las herramientas más poderosas que tiene la sociedad para igualar oportunidades. Su desfinanciamiento no solo pone en riesgo el acceso al conocimiento, sino que atenta contra la identidad misma de Córdoba. Juntos, los cordobeses debemos unirnos para defenderla. Argentina se hizo grande gracias a la educación pública. No es posible construir un país mejor sin inversión en educación, ciencia y tecnología. Asfixiar al sistema universitario significa sacrificar el presente y el futuro de nuestro pueblo”.
El gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Zilioto, invitó a sus coprovincianos desde su cuenta de X a las marchas que se realizaron en Santa Rosa y General Pico.
“Siempre del lado de la universidad pública, gratuita y de calidad. Porque allí se forman profesionales, se impulsa la investigación, se fortalece la ciencia y la tecnología, y se construyen más oportunidades para miles. Queremos un país fuerte, que crece al pulso de sus universidades y de nuestra gente. ¡Por eso las defendemos!“, arengó el mandatario provincial.
El senador nacional kirchnerista Wado de Pedro, horas antes del encuentro, también se pronunció en redes sociales con un video y un mensaje: “Universidad por universidad. Provincia por provincia. En defensa de la educación y la ciencia nacional. ¡Nos vemos hoy en las calles!“.
Luego, ya en las calles del centro porteño, publicó una foto y un mensaje: “La universidad pública se defiende. Ya estamos con rectores, sindicatos, estudiantes y referentes de la comunidad universitaria, para exigir la implementación de ley de financiamiento”.
Sergio Massa se pronunció desde sus redes sociales: “Cada estudiante que llega a la universidad es una familia entera que llega con él. La educación superior de calidad es el mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones. Hoy y siempre, defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia. El país que soñamos se construye con más educación y más ciencia”.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue una integrante destacada de la columna kirchnerista, en la que también estuvo presente la diputada nacional Lucía Cámpora.
Pablo Javkin, intendente de Rosario, escribió: “ROSARIO ABRAZA A SU UNIVERSIDAD PÚBLICA. Defender la universidad pública es defender el futuro, las oportunidades y la igualdad”.
Desde el punto más austral del país, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, también convocó a marchar: “La educación pública se defiende. Siempre. No hay desarrollo local sin universidades públicas, gratuitas y de calidad. En Tierra del Fuego AIAS, la educación superior no es un privilegio: es una herramienta de inclusión, arraigo y futuro. Miles de jóvenes fueguinos pueden estudiar, crecer y construir su proyecto de vida en nuestra provincia gracias a la universidad pública, evitando tener que irse para buscar oportunidades lejos de sus familias y su tierra. Defender la universidad pública es defender el derecho a soñar, a formarse y a construir una Tierra del Fuego con más oportunidades para todos y todas. No están recortando presupuesto. Están cortando el futuro”.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también anunció su participación: “Cuando los hijos de obreros llenamos las aulas, el país empezó a cambiar. Porque la Universidad también enseña que los logros se consiguen con esfuerzo, pero nunca en soledad. El conocimiento nos hace libres, y ponerlo al servicio del bien común nos hace justos y soberanos. Hoy marchamos porque no hay Nación posible sin Universidad pública, gratuita y de calidad”.
Más tarde, finalizado el acto central, compartió imágenes en sus redes sociales y destacó que marchó con Kicillof y los militantes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio peronista que promueve la candidatura presidencial del gobernador bonaerense.
“Fuimos cientos de miles en las calles, exigiendo que el gobierno nacional cumpla con la ley y deje de desfinanciar a las universidades de todo el país. La Argentina que soñamos no puede construirse sin desarrollo académico, científico y tecnológico. El ajuste y la falta de estos recursos castiga a las universidades nacionales y las pone en serio riesgo. Nosotros estamos convencidos que un Estado eficiente debe defender a la educación pública e invertir en todos sus niveles”.
Julio Zamora, intendente de Tigre, compartió una imagen de la marcha y escribió: “¡En democracia, la ley se cumple! La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario es necesaria para que nuestra sociedad pueda crecer y desarrollarse. La Universidad Pública, gratuita y de calidad es un derecho».
Provincias Unidas emitió un comunicado como fuerza política en el que apoyó “el reclamo de la comunidad universitaria en todo el país” y exigió “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”. “Defender la universidad pública es defender el derecho de millones de jóvenes a imaginar un futuro mejor”, afirmaron desde ese espacio.
Jorge Taiana, diputado nacional de Fuerza Patria, estuvo presente en la Marcha Federal Universitaria.
“Somos miles en las calles marchando para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. No es tu Ley. No es mi Ley. Es nuestra Ley. ES LA LEY DE TODOS. Sin Universidades y sin Ciencia no hay futuro”, expresó luego en redes sociales, junto a imágenes de la manifestación.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz también marchó a Plaza de Mayo.
“El pueblo está en la calle defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad. El recorte presupuestario ya alcanza el 41% y es un drama que viven todos los días docentes y no docentes en las universidades”, indicó la legisladora peronista.
El diputado nacional del Frente Renovador Diego Giuliano dijo presente en la marcha y compartió fotos, videos y una frase: “QUE NO SE RECORTE EL FUTURO DE ARGENTINA. La universidad pública es de todas y todos”.
Con un insulto al Gobierno en redes sociales, el diputado nacional Itai Hagman destacó, con una imagen, la multitud que colmó la Plaza de Mayo: “Aguante la universidad pública. Aguante el pueblo en la calle defendiéndola. ¡Cumplan la ley, soretes!»
Miguel Pichetto, diputado nacional y presidente de Encuentro Republicano Federal, expuso que “el Gobierno debe cumplir la ley que el Congreso votó y ratificó, y garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las universidades públicas”.
Kelly Olmos, diputada nacional y ex ministra de Trabajo durante la presidencia de Alberto Fernández, convocó a marchar: “El gobierno de Milei, Caputo, Bullrich y Sturzenegger busca destruir el sueño del progreso argentino y la posibilidad de que los hijos de los trabajadores construyan un futuro mejor. El pueblo responderá hoy en Plaza de Mayo y en las plazas de todo el país con un reclamo unificado de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por una UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD, condición de movilidad social ascendente”.
La diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales: “Defender la universidad pública es defender uno de los pilares que nos hicieron grandes como país. Más de 150.000 santafesinos estudian hoy en nuestras universidades públicas. Cada título universitario es una historia de esfuerzo, una familia que progresa, una oportunidad que se hace realidad.Pero la universidad no solo forma profesionales. Genera desarrollo regional. Cuando el sector privado trabaja junto a la universidad, la ciencia y la tecnología se transforman en industria, en trabajo, en futuro. Santa Fe es prueba de eso. Somos la provincia que desarrolló la siembra directa. Somos la provincia de la industria del conocimiento. Y eso no es casualidad: es la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional de Rafaela y la Universidad Técnica Nacional Santa Fe. Esas cuatro universidades forjaron lo que llamamos la santafesinidad. Defenderlas es defender un derecho y una obligación de todos los argentinos”.
La diputada nacional Karina Banfi publicó su firme postura en redes sociales: “YO MARCHO por la educación pública, gratuita y de calidad”.
Entre los legisladores presentes estuvo también el senador nacional Maximiliano Abad.
Malena Galmarini, senadora bonaerense, apuntó: “Marchamos por la educación pública, gratuita y de calidad. Por universidades que igualen oportunidades, por docentes e investigadores reconocidos y por el desarrollo de nuestros hijos y nietos. Porque la educación no es un gasto: es la inversión más importante que puede hacer un país. Hoy somos millones defendiendo una Argentina con más conocimiento, más inclusión y más futuro”.
Desde el PRO también hubo pronunciamientos firmes: “En una República, las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho”, manifestó la legisladora porteña Silvia Lospennato.
La también legisladora porteña Graciela Ocaña recordó que “la Universidad Pública es una oportunidad de progreso y movilidad social”.
“Es una herramienta fundamental para igualar derechos. Hoy marchamos en defensa de la educación y del futuro. El Gobierno debe cumplir la ley”, apuntó.
Daniel Filmus, investigador del CONICET y ex ministro de Educación, aseveró: “Mientras hoy marchamos en defensa de la universidad pública, Milei recorta más de $78 mil millones en programas educativos, paraliza obras en universidades, desfinancia becas, alfabetización y salarios docentes. Es un ataque directo al derecho a la educación, a la ciencia y al futuro argentino. Hoy defendemos el derecho de nuestro pueblo a estudiar, investigar, producir conocimiento y construir futuro. Sin ciencia ni universidades, no hay desarrollo ni soberanía”.
Manuela Castañeira, referente y ex candidata presidencial del Nuevo MAS, publicó: “Hermoso día para defender la ciencia y la educación. Hoy se llenan las calles en la Marcha Federal Universitaria para exigirle al gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Debería haber un juicio político a Milei por insano. Sigamos en las calles hasta conquistar el presupuesto”.
POLITICA
Sin banderas ni carteles con mensajes provocativos: cómo será el operativo de seguridad para Argentina-Inglaterra
La FIFA trabaja en colaboración con las autoridades de Atlanta, sede este miércoles de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina. Así lo confirmó la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, quien precisó que habrá un refuerzo de 1.600 agentes policiales, tras calificarse el partido de alto riesgo.
En la previa al encuentro, se realizó una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Leesburg, Virginia, donde participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, y delegaciones de seguridad de Inglaterra y Argentina, como parte de la agenda de trabajo diaria del Mundial.
Durante esa reunión, Monteoliva indicó que se elaboró el documento “pre match”, con una evaluación del riesgo, los antecedentes entre hinchadas y puntos de concentración de aficionados. En ese marco, se definió que “el partido va a contar con aproximadamente 1.600 agentes policiales”.
“Ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones”, deslizó la ministra, al precisar el sentido de la participación de Franco Berlin, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y del programa “Tribuna Segura”, y Alejandro Eboli, comisario de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Otra de las decisiones centrales fue la diferenciación de ingresos: los hinchas argentinos deberán acceder al Mercedes-Benz Stadium por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Aunque dentro del estadio no habrá segregación de las parcialidades, la medida busca evitar cruces en los accesos principales.
Además, Monteoliva advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”. “No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, contó, y dio a entender que entre esos objetos están aquellos que incluyan la imagen de las Islas Malvinas.
Las entradas para el partido ya fueron vendidas en su totalidad y las zonas asignadas, por lo que las autoridades insistieron en que quienes no cumplan con las normas podrán enfrentar sanciones inmediatas.
El derecho de admisión sobre la hinchada argentina
La ministra precisó que, a diferencia de otros mundiales, la presencia de barrabravas argentinos en Estados Unidos es mínima, resultado de un trabajo coordinado entre Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. “Compartimos con Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, que incluye a 33.000 personas”, detalló.
Además de esa nómina, durante el torneo unos 13 argentinos fueron identificados e incorporados al registro por intentar eludir controles, ingresar con entradas falsas o generar disturbios. “A los trece se les aplicó restricción administrativa de concurrencia, tanto allá como acá para cuando vuelvan”, dijo Monteoliva.
Por otro lado, informó que el sistema de alerta Halcón, que está activo, permitió detectar casos de personas potencialmente conflictivas en el Mundial. “Es una alerta temprana, pero silenciosa. Es decir, no se entera ni el personaje que tiene una restricción, ni siquiera el funcionario que le sella en Migraciones. Nos avisa sobre la salida de personas que tienen antecedentes de violencia en espectáculos públicos, que pueden salir del país porque no tienen una restricción” para viajar, explicó.
El operativo en el centro porteño
Ahora bien, también habrá controles específicos en la Ciudad de Buenos Aires, ante posibles disturbios o descontrol en el marco del partido. El operativo está coordinado con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Jiménez, y pondrá especial atención al Obelisco, punto tradicional de reunión.
“Lo que queremos es que el festejo sea en paz. Eso tiene que quedar muy claro. Todo aquel que se ponga violento, atente contra las fuerzas de seguridad o rompa cosas, que se atenga a las consecuencias”, sentenció la ministra.
En la previa, el DT de Argentina, Lionel Scaloni, intentó poner paños fríos al partido, al afirmar que solo se trata de “un partido de fútbol” y que no deben entrar en juego factores externos.
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POLITICA
El Gobierno interviene en la pulseada de la industria farmacéutica por el tratado de patentes
La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), cuyo tratamiento en el recinto de Diputados fue momentáneamente congelado, genera fricciones en el sector farmacéutico. Los laboratorios nacionales –nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa)– son los principales opositores al proyecto y argumentan que la ratificación del PCT aumentaría los precios de los medicamentos. Por su parte, los extranjeros –agrupados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme)– apoyan el tratado y alegan que generaría un marco de mayor previsibilidad para actores vinculados a la innovación.
El PCT fue elaborado en 1970 en Washington y el Senado le dio media sanción en 1998. Este año, el Congreso avanzó con su tratamiento, dado que es uno de los compromisos que asumió la Argentina en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) firmado con Estados Unidos.
El objetivo es incorporar a la Argentina al principal sistema internacional de cooperación en materia de patentes. El tratado contiene tres cláusulas de impacto para el sector farmacéutico: la extensión del plazo de 12 a 30 meses para que un inventor argentino decida en qué países protegerá su invención –y un extranjero presente la solicitud en la Argentina–; la posibilidad de crear una única solicitud para presentar a los 158 Estados miembros del acuerdo; y la incorporación de un examen preliminar internacional no vinculante.
Luego de que Cilfa lo reclamara mediante un comunicado oficial, el oficialismo incorporó al proyecto la reserva respecto del Capítulo II en el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria en que el PCT obtuvo dictamen favorable, el 12 de mayo. Ese apartado habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas de patentes extranjeras para analizar solicitudes de registro. Es decir, si el proyecto lograra eventualmente su sanción definitiva, lo haría con el Capítulo II en suspenso, pendiente de un nuevo paso por el Congreso en caso que quisiera ponerse en práctica.
La entidad que nuclea los laboratorios nacionales envió una carta a los diputados con su pedido. Allí sostuvo que es la “opción más conveniente” para “limitar los efectos adversos sobre la competencia, incluyendo la salud pública y la industria y empleo nacional”, al tiempo que permite, con su adhesión al tratado, cumplir con el compromiso establecido con Estados Unidos.
Cilfa sostiene que los informes preliminares podrían condicionar las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas. Consideran que estos exámenes podrían fomentar el evergreening, es decir, que los laboratorios extranjeros extiendan sus patentes y monopolios a través de modificaciones menores de sus productos. Por ejemplo, que un jarabe se transforme en un inyectable.
Entienden que la reserva al Capítulo II “limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”.
En esta línea, en un comunicado de marzo sostuvieron que el evergreening es “uno de los principales problemas que debe enfrentar la industria farmacéutica argentina para lanzar medicamentos genéricos o biosimilares” que compitan con los originales –y así, según su postura, reduzcan los precios–. Cilfa argumentó que “la industria farmacéutica argentina ha dinamizado la competencia en el mercado farmacéutico, desarticulando monopolios mediante el lanzamiento de versiones genéricas o biosimilares de medicamentos cuyas patentes vencieron o que, por razones tecnológicas, tenían un único oferente”.
En diálogo con , Eduardo Franciosi, director ejecutivo de Cilfa, aseguró que la reserva “beneficia la salud pública porque se asegura la competencia y mitigan los riesgos de conceder patentes sin altura inventiva, novedad y aplicación industrial, asegurando el acceso de la población a los medicamentos”.
Al respecto, desde Caeme dijeron a que “las patentes no se otorgan de manera automática ni pueden extenderse simplemente por presentar una nueva solicitud. Cada solicitud es evaluada por el INPI, que analiza si cumple con los requisitos establecidos por la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”.
A su vez, sostuvieron que “hoy lo importante es poder avanzar” en la adhesión al PCT, incluso si eso significa la incorporación de la reserva del Capítulo II.
La cámara que nuclea las filiales de los laboratorios internacionales consideró que la adhesión al tratado “es fundamental porque integra al país a un sistema utilizado por más de 150 países y genera un marco de mayor previsibilidad para investigadores, universidades y empresas vinculadas a la innovación”.
Además, aseguró que “no está pensado solo para grandes compañías”, que reduce los costos para los inventores argentinos y que “cada país conserva la decisión final; el PCT no obliga a aprobar patentes”. Lejos de una “disputa sectorial”, indicaron que se trata de una “discusión sobre innovación”.
“Incorporamos la reserva sobre el Capítulo II porque había una resistencia de la industria farmacéutica local”, reconoció Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, en diálogo con . Sostuvo que “no cambia mucho adherir sin ese capítulo” y que aceptaron el reclamo de Cilfa con el objetivo de conseguir la aprobación del PCT.
El Gobierno sostiene que el tratado simplifica el sistema de patentes, reduce costos y agiliza trámites para investigadores, pymes y empresas argentinas, sin limitar la soberanía de los Estados dado que cada país conserva la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.
Entonces, ¿por qué la adhesión al PCT perjudicaría a los laboratorios locales? Cacace señaló que “el temor” de los nacionales es que el INPI “otorgue de forma casi automática las patentes a los laboratorios internacionales por el examen preliminar”, dada la cantidad de solicitudes que están pendientes, cuya cifra supera las 4000. “Los locales no podrían fabricar medicamentos no patentados de laboratorios internacionales que han demorado en patentar en la Argentina. Los laboratorios extranjeros son los más innovadores. Los nacionales son más de reproducir drogas ya creadas”, agregó.
Jorge Otamendi, socio de G-Breuer y abogado especialista en propiedad intelectual, coincidió con la explicación del funcionario. En diálogo con , argumentó que los laboratorios nacionales “copian” lo que no se patenta en la Argentina, especialmente los medicamentos con éxito comercial. Muchos laboratorios extranjeros no patentan sus productos en el país dada su exclusión del PCT y el plazo de 12 meses para solicitar la patente en el país. La adhesión al tratado “aumentaría el interés extranjero en solicitar patentes en la Argentina”, lo que, a su vez, perjudicaría a los nacionales si se tratase de “productos exitosos que no puedan copiar por estar patentados”.
Para el socio de G-Breuer, el eje del PCT es la extensión del plazo para solicitar patentes de 12 a 30 meses, en tanto permite a los laboratorios continuar investigando en ese lapso y luego tomar la decisión de dónde solicitar las patentes, en caso de que el producto prospere.
En cambio, consideró que el examen preliminar internacional no tendría un gran impacto en la industria –solo implica tener en cuenta lo ya examinado– y que Cilfa pidió la reserva para retrasar la adhesión al PCT.
En la misma línea, Cacace aseguró que el INPI seguiría haciendo su evaluación, que el examen internacional es no vinculante y que la oficina de patentes nacional ya utiliza informes de oficinas extranjeras.
Franciosi, de Cilfa, sostuvo que las acusaciones sobre las copias de medicamentos no patentados “son absolutamente falsas”. “Cilfa se opone a regulaciones que afecten el acceso a la salud y la competencia”, resumió, en diálogo con .
“Lobby de la industria”
En el plenario de comisiones en el que se obtuvo el despacho, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, presentó un dictamen de minoría en el que propuso la adhesión al PCT sin reservas. Según el legislador, el Gobierno aceptó la reserva porque “obedeció al lobby de la industria farmacéutica”. Sostuvo que “la reserva podría implicar una pérdida de información, eficiencia y capacidad de planificación para los solicitantes argentinos”.
Agregó que el examen no deteriora la soberanía regulatoria de la Argentina, no obliga a las oficinas nacionales a otorgar patentes ni modifica los criterios para inscribirlas. En este último punto coincide con el Gobierno y con Caeme.
El peronismo, en cambio, rechazó el acuerdo en su totalidad. A lo largo de los años, respaldó la postura de los laboratorios nacionales, que sostienen que el tratado reduciría la competitividad local y terminaría encareciendo los medicamentos.
Si Diputados aprueba en el recinto el texto modificado, deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
momentáneamente congelado,plenario de las comisiones,pic.twitter.com/chL0MV8XFj,May 12, 2026,Medicamentos,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
El Gobierno reúne a la mesa política para ordenar las reformas que quiere Milei y confía en suspender las PASO
El Gobierno reunirá este martes en Casa Rosada a la mesa política, la instancia deliberativa y de organización política que tiene el Poder Ejecutivo y que busca ordenar la agenda legislativa de cara a los próximos meses. El encuentro tiene como objetivo repasar los proyectos que el presidente Javier Milei busca implementar después del receso de invierno que habrá en el Congreso.
El encuentro se dará en el despacho de la Jefatura de Gabinete una vez que finalice la conferencia de prensa que viene realizando todos los martes a las 11 de la mañana el vocero presidencial Adrián Ravier. Quien lo acompaña en esos eventos es el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, que es uno de los nueve integrantes de la mesa política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue quien pasó a tomar liderazgo de la mesa política luego del desplazamiento del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es quien convoca los encuentros y lidera la reunión, que es más distendida y menos protocolar de lo que se especula puertas afuera.
En el encuentro, que será en horas del mediodía, estarán también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.
“Será bien operativa para hablar sobre las reformas del Congreso y, probablemente, de las reuniones del Colo (Santilli) con los gobernadores”, afirmó uno de los convocados al mitin de este martes.
La prioridad política que se proponen en el oficialismo hasta lo que resta del año es eliminar o suspender las PASO. En la Casa Rosada son optimistas al respecto, pero creen que lograrán suspenderlas más que cancelarlas de manera definitiva del cronograma electoral.
Santilli viene logrando adhesiones de varios mandatarios provinciales sobre la suspensión de las Primarias. En los últimos días lo hicieron el catamarqueño Raúl Jalil y el puntano Claudio Poggi, ambos muy cercanos al oficialismo en términos de colaboración política. El jefe de Gabinete se reunió con este último ayer por la mañana en Casa Rosada y logró que hubiera dos fotos significativas con 13 gobernadores en el último tiempo: cuando fueron a verlo a su asunción como ministro coordinador y el miércoles pasado en Tucumán en el marco de la vigilia por el 9 de julio.
Aun así, hay apoyos que todavía no se trasladan del todo y tienen que realizarse con mecanismos más complejos. En el oficialismo sugieren que cada provincia es particular y que requiere su propia lógica para poder destrabar apoyos. Ayer se oficializó el apoyo del Gobierno a Córdoba a través de un anticipo financiero de hasta $400 mil millones para afrontar compromisos urgentes.
Con un clima de trabajo que describen como renovado tras el cambio en la Jefatura de Gabinete, en el Gobierno consideran que existe margen para retomar proyectos frenados y para impulsar otros nuevos.
En la reunión de mesa política se hablará también del proyecto al que más empeño le puso el Presidente en los últimos meses y que cree indispensable sacar en el segundo semestre del año para generar previsibilidad económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El proyecto busca prohibir de forma total el financiamiento directo o indirecto del BCRA al Tesoro, eliminando la posibilidad de emitir moneda para cubrir el déficit fiscal. Esta medida incluye la eliminación de los adelantos transitorios y la transferencia de utilidades del Banco Central hacia el Estado, así como penas de prisión para los funcionarios que avalen la emisión sin respaldo. El objetivo es restringir el uso político de la emisión monetaria y limitarla solo para casos de deflación, estableciendo reservas técnicas que impidan la distribución de ganancias contables.
El proyecto también redefine el mandato del Banco Central, fijándolo únicamente en la preservación del valor de la moneda para combatir la inflación, descartando otros objetivos como el fomento del empleo o el desarrollo económico con equidad social. Además, propone suprimir las Letras Intransferibles, instrumentos sin valor de mercado que el Tesoro entregaba al BCRA a cambio de reservas, y modificar los mecanismos de remoción de autoridades del Banco Central para reforzar su independencia frente al Poder Ejecutivo.
Todavía no hay una fecha de presentación formal de la iniciativa, pero fuentes de la Presidencia afirman que sería después de julio, una vez retomada la agenda por parte de todo el arco parlamentario.
“A priori seguimos con la agenda de proyectos ya ingresados en ambas Cámaras. Por ahí se le suma el proyecto de desregulación. Y este jueves que se trata en recinto Propiedad Privada”, comentó a Infobae otra de las figuras que integra la mesa política.
La mesa sigue de cerca el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el 16 de julio en el Senado, mientras revisa cambios al proyecto de Inocencia Fiscal para enviarlo a Diputados a partir del 20 de julio.
El Gobierno también trabaja en ajustar la hoja de ruta de las prioridades que contempla la reforma electoral, las modificaciones del régimen de zonas frías, que se postergará para agosto, y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. Lo hacen en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso. Otro de los temas que formó parte del intercambio fue el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, postergado en dos oportunidades, y con fecha tentativa para el próximo 16 de julio en la Cámara Alta.
La reunión también funcionará como una instancia de seguimiento político semanal. La intención oficial es establecer un método permanente para monitorear proyectos y ordenar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso con encuentros cada siete días.
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