POLITICA
El Gobierno no se mueve de su postura tras la marcha universitaria y espera que la Corte resuelva el financiamiento
La multitud que se concentró en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos que colmaron distintas zonas del país para reclamar que se giren los fondos para las universidades no movieron al Gobierno de la postura que sostuvieron sus funcionarios en la previa: negar un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión nacional. Además, distintos funcionarios del oficialismo enfatizaron en que buscan auditar lo que llamaron “las cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.
De momento, en la Casa Rosada esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley de financiamiento universitario que salió del Congreso y que el Gobierno no aplicó.
Mientras que en el documento final de la marcha al Ejecutivo le achacaron que “incumple la regla democrática y constitucional básica” por no poner en marcha esa legislación, ya judicializada, desde el Gobierno alegaron que la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “no está firme hasta que se expida la Corte”.
Esa posición la señalaron tanto fuentes en off del gobierno de Milei como en una réplica de la Oficina de Respuesta Oficial en X.
El máximo tribunal del país tiene que decidir sobre un Recurso Extraordinario Federal. Esto será clave para saber si avala o no la postura de la gestión Milei, que se ancla en que la legislación del Congreso no tiene especificado de dónde saldrían los fondos para el financiamiento. “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”, resumió una alta fuente de la Casa Rosada ante la consulta de . Esta tarde, el sistema universitario le pidió a la Corte que acompañe y que “escuche el clamor de las plazas de toda la república”.
A la vez que avanzaba la protesta y se acumulaban estudiantes, profesores, gremios y columnas políticas, el Presidente replicaba mensajes que se enfocaron en partidizar la discusión. “Posta que estallo que una vez por año marchan para que no cierren las universidades que nadie quiere cerrar”, fue uno de los tuits que avaló Milei, en este caso del propagandista Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan. Otro decía: “La universidad pública no está en peligro. La caja sin control, sí. Y eso les duele”. Uno, todavía más tensionado, rezaba: “Hoy marcha de la oposición escudándose cobardemente en la defensa de la universidad pública. Los mismos de siempre haciendo lo único que saben hacer: intentar desestabilizar”.
A través de esos dardos, el Presidente deslizó un posicionamiento similar al que más temprano en medios había encarnado su subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, del riñón del estratega Santiago Caputo.
Álvarez planteó en Radio Rivadavia que en las universidades hay “dos corporaciones”: una “política”, que aseguró que responde “mayoritariamente al radicalismo”; y una “sindical”, que le achacó al peronismo. “Es un acto opositor. Una causa noble se esconde atrás de la política”, dijo el encargado de las universidades del gobierno de Milei sobre el masivo reclamo de este martes. Horas después, con la gente en la calle y tras la lectura del documento, no hubo matices en esas manifestaciones suyas, según pudo saber .
En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano prefirieron enfatizar en la necesidad de auditar y “mostrar los números” de las universidades.
“Sería preferible que quisieran hablar de los criterios de regularidad, del cobro a extranjeros, de auditorías. No creemos que marchar sea útil para lo que realmente se precisa, que es mejorar la calidad educativa y los índices de graduación, y utilizar eficientemente los recursos”, señalaron fuentes de esa cartera y añadieron, ante la consulta de : “Amparándose en la autarquía solo les importa la plata y después la población desconoce en qué se utilizan esos recursos”.
En el documento final de este martes -que firmaron el CIN, las universidades, la Federación Universitaria Argentina y distintas asociaciones gremiales del rubro- denunciaron que el financiamiento del sistema nacional es “crítico” y que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada de 45,6% entre 2023 y 2026. “Es una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, denunciaron.
Esta mañana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -que tiene bajo su ala la cartera educativa-, cargó contra la UBA, la acusó de pedir 95% de la distribución del refuerzo para hospitales universitarios y aseguró que esa casa opta por mantener el financiamiento a cargo del Estado y no arancelar a estudiantes extranjeros, cuando -según el Gobierno- debe 50% de las rendiciones de gastos de salud de 2024 y 2025. Asimismo, anunció el lanzamiento del “Micrositio de Datos de las Universidades Nacionales” donde, aseguró, podrán consultarse la cantidad de alumnos regulares, la tasa de egreso, el presupuesto y el costo por graduado. La ministra prometió “datos actualizados y fehacientes”.
Además, Pettovello avaló mensajes contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también referente del radicalismo, quien más temprano se había cruzado con Álvarez y había acusado al Gobierno de “mentir sin vergüenza”, “inventar datos” y “bajar el presupuesto universitario a la mitad en dos años”.
Ayer, la gestión de Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi $2,5 billones, que incluyó un ajuste de $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.
En plena polémica por más recortes, desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, aseveraron que estas adecuaciones presupuestarias “no representan una desinversión” sino que intentan garantizar “la eficiencia del Estado” y priorizar “el financiamiento directo a las instituciones y la mejora en los procesos de gestión sin afectar el funcionamiento educativo ni la investigación científica”. Refirieron incluso que la tijera -que se sintió como una provocación en la previa de la protesta- no pasó sobre la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Este martes, las redes de propaganda libertaria en X -que venían alicaídas en medio del escándalo Adorni- se activaron con material que buscó desacreditar la movilización. Por ahora, quien cultiva su silencio público (hasta en días tan tensionados como este) es el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
multitud que se concentró en Plaza de Mayo,distintas zonas del país,@AleCiroAlvarez,https://t.co/SUufIen0qw,May 12, 2026,publicada en el Boletín Oficial,Paula Rossi,Javier Milei,Universidades,Conforme a,,Desde Axel Kicillof hasta Pablo Avelluto. Los políticos presentes en la marcha universitaria,,No hubo delito. Un fiscal pidió desestimar la denuncia del Gobierno contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje,,Córdoba, Rosario y Mendoza. Los universitarios marcharon en el interior del país para reclamar que “el Gobierno cumpla la ley”,Javier Milei,,Cuotas, subsidios y acuerdos. El Gobierno avanza con mecanismos para contener aumentos en el gas y la nafta,,“Un acto de destrucción de la sociedad”. Fuertes críticas a los recortes del presupuesto educativo en la previa a la marcha,,»La situación es crítica». Una multitud le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario
POLITICA
Caso Adorni: la Justicia analiza el contenido del celular del contratista y prepara un pedido de justificación patrimonial
La investigación judicial sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni sumó en los últimos días dos movimientos relevantes. Por un lado, ya fue extraída y descargada la totalidad del contenido del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista encargado de las obras en distintas propiedades del jefe de Gabinete. Por otro, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la preparación de un requerimiento de justificación patrimonial para que Adorni explique una serie de movimientos económicos que considera sin consistencia suficiente.
Según pudo saber TN, los investigadores realizaron una extracción completa del celular de Tabar y ya cuentan con todo el material descargado para su análisis. En ese dispositivo figuran conversaciones relacionadas con las obras, además de documentación vinculada a compras y facturas.
Todo ese material ya se encuentra bajo análisis judicial y forma parte de las medidas impulsadas en el expediente que investiga el crecimiento patrimonial del funcionario.
En paralelo, el fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial que será presentado independientemente de otros elementos de prueba que todavía espera la causa. La medida apunta a solicitar explicaciones sobre distintos movimientos económicos que el representante del Ministerio Público considera que podrían tener inconsistencias.
Para que el requerimiento se lleve adelante primero la fiscalía debe recibir el informe de la DAFI. Allí terminará de ver los números finos del patrimonio del jefe de Gabinete. Sin embargo, fuentes judiciales le adelantaron a TN que el requerimiento se hará de cualquiera manera, ya que se detectaron inconsistencias vinculadas a pagos en negro.
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Entre los aspectos que busca aclarar la fiscalía aparecen gastos que habrían sido realizados en efectivo. Según la información incorporada al expediente, se trata de desembolsos vinculados a un viaje a Aruba, pagos efectuados a la escribana Adriana Mónica Nechevenko y cuotas abonadas a mujeres policías que participaron de una operación hipotecaria en el departamento de la calle Asamblea.
Fuentes vinculadas a la investigación explicaron que este requerimiento funciona como un pedido formal de explicaciones sobre el origen y la trazabilidad de determinados fondos. La medida se encuentra en preparación y avanzará una vez que arribe el informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO/DAFI), que aún no fue incorporado al expediente, como de la declaración jurada que Adorni prevé presentar ante la Oficina Anticorrupción.
Si las explicaciones de Adorni convencen, será sobreseído. De lo contrario se lo imputará y será llamado a indagatoria.
La novedad se conoce mientras el Gobierno asegura que la declaración jurada del jefe de Gabinete será presentada esta semana. En la Casa Rosada sostienen que el documento está siendo revisado antes de su envío formal y confían en que permitirá responder los cuestionamientos que se acumularon durante los últimos meses sobre la evolución patrimonial del funcionario.
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El tema se encuentra bajo observación desde hace más de tres meses. A principios de mayo, el presidente Javier Milei salió públicamente en defensa de Adorni. “Es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que no está sucio, está limpio”, afirmó entonces el mandatario.
La declaración ante la Oficina Anticorrupción deberá incluir explicaciones sobre la capacidad económica del funcionario para afrontar compromisos que, entre gastos y deudas, superarían los 725 mil dólares. Esa cifra comprende la compra y refacción de dos propiedades (un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá), además de viajes familiares y la adquisición de una camioneta, entre otros desembolsos.
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La situación judicial de Adorni también se encuentra bajo análisis del juez federal Ariel Lijo. Semanas atrás trascendió que el magistrado evaluaba convocarlo a una declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista entre el 21 y el 30 de julio.
Actualmente, Lijo tiene a su cargo dos expedientes vinculados al jefe de Gabinete. Uno de ellos investiga la evolución de su patrimonio, mientras que el otro analiza su relación con Marcelo Grandio, un periodista amigo del funcionario que obtuvo contratos con el Estado y que pagó un viaje en jet privado a Punta del Este utilizado por Adorni y su familia
Manuel Adorni, enriquecimiento ilicito
POLITICA
El kirchnerismo arremetió contra el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno y Bullrich salió al cruce
La discusión por la reforma laboral de Javier Milei se coló este martes en el Senado durante la audiencia pública en la que siete postulantes defendieron sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos. El foco estuvo puesto en Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que solicitó una prórroga de cinco años para continuar en el cargo una vez que cumpla los 75 años, la edad límite que fija la Constitución para los magistrados.
Pesino quedó en el centro de los cuestionamientos del Partido Justicialista (PJ) por dos decisiones que lo enfrentaron con el mundo sindical: el fallo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía aspectos centrales de la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Su exposición derivó en un extenso interrogatorio, principalmente de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro y terminó con una encendida defensa de Patricia Bullrich, que anticipó el respaldo de La Libertad Avanza (LLA) a su continuidad.
El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Entre otras cuestiones, los planteos cuestionaron su actuación en causas sindicales, las demoras de la Sala VIII y una sentencia que posteriormente debió ser anulada por inconsistencias en su redacción.
La semana pasada, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, fue recibido por el bloque de senadores del PJ. El dirigente rechaza el fallo de Pesino que declaró nulas tanto la elección nacional del gremio como la de la seccional Campana y estuvo presente durante la audiencia.
Las preguntas más incómodas llegaron cuando Recalde y De Pedro pusieron el foco en los contactos que el magistrado mantuvo con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el trámite de su renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y que el 7 de abril lo hizo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando conversaron durante algunos minutos sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
En respuesta a los planteos sobre un eventual conflicto de intereses, recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. También negó haber recibido garantías sobre el envío de su pliego. “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, sostuvo.
Pesino también rechazó cualquier tipo de injerencia externa en las causas más sensibles que tramitó la Sala VIII. Ante preguntas sobre presiones, llamados o beneficios indebidos vinculados con la causa de la CGT contra la reforma laboral, respondió de manera tajante: “No”.
El momento más tenso llegó cuando Recalde mencionó que en los pasillos de Tribunales circulaba el apodo “Bonnie and Clyde” para referirse a Pesino y a la camarista María Dora González, con quien firmó el fallo que favoreció la entrada en vigencia de la reforma laboral. La referencia provocó la inmediata reacción de Bullrich.
La jefa del bloque libertario acusó a la oposición de basarse en rumores y versiones sin sustento para desacreditar al magistrado y reivindicó especialmente su actuación en la causa de la reforma laboral. “Tomó una decisión respecto a algo muy importante para la Nación Argentina: que las leyes que este Congreso vota se respetan”, afirmó. Y fue más allá: anunció que LLA votará a favor de la continuidad de Pesino por otros cinco años.
La defensa de Bullrich no impidió, sin embargo, un gesto de acercamiento hacia el sector sindical que cuestiona al magistrado. Al finalizar la exposición de Pesino, la senadora se acercó a conversar con Furlán, de la UOM.
Durante el intercambio, Furlán le explicó los detalles del expediente judicial que derivó en la intervención del gremio y en la anulación de las elecciones que lo habían ratificado al frente de la organización. Según reconstruyó , Bullrich se comprometió a revisar el caso, le facilitó un contacto telefónico y la conversación concluyó en términos cordiales.
Reforma laboral y demoras en expedientes
Buena parte de la audiencia también giró en torno al fallo que modificó los efectos de la cautelar obtenida por la CGT contra la reforma laboral. Pesino defendió la decisión y sostuvo que la Cámara no resolvió el fondo del asunto sino una cuestión procesal. “Ningún juez de la Nación tiene aptitud para impedir la entrada en vigencia de una ley de alcance general”, argumentó al invocar jurisprudencia de la Corte Suprema.
Consultado por las demoras de la Sala VIII, atribuyó el problema a la acumulación de vacantes y al volumen de causas que ingresan al fuero. “Estamos recibiendo aproximadamente 600 expedientes mensuales y es materialmente imposible resolver esa misma cantidad para evitar que siga creciendo el stock de causas”, explicó.
Además de Pesino, defienden sus pliegos otros cinco candidatos para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Diego Fernando Manauta (Sala V), María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Claudio Fabián Loguarro (Sala III) y Marina Edith Pisacco (Sala VI).
La nominación de Pisacco se miró con lupa. Es la esposa del periodista de TN Adrián Ventura. El antecedente del pliego de Verónica Michelli, cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon, que Javier Milei objetó, generó incógnitas. No obstante, las preguntas que se le formularon se centraron en cuestiones jurídicas.
La nómina se completa con Leopoldo Rago Gallo, que también solicitó una renovación por cinco años al frente del Juzgado Federal N.º 2 de San Juan.
@BJusticialistaS,pic.twitter.com/Ex3UYTUpvW,May 27, 2026,Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Senado. Con la reforma electoral en terapia intensiva, Bullrich trata de ordenar la agenda oficialista,,Derrota en el Senado. La ira presidencial y los desplantes de Patricia Bullrich,,Tensión oficialista. El pliego de Michelli desató las peores sospechas y dejó a la conducción de Bullrich a su hora más crítica
El mundo libertario de la Cámara de Diputados tendrá esta semana un cronograma de actividades intenso. Mientras en la Casa Rosada presionan para avanzar con la agenda que marcó la mesa política, los legisladores quieren empezar a marcar territorio en sus distritos de cara a las elecciones del año que viene.
El lunes por la noche, mientras se conocía la noticia de la muerte de un socio y amigo de Martín Menem, buena parte de los diputados del bloque de LLA ingresaba a un restaurante de sushi ubicado en Olazabal al 4.600, dando inicio a una semana de eventos propios.
La figura principal del encuentro fue la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien cenó con el bloque de los diputados libertarios y tomó la palabra para marcar los lineamientos de la Casa Rosada.
En la cena se conversó animadamente sobre el estado de situación de los proyectos, las estrategias, y hubo risas respecto de situaciones de la Cámara y un pedido para que nadie viaje al Mundial 2026.
La agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados incluye reuniones de comisión hasta el jueves, pero igual los diputados libertarios siguen con los convites y eventos en sus distritos con el fin de posicionarse de cara a lo que viene.
En este esquema, circula por estas horas en los despachos de La Libertad Avanza una invitación del legislador salteño Carlos Zapata a sus colegas libertarios para realizar un almuerzo en su provincia este próximo fin de semana.
El legislador que ahora es libertario pero que llegó a la Cámara de la mano del espacio de Alfredo Olmedo ya compitió por la gobernación y en la provincia aseguran que busca posicionarse en esa carrera de cara a las elecciones del año que viene.
Pero mientras el diputado salteño que levantó su perfil antikirchnerista desde su ingreso al bloque libertario enviaba su invitación a los despachos de LLA, al mismo tiempo llegaba otra invitación de parte de otro legislador libertario para otro evento pero en la otra punta del país.
El diputado Jairo Guzmán de Santa Cruz organizó para este fin de semana el lanzamiento del «Foro austral de la Libertad» con fecha el 26 de junio.
El diputado patagónico de La Libertad Avanza, que ya comenzó las recorridas por diferentes localidades de Santa Cruz, ya anunció que va a competir por la gobernación en las elecciones del 2027.
Cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Guzmán organiza este primer foro con una mezcla de viaje de trabajo y de turismo.
El lugar en el que se realizará el evento que iniciará con un almuerzo de camaradería entre “legisladores nacionales, autoridades e invitados especiales” en el Hotel Patagonia en la ciudad de Río Gallegos, un establecimiento que supo ser utilizado por Néstor y Cristina Kirchner para realizar actos hace años atrás.
La agenda de trabajo ocupa toda la jornada del viernes -se vuela desde Buenos Aires el jueves por la noche, se llega el viernes a la madrugada- pero la organización ofrece que el viaje no sea solo de trabajo sino que ofrece un “programa especial opcional de extensión turística” con un viaje a El Calafate con visita al Glaciar Perito Moreno durante el sábado, dormir en la ciudad turística y que el vuelo de regreso sea el domingo desde el aeropuerto de El Calafate con destino al aeroparque porteño.
“Los que ya saben o entienden que serán los candidatos en las provincias están acelerando sus posicionamientos. Los que no lo saben -es decir, Karina no los ungió- aceleran para posicionarse en la carrera a la candidatura a gobernador. Todos están apresurando las decisiones», explicó un legislador del bloque libertario que ya adelantó que no viajará ni al norte al almuerzo con Zapata ni al sur al evento de Guzmán.
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