El camarista Martín Irurzun logró llegar a la Corte Suprema con su planteo para permanecer como juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña: consiguió que la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que se negó a darle la medida cautelar que Irurzun pide, le habilitara no obstante el camino al máximo tribunal para que sus ministros tomen una decisión final.

Irurzun cumple 75 años el sábado próximo; por eso, la suya es una carrera contrarreloj. En principio, si para entonces el Presidente no envió su pliego al Senado y la Cámara alta no le dio su acuerdo para seguir en el cargo por cinco años más, él debe dejar definitivamente el tribunal. Pero Irurzun pretende que le concedan una medida cautelar que frene este proceso mientras se resuelve la cuestión de fondo que él planteó. Irurzun pidió que se declare inconstitucional el límite de 75 años que la reforma de la Carta Magna le puso al mandato de los jueces.

La Cámara Federal que Irurzun integra tiene dos salas de tres jueces cada una y es un tribunal de enorme importancia para la política porque revisa las decisiones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py; entiende en casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

El Gobierno avanza con decenas de nombramientos en los tribunales y rediseña una nueva Justicia; y eso incluye a la Cámara Federal porteña. Decidió reemplazar a Leopoldo Bruglia -que había llegado por decreto- y nombrar a Pablo Yadarola, muy cercano al ministro Juan Bautista Mahiques, y a Pablo Bertuzzi, que estaba en la misma situación de Bruglia, pero decidió concursar por el cargo al que había sido trasladado. Bruglia, en cambio, sostiene que está siendo objeto de discriminación y se compara con Carlos Mahiques, el padre del ministro, quien también había llegado por traslado al cargo de camarista de Casación.

El caso de Mahiques padre también tiene una similitud con el de Irurzun porque a Mahiques, su hijo sí promovió que el Presidente lo volviera a nombrar este año, cuando cumplió 75.

El fallo de hoy, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, lleva las firmas de los jueces Luis María Márquez y Clara Caputi.

Tal como adelantó Joaquín Morales Solá en , la Corte tiene ahora solo cuatro días para resolver si le concede -o no- la cautelar para que Irurzun siga siendo juez. En su apelación, Irurzun pidió que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, se excuse de actuar en este caso, porque él fue constituyente por el peronismo en 1994 y aprobó, por lo tanto, el artículo sobre la edad de los jueces. Como Ricardo Lorenzetti no está en Buenos Aires, solo queda el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien debería convocar a un sorteo para elegir a cuatro conjueces de la Corte que traten el tema. Todo en muy poco tiempo.

Si Irurzun debe dejar su cargo, el Consejo de la Magistratura abrirá un concurso para que el Poder Ejecutivo nombre a un nuevo camarista. Mientras tanto, oficiará como suplente alguno de los jueces de la Sala I, el tribunal para el que Milei nombró a Yadarola y Bertuzzi.

El fallo de la Cámara

Marquez y Caputi, los camaristas que hoy le allanaron a Irurzun su camino a la Corte Suprema, rechazaron la semana pasada el planteo del juez. Ratificaron un fallo de primera instancia que había desestimado la cautelar por considerar que no existía “verosimilitud en el derecho” en el reclamo del magistrado.

Caputi y Márquez se apoyaron en la doctrina sentada por la Corte en el fallo Schiffrin, de 2017, que respaldó el cambio realizado en la reforma constitucional de 1994 que exige un nuevo nombramiento, con aval del Senado, para los jueces que alcancen el tope de 75 años.

Irurzun argumentó que, como cambió la composición de la Corte, hoy no contaría con la misma mayoría que en 2017 y el máximo tribunal podría cambiar de criterio.

“La mayoría alcanzada en el precedente Schiffrin ha desaparecido con el cese en funciones del doctor Juan Carlos Maqueda”, dijo Iruruzun, que sostuvo que “se ha extinguido” ese estándar. En el caso Schiffrin, Rosenkrantz había votado en disidencia, en contra de la validez del topo de 75 años impuesto por los convencionales constituyentes.

Los camaristas en lo Contencioso Administrativo Federal, en contra de lo planteado por Irurzun, sostuvieron que no se puede suponer que la Corte haya cambiado de postura solo por el cambio en su composición. Los camaristas subrayaron que “basarse en conjeturas hipotéticas sobre cómo votarían los nuevos integrantes no constituye un factor jurídico suficiente para apartarse de la jurisprudencia que actualmente se encuentra vigente”.

La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), cuyo tratamiento en el recinto de Diputados fue momentáneamente congelado, genera fricciones en el sector farmacéutico. Los laboratorios nacionales –nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa)– son los principales opositores al proyecto y argumentan que la ratificación del PCT aumentaría los precios de los medicamentos. Por su parte, los extranjeros –agrupados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme)– apoyan el tratado y alegan que generaría un marco de mayor previsibilidad para actores vinculados a la innovación.

El PCT fue elaborado en 1970 en Washington y el Senado le dio media sanción en 1998. Este año, el Congreso avanzó con su tratamiento, dado que es uno de los compromisos que asumió la Argentina en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) firmado con Estados Unidos.

El objetivo es incorporar a la Argentina al principal sistema internacional de cooperación en materia de patentes. El tratado contiene tres cláusulas de impacto para el sector farmacéutico: la extensión del plazo de 12 a 30 meses para que un inventor argentino decida en qué países protegerá su invención –y un extranjero presente la solicitud en la Argentina–; la posibilidad de crear una única solicitud para presentar a los 158 Estados miembros del acuerdo; y la incorporación de un examen preliminar internacional no vinculante.

Luego de que Cilfa lo reclamara mediante un comunicado oficial, el oficialismo incorporó al proyecto la reserva respecto del Capítulo II en el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria en que el PCT obtuvo dictamen favorable, el 12 de mayo. Ese apartado habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas de patentes extranjeras para analizar solicitudes de registro. Es decir, si el proyecto lograra eventualmente su sanción definitiva, lo haría con el Capítulo II en suspenso, pendiente de un nuevo paso por el Congreso en caso que quisiera ponerse en práctica.

La entidad que nuclea los laboratorios nacionales envió una carta a los diputados con su pedido. Allí sostuvo que es la “opción más conveniente” para “limitar los efectos adversos sobre la competencia, incluyendo la salud pública y la industria y empleo nacional”, al tiempo que permite, con su adhesión al tratado, cumplir con el compromiso establecido con Estados Unidos.

Cilfa sostiene que los informes preliminares podrían condicionar las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas. Consideran que estos exámenes podrían fomentar el evergreening, es decir, que los laboratorios extranjeros extiendan sus patentes y monopolios a través de modificaciones menores de sus productos. Por ejemplo, que un jarabe se transforme en un inyectable.

Entienden que la reserva al Capítulo II “limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”.

En esta línea, en un comunicado de marzo sostuvieron que el evergreening es “uno de los principales problemas que debe enfrentar la industria farmacéutica argentina para lanzar medicamentos genéricos o biosimilares” que compitan con los originales –y así, según su postura, reduzcan los precios–. Cilfa argumentó que “la industria farmacéutica argentina ha dinamizado la competencia en el mercado farmacéutico, desarticulando monopolios mediante el lanzamiento de versiones genéricas o biosimilares de medicamentos cuyas patentes vencieron o que, por razones tecnológicas, tenían un único oferente”.

En diálogo con , Eduardo Franciosi, director ejecutivo de Cilfa, aseguró que la reserva “beneficia la salud pública porque se asegura la competencia y mitigan los riesgos de conceder patentes sin altura inventiva, novedad y aplicación industrial, asegurando el acceso de la población a los medicamentos”.

Al respecto, desde Caeme dijeron a que “las patentes no se otorgan de manera automática ni pueden extenderse simplemente por presentar una nueva solicitud. Cada solicitud es evaluada por el INPI, que analiza si cumple con los requisitos establecidos por la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”.

A su vez, sostuvieron que “hoy lo importante es poder avanzar” en la adhesión al PCT, incluso si eso significa la incorporación de la reserva del Capítulo II.

La cámara que nuclea las filiales de los laboratorios internacionales consideró que la adhesión al tratado “es fundamental porque integra al país a un sistema utilizado por más de 150 países y genera un marco de mayor previsibilidad para investigadores, universidades y empresas vinculadas a la innovación”.

Además, aseguró que “no está pensado solo para grandes compañías”, que reduce los costos para los inventores argentinos y que “cada país conserva la decisión final; el PCT no obliga a aprobar patentes”. Lejos de una “disputa sectorial”, indicaron que se trata de una “discusión sobre innovación”.

“Incorporamos la reserva sobre el Capítulo II porque había una resistencia de la industria farmacéutica local”, reconoció Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, en diálogo con . Sostuvo que “no cambia mucho adherir sin ese capítulo” y que aceptaron el reclamo de Cilfa con el objetivo de conseguir la aprobación del PCT.

El Gobierno sostiene que el tratado simplifica el sistema de patentes, reduce costos y agiliza trámites para investigadores, pymes y empresas argentinas, sin limitar la soberanía de los Estados dado que cada país conserva la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.

Entonces, ¿por qué la adhesión al PCT perjudicaría a los laboratorios locales? Cacace señaló que “el temor” de los nacionales es que el INPI “otorgue de forma casi automática las patentes a los laboratorios internacionales por el examen preliminar”, dada la cantidad de solicitudes que están pendientes, cuya cifra supera las 4000. “Los locales no podrían fabricar medicamentos no patentados de laboratorios internacionales que han demorado en patentar en la Argentina. Los laboratorios extranjeros son los más innovadores. Los nacionales son más de reproducir drogas ya creadas”, agregó.

Jorge Otamendi, socio de G-Breuer y abogado especialista en propiedad intelectual, coincidió con la explicación del funcionario. En diálogo con , argumentó que los laboratorios nacionales “copian” lo que no se patenta en la Argentina, especialmente los medicamentos con éxito comercial. Muchos laboratorios extranjeros no patentan sus productos en el país dada su exclusión del PCT y el plazo de 12 meses para solicitar la patente en el país. La adhesión al tratado “aumentaría el interés extranjero en solicitar patentes en la Argentina”, lo que, a su vez, perjudicaría a los nacionales si se tratase de “productos exitosos que no puedan copiar por estar patentados”.

Para el socio de G-Breuer, el eje del PCT es la extensión del plazo para solicitar patentes de 12 a 30 meses, en tanto permite a los laboratorios continuar investigando en ese lapso y luego tomar la decisión de dónde solicitar las patentes, en caso de que el producto prospere.

En cambio, consideró que el examen preliminar internacional no tendría un gran impacto en la industria –solo implica tener en cuenta lo ya examinado– y que Cilfa pidió la reserva para retrasar la adhesión al PCT.

En la misma línea, Cacace aseguró que el INPI seguiría haciendo su evaluación, que el examen internacional es no vinculante y que la oficina de patentes nacional ya utiliza informes de oficinas extranjeras.

Franciosi, de Cilfa, sostuvo que las acusaciones sobre las copias de medicamentos no patentados “son absolutamente falsas”. “Cilfa se opone a regulaciones que afecten el acceso a la salud y la competencia”, resumió, en diálogo con .

“Lobby de la industria”

En el plenario de comisiones en el que se obtuvo el despacho, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, presentó un dictamen de minoría en el que propuso la adhesión al PCT sin reservas. Según el legislador, el Gobierno aceptó la reserva porque “obedeció al lobby de la industria farmacéutica”. Sostuvo que “la reserva podría implicar una pérdida de información, eficiencia y capacidad de planificación para los solicitantes argentinos”.

Agregó que el examen no deteriora la soberanía regulatoria de la Argentina, no obliga a las oficinas nacionales a otorgar patentes ni modifica los criterios para inscribirlas. En este último punto coincide con el Gobierno y con Caeme.

El peronismo, en cambio, rechazó el acuerdo en su totalidad. A lo largo de los años, respaldó la postura de los laboratorios nacionales, que sostienen que el tratado reduciría la competitividad local y terminaría encareciendo los medicamentos.

Si Diputados aprueba en el recinto el texto modificado, deberá volver al Senado para su sanción definitiva.