Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.

“No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.

“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.

Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.

El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.

A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.

En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

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El próximo viernes 7 de agosto, a diez años de la primera peregrinación que visibilizó a cientos de miles de trabajadores de la economía popular que reclamaban por la “Ley de Emergencia Social”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos centrales de trabajadores —CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma—, y organizaciones piqueteras y sindicatos de bases, convocaron a una nueva marcha desde el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo, bajo las consignas históricas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

En un duro comunicado, la UTEP describió la situación marco de la protesta: “La jornada de este 2026 se da en un contexto de extrema gravedad. Las organizaciones venimos denunciando el desmantelamiento absoluto de las políticas destinadas a los sectores vulnerables, la eliminación definitiva de herramientas de ingreso para trabajadores de la economía popular como el Volver al Trabajo (originalmente el Salario Social Complementario), el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios y la parálisis de la urbanización en barrios populares, junto con el avance de medidas que destruyen incluso derechos laborales formales».

La jornada comenzará a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, frente a la Basílica de San Cayetano, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva. Desde allí, la columna avanzará por la Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde a las 13 se realizará el acto central y la lectura de un documento unitario de las organizaciones.

A lo largo del trayecto se irán sumando organizaciones sociales, políticas, piqueteras, entre ellas el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y Territorios en Lucha. El grueso de los sindicatos que integran la CGT, como Bancarios, UOM, SMATA, entre otros, recibirán a los peregrinos en la cabecera de Plaza de Mayo, frente al palco desde el cual se leerá un único mensaje que ya consensuaron los dirigentes a cargo de la organización de la protesta contra Javier Milei.

A las 11 de la mañana, sobre Avenida de Mayo, a la altura del Congreso de la Nación, está previsto “un verdurazo masivo”, una feria de producción agraria y cooperativa, y se inaugurará una muestra fotográfica que repasa la historia de la movilización desde sus orígenes en 2016.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, trazó el hilo entre aquella primera convocatoria y la de este año: “Hace 10 años comenzó a visibilizarse la Argentina profunda, miles de trabajadores que se inventan su propio trabajo ante el descarte del sistema, pero que reclaman reconocimiento y derechos. Aquel 2016 logramos instituir el Salario Social Complementario, que hoy este gobierno le está queriendo arrebatar a la economía popular como herramienta de subsistencia. Por eso seguimos caminando, por reconocimiento de nuestro trabajo y por mayores derechos”.

Aquella primera marcha de los denominados “Los Cayetanos” fue el puntapié de un proceso que derivó, meses después, en la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345). Entre otros espacios, esa masiva movilización, que unió a casi 300 mil personas, fue organizada por la UTEP, por entonces liderada por Esteban “Gringo” Castro; la CTEP, fundada por Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conducida por Juan Carlos Alderete; y dirigentes de la talla de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita;y Daniel Menéndez coordinador nacional de Barrios de Pie.

La normativa conquistada en base a esos reclamos, de los cuales también participaron las CTA y gremios de la CGT, instituyó el Salario Social Complementario como instrumento de ingreso para los trabajadores de la economía popular. Ese derecho conquistado es precisamente el que hoy el gobierno de Javier Milei busca desmantelar a través del cierre del Programa Volver al Trabajo, predecesor del Potenciar Trabajo.

La secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, precisó el alcance de los reclamos de este año: “Eliminaron el Salario Social Complementario. Desde este mes de agosto, más de 900 mil trabajadores dejan de cobrar su único ingreso fijo: una ofensiva cruel contra quienes nos organizamos”. La dirigente también señaló que la movilización del 7 de agosto se realiza “en unidad con las centrales sindicales, la universidad pública y los organismos de derechos humanos, con la convicción de no dar ni un paso atrás”.

Otro de los dirigentes que participará de la peregrinación de San Cayetano a Plaza de Mayo es uno de los primeros organizadores, Esteban “Gringo” Castro, actual referente del Movimiento Misioneros de Francisco. En diálogo con Infobae recordó: “El primer 7 de agosto sintetizó fe y lucha. En tiempos maravillosos, de nuestro amado papa Francisco, nuestro papa argentino, que tanto nos bancó predicando las ‘TresT’, Techo, Tierra y Trabajo. Pero esto empezó antes. Fue Saúl Ubaldini (ex secretario general de la CGT ya fallecido) quien lideró la primera marcha contra los milicos genocidas. Desde la cancha de Vélez al santuario de San Cayetano. Fue un 7 de noviembre de 1981. Él lo dice en un reportaje. Mientras las instituciones se cerraban, San Cayetano los recibió. Pero esto viene aún de más atrás. Cuando en 1930, con la sequía, un anónimo laburante del campo deja una espiga a los pies de la imagen del santo en nuestra querida iglesia en Liniers. Ahí empieza esto tan criollo, tan nuestro, que el santo venido de Nápoles, Italia, por San Mama Antula se hace patrono del pan y el trabajo porque logra que llueva en la sequía”.

Las organizaciones denuncian además el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios, la parálisis de la urbanización en barrios populares y el avance de reformas que afectan derechos laborales formales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur —una de las agrupaciones de Territorios en Lucha que también participará de la jornada—, advirtió que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas” y que “lo que hay de fondo es un problema de modelo de país”.

La movilización del 7 de agosto viene precedida, además, por una marcha al Congreso el jueves 6 de agosto. Ese día, la UTEP, junto a organizaciones sindicales y sociales, repudiará el debate en el Senado del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que propone la derogación y modificación de aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La norma impulsada por el oficialismo eliminaría el tope del 15% vigente para la extranjerización de tierras rurales y lo elevaría al 25% y quitaría restricciones para adquirir tierras que contengan recursos hídricos y minerales.

La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sintetizó las demandas del sector al decir: “Marchamos para que a ninguna familia le falte su vivienda, su techo. Marchamos por ningún campesino sin tierra para producir, porque queremos la tierra en manos de quienes la trabajan y no en manos extranjerizadas. Estas son nuestras demandas históricas y, como decía nuestro hermano el papa Francisco, son derechos sagrados”.

La secretaria general adjunta Norma Morales remarcó el carácter colectivo de la construcción. “Aprendimos que ningún derecho se conquista en soledad, sino con la organización popular de las cooperativas, los espacios de cuidado, las promotoras, vendedores ambulantes, cartoneros, las mujeres y quienes sostenemos la vida todos los días”, dijo.

El secretario de Organización de la UTEP, Ramiro “Vasco” Berdesegar, amplió el horizonte político de la convocatoria: “Este 7 de agosto volvemos a ganar las calles con la unidad del conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Juntando fuerzas que nos permitan construir un proyecto político que termine con tanta sumisión al FMI; que le ponga fin a tanto ajuste y sufrimiento a nuestro pueblo”.

La marcha de San Cayetano es el primer hito de un agosto con agenda sindical densa. La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito. El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en el Día de la Industria, y entre el 4 y el 6 de septiembre con la Semana Social.

La Casa Rosada siguió de cerca este lunes las repercusiones del paro nacional docente y en qué distritos se garantizó el servicio mínimo del 75% de actividad en las escuelas. Además, apuntó contra la provincia de Buenos Aires por “escatimar” la información y evitar las inspecciones de Nación.

“Nosotros nos ocupamos de fiscalizar el cumplimiento de la jornada escolar como marca la ley. Si eso no se logró, seguramente habrá sanciones a los gremios”, enfatizaron a TN desde Balcarce 50, donde aclararon que las eventuales consecuencias no alcanzarán a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza.

Para dar cuenta del cumplimiento de los pisos de prestación mínima establecidos por la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero instruyó a sus inspectores en las 43 agencias territoriales que se despliegan a lo largo del país que realicen un muestreo.

Fuentes oficiales aseguraron a este medio que tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza, San Luis y Santa Fe superaron el nivel mínimo de actividad en sus escuelas. En contraposición, que la provincia de Buenos Aires obstaculizó la recopilación de información sobre las escuelas en su jurisdicción.

A su vez, en Entre Ríos, Chubut y San Juan informaron que hubo un “muy bajo acatamiento” a la medida.

Los cuestionamientos de la Casa Rosada al gobierno bonaerense tienen que ver con una comunicación interna de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos para fijar un criterio para actuar frente a los eventuales pedidos de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Se informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una presentación formal ante el área que dirige Julio Cordero para que se abstuviera de solicitar información a las instituciones bonaerenses para realizar cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público del distrito.

En ese sentido, el texto argumentó que el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente y sostuvo que la medida del Ejecutivo constituye “un avance ilegítimo sobre la autonomía local”.

“El punto es la incoherencia. La provincia de Buenos Aires termina admitiendo lo que el Gobierno dice, (el paro) es un tema de ellos”, replicó un funcionario nacional a TN. En ese sentido, la Casa Rosada cuestionó el accionar de los gremios docentes de realizar un paro nacional cuando las negociaciones salariales son responsabilidad de las provincias. “La medida de fuerza se tornó muy politizada”, remarcaron.

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CTERA justificó la convocatoria al paro de 24 horas en todas las escuelas del país en el rechazo del Gobierno de convocar a una Paritaria Nacional Docente en un contexto donde el sueldo mínimo de los docentes continúa alrededor de los $500 mil.

Así, el sindicato reclamó un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —herramienta para pagar un adicional a los maestros y profesores que fue eliminada en 2024— y un mayor financiamiento para el sistema educativo, entre otros puntos. Para el sindicato, la jornada de huelga tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”.

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