INTERNACIONAL
EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con miles de soldados mientras Trump evalúa una nueva ofensiva contra Irán
Estados Unidos envió unos 9.000 soldados a bordo de siete buques hacia Medio Oriente, en un nuevo refuerzo de su presencia militar en la región mientras el presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de reanudar o intensificar los ataques contra Irán después de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.
El despliegue incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que partió esta semana desde San Diego junto con tres destructores, y el grupo anfibio de preparación USS Makin Island, que transporta a la 13.ª Unidad Expedicionaria de Marines. Según un funcionario estadounidense citado por The Associated Press y Financial Times, los buques podrían llegar a la región a fines de noviembre.
En conjunto, los barcos transportan más de 7.000 marineros y unos 2.000 infantes de Marina, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a que se trata de operaciones militares sensibles. La llegada del USS Theodore Roosevelt podría elevar a tres el número de portaaviones estadounidenses en la región, aunque todavía no está definido si reemplazará a uno de los dos que ya se encuentran allí o si se sumará a ellos.
El despliegue se produce mientras Trump dejó abierta la posibilidad de una nueva escalada militar contra Teherán. En una entrevista con la revista Time publicada el jueves, el mandatario afirmó que es “posible” que Estados Unidos aumente los ataques contra Irán después de las elecciones si no alcanza un acuerdo satisfactorio con las autoridades iraníes.
Cuando se le pidió que explicara qué objetivos podría atacar, Trump respondió: “No puedo decirles eso porque, miren, ya saben, ustedes preguntan: ¿dónde van a bombardear?”
El presidente también explicó en esa entrevista, realizada el lunes, por qué rechazó la última propuesta iraní de alto el fuego. Según Trump, la oferta incluía la posibilidad de “abrir” el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte marítimo de energía, pero consideró que la propuesta general “no era lo suficientemente buena”.
Trump sostuvo que “cosas que no habría aprobado hace un año no las habría aprobado hoy”, al referirse a las condiciones planteadas por Teherán.
La situación militar se desarrolla en paralelo con nuevos contactos diplomáticos. Representantes de Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, después de que Trump amenazara con “aniquilar” a la República Islámica durante un discurso ante líderes mundiales.
En los días posteriores, el mandatario estadounidense rechazó una propuesta iraní de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de que Washington aplicara una serie de medidas contempladas en el memorando de entendimiento acordado por ambos países en junio.
Los mediadores retomaron sus gestiones para alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán. Según la propuesta en discusión, Irán permitiría el libre tránsito por el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantaría su bloqueo sobre los puertos iraníes. El objetivo de los mediadores es reactivar las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que permita poner fin a la guerra.
Mientras tanto, Estados Unidos mantiene alrededor de 20 buques de guerra en Medio Oriente, donde la Armada aplica un bloqueo sobre los puertos iraníes y escolta a buques comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz. Además, hay más de 50.000 soldados estadounidenses desplegados en la región.
El nuevo movimiento naval también incluye al grupo anfibio de preparación USS Makin Island, integrado por un buque de asalto anfibio y dos buques de desembarco. El contingente transporta a unos 4.200 marineros e infantes de Marina, de acuerdo con los datos proporcionados sobre este tipo de unidades.
El USS Theodore Roosevelt, por su parte, se desplegó con el crucero USS Chosin. Su llegada podría modificar la composición de la fuerza naval estadounidense en Medio Oriente, donde actualmente se encuentran los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington, además del grupo anfibio de preparación USS Boxer.
El refuerzo militar también ocurre después de una serie de incidentes que Estados Unidos y sus aliados vincularon con Irán. Trump afirmó el jueves que los primeros indicios apuntan a una posible conexión entre Teherán y el copiloto de FlyDubai acusado de apuñalar al capitán de un avión e intentar estrellar el vuelo con destino a Israel el miércoles.
Consultado sobre si existía un vínculo entre el atacante y Teherán, Trump respondió: “Yo diría que la respuesta, según lo que estoy escuchando, es ‘sí’, pero lo estamos investigando ahora mismo”.
El mandatario agregó que Estados Unidos respondería si se confirma esa relación. “Oh, los van a golpear muy duro, no se preocupen. Pregúntenles a ellos. Saben lo que pasó. Los van a golpear muy duro”, afirmó.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró a Fox News que los investigadores creen que el sospechoso del incidente de FlyDubai fue sometido a un “adoctrinamiento islamista y radical”, aunque no ofreció más detalles sobre esa investigación.
Otro episodio tuvo lugar en Reino Unido, donde las autoridades arrestaron a un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní, de 27 años, bajo sospecha de planear un ataque terrorista después de un incidente de seguridad en una base aérea militar operada por Estados Unidos en Inglaterra.
Las autoridades británicas también arrestaron el domingo a cinco hombres, todos ciudadanos británicos de unos 20 años y residentes de Londres, por sospechas relacionadas con explosivos y terrorismo cerca de la base aérea Fairford de la Real Fuerza Aérea. Los cinco fueron posteriormente liberados bajo fianza.
La base de Fairford fue utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar Irán. Los incidentes en Reino Unido y el episodio protagonizado por el vuelo de FlyDubai se produjeron mientras Washington mantiene su bloqueo sobre los puertos iraníes y aumenta su presencia naval en la región.
Trump sostuvo además que la guerra contra Irán no necesariamente perjudicará al Partido Republicano en las elecciones de medio término. Consultado sobre si el conflicto podría afectar las posibilidades de su partido, respondió primero: “Es posible”.
Luego afirmó: “Debería ayudar, porque Irán no tendrá un arma nuclear” y sostuvo que “el 100% de la gente” se opone a que Irán tenga capacidad de ataque nuclear, “incluida la gente de todo el mundo”.
“Así que, cuando lo dices de esa manera, ayudará. Si no lo dices así, podría perjudicar”, agregó.
(Con información de AP)
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Economic concerns and party loyalty are key factors shaping Iowa’s U.S. Senate matchup.
A statewide survey of Iowa likely voters finds Democrat Josh Turek with a two-point edge over Republican Ashley Hinson, 49% to 47%, well within the margin of error.
Among registered voters, Turek is ahead by 4 points, 50% to 46%. That also falls within the range of sampling error and has been unchanged since June.
The analysis below is based on likely voter results.
Democrats are more unified behind state representative Turek (96%) than Republicans are of current Congresswoman Hinson (87%). Independents favor Turek by two-to-one, and 10% of Republicans back him. It’s Iowa’s partisan structure that keeps the race tight, as more voters identify as Republicans than Democrats.
POLL: MICHIGAN VOTERS SPLIT BETWEEN EL-SAYED AND ROGERS
Iowa voters are split on control of the Senate: 49% prefer Democratic control and 48% favor Republican. With those numbers nearly matching the Senate matchup, both candidates are performing close to their party’s ceiling.
Turek is preferred by 11 points among women, 16 points in the suburbs, 17 points among voters with a college degree, and 32 points among independents.
Hinson is up by 7 points among men, 6 points among those without a college degree, 14 points among rural voters, and 41 points among White evangelical Christians.
Economic pressure influences the contest. In the 2024 Voter Analysis, 3 in 10 Iowans described their families as falling behind financially. That share has risen to 4 in 10 today, and they back Turek by a 38-point margin. Meanwhile, those holding steady (45%) and getting ahead (13%) favor Hinson (by 14 and 53 points respectively).
POLL: VOTERS QUESTION WHETHER AI’S PROMISE OUTWEIGHS ITS RISKS
In addition, 6 in 10 say the cost of living will be extremely important to their Senate vote decision. That outpaces other top issues, like President Donald Trump (43% extremely), immigration (39% extremely), and AI technology (27% extremely).
Turek has the advantage among voters who say the cost of living, Trump, and AI technology are each extremely important to their vote, while voters prioritizing immigration favor Hinson.
Trump won Iowa with nearly 56% of the vote in 2024. Today, that’s how many Iowa voters disapprove of his job performance as president (57%), while far fewer, 42%, approve.
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The president’s ratings are only part of Hinson’s challenge. While 42% view her positively, 50% have an unfavorable view, including nearly 4 in 10 who are «strongly» unfavorable. In contrast, Turek’s ratings are net positive: 48% favorable to 40% unfavorable (24% «strongly» unfavorable).
By a 9-point margin, more voters are concerned Hinson is too close to Trump than are worried Turek’s views are too liberal (52% vs. 43%). Among those «extremely» concerned, that gap widens to 14 points: 36% say Hinson is too tied to Trump, while 22% say Turek is too liberal.
More of Turek’s backers are certain of their choice: 88% are committed to him compared to 77% for Hinson. Twice as many Hinson supporters say they might change their mind (20% vs. 10%).
«Recent history and the state’s partisan makeup suggest Hinson can pull this out,» says GOP pollster Daron Shaw, who works on the Poll with Democrat Chris Anderson. «But the warning signs are clear: Iowa Republicans seem ambivalent, independents prefer Turek, and even her supporters say they aren’t sure.»
Iowa hasn’t elected a Democrat to the Senate in 18 years (when Sen. Tom Harkin won his final term), and it’s been 20 years since they elected a Democrat as governor.
In the Iowa governor’s contest, Democrat Rob Sand outperforms Republican Zach Lahn among likely voters by 53-44%. The race has been steady since June.
Sand’s lead comes not only from getting the support of nearly all Democrats (97%), but also 14% of Republicans and 66% of independents (vs. 16% of independents for Lahn). Plus, 11% of voters backing Hinson for Senate switched parties to support Sand for governor.
Conducted September 24-28, 2026, under the joint direction of Beacon Research (D) and Shaw & Company Research (R), this Poll includes interviews with a sample of 1,204 Iowa registered voters randomly selected from a statewide voter file. Respondents spoke with live interviewers on landlines (183) and cellphones (733) or completed the survey online after receiving a text message (288). Results based on the registered voter sample have a margin of sampling error of ±2.5 percentage points and for the subsample of 1,008 likely voters it is ±3 percentage points. Sampling error for results among subgroups is higher. In addition to sampling error, question wording and order can influence results. Sources for developing weight targets include the most recent American Community Survey, Voter Analysis, and voter file data. Weights are generally applied to age, race, education, and area variables to ensure the demographics of respondents are representative of the registered voter population. Likely voters are based on a probabilistic statistical model that relies on past vote history, interest in the current election, intention to vote, age, education, race, ethnicity, and marital status. Results among subgroups are only shown when the sample size is at least N=100.
Fox News’ Victoria Balara contributed to this report.
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INTERNACIONAL
La Universidad de San Carlos de Guatemala recurre a la Corte de Constitucionalidad para blindarse ante la investigación por registros académicos borrados
La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), bajo la administración del rector Walter Mazariegos, impulsó una serie de recursos legales y recurrió a la Corte de Constitucionalidad (CC) para anular los allanamientos ejecutados por el Ministerio Público en sus instalaciones centrales.
Las medidas de la casa de estudios pretenden frenar las pesquisas dirigidas por el fiscal general Gabriel García Luna, con las que se investiga el borrado sistemático de los registros académicos de decenas de universitarios opositores a Walter Mazariegos.
La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) de la Usac, con el respaldo del Consejo Superior Universitario (CSU), planteó un incidente de nulidad e ineficacia, una actividad procesal defectuosa y una acción de amparo.
El argumento de las autoridades universitarias sostiene que la orden judicial adolece de inconsistencias y errores esenciales, al alegar que el operativo del pasado 18 de septiembre debió ser autorizado por un juez natural y no por la Jueza Neldy Vanessa Rodríguez Andrade, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes.
Días atrás, el jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, defendió en conferencia de prensa la legalidad del procedimiento tras secuestrar pruebas informáticas.
García Luna detalló que las diligencias responden a denuncias de al menos 30 estudiantes que vieron eliminados sus registros de manera arbitraria, lo que impidió la asignación de cursos durante el segundo semestre de 2026 y afectó principalmente a dirigentes opuestos a la gestión de Mazariegos.
El conflicto legal escala ante la Corte de Constitucionalidad
Para bloquear los avances de la fiscalía, el Consejo Superior Universitario aprobó elevar el caso ante la Corte de Constitucionalidad, tribunal que integra la magistrada Julia Marisol Rivera, electa por la propia representación universitaria y vinculada al secretario general de la institución, Luis Cordón Lucero.
De acuerdo con el documento del máximo órgano de dirección universitaria al que Infobae tuvo acceso, el amparo fue presentado el 22 de septiembre y le corresponde el número 8846-2026. Mientras que el memorial sobre la nulidad de los allanamientos se presentaron el 21 del mismo mes.
Por su parte, luego de los allanamientos el Ministerio Público sostuvo que las denuncias abarcan posibles delitos en el Departamento de Registro y Estadística y la Dirección General de Administración.
El ente investigador recopiló información de computadoras y cuentas en la nube para determinar la responsabilidad de los funcionarios universitarios en la alteración de datos académicos.
Mientras que la Usac detalló en el documento que el Ministerio Público secuestró dos computadoras tipo laptop y un CPU con su pantalla. Uno de los ordenadores estaba a cargo del ingeniero Walter Joel Mendoza Chiguichon, sin detallar el cargo o puesto dentro del recinto universitario.
Además, facultaron a la Dirección de Asuntos Jurídicos para iniciar las acciones legales en contra de quienes, según ellos, “hayan incurrido en posible responsabilidad al abusar del cargo público que ostentan, excediéndose u omitiendo la aplicación de los preceptos legales vigentes”.
Las voces disidentes califican de maniobra desesperada las medidas de la rectoría
En entrevistas concedidas a Infobae, representantes estudiantiles y juristas cuestionaron las acciones promovidas por las autoridades del centro de estudios superiores.
Byron García, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), afirmó: “Vemos como medidas desesperadas las que la universidad está realizando para intentar atrasar o impedir todos estos procesos”, aunque reconoció que los estudiantes afectados ya lograron asignarse y actualmente se encuentran estudiando con normalidad.
El dirigente añadió que los afectados buscan justicia y garantías de que estas inconsistencias no vuelvan a ocurrir. Por su parte, Aníbal García, asesor legal de la organización Dignidad y Rescate (Usac-Dire), advirtió sobre el uso del tribunal constitucional para frenar las investigaciones penales.
“Nos preocupa el tema de que estén planteando amparos con la intención de garantizarse impunidad y que seguramente son amparos absurdos alegando que la autonomía universitaria les garantiza no ser investigados”, declaró a Infobae.
Según dijo el abogado, la preocupación radica en las estructuras de poder que aún mantienen los directivos universitarios en parte del sistema judicial, luego de perder gran parte de su poder con la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público.
El abogado remarcó que las diligencias se desarrollan dentro del marco del debido proceso y que ningún recurso legal debería impedir la labor indagatoria del Ministerio Público.
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The Trump administration has proposed requiring U.S. taxpayers to disclose their citizenship and work authorization status to the IRS on the annual tax form that nearly all workers file each year.
The administration claims the proposed requirement would help federal officials stop illegal migrants from collecting federal benefits they are not eligible for, which officials argue could save taxpayers up to $2 billion.
The IRS posted its draft 1040 form for 2026 in late August, which includes the question, «At the time you file your return, are you, and your spouse if filing jointly, a U.S. citizen, U.S. national, or an alien lawfully authorized to work in the U.S.?» The form has «Yes» and «No» checkboxes for both the filer and their spouse.
A draft of a second form, Schedule 3-A, which is used to claim refundable tax credits, features a similar question.
APPEALS COURT UPHOLDS ORDER BLOCKING IRS FROM SHARING TAXPAYER DATA WITH ICE
Under the proposal, every tax filer must certify their immigration or citizenship status to the IRS under penalty of law to file their return.
The Treasury Department said the new question aims to keep illegal migrants from taking advantage of refundable tax credits like the Earned Income Tax Credit or the Additional Child Tax Credit, that low- and middle-income workers and families may qualify for and that often result in a refund for eligible taxpayers.
The information collected will be «subject to a variety of privacy, disclosure and other legal protections,» a Treasury official said in a statement without disclosing whether the information would be shared with federal immigration enforcement to target a person for arrest and deportation.
While illegal migrants are not authorized to live and work in the U.S., they still do pay taxes. For example, illegal migrants typically pay into Social Security but generally cannot collect Social Security benefits unless they later become eligible under federal law.
In 2024, the National Taxpayer Advocate found 3.8 million tax returns where a taxpayer used an Individual Tax Identification Number, or ITIN. An ITIN can be issued for multiple purposes, but undocumented workers who cannot obtain a Social Security number are among the people who use them.
According to IRS data, taxpayers who filed those nearly 4 million returns paid $14.4 billion in income taxes and $6.5 billion in Social Security and Medicare taxes.
A valid Social Security Number is required to qualify for the Earned Income Tax Credit, while workers with only an ITIN do not qualify. The IRS checks Social Security Numbers against Social Security Administration records for each claim of the Earned Income Tax Credit.
Illegal migrants are generally not eligible for federal benefits. Eligibility for refundable tax credits depends on federal tax law and immigration status. Current law generally requires a valid Social Security number for the Earned Income Tax Credit, while eligibility for the Additional Child Tax Credit varies based on statutory requirements. The Trump administration’s proposal would further limit eligibility by applying standards under the Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act to certain refundable tax credits.
However, some migrants in the U.S. who are currently for some of these credits would not be eligible under the new policy, such as people covered under the Obama administration’s Deferred Action for Childhood Arrivals, those with temporary protected status and temporary workers in the country under H1-B visas.
The Trump administration claims that the Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, which governs who is eligible for benefit programs, should also be applied to refundable tax credits.
A research paper published this week estimates that 671,000 people, including 309,000 children, would lose the Earned Income Tax Credit under this proposal. Another 1.1 million people, including 574,000 children, would lose the Additional Child Tax Credit.
Most of the children who would lose eligibility to these credits are U.S. citizens due to at least one of their parents’ citizenship or immigration status, according to the researchers at Boston University, Columbia University and the Institute on Taxation and Economic Policy.
Critics of the new policy view it as a new checkbox that gives the federal government even more information on taxpayers. Illegal migrants would face a complicated choice to either declare on a tax return that they are unlawfully in the U.S., which could potentially make them a target for immigration-related arrests, or lie on the return, which is a felony.
Some migrants may opt for a third option and stop filing their taxes altogether.
«It could be used as an immigration enforcement tool and that is probably the reason why they are doing this,» David Bier, director of immigration studies at the libertarian-leaning Cato Institute, told The Associated Press.
TRUMP ADMIN SCORES COURT WIN TO END DEPORTATION PROTECTIONS FOR ETHIOPIAN MIGRANTS
«It’s dragging the IRS into this administration’s immigration policies,» said Nina Olson, executive director for the Center for Taxpayer Rights.
The Trump administration has previously attempted to use the IRS to carry out its immigration agenda.
Last year, the Treasury Department agreed to share confidential taxpayer information of migrants with Immigration and Customs Enforcement to help the agency identify people for deportation.
The data-sharing agreement was blocked by a federal judge, ruling that it violated federal taxpayer privacy laws. But before it was stopped, the IRS had already given ICE the addresses of 47,000 people.
The Associated Press contributed to this report.
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